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La Ley Federal de Cinematografía a 10 años de su reforma


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La Ley Federal de Cinematografía a 13 años de su reforma

Israel Tonatiuh Lay Arellano1

Resumen


Este trabajo hace un recuento de la discusión que se llevó a cabo en la Cámara de diputados durante el año de 1998, bajo la temática de la iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica, que había impulsado la comunidad social cinematográfica y presentada en la cámara por la entonces legisladora María Rojo. Esta discusión legislativa se da en una coyuntura donde el Congreso se había convertido en la arena política en la que se dirimen diferentes concepciones no sólo entre partidos políticos, sino grupos de interés, entre éstos los de la sociedad civil, que en la última década han exigido una mayor participación en la construcción de la agenda pública.

Se le denomina industria cultural a aquellas cuya labor es la producción masiva cultura, entendida como ésta la televisión, la radio, el cine, la literatura, los diarios, la danza, el teatro, etc. En este sentido, la cinematografía en México ha sido una actividad de suma importancia pese a los altibajos de esa industria. Además de ser un documento de identidad nacional, el cine nacional ha sido creador de un sin fin de ídolos colectivos, así como de patrimonio cultural tanto mueble como inmueble, tales como los grandes palacios construidos para su exhibición y muchos de los cuales hoy están convertidos en ruinas. Por otro lado, la industria cinematográfica también fue el centro de un gremio que incursionó en la política, pues llevó a diversos personajes de este medio a ocupar puestos de elección popular en el poder legislativo.

Sin embargo, puede ser que menos conocida sea la legislación cinematográfica, la cual es de gran relevancia no solo porque regula a este rubro, sino porque en los contextos mismos en los que se ha discutido sus reformas, ha estado en debate su concepción y objetivos como industria cultural, sobre todo en los últimos trece años. Este texto tiene la finalidad de describir esos pasajes y cómo han afectado no sólo en el rubro cultural, sino en el político y democrático.

Es conocido por todos que la producción fílmica nacional comenzó a decaer en calidad en la década de los ochenta. Si bien se seguía produciendo una cantidad importante de películas al año, su calidad generó el alejamiento del público y por ende una decadencia general para la industria cinematográfica. El espectador optó por las producciones norteamericanas de Hollywood y los nuevos complejos de salas múltiples comenzaron a sustituir a los viejos cines. Esta situación quiso ser aprovechada por el Estado Mexicano, el cual incorporó al cine en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde se le daría a esta industria un peso mayoritario para el entretenimiento.

Para lograr lo anterior, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari envió una iniciativa para reformar la Ley de la Industria Cinematográfica, la cual databa del año de 19522. Si bien esta legislación tenía 40 años en esos momentos, su redacción regulaba una industria con un enfoque más cultural, esto es, un bien de consumo de mayor alcance popular, mientras que la propuesta de reforma sólo adecuaba a la industria nacional como receptora y exhibidora del cine comercial norteamericano, situación que inconformó a diversos miembros de este rubro. El dictamen de la iniciativa presidencial fue aprobada en 15 minutos en la Cámara de Diputados.

Un grupo conformado por directores, actores, escritores y estudiantes de cine, entre otros, sostuvieron diversas reuniones para intercambiar ideas con respecto a este sector y concluyeron que la legislación no contribuía a su activación, por lo que inició una serie de acciones encaminadas a examinar las deficiencias de la industria y realizar las propuestas pertinentes para su revitalización. Este grupo se autodenominó Comunidad social cinematográfica, cuyo objetivo inmediato fue buscar los canales necesarios para impulsar una nueva reforma a la nueva Ley Federal de Cinematografía (LFC).

La comunidad Social Cinematográfica se convirtió en un grupo de la sociedad civil, ya que si bien sus miembros tenían en común el pertenecer a la industria cinematográfica3, no participaron en un sentido corporativista, su objetivo era impactar en la agenda pública para lograr una reforma legislativa de mayor beneficio al sector pero que a su vez impactaba en el producto final que consumía el espectador. En este sentido, este grupo pertenecía a ese tercer campo, distinto de la economía y el Estado, que es la sociedad civil (Arato, 2001:37). Así mismo, desde una perspectiva más teórica, este grupo logró aplicar mecanismos de democracia deliberativa en su proceso de discusión interior, el cual comenzó en el mes de junio de 1995, cuando se organizaron las mesas para el foro Defensa del Cine Nacional. El siguiente evento se denominó Forodebates, cuya conclusión dio origen a la redacción del documento titulado Cruzada Nacional en Defensa del Cine Mexicano como Patrimonio Cultural y Salvaguarda de Nuestra Identidad. De esta forma comenzaron a realizar las acciones necesarias para que los diputados federales escucharan sus propuestas: el planteamiento de una reforma a la LFC para que concibiese al filme como un bien cultural, y para lograrlo se plantaron tres pilares fundamentales: el financiamiento público a las producciones mexicanas, un tiempo en pantalla reservado para éstas, y el respeto a la integridad de las películas extranjeras (no cortes ni doblaje).

Desde cierto punto de vista podría pensarse que los objetivos de la Comunidad Social Cinematográfica eran de sentido común, esto es, una propuesta que reactivaba a la industria nacional y ofrecía un mejor producto al público espectador. Sin embargo, los intereses económicos y lucrativos del sector se convirtieron en un férreo obstáculo, y los empresarios de la distribución y la exhibición, agremiados a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), comenzaron a utilizar los medios a su alcance para bloquear las propuestas4.

Sobre el financiamiento para la producción fílmica nacional, el proyecto contemplaba originalmente un fondo con recursos provenientes de una parte de las ganancias de la taquilla en las salas cinematográficas nacionales, lo que de inmediato fue rechazado por los empresarios de ese ramo. Ante la posibilidad de un conflicto mayor entre los empresarios y la Comunidad Social Cinematográfica, el Ejecutivo Federal ofreció la creación un fideicomiso con presupuesto asignado, lo que hoy conocemos como el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE)5.



Sobre la prohibición al doblaje, ésta ya estaba contemplado en la LFC de 1992. El artículo 8 textualmente señalaba: “Las películas serán exhibidas al público en su versión original y, en su caso, subtituladas al español en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para el público infantil y los documentales educativos podrán ser doblados al español”. Sin embargo los empresarios aprovecharon la discusión para señalar su rechazo.

El tercer pilar proponía un mayor tiempo en pantalla para el cine mexicano, en dos supuestos: el primero, si se activaban todas las cadenas productivas de la industria fílmica, entonces se tendría una mayor cantidad de películas para exhibirse. El segundo supuesto giraba en torno al poco tiempo, que en esos días, se le otorgaba a las cintas nacionales en la cartelera.

En 1997, a punto de culminar la LVI Legislatura Federal y tras meses de pláticas y acercamientos con diputados del aún mayoritario Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Comunidad social cinematográfica se enfrentó al primer obstáculo: el representante del grupo de los legisladores priístas señaló que finalmente no avalarían su proyecto de iniciativa ciudadana para ser presentada en la Cámara. La razón además de ingenua fue una ofensa para los cineastas: no se encontraba en los supuestos del artículo 71 de la Constitución, esto es, que no existe (incluso a la fecha) a nivel federal el derecho de los ciudadanos a presentar iniciativas (iniciativas populares), los únicos facultados para ello son el Presidente de la República, los diputados federales y los congresos locales de las entidades federativas.

Detrás de ese argumento se observaba la nula voluntad política para crear mecanismos de acercamiento con la sociedad civil. Tiempo después los dirigentes de la Comunidad Social Cinematográfica se enterarían que quien había dado la instrucción de no apoyar el proyecto, había sido el mismo presidente de la República, en ese entonces Ernesto Zedillo. En el plano teórico, esta acción demostraba que el cabildeo como herramienta política, sólo era efectivo si había voluntad por parte de quienes toman las decisiones (diputados), lo que a su vez significaba que la aplicación de una política deliberativa sólo podía materializarse si se permitía que todas las voces de los grupos de interés sobre el tema eran escuchadas.

En las elecciones federales intermedias de 1997, el PRI perdió la mayoría simple. De acuerdo con los resultados electorales, el PRI había obtenido 239 diputados, mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) y habían alcanzado 125 y 121 legisladores respectivamente. Dentro de las filas del PRD se encontraba María Rojo, conocida actriz del cine mexicano, quien además se convirtió en la Presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ante esta coyuntura, la Comunidad Social Cinematográfica tuvo la oportunidad de presentar su iniciativa de reforma, a través de la figura de Rojo. El proyecto se denominó Iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica (ILIC), pues pretendía erigirse en un ordenamiento diferente al que se encontraba vigente.

La iniciativa se presentó en el mes de abril de 1998, y se turnó tanto a la Comisión de Cultura como a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que presidía el panista Javier Corral Jurado.6 El proyecto había pasado por diferentes tratamientos, a petición de las diversas observaciones que se le habían hecho en las mesas de consulta organizadas por la Comunidad social cinematográfica, así mismo la cual había trabajado en el formato de asamblea e incluido los intereses de sus miembros.

Para el teórico Jürgen Habermas, la democracia deliberativa atraviesa tres momentos: las condiciones sociales marco, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, aunque debido a la complejidad de la discusión de la ILIC, se agregó un cuarto momento: el contexto de decisión.




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