• Documentos para discusión del Banco Mundial
  • Priorities and Strategies for Education: A World Bank Sector Review

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    Las políticas del Banco Mundial referentes a la educación superior


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    2. Las políticas del Banco Mundial referentes a la educación superior.
    Desde hace más de dos décadas, los especialistas del Banco Mundial han venido publicando una serie de estudios sobre la educación superior y sus relaciones con el desarrollo. Buena parte de estos artículos y ensayos fueron publicados bajo la advertencia de que las opiniones de los autores no debían atribuirse al Banco Mundial ni representaban necesariamente su política oficial.
    Quizás uno de los especialistas del Banco Mundial que inició la crítica de la educación superior, fue el economista George Psacharopoulos, quien en varios artículos señaló que los recursos dedicados a la educación superior no se utilizaban con eficiencia, por lo que la inversión en educación debía priorizar el nivel de educación primaria, cuya tasa de retorno social era mayor que el correspondiente al nivel superior. Como consecuencia, la política en educación superior debería encaminarse a la recuperación de costos, mediante la supresión de la gratuidad, el establecimiento del crédito educativo y un mayor apoyo a la educación superior privada 1.
    En 1994, como parte de la serie “Documentos para discusión del Banco Mundial”, apareció un extenso estudio elaborado por el economista Donald R. Winkler, de la División de Recursos Humanos del Banco Mundial 2. Es interesante reproducir aquí algunos párrafos del resumen analítico del estudio: “Las inscripciones en universidades latinoamericanas se han multiplicado diez veces entre 1960 y 1985, lo que significa oportunidades de educación superior equiparables a las de muchos países industrializados. Los gastos gubernamentales, sin embargo, no han aumentado en la misma medida que la demanda de inscripciones, dando lugar a una instrucción de menor calidad en las universidades públicas y a un crecimiento dramático en la educación superior privada. Actualmente, las instituciones privadas reciben un tercio de las inscripciones en América Latina. Esta heterogeneidad en la educación superior en Latinoamérica dificulta elaborar conclusiones sobre eficiencia y equidad que se apliquen a todas las instituciones y a todos los países.
    “La asignación de recursos en las universidades públicas en América Latina es con frecuencia, ineficiente. Los salarios de los profesores son demasiado bajos para atraer a académicos a dedicarse a tiempo completo a la instrucción e investigación y usualmente, el plantel facultativo carece del material y equipo necesarios para llevar a cabo su trabajo. Al mismo tiempo, el presupuesto administrativo y el personal administrativo de apoyo son excesivos. Una mejora en la eficiencia interna requerirá la introducción de modernos sistemas, información gerencial a los flujos de estudiantes y recursos, así como la introducción de criterios de desempeño en la asignación de recursos para la educación superior”.
    “El incremento de las inscripciones en la educación superior en las últimas dos décadas ha sido acompañado de una reducción en la calidad de la instrucción en muchos países. Al mismo tiempo, ha disminuído la retribución privada social a la educación superior, y se han elevado las tasas de desempleo para universitarios graduados”.
    “Aún cuando las oportunidades para la educación superior han incrementado enormemente en las últimas dos décadas, los beneficios recaen en jóvenes provenientes de los hogares de mayores ingresos. Los jóvenes de hogares de menores ingresos carecen de la preparación académica suficiente, ya sea para lograr ingresar o para competir exitosamente en la universidad pública”.
    “Las restricciones del presupuesto gubernamental para la educación superior abogan por una mayor eficiencia en el uso de este presupuesto. Se hace cada vez más necesario que los gobiernos consideren políticas de concesión de préstamos a estudiantes necesitados que asistan a universidades privadas, o que aseguren que las universidades privadas tengan acceso a mercados de capital para financiar las inversiones que requieran para su expansión. Se puede aumentar la recuperación de costos de las instituciones públicas eliminando los subsidios a servicios que no estén relacionados con la instrucción, y elevando los derechos de matrícula; al mismo tiempo que se introducen programas de préstamos y becas que mejoren el acceso de estudiantes de menores ingresos. El proceso presupuestario de la educación superior pública puede alterarse para incluir incentivos de desempeño que promuevan mejoras en la eficiencia interna”.
    La conclusión general del estudio de Winkler es que “la educación superior de América Latina presenta un caso clásico donde los problemas son evidentes, y las políticas públicas deseables (por lo menos desde la perspectiva económica) pueden determinarse fácilmente, pero el diseño de estrategias para implementar exitosamente estas políticas es a veces extremadamente difícil. Hay una gran cantidad de restricciones -políticas e institucionales- para implementar cambios en las políticas, pero también hay varios ejemplos donde estos cambios ya se han hecho o se están haciendo a pesar de las restricciones. Estos éxitos dan esperanzas a futuros cambios políticos a gran escala, que mejoren la eficiencia y la equidad en la educación superior”.
    Si bien éstos trabajos, como señalamos antes, se publicaron bajo la clara advertencia de que sus resultados, interpretaciones y conclusiones pertenecían exclusivamente a sus autores, fueron definiendo el contexto ideológico del documento oficial de políticas que se publicó en mayo de 1994, en su versión en inglés, y en junio de 1995 en su versión en español, bajo el título: “La enseñanza superior: Las lecciones derivadas de la experiencia”. El documento fue elaborado por un equipo de especialistas del Banco Mundial dirigido por Jamil Salmí y analizado por los Directores Ejecutivos del Banco Mundial 3.
    El documento reconoce la importancia de la educación superior para el desarrollo económico y social, tanto por su cometido de equipar a los individuos con los conocimientos y destrezas para ocupar posiciones de responsabilidad en el gobierno, los negocios y las profesiones, como por su aporte a la generación, adaptación y difusión de nuevos conocimientos y los servicios de consultoría y asesoramiento que puede brindar al gobierno y la sociedad en general. Además, en muchos países, las instituciones de educación superior juegan un rol social importante como foro pluralista de debate. “Las universidades, dice la introducción al documento, educan a los futuros dirigentes y preparan las capacidades técnicas de alto nivel que constituyen la base del crecimiento económico”.
    De esta suerte, apunta el informe, puede observarse una relación directa entre la tasa de escolaridad en la educación superior y el grado de desarrollo de un país. En Estados Unidos y los países de la Unión Europea, el promedio se acerca al 50 por ciento, comparada con un 21 por ciento en los países de ingreso medio y 6 por ciento en los de bajos ingresos.
    Sin embargo, agrega el documento, pese a la clara importancia que para el desarrollo tienen las inversiones en la educación superior, esta se encuentra en crisis en todas las regiones del mundo. “La educación superior depende en gran medida del financiamiento estatal y en una época de restricción del gasto público nos encontramos con una tendencia a reducir los presupuestos destinados a la educación superior y a controlar su expansión”.
    La crisis es mayor en los países en desarrollo por la existencia de planes de ajuste estructural, que tienden a reducir la inversión en el sector social. Se observa en estos países una creciente situación de deterioro de la calidad de la educación superior, como consecuencia de la disminución del gasto por estudiante, de la declinación de los salarios del personal docente y la falta de fondos para el mantenimiento de las plantas físicas, la adquisición de textos y otros materiales para la docencia y la investigación. De manera concomitante, la tasa de desempleo de los graduados se ha incrementado en estos países de manera significativa, a partir de 1980.
    En los países en desarrollo, advierte el documento, la educación superior ha sido el segmento educativo que más rápidamente ha crecido en los últimos veinte años, crecimiento que se ha visto estimulado por un alto nivel de subsidios estatales, gratuidad del servicio y, hasta 1980, garantía de empleo en algunos países. La ampliación de las matrículas ha significado el acceso a la educación superior de estudiantes provenientes de los sectores menos privilegiados y el incremento substancial de la presencia de la mujer en las aulas universitarias. Pero aún así, la educación superior conserva su carácter elitista en casi todas las regiones del mundo y la mayoría de sus estudiantes provienen de las familias de las clases altas y media alta.
    El documento señala, enseguida, que no sólo está disminuyendo el gasto por estudiante sino que los fondos destinados a la educación superior, principalmente pública, son utilizados de manera poco eficiente. La educación superior de la mayoría de los países en desarollo, se caracteriza por una relación baja profesor / alumno (en algunos casos la relación es mejor que la que se da en los países avanzados); subutilización de las facilidades físicas y docentes; duplicación innecesaria de programas y carreras; altas tasas de deserción en los primeros años y altas tasas de repetición; poca producción de graduados en relación con el ingreso en los años iniciales de las carreras; excesivas sumas del presupuesto universitario destinadas a gastos no-docentes, como residencias y comedores estudiantiles, becas, subsidios, etc. En América Latina, por ejemplo, asegura el documento del Banco Mundial, el costo de un graduado en las Universidades públicas es siete veces más alto que en las Universidades privadas, debido principalmente a las altas tasas de repetición y deserción. Sin embargo, la experiencia de algunos países, como es el caso de Chile, indica, que es posible alcanzar un buen funcionamiento de la educación superior aún con una reducción del gasto por estudiante.
    Frente a esta situación, el documento sostiene que los gobiernos deben meditar cuidadosamente sobre el nivel educativo que deben priorizar al momento de distribuir las asignaciones de recursos. En una época de grandes limitaciones para el gasto público, es conveniente que se inclinen por los niveles que aseguran una mayor tasa social de retorno, como lo son la educación primaria y media, niveles que contribuyen más que la educación superior a promover la equidad social, asegura el Banco Mundial en su documento.
    A partir de lo que denomina “las lecciones derivadas de la experiencia” sobre cómo lograr más eficiencia, calidad y equidad en la educación superior, el documento propone una estrategia de reforma, cuyas directivas claves serían las siguientes:


    • Estimular una mayor diversificación de las instituciones públicas de educación superior e incluir el desarrollo de instituciones privadas;

    • Proporcionar incentivos a las instituciones públicas, a fin de que diversifiquen sus fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro de aranceles a los estudiantes y la vinculación del financiamiento del Estado a la mejora del rendimiento académico e institucional.

    • Redefinir el rol del gobierno en la educación superior y, por último,

    • Introducir políticas explícitamente diseñadas a dar prioridad al mejoramiento de la calidad y el fomento de la equidad.

    El documento del Banco Mundial explica luego, más detalladamente, cada uno de estos objetivos. Así, cuando se refiere a la diferenciación o diversificación de las instituciones de educación superior, afirma que ese es el mejor camino para responder a una demanda también cada día más diversificada. Será, entonces, preciso crear instituciones de educación superior no-universitarias, institutos polítécnicos, carreras profesionales de ciclo corto, institutos tecnológicos, colegios regionales y comunales, y programas de educación a distancia. En este esfuerzo deberá darse una gran participación al sector privado, para el cual podría ser más atractivo crear instituciones de este tipo, de bajo costo por estudiante, que fundar Universidades tradicionales, sin perjuicios de que estos programas se liguen con las Universidades públicas mediante un buen mecanismo de transferencias, equivalencias y créditos.


    Una de las características del documento de políticas del Banco Mundial es el énfasis que pone en la educación superior privada. Partiendo del hecho de la importancia que el sector universitario privado tiene en los países avanzados, el Banco recomienda a los países en desarrollo que fortalezcan su sector privado como un medio de diversificar la educación superior y atender la expansión de la demanda. Si bien los gobiernos deben establecer el cuadro general para el funcionamiento de las instituciones privadas, el documento recomienda evitar la regulación del costo de las matrículas y colegiaturas y, en cambio, establecer mecanismos de acreditación y evaluación de estas instituciones.
    Para el financiamiento, tanto de las Universidades públicas como privadas, el documento aconseja establecer sistemas de competencia o concursos sobre la base de la calidad y eficiencia, y cita el ejemplo de Chile y, en menor escala, los de Corea y Brasil para el financiamiento de la investigación. En Chile la canalización de fondos hacia las instituciones públicas y privadas se hace sobre la base del número de alumnos del más alto nivel de rendimiento académico que cada institución logra atraer, lo cual estimula a las Universidades a elevar la calidad de sus programas.
    Entre las medidas para diversificar el financiamiento, el documento sugiere el estímulo al incremento de los aportes del sector privado, el pago de aranceles por los estudiantes, sin perjuicio de introducir, simultáneamente, un sistema de becas y de crédito educativo; la organización de los gradudados para que contribuyan con sus cuotas, la venta de servicios, los contratos con el sector productivo, etc...
    En lo que respecta a la redefinición del papel del gobierno en la educación superior, el Banco aboga por una mayor intervención del gobierno central “en orden de asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos”. No se trata, aclara el documento, de un control directo, sino de utilizar el expediente del financiamiento público para estimular a las instituciones, públicas y privadas, a satisfacer más adecuadamente las necesidades de adiestrameinto e investigación. La experiencia demuestra que la implementación exitosa de los procesos de reforma de la educación superior dependen de: a) la existencia de políticas nacionales coherentes que ofrezcan un marco general de referencia; b) el establecimiento de incentivos e instrumentos, orientados por los principios de la economía de mercado, para implementar las políticas, y c) mayor autonomía de gestión para las instituciones públicas.
    Los objetivos prioritarios para la reforma de la educación superior, según el Banco Mundial, deberían ser: a) incrementar la calidad de la enseñanza y la investigación; b) mejorar la respuesta de la educación superior a las demandas del mercado laboral y a las cambiantes demandas económicas; y c) incrementar la equidad.
    Para lograr una mayor relevancia y pertinencia de los planes y programas de estudio en relación con el mercado laboral, el Banco recomienda incluir representantes del sector privado / empresarial en los organismos de gobierno de las instituciones universitarias, tanto públicas como privadas.
    Los lineamientos anteriores tienen repercusión en la política crediticia del Banco, que seguirá priorizando los préstamos para la educación primaria y secundaria cuando se trate de países que no han logrado erradicar el analfabetismo y acceso adecuado, desde el punto de vista equitativo y cualitativo, en los niveles primario y medio. El financiamiento del Banco, afirma el documento, para la educación superior estará dirigido a apoyar los esfuerzos para hacerla más eficiente a menor costo. Serán priorizados los países que, siguiendo los lineamientos del documento reseñado, estén preparados para establecer políticas generales que promuevan la diferenciación de las instituciones y una mayor participación del sector privado en el financiamiento de la educación superior. En estos casos, los préstamos estarán orientados a la reforma de los sistemas de educación superior, el desarrollo institucional y el mejoramiento de la calidad.
    El paquete de reformas podría variar de un país a otro, según las especificidades de cada país, pero, en la mayoría de los casos incluiría, como parte de la política estatal, una combinación de medidas destinadas a: i) controlar el acceso a las instituciones de educación superior públicas sobre la base de criterios de selección eficientes y equitativos; ii) promover una mayor diferenciación de las instituciones; iii) crear un ambiente favorable para las instituciones privadas; iv) introducir la participación de los estudiantes en los costos y otros mecanismos para diversificar las fuentes de financiamiento; v) establecer sistemas de préstamos o becas para que todos los estudiantes calificados puedan tener la oportunidad de seguir estudios superiores; vi) asignar recursos públicos a las instituciones por medios transparentes que fortalezcan la eficiencia y la calidad; el Banco dará prioridad explícita a los proyectos nacionales y regionales de excelencia, sean públicos o privados y fomentará el criterio de que el acceso a los fondos debe ser cada vez más competitivo, sobre la base de mejorar la calidad; vii) proveer de suficiente autonomía a las instituciones, sin perjuicio de establecer mecanismos de monitoreo, acreditación y evaluación de su desempeño.
    Este documento del Banco Mundial, así como otros que oficialmente definen la política para el sector educativo del Banco, como el publicado en 1995 (“Priorities and Strategies for Education: A World Bank Sector Review”) han sido objeto de serias críticas de parte de educadores, analistas sociales y funcionarios internacionales. A continuación vamos a reproducir algunas de esas críticas:
    El reduccionismo economicista de los planteamientos del documento del Banco Mundial sobre la educación superior y sus conclusiones sobre la tasa de retorno, suscita serias objeciones teórico-filosóficas, según José Luis Coraggio, cuando se pretende dar tal centralidad al análisis económico en el diseño de políticas y procesos educativos. Esas objeciones podrían resumirse así:


    1. Por ‘análisis económico’ se entiende un método especial de análisis, encuadrado en la teoría económica neoclásica, la que por décadas ha sido objeto de críticas por sus limitaciones para explicar incluso los procesos específicamente económicos.

    2. El modo economicista en que se usa esa teoría para derivar recomendaciones contribuye a introyectar e institucionalizar los valores del mercado capitalista en la esfera de la cultura, algo que va más allá de hacer un cálculo económico para comparar los costos y beneficios de diversas alternativas generadas desde lo social o lo político.

    3. Aunque se indica que dicho análisis es sólo un punto de partida, y que los gobiernos tienen otros motivos para establecer sus prioridades educativas, de hecho, por razones que debemos determinar, las recomendaciones específicas y generales que vienen planteándose en los documentos del Banco Mundial parecen estar siendo asumidas acríticamente por muchos gobiernos de la región y del mundo.

    4. Las nuevas políticas sociales propuestas, y las de educación en particular, no sólo no son económicamente sustentables y conducen a nuevas crisis fiscales, sino que son ineficientes para los mismos criterios neoclásicos.

    5. A pesar del enfoque cientificista en que vienen envueltas las propuestas oficiales del Banco Mundial, no se asume el principio científico de que están basadas en hipótesis sujetas a la refutación; por el contrario, parece haber más afán en seguir construyendo ejemplos que las hagan plausibles que en atender a las evidencias que las refutan.

    6. En una época de crisis de paradigmas y de grandes incertidumbres, la gravedad de las consecuencias que puede tener una intervención masiva equivocada en el área educativa debería evitar el unilateralismo disciplinario y propender a la creación de un espacio pluralista de búsqueda colectiva, donde diversos criterios y propuestas plausibles sean investigadas y puestas a prueba con igual acceso a recursos”.

    “Para encuadrar la realidad educativa en su modelo económico, y poder así aplicarle sus teoremas generales, el Banco ha hecho una identificación (que es más que una analogía) entre sistema educativo y sistema de mercado, entre escuela y empresa, entre padre de familia y demandante de servicios, entre relaciones pedagógicas y relaciones de insumo-producto, entre aprendizaje y producto, haciendo abstracción de aspectos esenciales propios de la realidad educativa”... “Como consecuencia, no debe extrañar que su propuesta básica para el sistema educativo consista en (hasta donde sea posible) dejar librada la actividad educativa al mercado y a la competencia, de modo que sea la interacción de demandantes y oferentes de servicios educativos la que defina cuánta educación, con qué contenidos y pedagogías, estructurada de qué maneras, en qué ramas y a qué precios debe ofrecerse”... “El problema, que tarde o temprano tendrán que asumir los intelectuales y técnicos del Banco, pero que ahora enfrentan nuestras sociedades ante las nuevas políticas educativas, es que nuestra realidad histórica (y más aún en el caso de algunas sociedades en otras regiones del mundo) no se ajusta al modelo, y que aceptar las propuestas a libro cerrado puede equivaler a aceptar una intervención política externa, o la introyección de valores no planteada abiertamente como opción a la sociedad” 4.

    A su vez, Rosa María Torres, en su ensayo “¿Mejorar la calidad de la educación básica? Las estrategias del Banco Mundial”, afirma: “Las propuestas del Banco Mundial para la educación son propuestas hechas fundamentalmente por economistas y desde la lógica y el análisis económico. La relación costo-beneficio y la tasa de rentabilidad constituyen las categorías centrales desde las cuales se define el quehacer educativo, las prioridades de inversión (niveles educativos e insumos a considerarse), los rendimientos, y la calidad misma. El modelo educativo que nos propone el Banco Mundial es esencialmente un modelo escolar, pero además un modelo escolar que tiene dos grandes ausentes: los maestros y la pedagogía. Un modelo escolar configurado en torno a variables observables y cuantificables, en el cual no caben los aspectos propiamente cualitativos, es decir, aquellos difíciles de medir y que constituyen, no obstante, la esencia de la educación. Un modelo educativo, en fin, que tiene poco de educativo. El rol técnico especializado de una agencia como la UNESCO sigue, entonces, teniendo pleno sentido y cabida. El discurso económico ha llegado a dominar el panorama educativo al punto de que el discurso propiamente educativo -el de la escuela y el sistema educativo, el de las relaciones y los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, el de la pedagogía, el de la educación en cuanto tal- y sus portadores -profesores, pedagogos, especialistas en educación y áreas afines- apenas si tienen cabida en dicho discurso y en su formulación”... “Los documentos de política sectorial del Banco Mundial, en general, dejan ver una comprensión y un manejo sumamente precarios de lo educativo, de la teoría y la investigación acumuladas dentro del campo, e incluso de su terminología específica” 5.


    El eminente educador Miguel Soler Roca, ex Sub-director General de la UNESCO, al contrastar las tesis “economicistas” del Banco Mundial y las “humanistas” del Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI: “La educación encierra un tesoro”, que presidió Jacques Delors, sostiene que: “No habría ningún problema si se tratara de dos grupos de autores independientes. No lo son. Ambos escriben en el ámbito de las Naciones Unidas y ambos aspiran a inducir formas de pensar y de actuar en gobiernos y pueblos desde una perspectiva internacional obligada a actuar con un mayor grado de coherencia. Ahora bien, las contradicciones son enormes.La Comisión, sin decirlo, se sitúa entre quienes creen que ha de garantizarse un cierto Estado del Bienestar, considerado como obsoleto por quienes preconizan la organización neoconservadora de la convivencia humana. Para el Banco Mundial la mundialización es un hecho, al que contribuye; para la Comisión la educación ha de “ayudar a cada individuo a comprender y dominar en cierta medida el fenómeno de la mundialización y favorecer la cohesión social”. Mientras la Comisión postula valores éticos y de solidaridad, el Banco Mundial cree en la fuerza rectora de la economía, del mercado y de la competitividad. El Banco Mundial hace cuanto puede por convencer a los gobiernos de que han de menguar su intervención y hacer confianza en las entidades privadas, mientras la Comisión llama a responsabilidad a los dirigentes del sector público. El Banco Mundial se ocupa, con mirada cortoplacista, del sistema escolar; la Comisión sostiene la necesidad de sistemas educativos amplios, coherentes, para todos y durante toda la vida, concebidos dentro de una visión a largo plazo de la sociedad” 6.
    Otros autores resumen sus críticas y observaciones de la manera siguiente: “Un problema central es que las estimaciones convencionales de las tasas de retorno no ecuacionan los beneficios sociales de la educación en ninguno de sus niveles. Esto abre la discusión a la existencia de esos beneficios en la educación superior, en funciones que no sólo cubren actividades de enseñanzas, sino la investigación y el fortalecimiento de la identidad nacional’ (nation building)”.

    • “Las tasas de retorno social no toman en cuenta los beneficios no privados de la educación, que surgen de las ‘externalidades positivas’. Estas últimas son mas elevadas para la educación superior que para otros niveles educativos, lo que podría poner en tela de juicio la legitimidad de una redistribución de la asignación del gasto público en educación en detrimento del nivel superior”.

    • “Los aspectos de fortalecimiento de la identidad cultural que se desarrollan en las universidades son difícilmente cuantificables. Son bienes públicos”.

    • “En síntesis, la educación superior es más que la función de enseñanza. Otras actividades pueden considerarse un bien público, con externalidades positivas. La verdadera tasa de retorno social de la educación superior, al tomar en cuenta las actividades de naturaleza pública o social, puede llegar a ser más elevada en relación a la de primaria y secundaria que si se cuantifica por los métodos convencionales”.

    • “El objetivo declarado del Banco Mundial en materia de educación terciaria es el logro de una mayor eficiencia con el menor gasto público. Esta es una declaración genérica que todos podríamos compartir hasta tanto no se definieran los parámetros para medir esa eficiencia y las medidas destinadas a abatir el gasto público. A través de esas definiciones el Banco Mundial establece políticas y condiciona a su aceptación el apoyo financiero. Ese condicionamiento excede con creces la lógica exigencia financiera de avales razonables que resguardan la inversión a realizar”.

    El principal problema que presentan los documentos del Banco Mundial es que en países como los nuestros pueden influenciar la voluntad política de los gobiernos, muy proclives, por cierto, a atender las recomendaciones del Banco para no poner en riesgo el acceso a los préstamos para otros sectores. Esto puede conducir a disminuir, significativamente, el financiamiento de la educación superior pública, para canalizar esos recursos a los niveles precedentes. Además, es evidente que el documento se inclina por una política de estímulo a la educación superior privada, de suerte que al ampliarse ésta el Estado pueda liberar recursos hasta ahora asignados a la enseñanza pública de tercer nivel.
    Un país no puede descuidar ni debilitar su educación pública, sin correr el riesgo de debilitar su propia “inteligencia nacional” y sus posibilidades de mantener e incrementar sus contactos con la comunidad científica e intelectual del mundo ni disponer de las capacidades y conocimientos que necesita para hacerse cargo de modo independiente de su propio desarrollo. Estas son tareas claves que no pueden ser totalmente delegadas a las instituciones privadas y cuyo ejercicio responsable no se opone de manera alguna a la búsqueda de una mayor eficiencia, pertinencia y calidad en el desempeño de las instituciones públicas de educación superior.



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