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Ley 12846 de Brasil, sancionada por Dilma Rousseff el día 2/8/13


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Ley 12846 de Brasil, sancionada por Dilma Rousseff el día 2/8/13


LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA hago saber que el Congreso Nacional decretó y yo sanciono la presente Ley:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1º Esta ley dispone sobre la responsabilidad objetiva administrativa y civil de las

personas jurídicas por la comisión de actos contra la administración publica, nacional o extranjera.


Parágrafo único. Lo dispuesto en esta Ley se aplica a las sociedades empresarias y a las

sociedades de hecho, con o sin personería jurídica, independientemente de la forma de

organización o modelo societario adoptado, asi como a cualquier fundación, asociación de entidades o personas, o sociedades extranjeras, que tengan sede, filial o representación en el territorio del país, constituídas de hecho o de derecho, y aún si lo fuesen en forma temporaria.
Art. 2º Las personas jurídicas seran responsabilizadas objetivamente, en los ámbitos

Administrativo y civil, por los actos lesivos que prevé esta Ley practicados en su interés o beneficio, exclusivo o no.


Art. 3ª La responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad individual de sus directivos o administradores o de cualquier persona física, autora, coautora o partícipe del acto ilícito.
Parágrafo 1 La persona jurídica sera responsable independientemente de la responsabilidad

Individual de las personas físicas referidas en el párrafo anterior.


Parágrafo.2 Los directivos o administradores solamente serán responsables por esos actos ilícitos en la medida de su culpabilidad.
Art. 4 Subsiste la responsabilidad de la persona jurídica en la hipótesis de alteración

contractual, transformación, incorporación, fusión o cesión societaria.


Parágrafo1 En las hipótesis de fusión e incorporación, la responsabilidad de la sucesora será restringida a la obligación de pago de la multa y reparación integral del daño causado, hasta el límite del patrimonio transferido, no siendo aplicables las demás sanciones previstas en esta Ley derivados de actos o hechos ocurridos antes de la fecha de fusión o incorporación, excepto en el caso de simulación o evidente intento de fraude, debidamente comprobados.
Parágrafo 2 Las sociedades controlantes, controladas, subsidiarias (coligadas) o, en el ámbito del respectivo contrato, las consorciadas, serán solidariamente responsables por

la comisión de los actos previstos en esta Ley, restringiendose tal responsabilidad a la obligación de pago de la multa y la reparación integral del daño causado.


CAPÍTULO II
DE LOS ACTOS LESIVOS A LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL O

EXTRANJERA.


Art. 5º A los fines de esta Ley, constituyen actos lesivos a la Administración pública, nacional o extranjera, todos aquéllos practicados por las personas jurídicas mencionadas en el parágrafo único del art. 1º que atenten contra el patrimonio público nacional o extranjero, contra principios de la administración pública o contra los compromisos internacionales asumidos por la Nación, asi definidos:
I – Prometer, ofrecer o dar, directa o indirectamente, ventaja indebida a un agente público, o a tercera persona relacionada con el mismo.
II – Comprobadamente, financiar, costear, patrocinar y de cualquier forma subvencionar la práctica de actos ilícitos previstos en esta Ley.
III – Comprobadamente, utilizar a interpósita persona física o jurídica para ocultar o disimular sus reales intereses o la identidad de los beneficiarios de los actos realizados.
IV – En lo relacionado a licitaciones y contratos:

  1. Grustrar o alterar fraudulentamente, mediante ajuste, combinación o de cualquier otra forma el carácter competitivo del procedimiento licitatorio público.

  2. Impedir, perturbar o alterar fraudulentamente la realización de cualquier acto del procedimiento licitatorio público.

  3. Apartar o procurar apartar a un oferente, por medio de fraude u ofrecimiento de ventaja de cualquier tipo.

  4. Alterar fraudulentamente una licitación pública o contrato de la competencia.

  5. Crear una persona jurídica, de modo fraudulento o irregular, para participar de una licitación pública o celebrar un contrato administrativo.

  6. Obtener ventaja o beneficio indebido, de modo fraudulento, por medio de modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con la administración pública, sin autorización legal, en algun acto relacionado con la convocatoria a una licitación pública o en los respectivos instrumentos contractuales,

  7. O manipular a alterar fraudulentamente el equilibrio económico-financiero de los contratos celebrados con la administración pública.

V – Dificultar la actividad de investigación o fiscalización de órganos, entidades o agentes públicos, o interferir en su realización, inclusive en el ámbito de las agencias reguladoras y los órganos de fiscalización del sistema financiero nacional.

CAPITULO V

DEL ACUERDO DE ATENUACIÓN

Art.16. La autoridad máxima de cada órgano o entidad pública podrá celebrar un acuerdo de atenuación con las personas jurídicas responsables de la comisión de actos previstos en esta Ley que colaboren efectivamente con las investigaciones y/o proceso administrativo, siempre que de esta colaboración resulte:

I – La identificación de las demás personas envueltas en la infracción, cuando los hubiere y

II – La obtención acelerada de informaciones y documentos que comprueben el ilícito bajo investigación.

Parágrafo 1º El acuerdo solamente podrá ser celebrado si se reúnen, acumulativamente, los siguientes requisitos:

I – La persona jurídica sea la primera en manifestar su interés en cooperar para lograr el descubrimiento del ilícito:

II – La persona jurídica cesara completamente su participación en la infracción investigada a partir de la fecha de proposición del acuerdo;

III – La persona jurídica admita su participación en el ilícito y coopere plena y permanentemente con las investigaciones y el proceso administrativo, compareciendo, a su costo, siempre que fuese solicitado su comparencia, a todos los actos procesales, hasta su finalización.

Parágrafo 2º La celebración del acuerdo de atenuación eximirá a la persona jurídica de las sanciones previstas en el inciso II del art. 6º y en el art. 19 y reducirá hasta en 2/3 (dos tercios) de la multa aplicable.

Parágrafo 3º El acuerdo de atenuación no exime a la persona jurídica de reparar integralmente el daño causado.

Parágrafo 4º El acuerdo de atenuación estipulará las condiciones necesarias para asegurar la efectividad de la colaboración y resultado útil del proceso.

Parágrafo 5º Los efectos del acuerdo de atenuación seran extendidos a las personas jurídicas que integran el mismo grupo económico, de hecho o de derecho, siempre que las mismas firmen el acuerdo en forma conjunta y sean respetadas las condiciones establecidas en el acuerdo.

Parágrafo 6º La propuesta del acuerdo de atenuación solamente se hará pública después de la efectivización del respectivo acuerdo, salvo en el interés de las investigaciones y del proceso administrativo.

Parágrafo 7º El rechazo de una propuesta de acuerdo de atenuación no significará el reconocimiento de la comisión del acto ilícito investigado.

Parágrafo 8º En caso de incumplimiento del acuerdo de atenuación, la persona jurídica estará impedidad de celebrar un nuevo acuerdo por el plazo de 3 (tres) años contados desde la fecha de conocimiento por la administración pública del referido incumplimiento.

Parágrafo 9º La celebración del acuerdo de atenuación interrumpe el plazo de prescripción de los actos ilícitos previstos por esta Ley.

Parágrafo 10º La Procuración General de la Nación es el órgano competente para celebrar los acuerdos de atenuación en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, asi como en los casos de actos lesivos realizados contra una administración pública extranjera.

Art. 17. La administración pública también podrá celebrar acuerdos de atenuación con la persona jurídica responsable de la comisión de los ilícitos previstos en la Ley ….……………considerando la exención o atenuación de las sanciones administrativas establecidas en sus arts. …………

CAPITULO VI

DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL

Art. 18. La responsabilidad de la persona jurídica en la esfera administrativa, no impide la posibilidad de su responsabilización en la esfera judicial.

Art. 19 En razón de la comisión de los actos previstos en el art. 5º de esta Ley, el Gobierno Nacional, las Provincias y la Gobernación de la CABA y los Municipios, por medio de sus respectivos cuerpos jurídicos u órganos de representación judicial, o equivalentes, y el Ministerio Público, podrán iniciar acciónes tendientes a la aplicación de las siguientes sanciones a las personas jurídicas infractoras:


  1. Pérdida del dominio de bienes, derechos o valores que representen ventajas o provecho directa o indirectamente obtenidos con motivo del acto infractor, salvo el derecho de terceros de buena fe,

  2. Suspensión o interdicción parcial de sus actividades;

  3. Disolución compulsiva de la personería jurídica.

  4. Prohibición de recibir incentivos, subsidios, subvenciones, donaciones o préstamos de órganos o entidades públicas y de instituciones financieras públicas o controladas por el poder público, por el plazo mínimo de 1 (uno) y el máximo de 5 (cinco) años.

Parágrafo 1º La disolución compulsiva de la personería jurídica será determinada cuando se compruebe:

I – Haber utilizado la personería jurídica en forma habitual para facilitar o promover la práctica de actos ilícitos; o

II – Haber sido constituídad para ocultar o disimular intereses ilícitos o la identidad del los beneficiarios en la comisión de los actos;

Parágrafo 2º (VETADO)

Parágrafo 3º Las sanciones podrán ser aplicadas en forma aislada o acumulativa.

Parágrafo 4º El Ministerio Público o la Fiscalia o el órgano de representación judicial, o equivalente, del ente público podrá requerir la indisponibilidad de bienes, derechos o valores necesarios en garantía del pago de la multa o de la reparación integral del daño causado, conforme se prevñe en el art. 7º, salco el derechos de tercero de buena fé.

Art. 20 En las acciones iniciadas por el Ministerio Público, podrán aplicarse las sanciones previstas en el art. 6º, sin perjuicio de aquéllas previstas en este Capítulo, a partir de constatarse la omisión de las autoridades competentes para promover la acción de responsabilización administrativa.

Art. 21. En las accions de responsabilización judicial, será adoptado el procedimiento previsto en la Ley Nº 7047, del 24 de julio de 1905.

Parágrafo único. La condena incluye la obligación de reparar, integralmente el daño causado por el acto ilícito, cuyo valor sera fijado en una posterior liquidación, si no constare expresamente en la sentencia.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Art. 22. Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional el Registro Nacional de Empresas Sancionadas - RNES que reunirá y dará a publicidad las sanciones aplicadas por los órganos o entidades de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judiales de todas las esferas de gobierno por aplicación de esta Ley.

Parágrafo 1º: Los órganos y entidades referidos en este artículo deverán informar y mantener actualizados, en dicho Registro RNES, los datos relacionados con las sanciones aplicadas.

Parágrafo 2º. El RNES suministrará, entre otras, las siguientes informaciones acerca de las sanciones aplicadas:

I – Razón social y número de inscripción de la persona jurídica en la IGPJ.

II – Tipo de sanción, y

III – Fecha de aplicación y fecha final de vigencia del efecto limitador o impeditivo de la sanción, cuando fuese el caso.

Parágrafo 3º. Las autoridades competentes, para celebrar los acuerdos de atenuación previstos en esta Ley, también deberán prestar y mantener actualizadas en el RNES, luego de la entrada en vigencia del respectivo acuerdo, la información acerca del acuerdo de atenuación celebrado, salvo que ese procedimiento fuese a causar perjuicio a las investigaciones y al proceso administrativo.

Parágrafo 4º. En el caso que la persona jurídica no cumpla con los términos del acuerdo de atenuación, además de las informaciones previstas en el parágrafo 3º, deberá incluir en el RNES el respectivo incumplimiento.

Parágrafo 5º. Los registros de las sanciones y acuerdos de atenuación serán excluídos una vez transcurrido el plazo previamente establecido en el acto sancionador y del cumplimiento integral del acuerdo de atenuación y la reparación del eventual daño causado, mediante solicitaciñon del órgano o entidad sancionadora.

Art.23. Los órganos o entidades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de todas las esferas del gobierno deberán informar y mantener actualizados, para fines de su publicidad, al Registro Nacional de Empresas Inidóneas y Suspendidas – RNEIS, de carácter público, instituído en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, los datos correspondientes a las sanciones aplicadas, en los términos de los arts. 87 y 88 de la Ley 8666, del 21 de junio de 1993.

Art.24. La multa y la pérdida de bienes, derechos o valores aplicados en base a esta Ley, serán destinados preferentemente a los órganos o entidades públicas lesionadas.

Art.25. Prescriben a los 5 (cinco) años las infracciones previstas en esta Ley, contados desde la fecha del hecho de la infracción o, en el caso de infracción permanente o continuada, desde el día en hubiere cesado.

Parágrafo único. La prescripcion será interrumpida, en la esfera administrativa o judicial con la instauración del proceso que tenga por objeto la condena de la infracción.

Art.26. La persona juridica será representada en el proceso administrativo según lo establezca su estatuto o contrato social.

Parágrafo 1º Las sociedades sin personería juridica serán representadas por la persona que tenga a su cargo la administración de sus bienes.

Parágrafo 2º La persona jurídica extranjera será representada por el gerente, representante o administrador de su filial, agencia o sucursal abierta o instalada en el Brasil.

Art.27. La autoridad competente que, habiendo tenido conociemiento de las infracciones previstas en esta Ley, no adopten las providencias para la condena de esos actos, será responsable penal, civil y administrativamente en los términos de la legislación específica aplicable.

Art.28. Esta Ley se aplica a los actos lesivos cometidos por una persona jurídica brasileña contra la administración pública extranjera, aun cuando dichos actos sean cometidos en el exterior.

Art.29. Lo dispuesto en esta Ley no excluye las competencias del Consejo Administrativo de Defensa Económica, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía para procesar y juzgar los actos que constituyan infracción al órden económico.

Art.30. La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no afectan los procesos de responsabilizacion y aplicación de las penalidad previstas por:

I – Acto de improbidad administrativa en los términos de la Ley Nº 8429 del 2 de junio de 1992

y

II – Los actos ilícitos alcanzados por la Ley Nº 8666, del 21 de junio de 1993, u otras normas de licitaciones u contratos de la administración pública, inclusive en lo relativo al Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas, instituído por Ley Nº 12462 del 4 de agosto de 2011.



Art. 31. Esta Ley entra en vigor 180 (180) dias después de la fecha de su publicación.

Brasilia, 1º de agosto de 2013, 192º da Independencia y 125º de la República.

DILMA ROUSSEFF


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