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Ministerio de economía y finanzas públicas


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Ciudadanía
Ciudadanía es una condición inherente a las personas y comunidades en tanto pertenecientes a una sociedad. Forma parte de la tercera generación de derechos cuyo reconocimiento está consagrado constitucionalmente a partir de la reforma de 1994. Hace referencia especialmente al efectivo acceso a derechos políticos y económicos.
El discurso sobre la participación, en ocasiones se contradice con la realidad de las prácticas sociales y de las instituciones, del Estado y de las organizaciones, que la invoca pero cuyas prácticas terminan siendo poco democráticas y poco participativas. No basta con exigir el “aprendizaje” del concepto de “ciudadanía”, “política”, “democracia” sino que es necesario garantizar las condiciones mínimas para lograr la acción que ese concepto significa.
Con relación a las organizaciones de las Sociedad Civil se observa que no representan un conjunto homogéneo; la intervención en la construcción de la agenda pública es aún frágil (aunque varias lo intentan desde distintas dimensiones y con variadas herramientas); buscando incidir en la construcción del espacio público.
Las instituciones democráticas no siempre garantizan iguales oportunidades de obtener información, de participar de manera efectiva y de influir en la agenda pública
Es notable la fragmentación que se advierte en los diversos movimientos sociales, que en general son dispersos, diferenciados y con poca capacidad agregativa28. Existe baja articulación entre las distintas organizaciones sociales. Este hecho ha significado y representado, sin dudas, una de las características más relevantes, cediendo a las estrategias individuales en torno de demandas puntuales acotadas en un universo restringido.
Aun así, existen en la provincia propuestas y experiencias participativas de las organizaciones que resultan superadoras, que sin dudas, contribuyen en la construcción de una ciudadanía plena; dando cuenta de los modos de trabajo y su vínculo con las necesidades de la población. Es preciso rescatar y fortalecer dichas experiencias participativas como un medio para la generación de oportunidades efectivas en el ejercicio de derechos.
En el análisis del tema cultural es necesario tener en cuenta la dimensión política de la gestión cultural; el poder transformador de la cultura a través del arte; la incidencia de la cultura en la economía; las industrias culturales: rol en la democracia social y en la integración y la articulación entre los sectores social, público y privado en la formulación y ejecución de políticas y proyectos culturales.

Al reconocer la dinámica propia de la cultura, la misma no puede ser reducida a las acciones políticas del Estado. El hombre en tanto hacedor de cultura debe ser parte de esta discusión, buscando consensos en torno a lo que implica una política de cultura. Cómo se percibe la cultura, qué se puede hacer para que sea constructiva y humana, cuáles son las necesidades culturales de la sociedad, constituyen algunos interrogantes que el Estado no puede dejar de lado al momento de reformular la política cultural. Para esto es necesario que los funcionarios y los gestores socio-culturales trabajen a la par en la representación de la cultura ciudadana. Aún hoy hace falta definir qué política cultural se quiere desde los departamentos hasta el nivel provincial, saber cuáles son las necesidades de los hacedores culturales para aunarlos en políticas que representen la identidad de cada pueblo. Se requiere una política de Estado para la cultura capaz de superar las coyunturas electorales. Todos deben ser parte de la faz arquitectónica de la cultura, donde se respete la diversidad.

Con relación al presupuesto provincial el mismo es considerado insuficiente para la gestión cultural. El Estado debería flexibilizar determinadas normativas que faciliten la habilitación de los proyectos. El proyecto debe contemplar la profesionalización de los funcionarios o al menos de sus asesores, a fin de garantizar su idoneidad en la gestión de la política cultural. Los agentes que trabajan en cultura deben poseer conocimientos específicos, debe ser profesionales de la cultura con experiencia.

Uno de los obstáculos que se presentan es la deficiente comunicación entre hacedores culturales independientes y el Estado. Se busca la identidad productiva de Mendoza pero no se dan a conocer las acciones gubernamentales en su totalidad y se generan pocos espacios para la cultura.

Muchas veces los hacedores culturales no conocen los lugares específicos donde deben dirigirse para gestionar el financiamiento de sus proyectos. En Mendoza existe el Fondo Provincial de Cultura destinado al financiamiento de los mismos. El problema es que su presupuesto se encuentra desactualizado, por lo que su desfasaje debería incluirse en el marco de la futura Ley Federal de Cultura. El Fondo es un espacio con representantes de cada área de la cultura y de cada municipio donde se evalúan los proyectos, su viabilidad y conveniencia. Es una herramienta válida para la gestión cultural, una herramienta genuina y federal, entre la ley de mecenazgo y el financiamiento estatal permanente. La discontinuidad en el financiamiento de los proyectos se debe a la desactualización del fondo y, por otro lado, a la prioridad que se da cada año a los nuevos proyectos. Desde el estado se espera que los proyectos con el tiempo generen sus propias fuentes de financiamiento.

Respecto a la incidencia de la cultura en la economía hay quienes afirman que los mismos gestores culturales subvaloran la cultura en la fijación de las entradas a espectáculos y museos. Otros sostienen que la industria cultural no puede ser vista a partir de la gratuidad, de lo contrario siempre será una actividad subsidiada.

En cuanto a la articulación entre los sectores social, público y privado en la formulación y ejecución de políticas y proyectos culturales no existe un banco de experiencias de proyectos culturales. Esto significa la inclusión en los portales de cultura de cada provincia de los proyectos y de los hacedores culturales, a fin de que sea consultado tanto desde el Estado como por quienes desde el sector privado estén interesados en financiar proyectos.

Es necesario volver a apropiarse del Estado y de la política y a través de ella movilizar a la sociedad para impedir su desculturación. Una forma de apropiarse del Estado es que los hacedores culturales se organicen y presenten sus proyectos en forma grupal lo cual alentaría la participación.

En relación a la necesidad de implementar políticas tendientes a superar la brecha social e impulsar el acceso de la sociedad en su conjunto a las nuevas tecnologías, la reciente ley de medios constituye una herramienta indispensable para la democratización de la información. La normativa al dividir el espectro entre medios públicos estatales, sector comunitario y sector comercial, alienta la democratización de la comunicación. Se modifica de esta forma la concepción de la comunicación garantizando el derecho humano al acceso a la información. Además la Ley alberga el cambio tecnológico que implica la digitalización de la TV y de la radio. Esto permitirá que el INCAA y el Ministerio de Ciencia y Tecnología tengan sus propias señales de aire, posibilidad que podrá extenderse a las provincias y regiones.

El mejoramiento del mapa cultural de cada provincia se enmarca dentro de las políticas que se impulsan desde el gobierno para superar las brechas de la conectividad. Dentro del mapa son muy importantes las bibliotecas populares ya que para determinados espacios geográficos constituyen el único punto de acercamiento con la cultura. Desafortunadamente no hay un lugar específico donde se encuentre esta información, por lo que se propone trabajar sobre los portales culturales y la creación de bancos de experiencias y hacedores culturales.

Con relación a las identidades culturales y la apropiación de las TIC´s en los procesos de desarrollo local, existe una preocupación en torno al avance de la tecnología frente al contacto de los niños y jóvenes con sus tradiciones, la familia y las costumbres. Es necesario pensar a la tecnología como una herramienta de comunicación, donde la familia es la encargada de cuidar y controlar su uso.

Teniendo en cuenta la transversalidad de la cultura en las políticas públicas, se puede observar su incidencia en algunas dimensiones tales como:




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