• Carlos Sebastián ; Manuel Villoria
  • Joan A. Llinares

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    Indicadores de calidad institucional


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    Indicadores de calidad institucional

    Indicador combinado

    Voz y rendición de cuentas







    Efectividad gubernamental

    Calidad regulatoria







    Respeto a la ley y los contratos

    Control de la corrupción







    Nota: La distribución mundial de los indicadores tiene media 5 y desviación tipica igual a 2.

    Fuente: Banco Mundial



    Del análisis de los indicadores WGI se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha descendido desde un 7,8 a un 6,8.

    Los costes económicos que tiene el déficit de calidad institucional y la corrupción van mucho más allá del montante de los fondos públicos apropiados indebidamente. La corrupción disminuye la rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementa su incertidumbre, reduce los niveles de inversión y desvía recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendimiento y la innovación. Se traduce, finalmente, en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible.

    Elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años, según han explicado esta mañana el investigador del Ivie Francisco Alcalá y el profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, codirectores del informe que hoy se ha presentado en el seminario celebrado en València Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Esto significaría elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años.

    Estas estimaciones están basadas en el trabajo de un buen número de investigadores en economía que, a lo largo de las últimas dos décadas, han situado la calidad institucional entre los factores fundamentales para el desarrollo económico. Estas investigaciones han permitido estimar el coste medio que tiene la baja calidad institucional en los países, en términos de renta per cápita y productividad, y son la base de los cálculos que se realizan en este informe. En concreto, haciendo uso de esas estimaciones, en el informe se calcula el impacto que tendría llevar la calidad institucional española desde el lugar que ocupa en la actualidad, hasta el percentil 85 que correspondería a su nivel de productividad.

    Según ha explicado Alcalá, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

    El seminario Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, organizado esta mañana en València por la Fundación BBVA y el Ivie, ha comenzado con la presentación del informe mencionado, a cargo de sus codirectores. Posteriormente, han tenido lugar dos sesiones de debate sobre el problema general del déficit de la calidad institucional y la corrupción en España y las líneas de actuación necesarias para combatirlos. Han participado en estos debates el catedrático Carlos Sebastián; Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan José Ganuza, catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de Dirección Estratégica y Economía Industrial de Funcas; Joan A. Llinares, director de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; Silvia Muñoz, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia n.5 de Arrecife (Lanzarote); y Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica contra la corrupción.



    Para más información:

    Yolanda Jover

    Departamento de Comunicación


    prensa@ivie.es

    Telf. 963190050 / 608 74 83 35



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