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Leídos los autos; Y



65-C-91 y ac. Cerón, Pinto vrs. Juez Segundo de lo Mercantil; Juez de Primera Instancia de Acajutla; Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla

SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: Antiguo Cuscatlán, a las doce horas de día siete de enero de mil novecientos noventa y siete.

Los presentes procesos acumulados de amparo constitucional han sido promovidos, el primero, por el señor JOSÉ SAÚL CERÓN, mayor de edad, empleado, del domicilio de Ilopango, representante de la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.", abreviadamente "PROCEMI, S.A. de C.V.", de este domicilio; y el segundo, por el licenciado LUIS FRANCISCO PINTO, mayor de edad, abogado y notario, de este domicilio, apoderado general judicial de las sociedades "Inversiones del Mar, S.A. de C.V.", abreviadamente "IMAR, S.A. de C.V.", del domicilio de Acajutla, "Swissco, S.A. de C.V.", de este domicilio, y "Legumbres, S.A. de C.V.", de este domicilio; y en ambos casos contra actuaciones del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, del Juez de Primera Instancia de Acajutla, y del Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla, que estiman violatorias de los derechos de propiedad, posesión y audiencia, consagrados en los artículos 2 y 11 de la Constitución.

Han intervenido en estos procesos, además de los impetrantes, todas las autoridades demandadas, el tercero beneficiado con el acto reclamado y el Fiscal de la Corte.

LEÍDOS LOS AUTOS; Y

CONSIDERANDO:



I.- El primero de los juicios mencionados, se inició mediante demanda presentada el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, y en la misma el señor José Saúl Cerón, en la calidad antes indicada, expresó en lo conducente: "I) Que la sociedad que represento es propietaria de las Embarcaciones denominadas ANNETTE, MARISCAL, BARÓN, MICHELLE, PRÍNCIPE, Y DUQUESA; tal como lo compruebo con la certificación del Título de Propiedad inscrito al número setenta folios cuatrocientos noventa y siete y siguientes del libro doscientos sesenta y uno del Departamento de documentos Mercantiles del Registro de Comercio.- 11) Que el día veintinueve de julio de este año, mediante oficio número cero treinta y cuatro, que presentó, el Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional, Capitanía de Puerto de Acajutla; en cumplimiento de resolución librada por el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla en diligencias de cumplimiento de sentencia promovidas en el Juzgado Segundo de lo Mercantil con sede en San Salvador por los apoderados judiciales de la sociedad "Astilleros Monarca Sociedad Anónima, de "nacionalidad mejicana" contra la sociedad "Pesquera SALVAMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, de nacionalidad salvadoreña", de este domicilio, se ordenó a la sociedad que represento entregue materialmente las embarcaciones, ANNETTE, MARISCAL, BARÓN, MICHELLE, PRÍNCIPE Y DUQUESA, a la sociedad "Astilleros Monarca Sociedad Anónima" o a sus apoderados; tal entrega material aún no se ha efectuado, pero de acuerdo al oficio referido se ordena que los barcos entren a Rada, es decir, sean anclados, para cumplir con tal resolución. Como puede verse las diligencias de cumplimiento de sentencia, se refieren a la "Sociedad Astilleros Monarca, Sociedad Anónima", de nacionalidad mejicana contra la "Sociedad Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." de nacionalidad salvadoreña y no contra la "Sociedad Procesadora San Michelle, S.A. de C.V." de nacionalidad salvadoreña; en tal virtud ordenar la entrega material de las embarcaciones referidas propiedad de la sociedad que represento, a la sociedad Astilleros Monarca Sociedad Anónima, es un acto ilegal e inconstitucional que priva a la sociedad "San Michelle, S.A. de C.V." de este domicilio, del ejercicio de los derechos de posesión y propiedad que tiene sobre las embarcaciones, los cuales están debidamente inscritos a su favor en el Registro de Comercio; queda bien claro que en las diligencias de cumplimiento de sentencia promovidas por la "Sociedad Astilleros Monarca Sociedad Anónima", de nacionalidad mejicana, contra la "Sociedad Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." de nacionalidad salvadoreña, nada tiene que ver la Sociedad San Michelle, S.A. de C.V.; y en consecuencia, no se le puede ordenar que entregue sus bienes, en este caso, sus embarcaciones a la "Sociedad Astilleros Monarca Sociedad Anónima" de nacionalidad mejicana o a sus apoderados. III) Que por tales razones vengo a demandar en juicio de amparo constitucional, al señor Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, al señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y al señor Comandante y Capitán de Puerto de Acajutla del Departamento de Sonsonate, por violación a los derechos constitucionales comprendidos en los artículos 2 y 11 de la Constitución, es decir, por violar la garantía de audiencia sin dar oportunidad de defensa, pues a mi representada no se le ha oído ni vencido en juicio con arreglo a las leyes y se le pretende privar de sus derechos de propiedad y posesión que tiene sobre sus embarcaciones; violando también el derecho a la seguridad jurídica; consistiendo tal agravio en la privación arbitraria de sus derechos constitucionales, el cual es definitivo, pues no se puede subsanar dentro del procedimiento respectivo mediante otro recurso.- IV) La entrega material que se ha ordenado a la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V." la priva de sus derechos de propiedad y posesión y además se viola su derecho de audiencia; con tal conducta inconstitucional no solo se daña a mi representada sino también a los Bancos del sistema a favor de quienes las embarcaciones se encuentran hipotecadas, garantizando créditos que el sistema bancario le ha otorgado a la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.". V) El acto contra el que reclamo es el que ordena a la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V." la entrega material de las embarcaciones ANNETTE, MARISCAL, BARON, MICHELLE, PRINCIPE Y DUQUESA, a la sociedad "Astilleros Monarca, Sociedad Anónima, de nacionalidad mejicana" o a sus apoderados en las diligencias de cumplimiento de sentencia, promovidas por la "Sociedad Astilleros Monarca Sociedad Anónima", de nacionalidad mejicana, contra la sociedad Pesquera Salvamex, S.A. de C.V., de nacionalidad salvadoreña; dicho acto emitido por el Juez Segundo de lo Mercantil de este distrito judicial y por el Juez de Primera Instancia de Acajutla, ordenando a la Marina Nacional Capitanía de Puerto de Puesto de Acajutla, entrega material de las embarcaciones propiedad de mi representada, es inconstitucional.- VI) El tercero a quien beneficia el acto reclamado es a la "Sociedad Astilleros Monarca, Sociedad Anónima", de nacionalidad mejicana, de quien no proporciono lugar donde puede ser notificada por ignorarlo.- VII) En consecuencia, las autoridades demandadas son el Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, el Juez de Primera Instancia de Acajutla del Departamento de Sonsonate, y el señor Comandante y Capitán de Puesto de Acajutla del departamento de Sonsonate; el acto contra el que reclamo es el que ordena la entrega material de las embarcaciones propiedad de mi Poderdante a la "Sociedad Astilleros Monarca, Sociedad Anónima"; los derechos protegidos por la Constitución que considero violados son los derechos de audiencia y los derechos de propiedad y posesión de mi Poderdante, así como el derecho a la seguridad jurídica que garantiza la Constitución en los Arts. 2 y 1 l; la relación de las acciones en que consisten las violaciones constitucionales por parte de las autoridades demandadas son las descritas en los numerales II, III, IV y V; y las referencias del tercero beneficiado por el acto reclamado son las mencionadas en el número VI romano de la presente demanda.- Por todo lo expuesto, en el carácter en que comparezco, por este medio vengo a demandar en Juicio de Amparo Constitucional al Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial, al Juez de Primera Instancia de Acajutla y al Comandante y Capitán de Puesto del Puerto de Acajutla del Departamento de Sonsonate, por violación a los Arts. 2 y 11 de la Constitución, en consecuencia PIDO: (a) Admitirme la presente demanda; (b) tenerme por parte en el carácter en que comparezco; (c) suspender, con CARACTER URGENTE, por vía telefónica, si es posible, el acto reclamado; y (d) en sentencia definitiva, decretar que ha lugar al Amparo Constitucional solicitado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de¡ acto reclamado.""

II.- Por resolución de las catorce horas y veinticinco minutos de¡ día veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y uno, se admitió la demanda, se suspendió provisional e inmediatamente el acto reclamado, y se solicitó informe a las autoridades demandadas. Por oficio remitido el día veintisiete del mes y año citados, el Juez Segundo de lo Mercantil rindió informe en los siguientes términos: ""Que bajo la referencia Dv-377-91, se promueve en este Tribunal Diligencias de Cumplimiento de la Sentencia dictada en el Juicio Sumario Mercantil de Terminación de Contratos de Arrendamiento de Naves, promovido por la sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA" de nacionalidad Mexicana, en contra de la sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", de nacionalidad Salvadoreña.- Las referidas Diligencias fueron iniciadas por el Licenciado PEDRO ALEJANDRO MENDOZA CALDERON y el Doctor ROMEO GARAY MOISA, ambos como apoderados judiciales de "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA" de nacionalidad Mexicana; se admitió la solicitud interpuesta presentada con la respectiva Ejecutoria de Ley; y como los interesados expresaron que los barcos, objeto de los contratos de arrendamiento que se han declarados resueltos, tienen su base de operaciones el Puerto de Acajutla, Ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate, se ordenó por auto dictado a las doce horas del día ocho de julio del presente año, librar exhorto con las inserciones legales pertinentes al Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Acajutla, para que procediera a la entrega material de las naves marítimas denominadas: "BARON", "MARISCAL", "DUQUESA". "ANNETTE", "MICHELLE" y "PRINCIPE", a "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", por medio de su representante judicial y extrajudicial, señor SERGIO BALLESTEROS MAYTORENA, o a sus apoderados judiciales con poder suficiente, facultándolo para practicar las diligencias que fueren necesarias, así como para que otorgue los plazos prudenciales a que hubiere lugar, a fin de llevar a cabo la entrega ordenada; exhorto que se libró con fecha doce del mismo mes y año.- Hasta aquí lo actuado en las diligencias sobre las cuales informo. ASI MI INFORME.""; y, a su vez, el Juez de Primera Instancia de Acajutla manifestó, según informe de fecha cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno: ""Que con fecha diez de julio del corriente año fue remitido a este Tribunal un Exhorto librado por el señor Juez Segundo de lo Mercantil de San Salvador, con el fin de que se procediera a la entrega material de las naves marítimas denominadas: BARON, MARISCAL. DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE y PRINCIPE, a ASTILLEROS MONARCA SOCIEDAD ANONIMA, por medio de su representante judicial y extrajudicial señor Sergio Ballesteros Maytorena o a sus Apoderados Judiciales con Poder suficiente, en virtud de que dichas naves habían sido entregadas en arrendamiento a PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE; para lo cual este Tribunal señaló fecha para darle cumplimiento a la diligencia, pero se dio el caso que constituidos en la Capitanía de Puerto, el señor Comandante de Puerto Capitán de Fragata de Estado Mayor MARIO ARGUETA FRANCO, me informó que la empresa PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, no tenía registrada ninguna embarcación a su nombre bajo ningún concepto, por lo que no tenía bien y de conformidad a una documentación presentada a este por el señor JOSE SAUL CERON, los barcos antes mencionados son propiedad de la SOCIEDAD PROCESADORA SAN MICHELLE.- Por lo que me abstuve de hacer la entrega material y considere a bien remitir sin diligenciar el exhorto a su Tribunal de origen"".

Por decreto de substanciación dictado a las quince horas y veinte minutos del tres de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se mandó oír al Fiscal de la Corte en la siguiente audiencia; la cual no fue evacuada.



Mediante escrito presentado el día treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno, se apersonó en el juicio el licenciado Romeo Garay Moisa, apoderado general judicial de "Astilleros Monarca, Sociedad Anónima", tercero beneficiado con el acto reclamado, expresando en lo pertinente: ""Las razones que aduce la Sociedad "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", a través de su representante legal José Saúl Cerón en su demanda de Amparo fechada a diecinueve días de agosto de¡ corriente año son, básicamente, que se está violando el derecho de propiedad de su representada mediante las resoluciones y actuaciones de los funcionarios antes dichos, sin habérsele concedido el derecho de ser oída y vencida en juicio.- La Sociedad demandante reclama derechos de propiedad sobre seis embarcaciones pesqueras denominadas "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BÁRON", "PRINCIPE" y "MARISCAL", presentando documentación mediante la cual dichas embarcaciones le fueron adjudicadas en pago por el Juez Cuarto de lo Civil, en Juicio Ejecutivo seguido en contra de la Sociedad "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.".- Las razones esgrimidas por el mencionado señor Cerón en representación de "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", son insuficientes e improcedentes según paso en seguida a demostrar:- a) La resolución judicial del Señor Juez Segundo de lo Mercantil, que es objeto de la reclamación de la Sociedad demandante, es la sentencia definitiva pronunciada por dicho funcionario en el Juicio Sumario Mercantil de Resolución de Contratos de Arrendamiento de referencia Dos mil noventa y nueve, Sumario Mercantil ochenta y siete, seguida por mi representada "ASTILLERO MONARCA, S.A.", en contra de la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, S.A. de C.V.".- En efecto, con fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, la Sociedad que represento y la dicha sociedad "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", celebraron Contratos de Arrendamientos con Promesa de Venta, sobre las embarcaciones de propiedad de mi representada denominadas: "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" y "MARISCAL", contratos celebrados en la ciudad de Guaymas, Estado de Sonora, Estados Unidos Mexicanos.- En la cláusula Quinta, literal a), de dichos contratos se estipulaba que la propiedad de las embarcaciones citadas que eran objeto de los contratos, pasarían a ser propiedad del arrendatario al pagarse todas las cuotas del arrendamiento.- El caso es que, el arrendatario o sea "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." no cumplió con las obligaciones estipuladas en los mencionados contratos y no pagó las cuotas correspondientes al Arrendamiento de las naves.- Debido a este incumplimiento por parte del arrendatario, mi representada inició el treinta de julio de mil novecientos ochenta y siete, Juicio sumario Mercantil de Resolución de Contratos de Arrendamiento, demanda a la cual se opuso "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." con el único objeto de dilatar el proceso, lo cual logró en buena medida pues el mismo concluyó con la sentencia definitiva hasta en fecha siete de junio de mil novecientos noventa y uno.- En la sentencia, definitiva de dicho juicio, se reconoció el derecho de mi representada y se declararon resueltos los contratos de arrendamiento de las naves: "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" y "MARISCAL", de propiedad de mi representada, ordenando a la arrendataria "Pesquera Salvámex, S.A. de C.V." la entrega material a mi representada de dichas embarcaciones.- Como puede observar la Honorable Sala, en dicho juicio se reconoció la existencia y validez de los contratos de arrendamiento de naves, se comprobó el incumplimiento por parte de la arrendataria y se declararon resueltos dichos contratos mediante sentencia definitiva y ejecutoriada.- La Sociedad que ahora pretende ampararse de dicha sentencia, o sea "Procesadora St. Michelle", no ha sido vulnerada en su derecho de audiencia como es su pretensión, sencillamente porque no tiene absolutamente nada que ver en el juicio de resolución de contratos de arrendamiento, que declaró resuelta una relación jurídica entre mi representada "ASTILLERO MONARCA, S,A," y "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.".- No existió pues razón alguna para mandar a oír a un tercero absolutamente ajeno a dicha relación, y que pretende derivar su "derecho" de una relación posterior y equivocada, cuando no fraudulenta, concertada por su parte con "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." como luego se demostrará.- b) También se reclaman en este juicio las actuaciones del Señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y del Señor Comandante de¡ Puerto de Acajutla.- Las actuaciones de estos dos funcionarios han sido estrictamente apegadas a derecho, pues son consecuencia y derivación directa de la resolución definitiva y ejecutoriada del Señor Juez Segundo de lo Mercantil.- En efecto, los funcionarios antes dichos no hicieron sino diligenciar, o más bien intentaron realizar el cumplimiento de la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Segundo de lo Mercantil en el Juicio de Resolución de Contratos de Arrendamiento.- Con fecha veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno, se iniciaron ante el Juez Segundo de lo Mercantil, las diligencias de cumplimiento de sentencia para lograr la entrega efectiva de los barcos de propiedad de mi representada.- Es así que, con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y uno, el Juez Segundo de lo Mercantil libró exhorto al Señor Juez de Primera Instancia de Acajutla para que se entregaran a mi representada las embarcaciones de su propiedad denominadas: "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" y "MARISCAL", en virtud de la resolución de los contratos de arrendamiento y cuya base de operaciones es precisamente el Puerto de Acajutla.- Esta diligencia fué intentada acudiendo al Señor Comandante del Puerto de Acajutla, acompañados del Juez de Primera Instancia de dicha jurisdicción, en fechas treinta y uno de julio y veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno, la cual no se logró porque el dicho funcionario no fu é capaz de lograr que las embarcaciones ingresaran a la Rada del Puerto.- Calificar de atentatorias las actuaciones de los antes dichos funcionarios sería un despropósito, por cuanto se limitaron única y exclusivamente a dar cumplimiento a lo ordenado por una sentencia judicial firme y definitiva.- c) Por lo que respecto a la propiedad de las embarcaciones denominadas: "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" y "MARISCAL", debo aclarar a la Honorable Sala, que los documentos que ha presentado la sociedad reclamante adolecen de un vicio desde su origen.- En efecto los citados barcos son de absoluta y exclusiva propiedad de mi representada, y si aparecen en poder de "Procesadora St. Michelle", es este el resultado de una maniobra más que equívoca y dudosa entre dicha sociedad y "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.".- En efecto, como ya se ha dicho antes, "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." tenía los dichos barcos de propiedad de mi representada en calidad de arrendataria, como lo prueban los contratos de arrendamiento cuya validez ha quedado demostrada en el juicio de resolución de los mismos al que ya nos hemos referido.- A pesar de dicha circunstancia, es decir que los barcos de referencia no eran de su propiedad, "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." los hipotecó a favor de "Procesadora St.Michelle, S.A. de C.V." para garantizar supuestas obligaciones para con ésta sociedad, por "incumplimiento" de los cuales esta última sociedad, ejecutó a "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." adjudicándosela en pago los bienes de la empresa, entre los cuales, indebidamente se incluyeron las embarcaciones de propiedad de mi representada.- Debemos recalcar una vez más que existen contratos de arrendamiento preexistentes, celebrados legalmente entre la Propietaria de los barcos y "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", que de por sí son prueba suficiente de la legítima propiedad de las embarcaciones por parte de mi representada, contratos, que fueron declarados resueltos debido al incumplimiento de los mismos por parte de la sociedad arrendataria.- Estos contratos, repetimos, tienen fecha anterior a la de la maniobra que hemos referido y de la cual "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V." deriva sus precarias pretensiones.- Por lo demás, dichos contratos fueron registrados como "Inversión Extranjera", con fecha cinco de mayo de mil novecientos ochenta y siete bajo el número seiscientos cincuenta y ocho-A, folios Setenta y' Tres Libro Cinco de Registro de Capitales Extranjeros, en el Registro de dicha clase de inversiones llevado en aquella época, por el Ministerio de Comercio Exterior, hoy parte de¡ Ministerio de Economía.- Es de hacer notar, que durante el desarrollo del Juicio de resolución de los contratos de arrendamiento la demanda "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." se limitó a oponer excepciones dilatorias y a retrasar el proceso sin cuestionar en ningún momento la validez de los contratos o defenderse de su incumplimiento, guardándose muy bien, eso sí, de manifestar que las embarcaciones de propiedad de mi representada habían cambiado fraudulentamente de manos.- Así mismo, obran en mi poder, los testimonios expedidos en fechas: treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y tres, del barco "ANNETTE" y de¡ barco "MICHELLE"- del tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, del barco "DUQUESA"; quince de noviembre de mil novecientos ochenta y tres del barco "BARON"; primero de noviembre de mil novecientos ochenta y tres del barco "PRINCIPE" y "MARISCAL", de las diligencias de Información AD-PERPETUAM promovidas por "ASTILLERO MONARCA, S.A.", que comprueban que los barcos antes mencionados, objeto de los ya tantas veces citados contratos de arrendamiento fueron construidos a expensas de mi representada "Astillero Monarca, S.A." y que consecuentemente son de su legítima propiedad.- Dichos testimonios se encuentran legalizados con todos las auténticas de ley.- Como podrá observar la Honorable Sala, lo único que han pretendido las resoluciones y actuaciones reclamadas en el presente juicio, ha sido hacer valer los legítimos derechos de mi representada, los cuales han venido siendo vulnerados y obstaculizados de manera sistemática por la sociedad "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", y ahora por "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.".- Si se concediera el amparo solicitado a ésta última sociedad se vulnerarían gravemente los derechos legítimos y hasta ahora prácticamente negados a mi presentada.- Por todo lo expuesto, a Vos con todo respeto SOLICITO: a) Se me tenga por parte en el carácter en que comparezco.-b) Se agregue al expediente la documentación que presento.- c) Se declare sin lugar, previo el trámite correspondiente al Amparo solicitado por la Sociedad "Procesadora St. Míchelle, S.A. de C.V." y consecuentemente se revoque el auto por el cual se ordenó la suspensión provisional del acto relacionado.""

IV.- Por auto de las nueve horas y diez minutos del día uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, se confirmó la suspensión del acto reclamado, y se pidió informe justificativo a las autoridades demandadas. En cumplimiento a ello, el Juez Segundo de lo Mercantil, por oficio fechado el ocho de octubre de¡ mismo año, rindió informe en los mismos términos que el primero, y acompañó certificación de las Diligencias de Cumplimiento de Sentencia en que se dict6 la resolución que motivó el presente juicio de amparo. El Juez de Primera Instancia de Acajutla rindió informe ratificando los conceptos vertidos en el primero.

Por decreto de substanciación proveído a las ocho horas y quince minutos de¡ día veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y uno, se tuvo por parte al licenciado Romeo Garay Moisa, apoderado de "Astilleros Monarca, Sociedad Anónima", y se corrió traslado por tres días al Fiscal de la Corte, el cual no fue evacuado.

En cumplimiento del artículo 27 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se corrió traslado por tres días a la parte actora; y al evacuarlo enunció: ""Que los extremos de mi solicitud o demanda están plenamente comprobados con los oficios que corren en autos; también tales extremos está reconocidos en el escrito del Apoderado del tercero beneficiado. En efecto el acto reclamado se establece: a) Con oficio cero treinta y cuatro fechado en Acajutla el veintinueve de Julio del presente año dirigido a la Sociedad que represento y firmado por el Capitán de Fragata Diplomado de Estado Mayor MARIO ARGUETA FRANCO; b) Con oficio del Juez Segundo de lo Mercantil de fecha veintiséis de agosto y cuatro de octubre del presente año donde informa haber ordenado se procediera a la entrega material de las naves marítimas denominadas BARON, MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE y PRINCIPE; y c) informe del Juez de Primera Instancia de Acajutla de fecha cuatro de septiembre y veintiuno de octubre del presente año.- Presento para que agregue en Autos certificación original de mi personaría y Certificación extendida por el Registro de Comercio con la cual compruebo la propiedad debidamente inscrita de las embarcaciones que menciono en el presente escrito, solicito que también se agregue en autos la Escritura de Constitución de PROCEMI, S.A. DE C.V.- Por las razones expuestas y habiéndose comprobado las violaciones Constitucionales que expreso en mi escrito inicial de demanda PIDO: Se me conceda el Amparo Constitucional solicitado.- Así contesto el traslado que se me ha conferido.""

Siempre en base al artículo 27 de la ley de la materia, se corrió traslado por tres días al tercero beneficiado con el acto reclamado; pero no se presentó escrito al respecto.

V. Mediante auto de las nueve horas y veinte minutos del día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, se abrió a pruebas el juicio por el término de ocho días; plazo durante el cual -se solicitó, tanto por el actor como por el tercero beneficiado, la formal agregación de la documentación que habían presentado; lo cual se verificó por diligencias practicadas los días tres de febrero y diez de abril, ambas fechas de¡ año mil novecientos noventa y dos, según consta en las actas levantadas al efecto (fs. 378 y 383, respectivamente).-



El día siete de enero de mil novecientos noventa y dos, se recibió nota oficial de¡ Comandante y Capitán de Puerto del Puerto de Acajutla, Capitán de Fragata Mario Arqueta Franco, en la que expuso: ""l. - Las embarcaciones mencionadas entraron con póliza de importación vía marítima Cutuco, La Unión, a nombre de Pesquera "SALVAMEX, S.A. de C.V.", con Registro de Comercio No. 048443710484012 de fecha 22DIC983.- 2.- El Centro de Desallorro Pesquero (CENDEPESCA), les otorgó Licencia de Pesca Tecnificada en los grados de bajura y altura para dichas embarcaciones, según resolución No. 18 de fecha O8SEP983, y publicada en el Diario Oficial No. 181, Tomo 280 de fecha 3OSEP983.- 3.- Posteriormente de haber obtenido la Licencia de Pesca Tecnificada el Representante Legal de la Sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A. DE C.V.", se solicitó a la Marina Nacional, la Matrícula y Patente Permanente de Navegación para las referidas embarcaciones, habiéndoles asignado las siguientes: MARISCAL, Matrícula No. PU-303184, Patente Permanente Navegación No. 335184; ANNETTE, Matrícula No. PU-304184, Patente Permanente Navegación No. 339184; DUQUESA, Matrícula No. PU-305184, Patente Permanente Navegación No. 337184; MICHELLE, Matricula No. PU306184, Patente Permanente Navegación No. 338184; PRINCIPE, Matrícula No.PU-307184, Patente Permanente Navegación No. 336184; BARÓN, Matrícula No.PU-308184, Patente Permanente Navegación No. 334184.-

4.- Estas seis embarcaciones fueron arrendadas por la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A. DE C.V.", a la Sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A. DE C.V. , por medio de contrato que iniciaba el l5DIC983 y finalizaba el 28FEB988, el cual fue firmado por su Representante Legal señor JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ.- 5. El Juzgado de lo Civil de esa Capital, a las lOOOl9NOV985, en Juicio Mercantil Ejecutivo, promovido por el Dr. ROLANDO CARIAS PALACIOS, apoderado de "PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A. DE C.V.", contra la sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A.DE C.V.", procedió al remate de los bienes embargados a está última, en donde se incluían los seis barcos antes mencionados- y en Vista de no haber concurrido otro postor a la subasta, le fueron adjudicados en pago, a la Sociedad "PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A. DE C.V.", mediante resolución judicial dictada a las ll3O2ONOV985, y ordenando al Registro de Comercio la cancelación de la anotación preventiva del embargo que existía contra la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, S.A. DE C.V.", la adjudicación en pago de los mencionados barcos, fue inscrita en el Departamento de documentos Mercantiles del Registro de Comercio bajo el número 70, folio 497 del libro 261 de otros contratos Mercantiles, el 22 NOV985, adquiriendo la calidad de nuevo propietario. A solicitud del Representante Legal de la ""PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A. DE C.V.", se les extendió nueva Matrícula y Patente de Navegación.- 6.- El Juzgado Segundo de lo Mercantil de esa ciudad, con fecha 29JUL991, a través de exhorto, ordenó al Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, procediera a la entrega material de las seis embarcaciones a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A. DE C.V.", quien promovió juicio Ejecutivo contra la Sociedad Pesquera SALVAMEX, S.A. de C.V.. A raíz de este exhorto este último Tribunal ordenó al Señor Comandante y Capitán de Puerto, pusiera a su disposición las naves marítimas, con fecha 29JUL991, presentándose el problema siguiente: a.-El Juicio Mercantil Ejecutivo, promovido por los apoderados judiciales de la sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A. de C.V.", ha sido contra la Sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A. DE C.V.", y no contra la Sociedad "PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A.DE C.V.", por lo que no hay congruencia en cuanto a la resolución ordenada por el Señor Juez Segundo de lo Mercantil de San Salvador, ya que actualmente "SALVAMEX, S.A. DE C.V.", no es propietaria de las embarcaciones a que hace referencia debido a que existe una resolución judicial dictada por el Juzgado Cuarto de lo Civil de esa Capital, con fecha 2ONOV985,en la cual se le adjudica en pago a la Sociedad "PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A.DE C.V.", las seis embarcaciones que eran propiedad de la Sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A. DE C.V.", adjudicación que se llevó a cabo a través de remate judicial haciéndose la inscripción respectiva en el Registro de Comercio. b.-En vista de esta situación que se presentó, donde existen dos resoluciones judiciales, una de fecha 2ONOV985 y otra de fecha 29JUL991, en consecuencia en ningún momento esta Capitanía de Puerto ha emitido providencia que pudieran afectar derechos de la parte actora, por los motivos aquí apuntados.- c.- En relación al requerimiento que hizo el señor Juez de Primera Instancia de Acajutla al suscrito, se informó al mencionado Juez, que la Sociedad Pesquera "SALVAMEX, S.A.DE C.V.", no tiene registrada ninguna embarcación a su nombre en los archivos de esta Institución', remitiéndole fotocopia de la resolución dictada por el Señor Juez Cuarto de lo Civil de esa Ciudad, así como la adjudicación en pago hecha a favor de la Sociedad "PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A. DE C.V."- 7.- El problema que se ha presentado no es competencia de la Marina Nacional dirimirlo, por lo que se hace necesario, que sea esa Augusta Sala, quien resuelva lo pertinente y gire las instrucciones respectivas para darle estricto cumplimiento.- Informe que hago de su digno conocimiento para los efectos que estime conveniente.

VI.- Por decreto de substanciación dictado a las catorce horas con quince minutos del día veintiséis de mayo del año mil novecientos noventa y dos, se corrió traslado al Fiscal de la Corte en base al artículo 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, quien lo rindió en los siguientes términos: .... El impetrante comprueba la propiedad y dominio que dice que le corresponde sobre las citadas embarcaciones con la certificación del Título de Propiedad inscrito al número Setenta, Folios Cuatrocientos noventa y siete y siguientes del Libro Doscientos sesenta y uno del Departamento de Documentos Mercantiles del Registro de Comercio que corre agregada a Fs. 346 a Fs. 351 de éste proceso; consistente en Certificación extendida por el Señor Juez Cuarto de lo Civil del Acta de Remate y de Adjudicación en Pago a favor de la Sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V." del Juicio Ejecutivo promovido por ésta, contra la Sociedad "Pesquera Salvamex Sociedad Anónima de Capital Variable", en cuyo proceso indiscutiblemente fueron embargados bienes ajenos al deudor (Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.) y de propiedad de Astilleros Monarca, S.A., por cuanto no podía ser SALVAMEX dueña de las embarcaciones embargadas, por encontrarse vigente a esa fecha los respectivos contratos de Arrendamiento entre ésta y la Arrendadora, "Astilleros Monarca Sociedad Anónima"; ni tener ésta, hasta ese momento título de dominio alguno, por cuanto éste surge posteriormente, del acta de remate a favor de "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.".- Por su parte, el tercero beneficiado "Astilleros Monarca Sociedad Anónima" justifica sus pretensiones apoyándose en los respectivos contratos de Arrendamiento, actualmente declarados terminados por sentencia judicial; pero lo más importante para comprobar su calidad de propietario de las referidas embarcaciones lo constituyen los Testimonios presentados por el Doctor Romeo Garay Moisa, en su carácter de Apoderado de "Astilleros Monarca S.A.", de las respectivas Escrituras de Protocolización de las Diligencias AD-PERPETUAN promovidas por ésta última, con las que comprueba que las naves o barcos de que se trata fueron construidos por su representada y que son de su dominio y propiedad.- Independientemente, se encuentra agregada en autos Fs. 280, 281 y 282 certificación de la sentencia dictada en el Juicio Sumario Mercantil de Terminación de Contrato de Arrendamiento, promovido por la propietaria "Astilleros Monarca S.A.", contra Pesquera Salvamex, S.A. de C.V., donde consta, que habiendo intervenido en el proceso ésta última por medio de su Apoderado Judicial Doctor René Mendizabal Ortíz, se limitó a pedir revocatoria del auto de admisión de la demanda, luego a presentar una improcedente apelación, y por último a alegar dos excepciones dilatorias, de las que no presentó ninguna prueba; pero lo trascendental de esto es que en ningún momento alegó ser propietario de las embarcaciones en virtud de la cual se le demandaba; tácitamente admitió su condición de arrendatario, y en la Sociedad "Astilleros Monarca, S.A." la de arrendante; constructora de las embarcaciones y como consecuencia propietaria de las mismas.- En tal virtud considero que son los títulos de dominio extendidos a favor de "Astilleros Monarca" los que deben considerarse justificativos del dominio de las embarcaciones, de los que debe colegirse que el Derecho de Audiencia de la Sociedad impetrante no ha sido vulnerado - y como consecuencia tampoco puede ser vulnerado su Derecho de Propiedad y Posesión con la entrega material, que de las embarcaciones se haga por sentencia judicial a "Astilleros Monarca, S.A."; no existe entonces motivo legal para haber mandado a oír o darle participación a la Sociedad "Procesadora San Michelle Sociedad Anónima de Capital Variable" en el Juicio Sumario Mercantil promovido por el Doctor Romeo Garay Moisa como Apoderado Judicial de la Sociedad "Astilleros Monarca, S.A.", contra Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.- En conclusión, y atendiendo los razonamientos aquí expuestos y los del tercero beneficiado, estimo que no ha lugar al Amparo solicitado por el quejoso en su demanda de Fs. l.""

Con fundamento en la misma disposición, a las doce horas y diez minutos del día dieciséis de junio de mil novecientos noventa y dos, se corrió traslado a la parte actora, quien expresó: ""Que se me ha corrido traslado por tres días en base al Art. 30 L.Pr.C., y al contestar el referido traslado, sin sacar los autos manifiesto que he comprobado plenamente los extremos de mi demanda; habiendo probado plenamente: a) La propiedad inscrita de los barcos, propiedad de "PROCEMI, S.A. DE C.V.", sociedad que represento siendo éstos los barcos BARON, MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE,MICHELLE Y PRINCIPE-1 b) La posesión inscrita de los barcos referidos;, c) La posesión material de los barcos expresados; d) La inscripción de los referidos barcos a nombre de la Sociedad en el Centro de Desarrollo Pesquero CENDEPESCA, e) La inscripción de los barcos en los archivos de la Marina Nacional; y 9 Las violaciones constitucionales cometidas por los funcionarios demandados, en el sentido de que se pretende privar a la Sociedad ".PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A. DE C.V." de los derechos de propiedad y posesión de los barcos BARON, MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE Y PRINCIPE.- Por todo lo expuesto pido que me concedáis el amparo que tengo solicitado.""



Según decreto de substanciación proveído a las ocho horas y quince minutos del siete de julio de mil novecientos noventa y dos, se concedió traslado por tres días al tercero beneficiado con el acto reclamado; y al evacuarlo se manifestó: .... l) La razón que la parte actora "Procesadora St. Michelle, S.A.de C.V.", aduce para la interposición del presente recurso de Amparo es que, la sentencia definitiva pronunciada en Juicio Sumario de Terminación de Contratos de Arrendamiento de naves, proveída por el Señor Juez Segundo de lo Mercantil, sentencia que ordena la entrega de las embarcaciones "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" y "MARISCAL" a mi representada, violan un supuesto derecho de propiedad de "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", y al mismo tiempo se desconoce a la misma sociedad su derecho de audiencia antes de privársele de sus supuestos derechos.- Asimismo reclama de las actuaciones del Señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y del señor Comandante y Capitán de dicho puerto, por intentar ejecutar dicha sentencia. Las violaciones que alega la impetrante no existen, tal como paso a demostrar en seguida.- II) La providencia del Señor Juez Segundo de lo Mercantil, contra la que reclama la parte impetrante, es la sentencia definitiva pronunciada en el Juicio Sumario Mercantil de Terminación de Contratos de Arrendamiento de naves, referencia Dos Mil Noventa y Nueve- Sumario Mercantil - Ochenta y Siete, sentencia firme y definitiva mediante la cual, se ordena la entrega de las embarcaciones denominadas "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "BARON", "PRINCIPE" Y "MARISCAL", a mi representada.- Precisamente, la orden de devolver y entregar dichas embarcaciones a mi representada, se debe a que en el Juicio Sumario, a cuya sentencia definitiva me estoy refiriendo, se resuelven y dan por terminados los contratos de arrendamiento que mi representada había celebrado como propietaria de dichas embarcaciones con la sociedad salvadoreña "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", en fecha quince de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, en la ciudad de Guaymas, Estado de Sonora, Estados Unidos Mexicanos, contratos cuyo objeto era el arriendo de las embarcaciones ya nombradas. Como ya hice ver en el escrito con el cual me mostré parte, como tercero, en el presente proceso, en dichos contratos se estipuló expresamente que la propiedad de las embarcaciones se trasmitiría a la arrendataria, "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", al pagarse íntegramente las cuotas de¡ arrendamiento' Pero precisamente, Honorable Sala, si dichos contratos de arrendamiento fueron resueltos por el Juez, fué porque "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." no cumplió con las obligaciones a su cargo según dichos contratos y no pagó las cuotas correspondientes al cánon del arriendo de las naves; digo más, no pagó una tan sola de las cuotas de referencia.- En esta sentencia se reconoció la existencia y validez de los contratos de arrendamiento de las naves citadas y, por ende, la legítima propiedad de los mismos a favor de mi representada, se reconoció el incumplimiento por parte de la arrendataria, se resolvieron consecuentemente dichos contratos, y se ordenó la entrega material de las embarcaciones a mi representada.- Los contratos de arrendamiento de las embarcaciones, y certificación de la sentencia definitiva ejecutoriada a las que me he referido, corren agregados a los autos en el presente proceso.- III) He aquí que la quejosa en el presente proceso, "Procesadora St. Michelle", alega, que la sentencia definitiva ejecutoriada del Señor Juez Segundo de lo Mercantil vista en el párrafo anterior, viola sus supuestos derechos constitucionales de audiencia, que la privan de su propiedad y posesión sin haber sido oída y vencida en juicio de conformidad a la ley.- En primer lugar, no se ha violado ningún derecho de audiencia de "Procesadora St. Michelle", por cuanto ésta última sociedad, que ahora pretende ampararse de dicha sentencia, no tuvo ni tiene absolutamente nada que hacer ni que ver, en el Juicio Sumario al que me he referido y que únicamente es de la incumbencia de mi representada, propietaria de las embarcaciones -arrendante- y "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." -arrendataria-. No existía razón alguna para mandar a oír a un tercero totalmente ajeno a dicho juicio y a dicha relación jurídica.- En segundo lugar, los derechos de propiedad que alega "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", no existen, sino que son meras pretensiones que derivan de una relación equívoca, entre élla y "Pesquera-Saiv-amex, S.A. de C.V.", relación ésta que es posterior a la firma de los contratos de arrendamiento de dichas embarcaciones, y de los títulos de propiedad originarios que acreditan dicho derecho a mi representada, "Astillero Monarca, S.A.".- Ved de donde hace derivar su supuesto derecho la impetrante: de una certificación extendida por el Juez Cuarto de lo Civil, de el acta de adjudicación en pago, "con fecha de mil novecientos ochenta y cinco, a favor de "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V." del Juicio Ejecutivo promovido por ésta contra "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.".- En este juicio ejecutivo, fueron indebidamente embargadas las embarcaciones de propiedad de mi representada, es decir, bienes ajenos al supuesto deudor, aprovechando la circunstancia de que Pesquera Salvamex, S.A. de C.V. las tenía materialmente como arrendataria.- Recalco una vez más, que existen contratos de arrendamiento preexistentes a los documentos que presenta "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", y no sólo eso, sino también testimonios de las Diligencias de información Ad-Perpetuam, fechados en mil novecientos ochenta y tres, que acreditan fehacientemente, sin dejar espacio siquiera a una duda mínima, que la propiedad de dichas embarcaciones corresponde a "Astillero Monarca, S.A. de C.V.".- Toda esta documentación está agregada en el presente proceso.- IV) No cabe duda, que los supuestos derechos de propiedad que alega la parte impetrante sobre las embarcaciones de referencia, son derivados de una maniobra fraudulenta, concertada entre tal sociedad -me refiero a Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.- y Pesquera Salvamex, S.A. de C.V..- La adjudicación en pago cuya certificación se ha presentado en este proceso, no sólo es posterior a la fecha de los títulos de propiedad con los que atesta su derecho mi representada, sino que proviene de un embargo indebido, que a su vez proviene de un juicio ejecutivo basado en una hipoteca ineficaz, otorgada por "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", con toda malicia a favor de la impetrante, hipoteca ineficaz y nula digo, puesto que "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", a la fecha en que la constituyó no tenla ningún derecho de propiedad sobre las embarcaciones del pleito, sino, la simple tenencia material a título de arrendataria.- Y si no, ¿Porqué, "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." durante el Juicio de Terminación de Contratos de arrendamiento cuya sentencia definitiva hoy se adversa, juicio que duró cuatro años, porqué, pregunto, jamás aleg6 ser o haber sido la propietaria de las embarcaciones? ¿Porque simplemente dilató el mencionado juicio, contestándolo en sentido negativo, oponiendo excepciones dilatorias y apelando improcedentemente?.- Resulta obvio que "Procesador St. Michelle, S.A. de C.V.", no puede probar derecho alguno sobre las embarcaciones con ningún tipo de documentación que provenga de relaciones contractuales o judiciales o de cualquier naturaleza -con "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", porque esta última nunca tuvo la propiedad de los barcos, sino s6lo su tenencia como arrendataria. Lo único que consigue probar "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V." con la documentación presentada, es la existencia de una maniobra, no sólo ilícita, sino vergonzosa.- V) Las actuaciones del señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y del señor Capitán del Puerto de Acajutla, que también adversa la parte impetrante, son consecuencia directa de la sentencia -definitiva del señor Juez Segundo de lo Mercantil, ya que son actuaciones encaminadas a ejecutar dicha sentencia, es decir a devolver materialmente las embarcaciones a mi representada.- No hay pues, tampoco ninguna violaci6n a derecho constitucional ninguno, por limitarse las actuaciones de dichos funcionarios a cumplir con el mandato contenido en una sentencia firme, definitiva, ejecutoriada y pasada en autoridad de cosa juzgada.- Recapitulando todo lo dicho, mi alegato se basa esencialmente en lo siguiente: según todos los documentos que he presentado y principalmente los contratos de arrendamiento y los testimonios de las diligencias de información Ad-Perpetuam, la legitima propiedad de las embarcaciones "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESN', "BARON", "PRINCIPE" Y "MARISCAL", queda totalmente acreditada a favor de "Astillero Monarca, S.A.".- Las pretenciones que alega "Procesad St. Michelle, S.A. de C.V.", proceden de una adjudicación que es posterior a los documentos que he presentado, y en la cual se pagó a dicha sociedad con los bienes de la empresa Pesquera Salvamex, S.A. de C.V., dentro de los cuales se incluyeron, sin ninguna razón, las embarcaciones ya citadas, los cuales nunca han sido propiedad de "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V." y, por lo tanto "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", jamás, jurídicamente, podría hacer derivar de dicha sociedad para sí, derecho alguno. Es imposible pues, que se hayan violado derechos constitucionales de esta última, no mandándola a oír en el juicio de terminación de contratos de arrendamiento, que declaró resueltos la relación jurídica entre "Astillero Monarca, S.A." y "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.", pues en esta relación jamás tuvo nada que ver, "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", ni tendrá que ver nada nunca, pues no tiene, ningún derecho sobre los barcos que fueron objeto de los arriendos.- Mismas razones valen para destruir la reclamación que "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V." hace contra las actuaciones del Señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y el señor Comandante de dicho puesto, pues éstos se limitaron a intentar el cumplimiento de la sentencia definitiva ejecutoriada del Juez Segundo de lo Mercantil.- No hay, como se ve, ninguna violación de derechos constitucionales en los actos reclamados por la impetrante y, consecuentemente, el amparo solicitado es totalmente improcedente.- Si algo se demuestra "Procesadora St. Michelle" con sus alegaciones, es la existencia de una maniobra evidente y burda, y la única pretensión cierta que posee dicha sociedad es la de seguir dilatando la entrega de los barcos a su legítima propietaria, tal como la dilató en su oportunidad "Pesquera Salvamex, S.A. de C.V.".- Por todo lo expuesto, y por las pruebas que he aportado, considero que no ha lugar el amparo solicitado por "Procesadora St. Michelle, S.A. de C.V.", y por lo tanto solicito respetuosamente a la Honorable Sala que deniegue el mismo.""

Se dictó, a las quince horas y quince minutos del día veinte de julio de mil novecientos noventa y dos, resolución mediante la cual se corre traslado por tres días a las autoridades demandadas; pero no se evacuó el mismo.



VII).- A las diez horas del día diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y dos, la Sala estimó conveniente, para mejor proveer, solicitar. al Registro de Comercio, certificación literal de las inscripciones que supuestamente amparan el derecho de propiedad de la sociedad quejosa sobre las naves marítimas objeto del. litigio, así como las que fueron su consecuencia; habiéndose recibido tales certificaciones hasta el día dos de octubre de mil novecientos noventa y dos; y se agregaron formalmente el día veintidós del mismo mes y año.

VIII.- El segundo de los juicios relacionados se inició el día veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, mediante demanda en que se expresó; en lo conducente: .... II) Que las referidas Sociedades son dueñas de diversos barcos de la siguiente manera: a) "INVERSIONES DEL MAR, S.A. DE C.V.", es dueña de los barcos PRINCIPE y MARISCAL; b) "SWISSCO, S.A.DE C.V.", es propietaria de los barcos ANNETTE y DUQUESA; y c) "LEGUMBRES, S.A.DE C.V.", es propietaria del barco BARON. Lo anterior lo compruebo con los correspondientes Testimonios de Escritura Pública de propiedad de las embarcaciones, debidamente inscritas en el Registro de Comercio a favor de las Sociedades que represento, de dichos testimonios presento originales y fotocopias para que una vez confrontados con sus originales, se agreguen las fotocopias y se me devuelvan los originales. III) Que vengo a demandar en juicio de amparo constitucional al Juez Segundo de lo Mercantil; al Juez de Primera Instancia de Acajutla, y al Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional de el Puerto de Acajutla, Departamento de Sonsonate, por violación a los Arts. 2 y 11 de la Constitución.- IV) RELACION DE LOS HECHOS: a) el día veintinueve de julio del año anterior, mediante oficio número Cero treinta y cuatro, el Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional de el Puerto de Acajutla, Departamento de Sonsonate; en cumplimiento a resolución librada por el Juzgado de Primera Instancia de Acajutla, en diligencias de cumplimiento de sentencia, promovidas en el Juzgado Segundo de lo Mercantil, con sede en San Salvador, por los apoderados de la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", de nacionalidad mejicana, en contra de la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, ha ordenado la entrega material de las embarcaciones a que hice referencia; tal entrega material ordena hacerlo a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", o a sus apoderados, dicha entrega material a la fecha no se ha efectuado, es decir se encuentra pendiente, pero de acuerdo al oficio referido se ordena que los barcos entren a Rada, es decir sean anclados, para cumplir con tal resolución; como puede verse las diligencias de cumplimiento de sentencia, se refieren a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", de nacionalidad mejicana, en contra de la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña. En tal virtud ordenar la entrega material de las embarcaciones referidas, a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", propiedad inscrita de las Sociedades que represento, es un acto inconstitucional que priva a mis poderdantes de los derechos de posesión y propiedad, que la ley le otorga sobre las embarcaciones las cuales están debidamente inscritas a favor de mis poderdantes en el Registro de Comercio, tal privación se efectúa en violación del principio de audiencia. En las diligencias de cumplimiento de sentencia promovidas por la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", de nacionalidad mejicana, contra la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña, no existe ninguna relación procesal con mis poderdantes y en consecuencia no se puede ordenar que entreguen sus bienes, en este caso sus embarcaciones, a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", de nacionalidad mejicana, a sus apoderados, ni a ninguna otra persona natural o jurídica.- V) Que por las razones anteriores es que vengo a demandar en juicio de amparo constitucional al señor Juez Segundo de lo Mercantil de este distrito judicial, al señor Juez de Primera Instancia de Acajutla y al señor Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla, del Departamento de Sonsonate, o sea por violación a los derechos constitucionales comprendidos en los Arts. 2 y 11 de la Constitución, y además por violar la garantía de audiencia sin dar oportunidad de defenderse, a mis poderdantes, pues no se les ha oído ni vencido en juicio con arreglo a las leyes y se les pretende privar de sus derechos de propiedad y posesi6n que tienen sobre sus embarcaciones, violando también el derecho a la seguridad jurídica; el agravio consiste en la privación arbitraria de los derechos constitucionales expresados y es definitivo, pues no se le puede subsanar dentro del procedimiento respectivo mediante otro recurso. VI) El acto contra el que reclamo es el que ordena la entrega material de las embarcaciones, a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", de nacionalidad mejicana o a sus apoderados, en las diligencias de cumplimiento de sentencia, a las que me he referido, dicha orden emitida por el Juez Segundo de lo Mercantil de este distrito judicial por el Juez de Primera Instancia de Acajutla y por el Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla, es inconstitucional.- VII) El tercero a quien beneficia el acto reclamado es a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", de nacionalidad mejicana de quien no proporcionó lugar donde puede ser notificada por ignorar si lo tiene en el país. VIII) En consecuencia, las autoridades demandadas son el Juez Segundo de lo Mercantil de este distrito judicial, el Juez de Primera Instancia de Acajutla y el señor Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla, Departamento de Sonsonate; el acto contra el que reclamo es el que ordena la entrega material de las embarcaciones propiedad de mis poderdantes a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A."; los derechos protegidos por la Constituci6n que considero violados son los derechos de propiedad, de posesión, derecho de audiencia y seguridad jurídica, que están garantizados por la Constitución en los Arts. 2 y 1 l; la relación de las acciones en que consisten las violaciones constitucionales por parte de las autoridades demandadas son las descritas en los numerales anteriores. IX) Por todo lo expuesto, en el carácter en que comparezco, por este medio, tal como ya lo expresé, vengo a demandar en juicio de amparo constitucional, al Juez Segundo de ¡o Mercantil de este distrito, al Juez de Primera Instancia de Acajutla, y el señor Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional de¡ Puerto de Acajutla, Departamento de Sonsonate, por violación a los Arts. 2 y 11 de la Constitución y en consecuencia PIDO: a) Admitirme la presente demanda; b) Tenerme por parte en el carácter en que comparezco; c) Suspender con carácter urgente el acto , reclamado; y d) En sentencia definitiva decretar que ha lugar al amparo constitucional solicitado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes del acto reclamado.""

IX) - Por resolución de las catorce horas y diez minutos del día cinco de octubre de¡ mismo año, se previno a la sociedad impetrante que expresara el acto reclamado; habiendo cumplido la misma en los siguientes términos: .... Que en juicio sumario mercantil, de terminación de contrato de arrendamiento promovido en el Juzgado Segundo de lo Mercantil, de este distrito judicial, por la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", de nacionalidad mejicana, en contra de la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", de nacionalidad salvadoreña, se emitió fallo definitivo a favor de la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", y contra la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", declarando resueltos, contratos de arrendamiento de las naves marítimas denominadas: ANNETTE, MARISCAL, BARON, DUQUESA, MICHELLE y PRINCIPE; dicha resolución de las nueve horas del día siete de junio de mil novecientos noventa y uno, se declaró ejecutoriada y se extendió ejecutoria el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno. Con la ejecutoria antes referida los apoderados de la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", promovieron en el mismo Juzgado Segundo de lo Mercantil diligencias de cumplimiento de sentencia, con la referencia "Dv 377/91", en contra de la Sociedad "SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" y el Juez resolvió a las doce horas el día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, que se entregaran materialmente las naves marítimas BARON, MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE y PRINCIPE, dicha entrega a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A.", por medio de su representante judicial y extrajudicial o sus apoderados judiciales con poder suficiente. Para darle cumplimiento a la resolución anterior el Juez Segundo de lo Mercantil libró exhorto al Juez de Primera Instancia de Acajutla, mediante oficio número mil dos de fecha diez de julio de mil novecientos noventa y uno.- El Juez de Primera Instancia de Acajutla en cumplimiento de lo ordenado por el señor Juez Segundo de lo Mercantil, a las nueve horas y quince minutos del día veintisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, ordenó cumplir con la sentencia y señaló para tal cumplimiento las diez horas en adelante del día veintinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, señaló nuevamente, para la práctica de la diligencia referida, las once horas con treinta minutos del día treinta y uno de julio de mil novecientos noventa uno; tampoco pudo cumplirse la diligencia y a las nueve horas del día dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y uno, se señaló nuevamente a las nueve horas del día veinte de agosto de mil novecientos noventa y uno. La orden del Juez de Primera Instancia de Acajutla, últimamente relacionada, se le remitió al Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla, y dicho Capitán, según oficio número treinta y cuatro, de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, ordenó a la sociedad "PROCESADORA SAN MICHELLE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que los barcos pesquemos BARON, -MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE y PRINCIPE entraron a Rada para que dichos barcos fueran entregados a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", de nacionalidad mejicana.- De todo lo expuesto, Honorable Sala puede notarse claramente que el juicio mercantil y la diligencia de cumplimiento de sentencia son entre las Sociedades "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANOMINA" y la sociedad "SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", es decir no existe ningún juicio en contra de mis representadas para que se les pueda privar legítimamente de los barcos mencionados que son de su propiedad, es por tal razón que el acto contra el cual reclamo es el contenido en la resolución de las doce horas del día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, emitida por el Juez Segundo de lo Mercantil mencionado, en la cual ordena la entrega material de las naves marinas y mediante el cual libra exhorto al Juez de Primera Instancia de Acajutla para que efectúe la entrega material, también el acto reclamado se dirige contra el Juez de Primera Instancia de Acajutla quien ordena cumplir con la entrega material de los barcos propiedad de la Sociedad que represento y finalmente contra la orden del comandante y Capitán del Puerto de Acajutla que mediante oficio número treinta y cuatro de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y uno, ordena que las embarcaciones entren a Rada para ser entregadas a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", o a sus apoderados. En consecuencia el acto contra el que reclamo es la orden de entregar las embarcaciones a la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", tal como lo dejo -explicado en el presente escrito, pues con eso se priva de la propiedad y sin audiencia alguna a las Sociedades que represento en violación a la Constitución. El acto contra el cual reclamo se encuentra ordenado, pero aún pendiente de ejecución.""

Por auto de las nueve horas y treinta minutos del día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y dos, se admitió la demanda, se ordenó la suspensión inmediata y provisional del acto reclamado, y se pidió informe a las autoridades demandadas; además, se solicitó informe a la Secretaría de este Tribunal para que señalara si existía un proceso de amparo conexo con el que recién se admitía.

Se recibió el informe del Juez Segundo de lo Mercantil, quien enunció: ""Que bajo las referencias DV-377-91, se promueve en este tribunal Diligencias de cumplimiento de la sentencia dictada en el Juicio Sumario Mercantil de Terminación de Contratos de Arrendamiento -de Naves, promovido por la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA" de nacionalidad mexicana, en contra de la Sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", de nacionalidad salvadoreña.- Las referidas diligencias fueron iniciadas por el Licenciado PEDRO ALEJANDRO MENDOZA CALDERON y el Doctor ROMEO GARAY MOISA, ambos como apoderados judiciales de "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA" de nacionalidad mexicana, se admitió la solicitud interpuesta presentada con la respectiva ejecutoria de ley- y como los interesados expresaron que los barcos objeto de los contratos de arrendamiento que se han declarado resueltos, tienen su -base- de operaciones en el Puerto de Acajutla, Ciudad de Acajutla, departamento de Sonsonate, se ordenó por auto dictado a las doce horas del día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, librar exhorto con las inserciones legales pertinentes al Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Acajutla, para que procediera a la entrega material de las naves marítimas denominadas: "BARON", "MARISCAL", "DUQUESA", "ANNETTE", "MICHELLE" y "PRINCIPE", a "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", por medio de su representante legal judicial y extrajudicial, señor SERGIO BALLESTEROS MAYTORENA, o sus apoderados judiciales con poder suficiente, facultándolo para practicar las diligencias que fueren necesarias, así como para que otorgue los plazos prudenciales a que hubiera lugar, a fin de llevar a cabo la entrega ordenada; exhorto que se libró con fecha doce del mismo mes y año, que fue remitido a este tribunal sin diligenciar, junto con el oficio cuatrocientos siete, procedente del juzgado de Primera Instancia de Acajutla. Siendo este el actual estado de las presentes diligencias."

X) En razón del informe rendido por la Secretaría de esta Sala, y fundamentándose en el principio de economía procesal, se ordenó la acumulación de los procesos relacionados, con el propósito de dictar una sola sentencia respecto de los mismos; lo cual se verificó a las diez horas del día once de enero de mil novecientos noventa y tres.



Se confirmó la suspensión del acto reclamado y se solicitó el informe justificativo a las autoridades demandadas; según resolución de las quince horas y treinta minutos del día veinte de enero de mil novecientos noventa y tres; habiéndoles rendido inicialmente el Juez de Primera Instancia de Acajutla y el Juez Segundo de lo Mercantil. El primero expresó: ""con fecha diez de julio de mil novecientos noventa y uno, fue recibido en este Tribunal un exhorto procedente del Juzgado Segundo de lo Mercantil de San Salvador, con el fin a que se procediera a darle cumplimiento a una resolución emanada de dicho funcionario Judicial, que consistía en la entrega material de las naves marítimas denominadas: BARON, MARISCAL, DUQUESA, ANNETTE, MICHELLE Y PRINCIPE, a los Apoderados de la Sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANONIMA", en virtud que dichas naves habían sido entregadas en arrendamiento a la Sociedad Pesquera SALVAMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable, pero al constituirse el Suscrito a la Capitanía de Puerto a practicar tal diligencia, el señor Comandante de Puerto de ese entonces Capitán de Fragata de Estado Mayor Mario Argueta Franco, me informó que la Sociedad Pesquera Salvamex, no tenía registrada ninguna embarcación a su nombre, bajo ningún concepto, habiéndose presentado el señor José Saúl Cerón en representación de la Sociedad PROCESADORA SAN MICHELLE, S.A.DE C.V., con una documentación que expresaba que las îaves marítimas antes mencionadas eran propiedad de dicha Sociedad-, por lo que el Suscrito devolvió sin diligenciar el mencionado exhorto a su Tribunal de origen""; y el Juez Segundo de lo Mercantil enunció: .... Que sobre la entrega material de las embarcaciones: "BARON", "DUQUESA", "MARISCAL", "ANNETTE", "MICHELLE" y "PRINCIPE", objeto del Amparo interpuesto a vuestra digna autoridad,, se hacen las siguientes consideraciones.- l- Que dicha entrega material se fundamenta en la Sentencia Definitiva del Juicio Sumario Mercantil de Terminación de Contratos de Arrendamiento contra la sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" de nacionalidad salvadoreña, cuya certificación fue presentada juntamente con la demanda de Diligencias de Cumplimiento de Sentencia promovida por los Apoderados Judiciales de la sociedad "ASTILLEROS MONARCA, SOCIEDAD ANOMINA" de nacionalidad mexicana, doctor ROMEO GARAY MOISA y licenciado PEDRO ALEJANDRO MENDOZA CALDERON; en dicha sentencia se falló declarar resueltos los contratos de arrendamiento de Naves, por lo cual la sociedad "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" quedaba obligada a devolver las embarcaciones. II- En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal resolvió por auto pronunciado a las doce horas del día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno admitir la solicitud interpuesta y sobre el cumplimiento de sentencia se hizo la observación que éste se refiere al fallo de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y uno que declaraba resueltos los contratos de arrendamiento de naves entre las sociedades antes mencionadas y que, evidentemente al quedar resueltos dichos contratos las cosas de una y otra parte vuelven al estado original en que estaban antes de celebrarse los referidos contratos, lo que en este caso implica la entrega material de las naves arrendadas a la sociedad demandante-, siendo esto último lo que debe ordenarse para el cumplimiento del fallo en cuestión.- III- Se envió exhorta al Juez de Primera Instancia de Acajutla a fin de que realizara dicha entrega material pero dicho exhorto fue devuelto a este Tribunal sin diligenciar en vista de que dicho funcionario manifestó: "... que el señor comandante del Puerto de Acajutla, Capitán de Fragata de Estado Mayor MARIO ARGUETA FRANCO había informado que la Empresa "PESQUERA SALVAMEX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", no tiene registrada ninguna embarcación a su nombre bajo ningún concepto, por lo que no tiene ningún bien y de conformidad a la documentación presentada al suscrito resulta que los barcos "ANNETTE", "MICHELLE", "DUQUESA", "PRINCIPE", "MARISCAL" y "BARON" son propiedad de la sociedad PROCESADORA SAN MICHELLE..."".

Además, el Capitán y Comandante de Puerto, rindió informe en que transcribió el que había remitido en ocasión del proceso acumulado, y añadió: ""B.- En cuanto al oficio No. 034 de fecha 29JUL99l, que se menciona en la demanda del Recurso de Amparo interpuesto por el Lic. LUIS FRANCISCO PINTO, se dejó sin efecto por los conflictos presentados, para que las partes interesadas alegaran su derecho ante la autoridad competente.- C. - En los Registros que al efecto se llevan en el Departamento Jurídico Naval de esta Institución, sobre las Sociedades, Compañías o Empresas Mercantiles propietarias de embarcaciones pesqueras, no aparecen registradas las Sociedades: INVERSIONES DEL MAR, S.A. DE C.V.; SWISSCO, S.A. DE C.V. y LEGUMBRES, S.A, DE C.V., lo cual según la Ley de Navegación y Marina, es de obligatorio cumplimiento hacerlo; es de mencionar que -en ningún momento dicho representante se ha avocado al Cuartel General de la Marina Nacional para legalizar la situación de las referidas embarcaciones; por lo que hasta ahora tenemos conocimiento que existen otras Sociedades que alegan igual derecho sobre las citadas naves-, contraviniendo de esta forma, lo dispuesto en los artículos 41 y 29 de la referida Ley, que dicen: Art. 41 "Si una embarcación matriculada fuese vendida, el documento que lo acredite será presentado a la Secretaría de Marina y el nuevo propietario cumplirá con lo prevenido en la fracción segunda del Art. 29 de esta Ley. La patente de que gozaba será recogida y nula, expidiéndose otra en favor del nuevo propietario"; y el Art. 29 "Toda nave nacional deberá ser matriculada en la Secretaria de Marina, la Matricula deberá renovarse cada dos años, el expediente de creación o de renovación de la matrícula podrá seguirse por los Comandantes y Capitanes de Puerto o por los Agentes Diplomáticos o Consulares de El Salvador en el extranjero".- D. - Por todo lo antes expuesto, a VOS Os manifiesto, que en ningún momento esta Comandancia y Capitanía de Puerto, ha actuado fuera de la Ley, en violación a los Arts. 2 y 11 de nuestra Constitución de la República, como lo trata de argumentar el Lic. LUIS FRANCISCO PINTO, en la demanda de amparo interpuesta ante esa Honorable Sala, ya que dichas embarcaciones por las razones expresadas y apegado a derecho no fueron entregadas a la sociedad "ASTILLEROS MONARCA, S.A. DE C.V.", en aquella oportunidad.- E. - Esta Comandancia y Capitanía de Puerto, continúa pendiente de resolución judicial que levo se dicte a favor de cualquiera de las partes.""

XI).- Por decreto de substanciación de las once horas y treinta minutos del día once de febrero de mil novecientos noventa y tres, se corrió traslado por él término de tres días al Fiscal de la Corte, quien se limitó a ratificar los conceptos que había expuesto en el otro juicio.-

Por decreto de substanciación de las doce horas y veinticinco minutos del día diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y tres, se corrió traslado a la parte actora, quien al evacuarlo se limitó a solicitar se concediera el amparo por estar comprobado que las sociedades quejosas resultaban afectadas por una resolución dictada en un juicio seguido contra una sociedad distinta.

El segundo de los procesos se abrió a pruebas por el término de ocho días, lapso en que la parte actora se limitó a solicitar la formal agregación de la documentación presentada, la cual así se verificó.

Posteriormente, y en cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, se corrieron los respectivos traslados al Fiscal de la Corte, actor, autoridades demandadas y tercero beneficiado con el acto impugnado, no habiéndoles evacuado ninguno de los sujetos intervinientes en el proceso.

XII) De los hechos anteriormente relacionados, sustentados con la prueba instrumental presentadas por ambas partes, se puede concluir, que al momento de iniciarse el presente proceso, la sociedad "Procesadora San Michelle, S. A. de C.V." sólo era propietaria de la embarcación MICHELLE, no así de las demás, tal como lo afirm6 el representante de la misma en la demanda; por lo cual el peticionario al realizar el referido acto procesal de iniciación sólo se encontraba legitimado para ejercerlo únicamente respecto al agravio que le ocasiona la orden de entrega material a la sociedad "Astilleros Monarca Sociedad Anónima" o a sus apoderados de la embarcación MICHELLE , no as! del resto; ya que como lo ha sostenido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, el procesó de amparo sólo puede ser iniciado por la persona a quien se le han transgredido sus derechos fundamentales, es decir, por aquella persona a quien el acto de autoridad le cause un daño, lesión, afectación o perjuicio en forma personal y directa en su esfera jurídica; no pudiendo ninguna persona arrogarse la atribución o facultad de realizar peticiones por derechos que le corresponden a terceros.

Por lo antes expuesto, de conformidad al artículo 31 numeral 4 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, es procedente Sobreseer a la autoridad demandada en el presente proceso, en virtud de que la demanda incoada por el señor José Saúl Cerón en nombre y representación de la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V." fue admitida indebidamente en lo relativo a la infracción constitucional alegada en el supuesto de entrega material de las embarcaciones ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA a la sociedad "Astilleros Monarca Sociedad Anónima" o a sus apoderados; no así respecto a la entrega material de la embarcación MICHELLE, pretensión que, se resolverá juntamente con la de las sociedades representadas por el licenciado Luis Francisco Pinto. Asimismo, es procedente condenar al impetrante, en daños y perjuicios, pues de los hechos relacionados se puede apreciar la malicia con que actuó, pues éste al momento de iniciar el proceso tenía pleno conocimiento de que las embarcaciones ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA, no eran propiedad de su representada.

XIII) Previo a realizar un pronunciamiento sobre el fondo de las pretensiones de los sujetos intervinientes en el presente proceso constitucional, este Tribunal considera oportuno, efectuar algunas breves consideraciones, sobre los siguientes aspectos-(a) garantía de audiencia; (b) derecho constitucional de propiedad; y (c) efectos de la inscripción de los instrumentos en el registro público correspondiente.

(a) Respecto a la garantía de audiencia, contemplada en el artículo 11 de la Constitución, considera esta Sala que la misma ha sido establecida como la máxima protección efectiva de los derechos de los gobernados, que la misma. Originalmente, aquélla se concibió para garantizar la Constitución reconoce . Originalmente, aquélla se concibió para garantizar a libertad como concreción del individualismo, luego se extiende a la propiedad y posesión como derechos constitucionales de máxima jerarquía en el régimen liberal vigente a la época, y, finalmente, en las modernas constituciones se hace extensiva a cualquier otro de los derechos reconocidos constitucionalmente. La actual Constitución ha sido innovadora en este punto, por cuanto amplía el ámbito protegido por la garantía de audiencia, siendo consecuente don el artículo 2 de la misma, que establece la seguridad jurídica como garantía individual. En el artículo 11 vigente, además de los derechos tutelados por la disposición transcrita, tutela "cualquier otro de sus derechos"; es decir, todos los conocidos como derechos subjetivos de la persona. En este sentido dicha garantía es absoluta y no admite más excepciones que las que la misma Constitución establece expresamente, al facultar a un Organo del Estado a privar a un gobernado de un derecho sin el requisito de juicio previo. Es de señalar, que la garantía de audiencia, obliga a todos los Organos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; ya que en su esencia, no sólo responde a una protección del gobernado, sino que obedece a razones de orden público. La circunstancia que la ley no establezca para el caso concreto procedimiento para privar de un derecho a una persona, no es obstáculo para lo señalado, pues el artículo 11 de nuestra Constitución es efectivo frente a las leyes, y el Organo Legislativo debe acatarlo, instituyendo en las normas que crea, los procedimientos en que se conceda al gobernado la oportunidad de ser escuchado en su defensa por las autoridades encargadas de aplicarlas, antes de realizar en cumplimiento de ellas algún acto de privación u obstaculización de derechos, Toda Ley que faculta para privar de un derecho, debe establecer las causas para hacerlo y los procedimientos a seguir, a efecto de cumplir con la garantía constitucional" pues el incumplimiento de esta garantía, infringe la Constitución.

(b) En el campo del derecho constitucional, el derecho de propiedad abarca a todos los derechos patrimoniales de una persona, sea esta física o jurídica. La propiedad constitucional se refiere a todos los bienes, materiales o inmateriales, que integran el patrimonio: esto es, a todos los derechos susceptibles dé apreciación económica y que no sé confunden con la persona. La Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en su jurisprudencia, ha establecido que "el término propiedad comprende todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y libertad, es más que la simple cosa que uno posee; incluye el derecho de adquirir, usar y disponer de ella, y la Constitución protege estos atributos esenciales. La garantía se refiere al derecho de adquirir y poseer a título absoluto o incondicionado a toda especie de propiedad reconocida por la ley, con todos los demás derechos inherentes a ella. Se refiere no solamente a las cosas tangibles de las que se puede ser propietario, sino a todo lo que pueda tener un valor cambiable."

En este sentido, este Tribunal afirma que todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que éste provenga o se origine de las relaciones de derecho privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos)- a condición que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente irrumpirlo en su goce, compone el concepto de propiedad. Sumado a lo anterior, se puede afirmar que es parte integrante del derecho de propiedad, la facultad de usar y disponer de ella, celebrando todos los actos jurídicos de que es susceptible, transmitiendo en todo o en parte y pactando libremente las estipulaciones convenientes o necesarias a esos fines. La disposición de ese derecho, traducida en una explotación de los bienes inmuebles o muebles sobre que se ejercitan los derechos reales o enajenación de los mismos, viene a constituir, un atributo y expresión de la propiedad, por medio de las cuales ésta alcanza en la vida jurídica la plenitud de su eficacia.

La propiedad es pues, una relación de pertenencia especial y determinada, que consiste en el derecho de uso y goce exclusivo del bien, ligada íntimamente con la facultad de su libre disposición. Según se manifestara por diversos autores, la propiedad consiste en la plena potestad que se tiene de una cosa, y contiene el poder de ocupar la misma cosa, el de servirse de ella de cuantas maneras sea posible. y el de aprovechar sus productos y acrecimientos, así como el de modificarla y dividirla.

Precisado el contenido y alcance del derecho de propiedad, y para que éste no pase de enunciaciones meramente teóricas, la Constitución reconoce el derecho de propiedad, y faculta al gobernado que es privado de la misma por acto de autoridad, a promover amparo anta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; ello con el objeto de proteger, mediante dicho juicio extraordinario, el derecho de dominio y sus elementos esenciales, cuales son el uso, goce y disposición; tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de este Tribunal.

(c) Se ha referido en los acápites anteriores lo que debe entenderse por el derecho de propiedad; y siempre con relación a éste no debe omitirse la consideración que, el hecho que se sea titular del dominio sobre una embarcación, no basta para su plena protección; pues para que el derecho produzca efectos frente a terceros en casos de conflictos, la ley -específicamente el artículo 475 del libro tercero (del comercio marítimo) del código de comercio de 1904- ha establecido que los documentos pertinentes mediante los cuales se transmite una nave producirán efectos frente a terceros en virtud de la inscripción de los mismos en el registro mercantil correspondiente, el cual, tal como lo disponen los artículos trece numeral veinte de la Ley del Registro de Comercio y cuatro numeral treinta y dos del Reglamento de la Ley del Registro de Comercio, es el Registro de Comercio.

Lo expresado en el párrafo que antecede denota la importancia que tiene para la vida económica y jurídica de un país, la existencia y adecuada organización de un registro de comercio, y el marco jurídico que lo regule debe contemplar, no sólo la publicidad de los actos jurídicos, sino también debe asegurar la constitución, autenticidad y prueba de aquellos derechos sujetos a inscripción. El Registro de Comercio es, pues, -en el supuesto en estudio- el medio moderno que permite conocer la titularidad y condiciones de dominio de una nave determinada, con lo que, en mayor o menor grado, cumple un proceso de legitimación, cuyo umbral es la legalidad de los actos inscritos. Se concluye de lo dicho, que el titular del derecho está legitimado, pues el asiento registra¡ origina a su favor una presunción jurídica "juris tantum" que complementa el instrumento público en que consta su derecho; y la suma de ambas presunciones origina una estabilidad jurídica en beneficio del legitimado, quien está en optimas condiciones para defender su derecho.

Para una mejor comprensión del problema planteado en cada uno de los procesos acumulados y las consecuencias jurídicas de los mismos, se hará una síntesis de los puntos en discusión.

Se alega por los impetrantes infracción a su derecho de propiedad, -para el caso de la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. d e C.V."- sobre la embarcación MICHELLE; y de las sociedades "Inversiones del Mar, S.A. de C.V.", abreviadamente "IMAR, S.A. de C.V.", Swissco, S.A. de C.V." y "Legumbres, S.A. de C.V.", sobre las embarcaciones denominadas ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA, derecho que amparan -los impetrantes- con los correspondientes títulos de propiedad debidamente inscritos en el Registro de Comercio, inscripción que -como antes se dijo- origina a su favor una presunción jurídica "juris tantum" que complementa el instrumento público en que consta su derecho.

La sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.", obtuvo el derecho que alega se le infringe, en virtud de Adjudicación en pago ordenada por el Juez Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial, en el juicio mercantil ejecutivo seguido por la sociedad antes citada en contra de la sociedad "Pesquera Salvamex, Sociedad Anónima de Capital Variable"; adjudicación que oportunamente fue inscrita en el Registro de Comercio al número cuarenta y uno del libro doscientos sesenta y dos; habiendo transferido en fecha posterior la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.", su derecho sobre las embarcaciones denominadas ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA, a las sociedades "Inversiones del Mar, S.A. de C.V.", abreviadamente "IMAR, S.A. de C.V.", "Swissco, S.A. de C.V." y "Legumbres, S.A. de C.V., quienes oportunamente -tal como lo obliga la ley- inscribieron sus derechos en el Registro correspondiente y es por dicha razón que se encuentran legitimadas procesalmente para intervenir en el presente proceso constitucional.

No obstante las inscripciones existentes en el Registro de Comercio en favor de los impetrantes, el señor Juez Segundo de lo Mercantil de este Distrito Judicial a las doce horas del día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, en las diligencias de cumplimiento de sentencia dictada en el juicio sumario mercantil de terminación de contratos de arrendamiento de naves, ordenó al Juez de Primera Instancia de la ciudad de Acajutla, procediera a la entrega material de las naves marítimas antes relacionadas, fundando dicha providencia judicial, en la resolución mediante la cual se declararon resueltos los contratos de arrendamiento de naves existentes entre la sociedad "Astilleros Monarca Sociedad Anónima, de nacionalidad mejicana" y la sociedad "Pesquera SALVAMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable,, de nacionalidad salvadoreña", el cual recaía sobre las naves denominadas MICHELLE, ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA, siendo éstas -según consta en los contratos mencionados- propiedad de la primera de las sociedades mencionadas.

Dicha providencia no fue ejecutada por la autoridad comisionada al efecto, ya que oportunamente fue informada por el señor Comandante de Puerto, que en el registro correspondiente no se encontraban inscritas a nombre de la sociedad "Pesquera SALVAMEX, Sociedad Anónima de Capital Variable las embarcaciones cuya entrega material se había solicitado, sino que a nombre de la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.", lo cual imposibilitaba la entrega material solicitada.

Que de la documentación y prueba que consta en el presente proceso constitucional se puede concluir, que a las impetrantes les ampara -al menos formalmente- el derecho de propiedad sobre las embarcaciones MICHELLE, ANNETTE, MARISCAL, BARON, PRINCIPE y DUQUESA; lo cual implica, que antes de despojárseles del derecho constitucional que ampara la documentación en referencia, debe concedérselas a las mismas, una oportunidad real de defensa, es decir, la oportunidad razonable de ser escuchadas por las autoridades juzgadoras; razón Por la cual resulta contraria a la Constitución toda providencia judicial mediante la cual se ordene privarles de su derecho de propiedad sobre las embarcaciones en referencia sin previa audiencia; siendo por dicha razón procedente amparan a las peticionarias, pues se ha establecido en el presente proceso que las sociedades impetrantes no han tenido participación alguna en el proceso en que se ha ordenado la entrega de las embarcaciones, que al menos, formalmente les pertenecen.

Que este Tribunal, al analizar los hechos y la documentación presentada por las partes, tiene circunscrita su competencia para analizar la constitucionalidad de los actos de las autoridades demandadas, no así presuntas infracciones a la ley cometidas por éstas y por otras autoridades, ya que para realizar dicho análisis existen entidades jurisdiccionales especificas, razón por la cual, al efectuar un pronunciamiento de naturaleza distinta a la constitucional estaría invadiendo la esfera de competencia 'de éstos entes jurisdiccionales; razón por la cual esta Sala se abstiene de realizar cualquier consideración respecto a la legitimidad de los actos, transacciones y títulos que amparan los derechos constitucionales que se alegan infringidos.

POR TANTO: A nombre de la República, con base en las razones expuestas, y con fundamento en los Arts. 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala FALLA: (a) Declárase que ha lugar al amparo solicitado por el señor José Saúl Cerón, representante de la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V.", abreviadamente "PROCEMI, S.A. de C.V.", de este domicilio; Y por el licenciado LUIS FRANCISCO PINTO, apoderado general judicial de las sociedades "Inversiones del Mar, S.A. de C.V.", abreviadamente "IMAR, S.A. de C.V."; "Swissco, S.A. de C.V.", y "Legumbres, S.A. de C.V."; y en ambos casos contra actuaciones del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, del Juez de Primera Instancia de Acajutla, y del Comandante y Capitán de Puerto de la Marina Nacional del Puerto de Acajutla; (b) cesen los efectos de la suspensión del acto reclamado, decretada en el párrafo cuarto del auto de fs. 32, y confirmada en el párrafo tercero de la resolución de fs 56; (c) condenase en costas, daños y perjuicios a las autoridades demandadas; (d) de conformidad al numeral cuatro del artículo 31 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, Sobreséese a la autoridad demandada, en lo relativo a la infracción constitucional alegada por la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V., abreviadamente "PROCEMI, S.A. de C.V.", en el supuesto de entrega material de las embarcaciones Annette, Mariscal, Barón, Príncipe y Duquesa, (e) condenase en daños y perjuicios a la sociedad "Procesadora San Michelle, S.A. de C.V., abreviadamente "PROCEMI, S.A. de C.V."; y (f) notifíquese a las partes.---HERNÁNDEZ VALIENTE---MARIO SOLANO---E.ARGUMEDO---O.BAÑOS---PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN---J.A.D.



AS065C91.97;AS011S92.97

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