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La caja negra


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LA CAJA NEGRA

DE AUSTRAL

PRESENTACION

DEL CASO SAIEGH

El material que a continuación se presenta, tiene como objetivo contribuir al necesario avance del proceso iniciado por el Estado Argentino en el año 2003, momento en el que asumiera el compromiso de luchar contra la impunidad y reconstruir la memoria, la verdad y la justicia frente al terrorismo de Estado y las graves, masivas y sistemáticas violaciones a Derechos Humanos cometidas por el gobierno de facto.


A tal efecto, este documento propone facilitar la comprensión del proceso de estatización de Austral Líneas Aéreas y el modo en que se vincula a mi causa.
La documentación y los testimonios que a lo largo de todos estos años he aportado a la justicia, permiten desentrañar estos hechos criminales, de los que fui victima, junto al propio Estado, y que he denunciado por primera vez en 1982, cuando aun estabamos en dictadura.
Esta causa que llevo adelante desde hace mas de 30 años, nunca ha dejado de crecer, de sumar adhesiones, adquiriendo notoriedad y estado publico, impulsando el necesario camino del conjunto de la socidad hacia la verdad y la justicia.
Tal como se puede apreciar en el Informe del Centro de Estudios Sociales de la DAIA; o en las expresiones del Canciller Héctor Timerman, en orden a que “este tipo de secuestros tampoco fueron casuales: era una forma de hacer caja para las dictaduras o los procesos represivos” y que “todos aquellos judíos que sobresalieron en algo y que podían amenazar al establishment, desde el punto de vista periodístico o empresarial, fueron secuestrados como parte de la Alianza que hubo entre los sectores económicos y militares”. Tambien debo resaltar la participación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 14 de julio de 2001, advirtiendo sobre el “especial tratamiento” que merece este caso”.
Asi lo entendio el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de Madrid, España, cuando el juez Baltasar Garzón, se pronuncio respecto a mis denuncias, reconociendo que los delitos padecidos son “de lesa humanidad”, cometidos bajo el accionar del “Terrorismo de Estado”.
En la reciente investigación llevada adelante por la Comision Nacional de Valores, se detalla mi caso, probando “la existencia de un entramado cívico-militar entre la División Bancos de la Policía Federal, el Banco Central y la CNV” durante la última dictadura. “El objetivo era liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios, para lograrlo se cometieron delitos de lesa humanidad, que en última instancia perseguían un fin económico”.
Debo mencionar las referencias de la Unidad de Asistencia para causas de violaciones a los Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación (en su dictamen de abril del 2011); y en ese aspecto, la nota del 25 de octubre de 2004 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, resulta mas que significativa, afirmando que “los hechos denunciados por el Arq. Eduardo Saiegh se corresponden por entero con la metodología y el accionar de los grupos de tareas de la última dictadura militar, tanto en lo que se refiere a la apropiación indebida de bienes y la busca de lucro en el curso de la represión ilegal, como al componente discriminatorio que caracterizó al terrorismo de Estado con respecto a la comunidad judía”.
La Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica, señala que “entre el universo de las graves violaciones de los derechos humanos causadas por el terrorismo de Estado revisten especial importancia aquellas que tuvieron motivaciones económicas” y que “a más de los objetivos macroeconómicos de la dictadura, también hubo en nuestro país una política de enriquecimiento individual por parte de funcionarios de la dictadura o de grupos económicos afines”.
En 2010 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó en el expediente 1875/09 y en el mismo 6279/97 luego acumulado, para “solicitar ser tenido como parte querellante y a asumir dicho rol procesal, a fin de que se profundice la investigación en la presente causa por los delitos de lesa humanidad que tuvieran como víctima a Eduardo Ezra Saiegh”, advirtiendo asi que el Poder Ejecutivo Nacional (al que representa) entiende que estos hechos constituyen graves delitos previstos por derecho penal internacional y que configuran violaciones a los derechos humanos”.
La Secretaria de Derechos Humanos, en aquel momento a cargo de Luis Eduardo Duhalde, entendia que “los crímenes de lesa humanidad investigados en estas actuaciones, son de tal magnitud que el derecho penal internacional ha entendido que cuando ellos se ejecutan no sólo se violan los derechos de víctimas individuales, sino que por su magnitud ponen en riesgo a toda la humanidad y se vulnera, de esta manera, el derecho de gentes”.

Y que “el derecho de gentes o ius cogens, tiene por fin la protección de valores supremos aceptados y reconocidos por la comunidad internacional y se caracteriza por obligar a todos sus miembros, sin admitir acuerdos de partes en contrario, a juzgar y castigar los crímenes de lesa humanidad”. Finalmente, que “siendo los hechos investigados en autos Crímenes contra la Humanidad, son por ende imprescriptibles… a fin de que se avance y profundice la investigación de los delitos descriptos, se individualice a los autores, cómplices y encubridores sometiéndoselos a juicio y en la etapa procesal oportuna, se les aplique sanción penal, garantizándose para ellos el debido proceso, derecho de defensa y demás garantías del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constitucionales y legales”.

El documento, alienta la reapertura de una causa que yo llamo “La Caja Negra de Austral”, ya que permite –al igual que ese instrumento- reconstruir el vuelo siniestro de quienes planificaron, ejecutaron y se beneficiaron con el Terrorismo de Estado, contribuyendo asi al proceso “colectivo y permanente de búsqueda de la verdad, en el que la sociedad civil, las ONG, académicos, empresas y partidos políticos también pueden aportar sus visiones, su información e incluso sus intereses”, tal como queda expresado en el mas reciente libro de Horacio Verbitsky, “Cuentas pendientes - Los cómplices económicos de la dictadura”, escrito en colaboración con Juan Pablo Bohoslavsky y un destacado grupo de políticos, juristas, sociólogos y economistas, en el cual se aborda mi caso, y se propone la creación de una nueva Comisión Nacional de la Verdad, la cual podría contribuir a dicho proceso de verdad y memoria, en términos de complicidad económica, investigando de manera integral y exponiendo en forma oficial y pública “los aspectos salientes y las consecuencias de las políticas económica, monetaria, industrial, comercial y financiera adoptadas durante aquel período, identificando a empresas y empresarios y sus posibles contribuciones mediante la provisión de bienes o servicios, sus conexiones fácticas con el sostenimiento del régimen y los abusos de derechos humanos cometidos”.



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