• Universalidad , Integralidad y No discriminación
  • “Objetivos de Desarrollo del Milenio”
  • Promover el Trabajo Decente

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    Desafíos de la dimensión del desarrollo humano y social


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    Desafíos de la dimensión del desarrollo humano y social
    Existe una fuerte necesidad de volver hacia formas de vida más éticas que permitan generar acciones en defensa de los derechos esenciales, de la equidad y de la justicia.

    Así, es preciso concebir las Políticas Públicas desde un enfoque de Derechos Humanos, es decir, Políticas Públicas transversales y articuladas que garanticen los principios de Universalidad, Integralidad y No discriminación de los Derechos Humanos.


    La titularidad de derechos debe guiar la construcción de las políticas públicas. Es fundamental contar con organismos del Estado que garanticen la existencia de mecanismos jurídicos y de política pública para que todos los integrantes de la sociedad puedan ejercer dichos derechos. De este modo, el Estado se va convirtiendo en garante de los derechos sociales, es quien debe tutelarlos, protegerlos y desarrollarlos. Las políticas públicas deben ser un instrumento de promoción y efectivo cumplimiento de los derechos de ciudadanía. En este sentido, en la última década el gobierno nacional ha avanzado en la universalidad de las políticas de salud, educación, jubilatoria y de protección del empleo.
    Aún así, todas las acciones deben encauzarse a revertir los procesos de des-ciudadanización. Es necesario fomentar la ciudadanía como vínculo de integración social, ello implica la construcción de un marco de contención social y desarrollo del potencial humano en el cual los sujetos tengan acceso a los derechos sociales y a su ejercicio efectivo, más allá de su reconocimiento formal. El desafío será revertir los procesos de fragmentación social, para lo cual es imprescindible el recupero de la comunidad como espacio de lo público y su construcción desde la experiencia histórica, desde una perspectiva del actor social. Un nuevo período en torno al carácter de las políticas públicas se inicia en 2003, coincidente con el proceso de recuperación de la crisis social y económica que tuvo lugar a principio de este nuevo siglo. En el marco del modelo productivo de acumulación con inclusión social para la Argentina del Bicentenario, las políticas públicas se desenvuelven en torno a tres ejes:


    • Reconstrucción del estado constitucional democrático

    • Construcción del modelo económico de acumulación e inclusión social

    • Construcción cultural

    En la nueva agenda en las políticas públicas será fundamental continuar con el debate público, el diálogo social, la formación de consensos y la participación para la construcción de una visión concertada en el marco de la cual definir metas de mediano y largo plazo. Con relación a la política de salud, para avanzar definitivamente en la universalización de la cobertura se deben encarar reformas que construyan un sistema en donde los componentes públicos, de seguro social y privados estén articulados. Se trata, en consecuencia, de reconstruir paulatinamente un escenario con mayor cobertura, solidaridad y eficiencia y de la voluntad de avanzar en la creación de un Seguro Provincial de Salud.


    Los pasos siguientes deben, necesariamente, resolver la creciente desarticulación institucional entre ministerios de salud y seguridad social, y hacia el interior de cada uno de ellos, así como debe encararse de manera urgente la regulación del sector privado. En muchos casos, las nuevas formas de contratación que están proliferando entre la seguridad social y los efectores privados pueden tener impactos negativos sobre la eficiencia y equidad del sector si no se logra un adecuado control y regulación29. Además, es necesario dar relevancia a las otras grandes dos estrategias de la salud pública: la prevención de la enfermedad y la promoción para la salud. Es necesario tener en cuenta que ésta es la que más impacto potencial tiene en las raíces de la salud y la que menos depende de la acción de los servicios de salud por sí solos. En cuanto a las reformas previsionales llevadas a cabo en los últimos años en la Argentina, si bien no se puede estimar con exactitud el impacto de este incremento sobre la cobertura agregada de los adultos mayores, se puede inferir que las mismas produjeron un aumento muy significativo. Dichas reformas apuntaron a cambiar la cobertura y el nivel de los beneficios del sistema, sus parámetros fiscales, el rol del Estado y del sector privado en cuanto a su gestión y, también, algunos aspectos regulatorios del esquema privado. Sin dudas, dichas reformas contribuyeron a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y por ende a luchar contra la pobreza.

    Merece especial análisis la cuestión del acceso a una educación de calidad. En el actual contexto de globalización y de continuos cambios e innovaciones científicas y tecnológicas, no alcanza con contar con educación primaria y secundaria para enfrentar los desafíos de la vida social, sino que dicha educación debe ser de calidad y brindar las herramientas necesarias para que, cumplido este ciclo, el adolescente pueda insertarse en una sociedad que demanda jóvenes con capacidades y competencias especiales.


    La calidad educativa constituye un propósito esencial de la política educativa, por el cual debe lograrse la igualdad real de oportunidades y el derecho de todos a aprender, como lo enuncia la Constitución Nacional. Esa igualdad de oportunidades no significa que todos accedan a la escuela, sino que accedan a la escuela que necesitan, teniendo en cuenta su realidad social y cultural.
    Para garantizar las condiciones para promover la igualdad de todos al derecho a la educación, se requiere que las políticas públicas que extiendan la cobertura del nivel inicial y de la educación obligatoria, alcancen la unidad y organización del sistema, adecuen las estrategias institucionales y pedagógicas que aseguren una buena escuela para todos y amplíen la convocatoria a otros ámbitos del estado, asumiendo el carácter intersectorial de las políticas de infancia y juventud y reforzando la relación entre el Estado y la sociedad en el cuidado y acompañamiento de los niños, adolescentes y jóvenes para la construcción de una sociedad más justa, tal como lo establece la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley Nº26061, año 2005).
    La reciente creación de la prestación Asignación Universal por hijo, merece una distinción y reconocimiento especial en función de que la medida adoptada adquiere carácter universal. En este sentido da cumplimiento al artículo 26 de la Ley Nº 26061 que establece que el Estado “debe establecer políticas y programas para la inclusión de las niñas, niños y adolescentes, que consideren la situación de los mismos, así como de las personas que sean responsables de su mantenimiento.”
    Si bien se ha avanzado en la creación del órgano administrativo, Sistema de Protección Integral de Derechos (abril de 2008), un reto fundamental pendiente es lograr la adecuación provincial del marco legislativo.
    Además, dicha norma legal entiende por interés superior del niño la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías que a ellos se les reconoce.
    Las estrategias de universalización del nivel inicial y el cumplimiento de la educación obligatoria deben estar acompañadas de una condición central: la profundización de las mejoras en las condiciones laborales docentes y su desarrollo profesional. De este modo se reconoce y jerarquiza el papel de los trabajadores de la educación.
    Dentro de los retos propuestos por la Mesa Política de Diálogo por la Educación Mendocina, en el marco de los Compromisos para el próximo decenio, aparecen objetivos a alcanzar: progresiva disminución de las situaciones de vulnerabilidad, con prioridad para los casos más graves (Objetivo I); que no haya ningún niño o joven desprotegido, en condiciones desfavorables para acceder y permanecer dentro del circuito educativo (Objetivo II); que dentro de 10 años se haya logrado la universalización de la alfabetización y escolaridad completa (Objetivo III), con sus respectivas metas.
    En el marco de los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (ODM), acordados internacionalmente en la Declaración del Milenio del año 2000 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), nuestro país se planteó como meta asegurar que para el año 2010 todos los niños/as y adolescentes completen los diez primeros años de educación básica, y que, al año 2015, todos logren alcanzar doce años de educación obligatoria. Esto último ha quedado especialmente reafirmado con la nueva normativa que la legislación ha establecido en materia educativa (Ley de Educación nº 26.206), la cual obliga –sin mayores demoras- a cumplir desde ahora con este objetivo. La pregunta que cabe hacerse es si será posible cumplir con las metas comprometidas.

    Es un desafío pendiente para el Estado invertir y generar políticas sociales y educativas de inclusión, donde no sólo se procure el acceso a la escolaridad obligatoria, sino un pleno y compensatorio desarrollo de las capacidades humanas y sociales de todos los niños/as y adolescentes, de manera independiente de su origen geográfico o económico.


    Si bien el Estado debe incorporar el concepto de progresividad, que significa no solo que aquellos derechos se cumplan paulatinamente, sino que los logros alcanzados sean irreversibles.
    Las políticas públicas que atiendan los desajustes en el mercado laboral, y las nuevas características de la estructura de empleo: implementarán políticas orientadas: a la oferta laboral apuntando a programas de capacitación y entrenamiento, políticas -del lado de la demanda apuntaran a subsidios y creación directa de empleo, políticas que aliente participación femenina.
    El reto es reposicionar el trabajo teniendo en cuenta que tiene la capacidad de constituirse en integrador social, que posibilita la construcción de identidad, y que permite el acceso a los derechos y la asunción de obligaciones que permite constituirnos como sociedad.
    Este desafío nos permitirá cumplir con otro: lograr la inserción de los jóvenes al mercado laboral y/o al sistema educativo, para evitar que caigan en la pobreza, ya que una mayor continuidad dentro del sistema educativo mejora las oportunidades de inserción laboral.
    Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para la Argentina, suscritos en octubre de 2003, fijaron entre sus objetivos el de Promover el Trabajo Decente, tal y como es concebido por la OIT. Entre las metas que allí se fijaron, está la de introducir reformas para conformar un sistema de previsión social sustentable y establecer un sistema de protección social más universal, que brinde a los trabajadores y a la sociedad en general mayores niveles de certidumbre respecto de la cobertura previsional, de salud y de desempleo.
    Durante los ’90 se produjo una desinversión social, lo cual se vio reflejado en: la disminución del ingreso per cápita y la contracción de los ingresos generando un aumento de los pobres y un deterioro de sus condiciones de vida, diversificando los tipos de pobreza con el aumento del número de indigentes y la aparición de nuevos pobres. Agotada la concepción política neoliberal, la cuestión social tiene que ver con el trabajo, con el acceso de la ciudadanía a mejores niveles de vida y con la participación, lo que debe traducirse en políticas de integración articulada.
    Se torna necesario pensar en políticas sociales integrales, centradas en los ciudadanos y sus derechos, a fin de efectivizarlos, tanto los políticos, económicos, sociales, como los culturales, ya que la desigualdad de la condición ciudadana restringe el concepto de universalidad de los servicios básicos como son la educación, la salud, etc.
    En la actualidad, si bien nos asiste a nivel nacional un Estado integrador y articulador, se siguen desarrollando políticas focalizadas y la mayoría están dirigidas a paliar situaciones de pobreza. Además, las políticas y estrategias para superar la pobreza han sido concebidas únicamente como un objetivo exclusivo de las áreas sociales. Contrariamente, la planificación social debe formar parte de una concepción integral que contemple aspectos de desarrollo, tanto económicos como sociales, así como también culturales y políticos.
    Una incertidumbre que aparece con mayor presencia para el logro de los desafíos propuestos está vinculada al comportamiento de la crisis global. Las metas planteadas serán factibles de cumplir si, entre otros factores, la inestabilidad financiera mundial no impacta significativamente en el superávit fiscal y en el crecimiento económico alcanzado.

    La característica principal de la crisis global es la incertidumbre en cuanto a su profundidad, duración, como sobre si las medidas implementadas serán suficientes y sobre qué sectores y sociedades recaerán sus principales consecuencias.


    Este nuevo contexto coincide además en un momento histórico particular de nuestro país y de gran parte de los países de la región: la inminente celebración del Bicentenario. Es precisamente un momento difícil, complejo y volátil, pero, a la vez, oportuno para el debate y la reflexión. Para transformar la crisis global en oportunidad y para ver sobre la tormenta inmediata la posibilidad de políticas de Estado. O ¿cómo pensar una acción política virtuosa en un contexto que parece, en principio, inmovilizante? La misma fecha, a la vez, implica una lucha de sentidos, tanto sobre nuestros logros, valores lo que somos como el hacia dónde nos dirigimos, pero por sobre todo, la posibilidad de configurar una visión estratégica, por lo menos en los tres niveles en que se juega la salida de la crisis: el global, el regional y el nacional. (García Delgado 2009).


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