• Pacto de Estado contra la crisis para acometer reformas inmediatas que faciliten el ajuste de la economía española y permitan salir cuanto antes de la crisis.
  • Crear un Fondo Estatal contra la morosidad de las Administraciones públicas
  • Pacto de Rentas entre trabajadores y empresarios
  • Plan de consolidación y mejora de la productividad del Sector público. Disponer de un sistema judicial ágil y previsible
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    Las Cámaras de Comercio reiteran la necesidad de un Pacto de Estado contra la crisis






    Las Cámaras de Comercio reclaman al Gobierno que lidere un Pacto de Estado contra la crisis


    • La máxima prioridad es resolver la crisis financiera y las dificultades de acceso a la financiación de las pymes




    • Además de resolver la crisis financiera, las Cámaras demandan acuerdos en: fiscalidad, mercado laboral, educación y sector público




    • La superación de las dificultades de las entidades financieras está en estrecha relación con la recuperación del sector inmobiliario.




    • Empresarios, trabajadores y Administraciones públicas deben adaptar sus decisiones de gasto y ahorro a la nueva situación


    Madrid, 31/3/09. El Pleno del Consejo, compuesto por los presidentes de las 88 Cámaras de Comercio españolas, se ha reunido hoy en Madrid y ha aprobado un documento, en el que reitera la necesidad, planteada ya en julio de 2008, de que el Gobierno lidere un Pacto de Estado contra la crisis para acometer reformas inmediatas que faciliten el ajuste de la economía española y permitan salir cuanto antes de la crisis.
    La primera prioridad para las Cámaras de Comercio es recuperar la confianza de los ciudadanos. Ésto requiere un diagnóstico realista y actualizado de nuestros problemas y que el Gobierno establezca una estrategia y unos compromisos que permitan a los agentes económicos y sociales la toma de decisiones sobre un escenario creíble.
    La sociedad española tiene que asumir el empobrecimiento que se ha producido y adaptar sus decisiones de gasto y de ahorro a la nueva situación. Esta actitud debe ser compartida por todos los agentes, tanto trabajadores como empresarios y por la totalidad de las Administraciones Públicas (AAPP).
    Dada la actual situación, las Cámaras reclaman que los principales partidos políticos y los agentes sociales alcancen acuerdos para acometer reformas en los siguientes campos: Sistema financiero y Financiación de PYMES; Mercado de trabajo; Fiscalidad; Educación y Sector Público.
    Entre las medidas concretas que deben acometerse cuanto antes para afrontar la actual crisis económica, las Cámaras proponen las siguientes:


    1. Crear un Fondo Estatal contra la morosidad de las Administraciones públicas que garantice el cobro en un plazo inferior a los 60 días.




    1. Promover programas de impulso a la comercialización de viviendas para que el mercado establezca un precio de referencia, que permita recuperar la confianza y la actividad del sector. Además, las Cámaras consideran que la superación de las dificultades de las entidades financieras está en estrecha relación con la recuperación del sector inmobiliario.




    1. Reducir el coste del factor trabajo mediante un descenso significativo de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que se compensaría con una subida del tipo general del IVA para garantizar la financiación del sistema de protección social.




    1. Reformar la normativa laboral para reducir la dualidad entre trabajadores fijos y eventuales. Igualmente, luchar contra el absentismo laboral, la economía sumergida y el fraude en el seguro del desempleo.




    1. Cerrar un Pacto de Rentas entre trabajadores y empresarios para favorecer la pervivencia de empresas y empleos




    1. Dotar al modelo educativo de una mayor estabilidad y adaptarlo a las necesidades del mundo actual, dando prioridad a las habilidades e idiomas; lograr un mayor reconocimiento de la Formación Profesional y alcanzar una mayor vinculación entre la Universidad y la Empresa.




    1. Afrontar un Plan de consolidación y mejora de la productividad del Sector público.




    1. Disponer de un sistema judicial ágil y previsible, que permita pronunciamientos judiciales más rápidos y un mejor conocimiento de la realidad empresarial y de los mercados entre la judicatura.


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