• Estado puede intervenir para racionalizar la economía, proteger el medio ambiente, proteger el derecho de los trabajadores, intervenir ante las fallas del mercado.
  • Desarrollo sostenible de la Nación”
  • Principios Intervencionistas.

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    Los principios económicos


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    CONSTITUCIÓN

    Y

    PRINCIPIOS ECONÓMICOS

    Alfredo Quispe Correa

    I

    Este tema fue tratado en “La Constitución Económica” (Gráfica Horizonte. Lima, 2002), incorporándolo luego al texto de “La Constitución Peruana”. Por tal razón nos referimos a éste porque adoptó sugerencias adicionales en el capítulo del Régimen Económico. Señalaba, entonces, como principios del Régimen Económico, “la iniciativa privada libre, economía social de mercado, ausencia de planificación compulsiva, actividad subsidiaria del Estado, pluralismo, igualdad de trato y libre competencia”, (p. 137).

    Advertía que el enunciado que permitía al Estado orientar la economía abría posibilidades de aplicar la planificación indicativa; es decir, que diseñando una política de “premios” o “castigos” dejaba al inversionista privado la opción de operar en cualquiera de esos extremos. Quien debería considerar otras variables: extensión del mercado, seguridad, tecnología, para definir su opción.

    No era distinta la opinión de otros autores. Chirinos Soto advertía que, “en cualquier caso, el texto constitucional no prohíbe planificar” (pp. 110-111); que la iniciativa privada libre se desarrolla en una economía social de mercado y, aunque inicialmente le parecía bizantina la discusión entre economía de mercado y economía social de mercado, concluía que al destacar el adjetivo social se perjudicaba el sustantivo economía. Lo importante, a su juicio, era que la economía se desenvolviese dentro del marco de la ley de la oferta y la demanda, porque “no podemos hacer una Constitución en favor de los pobres si no hacemos una que sirva de marco a la creación de la riqueza”, (pp. 109).

    Agregaría que un principio importante es la iniciativa privada libre, que se desarrolla en una economía social de mercado, pero que no es tan libre desde el momento que tiene una limitación por el propósito social que impregna a la norma. Entre otros principios señalaba al pluralismo económico, la libre competencia, la igualdad de trato y la libertad de contratar, cuyo texto (art. 62 de la C.), “garantiza la santidad del contrato”, (pp. 114).

    Para Bernales “preside los principios generales en materia económica de la Constitución la norma que establece que la iniciativa privada es libre” (p. 302), pero no señala cuáles son los otros principios generales en materia económica. Inferimos que el comentario a cada uno de los siguientes dispositivos del “Régimen Económico” relieva los otros principios dentro de una economía social de mercado: estimular la creación de la riqueza, garantizar la libertad de empresa, de comercio y de industria, el pluralismo económico; el carácter subsidiario de la intervención estatal; la libre competencia; la intangibilidad de los contratos; la igualdad en la inversión; y la protección de los consumidores.

    Marcial Rubio Correa dirá que los principios rectores de la economía, incluidos en la Constitución, son los siguientes: el principio de la libre iniciativa privada ejercitada dentro de una economía social de mercado; el rol orientador del Estado en la economía; la coexistencia de diversas formas de propiedad y empresa; y, la defensa del consumidor.

    Estima que existe una diferencia entre la carta de 1979 y la de 1993. “La diferencia en principios entre la Constitución de 1979 y la de 1993 es significativa no tanto tal vez en los detalles, como en la orientación general: la Constitución de 1979 optó por un Estado que regulaba e intervenía directamente en la economía.* Para ello tenía una estructura de planificación que tomaba una amplia gama de decisiones sobre inversión y asignación de recursos, tanto públicos como privados. Las empresas públicas adquirían un papel trascendental en la dinamización del aparato productivo y en la producción y distribución mismas”, (p. 196).

    Por mi parte, dejo constancia que la planificación concebida en la carta de 1979 era obligatoria para el Sector Público y, sólo si se concertaba con la empresa privada, se convertía en obligatoria. Esquema conocido como planificación democrática, pero que no funcionó por los intereses divergentes del empresario privado y los objetivos de cada uno de los gobiernos que fueron elegidos y actuaron bajo su imperio.

    Para Ochoa Cardich, los principios generales de la Constitución Económica de 1993, son cuatro: “El principio de subsidiariedad del Estado y el pluralismo económico; la economía social de mercado; el principio de libre competencia y la defensa de los consumidores; y las garantías de la inversión nacional y extranjera”, (p. 87).

    Considera que la subsidiariedad está contenida con un sentido explícito en la Constitución; que el pluralismo económico se desarrolla bajo los términos de igualdad jurídica entre los competidores; el contenido social de la economía de mercado la aprecia en el rol del Estado de ayudar a los sectores que padecen desigualdad, por lo que debe promover las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Agrega que, “este trato diferencial para las pequeñas empresas es una manifestación del componente “social” del sistema económico, (pp. 89-91).

    Coincidimos con Ochoa Cardich cuando sostiene que la economía social de mercado concebida en la carta contiene, de manera implícita, “la viabilidad de la planificación al declararse en la norma que el Estado orienta el desarrollo del país”, (p. 90). Claro que no se trata de la planificación compulsiva, propia de regímenes totalitarios, sino de la “planificación indicativa”; es decir, aquélla en que el Estado adopta una política económica (impuestos, exoneraciones, promoción para la inversión, plazos firmes y garantizados), correspondiendo a cada uno de los actores económicos particulares acogerse o no a esas indicaciones. La orientación económica estatal obliga a la burocracia pública, no al inversionista particular.

    A juicio de Ochoa Cardich, la defensa de los consumidores la realiza el Estado garantizando el derecho a la información y la salud y seguridad de la población. En cuanto a la garantía de la inversión nacional y extranjera, la halla expresada básicamente en los llamados contrato leyes, la excepción de la jurisdicción nacional para la solución de controversias, la igualdad jurídica de la inversión nacional y extranjera (habría que agregar, privada y estatal), y el arbitraje como medio de acceso a la justicia, distinto al judicial.
    II

    ¿Y que nos dice el derecho comparado? Leguizamón Acosta en el análisis que propone de la constitución colombiana, señala que “Los principios de origen liberal los vemos expuestos en la Carta política actual a través de las siguientes instituciones jurídico económicas: la libre actividad económica e iniciativa privada; la libre competencia económica; la propiedad privada; la integración y la internacionalización de la economía”. (pp. 48-49).

    Considera que en la carta vigente desde 1991 existen dos tipos de limitaciones a la libertad económica e iniciativa privada: las subjetivas, que derivan de la concepción filosófica, como la función social de la propiedad o el bien común; y, las objetivas, que son aquellas que emanan de la propia constitución; v.g., la prohibición sobre los monopolios.

    La libertad se extiende, según su apreciación, a escoger profesión u oficio dentro de los límites establecidos en la ley y en las barreras constitucionales fijadas a la libre actividad económica, como la función social y el bien común; pero, además, el Estado puede intervenir para racionalizar la economía, proteger el medio ambiente, proteger el derecho de los trabajadores, intervenir ante las fallas del mercado.

    El principio de la libre competencia lo traduce en la igualdad de condiciones y oportunidades que debe regir la actividad económica, (p. 53), y en la intervención estatal para evitar el monopolio y el abuso de las posiciones de dominio. En el monopolio, advierte, si bien desaparece la competencia, se debe considerar si éste no es consecuencia de un manejo eficiente de la empresa o a la falta de competidores por propia decisión. Lo que se combate es el abuso al igual que en las posiciones de dominio en donde, a diferencia del monopolio, hay competidores pero se obtiene ventaja por la condición privilegiada.

    Considera que la propiedad privada, derecho fundamental, propio de la ideología liberal, se encuentra consagrado en la constitución y debe ser no sólo protegido por el Estado sino que debe promover la extensión de la propiedad privada. Si bien admite la propiedad estatal, el modelo consagrado en dicha carta difiere del modelo soviético que sanciona sólo la propiedad pública. Por supuesto, esta apreciación nuestra está dirigida a fecha anterior al derrumbe del modelo marxista.

    Otra limitación a la propiedad es la “función ecológica, institución que obedece a las nuevas tendencias modernas y solidaristas, en las cuales la propiedad debe intervenir, de la mano del Estado, para la búsqueda del Desarrollo sostenible de la Nación”, (pp. 98-99).

    El principio del libre comercio internacional lo hace descansar en la persona y no en el Estado y lo constituyen las relaciones comerciales con individuos de otros estados. En el caso del Perú recordemos una etapa de triste recordación, conocida como el velazquismo (1968-1977), en que se prohibió la tenencia de moneda extranjera y sólo se podía comercializar a través de entes burocráticos. Colombia se desprendió, antes que el Perú (carta de 1993), de la burocratización del comercio internacional.

    La constitución peruana del año de 1979 consagraba ya un artículo dedicado a la integración. Literalmente decía: “Art. 100.- El Perú promueve la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con miras a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones”. En cambio, la constitución actual ha desterrado el texto, mientras que la de Colombia lo estima como uno de sus pilares constitucionales. Su artículo 227 dice que “el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y el Caribe.

    Pero Colombia ha ido más allá todavía: “Los procesos de integración no sólo podrán adelantarse en el ámbito nacional, sino que los departamentos y municipios fronterizos podrán hacerlo directamente con las entidades limítrofes del país vecino. ¿Una excepción al principio de que las relaciones internacionales las debe llevar el Presidente de la República?”, (p. 129). Leguizamón considera esta disposición inocua y que se puede derogar.

    Pero al lado de los principios promotores y de protección en la economía, también aparecen los llamados Principios Intervencionistas. El autor considera que el Estado no puede ser neutro ni agente pasivo y debe intervenir en la economía. Y puede hacerlo “...para regular y administrar los recursos dedicados a la satisfacción de necesidades; para racionalizar todas las actividades de carácter económico, o reglamentar la actuación de sus agentes y la vida económica en general; para restringir determinadas actividades, proteger los derechos individuales o colectivos; para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de los programas de desarrollo social...”, (p. 134).

    La constitución colombiana, de manera expresa, en su artículo 334, dispone que la dirección general de la economía corresponde al Estado; que éste interviene en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento a la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

    La carta colombiana se afilia al llamado estado social de derecho, que Leguizamón lo ubica dentro de la concepción del Estado paternalista o benefactor. Modelo que critica por “facilista”, producto de un Estado ineficiente que confunde desarrollo social con repartir prebendas o regalar servicios estatales, (p. 185).


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