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La nueva economia agraria


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Políticas Comerciales


Las negociaciones de la ronda Uruguay del GATT incorporaron la agricultura al sistema multilateral de reducción de tarifas ahora conducido por la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como las tarifas son progresivamente eliminadas, hay preocupación de que las barreras no arancelarias sean usadas cada vez mas frecuentemente. Los acuerdos establecidos para los componentes sanitario y fitosanitario (CSFS) de la Ronda Uruguay determinaron principios permisibles para las regulaciones de salud y seguridad; los acuerdos sobre barreras técnicas están dirigidos también a otros aspectos de la eliminación de barreras arancelarias. En concordancia con los acuerdos, las regulaciones permitidas de los CSFS no deben ser discriminatorias y deben estar basadas en una valoración científica del riesgo.
Una serie de reclamos fueron presentados a la OMC con respecto a medidas contenidas en los CSFS. Probablemente el más conocido es la disputa entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea sobre la prohibición de la CEE para los productos con carne de animales tratados con ciertas hormonas de crecimiento. La CEE defendió este reclamo sobre la base de la incertidumbre científica acerca de los efectos de las hormonas animales en la salud humana y los Estados Unidos argumentaron que la prohibición violaba ciertos elementos del acuerdo de CSFS. El panel de la OMC falló a favor de los Estados Unidos citando la carencia de datos científicos que sostuvieran el reclamo de la CEE (Organización Mundial del Comercio).
La prohibición de la CEE sobre hormonas es una política ineficiente en la medida en que algunos consumidores de la CEE quieran comprar carne importada, presumiblemente con un descuento de precios relativo a la carne de la CEE. Una política que permita el uso de hormonas y que permita a la carne que en forma certificada se produzca sin hormonas ser etiquetada, sería más eficiente dado que permitiría a los consumidores elegir entre carne con distintos atributos. Otra alternativa sería permitir el uso de hormonas y requerir que la carne así producida sea etiquetada. Tal como se mencionó anteriormente, estas dos políticas no serían equivalentes ya que no transmiten la misma información a los consumidores.
De todos modos, no está claro qué tipo de política de etiquetado seria aceptado bajo los estándares CSFS de la OMC. Imponiendo los estándares de evaluación científica del riesgo, el criterio sobre el CSFS de la OMC podría interpretarse como que no permitiera ninguna política –inclusive políticas basadas en información tales como el etiquetado- para cualquier atributo de un producto que, de acuerdo con estudios científicos de riesgo, no posea un riesgo científicamente establecido para la salud humana. Por ejemplo, Estados Unidos podría reclamar que una política de etiquetado para hormonas de crecimiento también podría ser discriminatoria, en virtud del hecho de que las hormonas de crecimiento son más utilizadas en los EE.UU que en otros países. También podría argumentarse, como se hizo en el caso de la prohibición de hormonas en la carne vacuna, que no existe ningún análisis de riesgo que justifique los requerimientos del etiquetado.
Los estándares de CSFS de la OMC podrían ser inconsistentes con otras políticas en Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, la proposición del USDA de permitir la irradiación de carne pero requerir etiquetado podría violar los estándares de la OMC porque los datos de estudios científicos de riesgo muestran que la irradiación es inocua. Mi hipótesis es que dado que la demanda de productos de calidad diferenciada es manejada por la preferencia de los consumidores, y como las preferencias de los consumidores podrían no ser consistentes con los estudios científicos de riesgo, los estándares de CSFS de la OMC podrían ser inconsistentes con las políticas de seguridad y medio ambiente de muchos otros países. Los estándares de CSFS necesitarán ser interpretados como permitiendo políticas basadas en información como el etiquetado de productos, o necesitarán ser revisados para ser compatibles con ellas.
Políticas de información podrían también reemplazar políticas de reducción del comercio tales como la ley antidumping en los EE.UU. Crecientemente, las demandas por dumping son utilizadas para restringir la importación desde países competidores, como en el reciente caso de los productores ganaderos de EE.UU. contra la industria canadiense. Una alternativa a la legislación antidumping es una política que permita o requiera el etiquetado de los productos con el país de origen. De hecho, la OMC permite el etiquetado no discriminatorio del país de origen para muchos productos, y el NAFTA permite el etiquetado al comprador del producto importado (Brester y Smith). Algunos representantes de la industria de la carne de EE.UU. han alentado a los legisladores para que requieran a la industria procesadora de carne que se mantenga el etiquetado del país de origen hasta la venta minorista del producto, bajo el argumento de que los consumidores prefieren productos domésticos. Un problema con el etiquetado a nivel minorista es que sería costoso mantener la identidad del país de origen a través de la cadena de abastecimiento. Por eso, desde la perspectiva de una política eficiente, la política actual de permitir pero no requerir el etiquetado, sirve al propósito de darle al consumidor la posibilidad de la elección. El hecho de que la industria elija no pagar el costo de preservar la identidad en los productos procesados sugiere que, de hecho, muchos de los consumidores de EE.UU. no desean pagar el precio extra por la información. Esto significa que una política que requiera este etiquetado sería dar un paso en la dirección equivocada.



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