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Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales


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Partidos Políticos y nuevos movimientos sociales, Madrid, 1992, pág. 155.

186 En éste sentido es muy revelador el capítulo que J.L. Gómez-Navarro dedica a la Política Social y el corporativismo en El Régimen de Primo de Rivera, op. cit., págs 391-431, en donde se constata la estrategia de imponer un Estado fuerte y disciplinado socialmente utilizando como medio de desactivación social a los elementos corporativos.

Se pueden ver sobre el mismo tema- también citados por Gómez-Navarro- los textos de Eduardo Aunós Pérez, Las Corporaciones del trabajo en el Estado Moderno, Madrid, 1928; El Estado Corporativo, Madrid, 1928; La organización Corporativa y su posible desenvolvimiento, Madrid, 1929 y La política social de la Dictadura, Madrid, 1944.



187 La incorporación a la vida local de la oligarquía natural, de las colectividades constituidas para reflejar de una manera más intensa los distintos fines de la vida, las corrientes ideológicas que subyacen en las formulaciones organicistas en el ámbito local son estudiadas por Guillermo Márquez Cruz en O Goberno Local…, op. cit., pág. 38-39, siguiendo fundamentalmente a M. Trinidad Sánchez en la obra La gestación del Estado Corporativo y la polémica sobre Costa, Madrid, 1983.

188 Para el estudio del Estatuto se ha utilizado el texto Estatuto Municipal, Real Decreto-Ley de 8 demarzo de 1924, en edición de la Biblioteca Oficial Legislativa, tomo LV, 2ª edición, Madrid, 1925.

189 Exposición de motivos del Estatuto Municipal, op.cit., pág. 9.

190 En El Estatuto Municipal, op. cit., pág. 9.

191 Stanley G. Payne, «La derecha en Italia y España (1910-1943)» en Política y Sociedad en la España del siglo XX, Madrid, 1978, pág. 192.

192 Mercedes Cabrera y Fernando del Rey, «Los intereses económicos organizados en España. Un siglo en la historia del asociacionismo empresarial» en el texto de AAVV, La Empresa en la Historia de España, edición a cargo de Francisco Comín y Pablo Martín Aceña, Madrid, 1996, pág. 447.

193 José Mª Pi Suñer, «Recurso contra acuerdos de las Corporaciones Locales» en Estudios dedicados al profesor García Oviedo, Sevilla, 1954, pág. 21.

194 Juan Ignacio Bermejo y Gironés, «El Estatuto Municipal: antecedentes y motivaciones» en Cincuentenario del Estatuto Municipal, IEAL, Madrid, 1975, pág. 56.

195 Textualmente trascrito de la exposición de motivos del Estatuto al someter a la aprobación de El Rey el mismo, el Estatuto Municipal…, op. cit., pág. 1.

196 Texto recogido del extracto oficial de la sesión del Congreso de los Diputados, celebrada el miércoles 13 de Febrero de 1935 y recogida por Juan Ignacio Bermejo y Jironés en « El Estatuto Municipal: antecedentes y motivaciones»…,op. cit., pág. 73.

197 Recogidas por Jesús Marañón y Ruiz Zorrilla en el epílogo del libro El Estado que Queremos…, op. cit., pág. 250.

198 El art. 71 de la Ley Municipal de 2 de Octubre 1877 definía a los Ayuntamientos como “Corporaciones económico-administrativas”, que “sólo pueden ejercer aquellas funciones que por las leyes les están encomendadas”.

199 El art. 4 del EM se refiere a este reconocimiento cuando establece que: “Los Ayuntamientos y las Juntas vecinales tendrán capacidad plena, conforme a esta ley, para adquirir, reivindicar, conservar o enajenar bienes de todas clases, celebrar contratos, establecer y explotar obras y servicios públicos, obligarse y ejercitar acciones civiles, criminales, administrativas o contencioso-administrativas, en nombre de los Municipios y Entidades Locales menores respectivamente”.

200 La reprimenda que recoge la Exposición de motivos a los Ayuntamientos de la Restauración, es un ejemplo de la idea que Calvo Sotelo y Antonio Maura, tenían de los mismos y de la influencia que suponían para el resto del sistema, siendo necesaria-por lo tanto- una reforma en profundidad de la administración local que erradicara esos comportamientos.

201 Esta definición se recogía en el art. 1 de la Ley de 2 de Octubre de 1877. Sobre la administración local en general, pueden consultarse a Jesús González Pérez, Régimen Jurídico de la Administración Local, Madrid, 1985, Francisco Lliset Borrell, Manual de Derecho Local, Madrid, 1985 y Vicente Boix Reig, Manual de derecho Municipal, Alicante, 1979 entre otros.

202 Exposición de motivos del Estatuto Municipal…, op. cit., pág 7.

203 Georges Burdeau, El Estado, traducción de César Armando Gómez, Madrid, 1975, pág. 20.

204 El Estatuto Municipal de 1924, se aprueba en Consejo de Ministros, no es una Ley votada en Cortes, nacida del contraste de ideas entre distintos partidos.

205 La Ley de 1955 reconoce al Municipio como Entidad natural siguiendo el criterio del Estatuto. La Ley 7/85 de Bases del Régimen Local define al municipio como Entidad básica de la organización territorial del Estado, huyendo de definiciones doctrinales, pero atribuyendo ciertamente un carácter fundamental a la existencia de los Municipios sobre los que se asienta el propio Estado diseñado en la Constitución de 1978.

206 El art. 40 de la Ley de 1877 decía textualmente que “ serán electores los vecinos cabezas de familia con casa abierta que lleven dos años por lo menos de residencia fija en el término municipal y vengan pagando por bienes propios alguna cuota de contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, o de subsidio industrial y de comercio con un año de anterioridad a la formación de las listas electorales o acrediten ser empleados civiles del Estado, Provincia o Municipio, cesantes con haber por clasificación, jubilados o retirados del Ejército y Armada. También serán electores los mayores de edad que llevaren dos años por lo menos de residencia en el término del Municipio, justifiquen su capacidad profesional o académica por medio de título oficial. En los pueblos menores de cien vecinos, todos ellos serán electores…”. Texto recogido del trabajo de Eduardo Roca y Roca, «Electividad Municipal: Del Estatuto Municipal al Proyecto de Ley de Bases del Régimen Local», en Cincuentenario del Estatuto…,op. cit., pág. 263.

207 Art. 41 de la Ley de 2 de Octubre de 1877.

208 Luis Jordana de Pozas, Derecho Municipal …, op. cit,., págs. 45-46

209 La regulación del Concejo Abierto, se establecía en el art. 43 del Estatuto Municipal.

210 El Estatuto remite a la Ley electoral de 8 de Agosto de 1907 en su art. 52 .: “Los Concejales electivos serán nombrados por el pueblo, con arreglo a los preceptos de la Ley de 8 de Agosto de 1907, salvo las modificaciones contenidas en los artículos siguientes.”

211 Así se recoge en el Estatuto Municipal…, op. cit., artículos 71, 72 y 73.

212 El art 77 establecía que “ en las elecciones para compromisarios sólo podrán tomar parte los miembros de las entidades incluidas en el censo corporativo que tengan veintitrés años cumplidos y figuren como socios desde un año antes, cuando menos. Tendrán derecho a votar en la entidad central o matriz, cualquiera que sea su antigüedad como socios, los que procedan de filiales o sucursales a que hayan pertenecido durante dos años”.

213 Según se recoge en el Estatuto Municipal …, op. cit., art. 94.

214 José Luis Gómez Navarro, El Régimen…, pág. 201.

215 Sobre la definición de competencia, puede consultarse Ramón Parada, Derecho Administrativo II. Organización y empleo público, Madrid 1992, pág. 20.

216 Juan Ignacio Bermejo y Gironés, «Estatuto Municipal: Antecedentes y motivaciones», en Cincuentenario del Estatuto…, op. cit, pág. 87.

217 El art. 152 del Estatuto recoge está afirmación posibilitando, no obstante que contra las resoluciones mencionadas, procederán los recursos consignados en la ley.

218 Así se recoge en el Art. 50 del Estatuto Municipal de 1924.

219 En relación con los conceptos de exclusividad competencial y su inoperatividad, se puede consultar a Juan Ignacio Bermejo y Gironés, «Competencia Municipal», en la Revista de Estudios de la Vida Local número 31, Madrid, Enero-Febrero 1947, pág. 21 y ss.

220 Esta previsión está recogida en los artículos 93 y 195 del Estatuto Municipal de 1924.

221 Se reconocen en los artículos 12 y 13 del Estatuto.

222 Sobre el tema confrontar José Ortiz Díaz, Modalidades y perspectivas del régimen especial de carta, IEAL, Madrid, 1954.

223 José Ortiz Díaz en el artículo «La Variedad local, el Régimen de Carta y las formas gerenciales de gobierno en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo», en. Cincuentenario del Estatuto Municipal …, op. cit., pág 314.

224 José Fariña Jamardo, «La Hacienda Municipal en el Estatuto de Calvo Sotelo», en Cincuentenario del Estatuto ..., op.cit., pág. 569, en donde se reconoce el avance que supone la implantación de un sistema que permitiese dotar a los municipios de ingresos propios y suficientes, desvinculando, en parte, la Hacienda municipal de la estatal.

225 El libro segundo del Estatuto de 1924 se denomina De la Hacienda Municipal y está compuesto de 7 títulos, que abarcaban de los artículos 292 al 585.

226 Las clasificaciones sobre la naturaleza de los ingresos y gastos se mantuvieron en líneas generales, con las adaptaciones propias de los nuevos conceptos y figuras tributarias.

227 Fariña Jamardo, Ibídem, pág. 578.

228 La misma línea argumental se defiende en la exposición de motivos al referirse a las exenciones municipales: “Es misión de la reforma en el porvenir poner remedio a estos defectos, pero aún con ellos, el régimen de exacciones municipales, tal como se regula en el Estatuto, puede sostener, en términos generales, la comparación con cualquier otro de Europa”.

229 Previsión recogida en el Art. 308 del Estatuto Municipal de 1924.

230 La distinción entre presupuesto ordinario y extraordinario se recoge en el artículo 292 y siguientes del Estatuto.

231 Los artículos 295 y 297 del Estatuto Municipal de 1924 establecían esta mayoría para la aprobación de los presupuestos ordinarios.

232 Definición establecida en el artículo 299 del EM.

233 El Estatuto enumera en su art. 298 los gastos que podían ser incluidos en un presupuesto extraordinario, siendo tan extensa su enumeración que podría decirse que podrían incluirse en el concepto todos los gastos de inversión que afectaran a un servicio público.

234 En este sentido se pronuncia Luis Morell Ocaña, «Notas sobre la reforma de la sanidad local de Calvo Sotelo», incluido en los estudios conmemorativos del Cincuentenario del Estatuto…, op. cit., pág. 528.

235 Esta previsión está contenida en el art. 200 del texto normativo y excluye del cómputo los gastos del personal correspondiente a los servicios sanitarios.

236 Se recoge esta obligatoriedad en el art. 1º del Real decreto de 9 de Febrero de 1.925, aunque las extensas previsiones contenidas en el Reglamento Municipal harían estériles las precisiones que correspondían a los Ayuntamientos, que, en todo caso, debían respetar las normas generales de carácter genérico para todo el Estado.

237 La trascripción de lo recogido en el preámbulo del Reglamento Municipal ha sido extraída de Luis Morell Ocaña, «Notas sobre la reforma …»., op.cit., pág. 532.

238 Esta previsión se recoge en el artículo 3 del Reglamento de Sanidad Provincial, de 29 de Octubre de 1925..

239 El art. 209 del texto legal habla de “…más de 15.000 almas...”, utilizando el concepto “alma” como sinónimo de habitante.

240 Recogido textualmente del art. 211 del Estatuto Municipal.

241 El Estatuto recoge de forma expresa en su art. 212.d) la obligatoriedad que los Ayuntamientos tenían de “difundir y ayudar el seguro contra el pedrisco…”.

242 Este relación está contenida en el art. 216 del Estatuto Municipal. Sobre el desarrollo del texto en materia de obras puede verse Paulino Martínez Hernández, «Las obras en el Estatuto Municipal», recogido en Cincuentenario del Estatuto Municipal. Estudios conmemorativos…, op. cit., págs. 589 a 615.

243 En estos términos se manifiesta Jordana de Pozas, «El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo» en La Vida y la obra de José Calvo Sotelo, op. cit., pág. 132.

244 Jordana de Pozas, Ibídem, pág. 133, se refiere a estos hechos en los siguientes términos: “La representación del Gobierno español hubo de sufrir no pocas desatenciones. No se le dió puesto en la mesa presidencial, no obstante acreditar su carácter. Los políticos y profesores belgas, franceses y británicos no querían saber nada de la Dictadura, ni del Gobierno, ni de la obra reconstructiva, ni de España. Un famoso profesor de la Sorbona, ….al pretender yo entregarle la traducción francesa del Estatuto Municipal, me dijo desdeñosamente que “ nada de lo que ocurría en España podía interesar en absoluto”.

245 En Mis Servicios al Estado, op. cit., pág. 34, se refiere Calvo Sotelo a la propaganda que se realizó en toda España para dar a conocer el Estatuto: “Auditorios abigarrados y entusiastas escucharon con respeto y aplaudieron con calor nuestra exposición de las directrices de la reforma, persuadidos de su alcance democrático y anticaciquil. En una palabra, el Estatuto alboreó su vigor bajo los más felices auspicios…”.

246 Los adjetivos utilizados por Calvo Sotelo para definir el Estatuto exceden de la mera retórica “…puliendo la obra que con tanto amor se forjara…”, “ …carta magna de la libertad…”, Mis Servicios…, op. cit., págs. 34 y ss.

247 El diario ABC en los días 23 y 24 de Septiembre de 1924, publica una serie de entrevistas y opiniones dedicadas, en exclusiva a la divulgación e implantación del Estatuto.

248 En este sentido se manifiesta en una entrevista publicada en el diario ABC el día 24 de Septiembre de 1924.

249 Diario ABC de 23 de Septiembre de 1924.

250 “ Con mucho gusto facilitaré a usted cuanto desee saber sobre el asunto, y para ello puede usted avistarse con el Sr. Calvo Sotelo, Director General de Administración Local, que es quien ha trabajado con celo e inteligencia dignos del mayor elogio”, trascrito del diario ABC de 23 de Septiembre de 1924.

251 En el diario ABC de 23 de Septiembre de 1924 se recoge una entrevista en la que se trata de la implantación del Estatuto como si se tratase de una misión esforzada : “-¿Qué efectos ha producido la implantación del Estatuto Municipal?- le preguntamos, -Cada día arraiga más en la vida local y rige plenamente…”.

252 Como ejemplo de esta manera de intervención gubernamental se puede ver el acta correspondiente a la sesión constitutiva en aplicación del EM, del Ayuntamiento de Enfesta (A Coruña), de fecha 30 de Abril de 1924, en el AHU de Santiago de Compostela, Libro de Actas de 1924, pág. 92, en la que continúa como Alcalde, D. Antonio Conde Pazos, que había sido designado el 8 de febrero en sustitución de Manuel Míguez Pérez, que había sido cesado con anterioridad.

253 La disposición final del Estatuto en relación con la suspensión establecía textualmente: “Igualmente quedarán en suspenso todas las disposiciones de esta ley cuya aplicación exija la intervención del Cuerpo electoral, hasta que se apruebe el nuevo censo”, extraído del texto del Estatuto Municipal de 1924.

254 Las normas de aplicación del Estatuto otorgaron a los Gobernadores Civiles la capacidad de designar los Concejales, tanto de elección popular como de elección corporativa, siendo por lo tanto, clave la actuación de los delegados en el proceso de designación, por su cercanía a la actividad municipal. Las normas de aplicación del Estatuto en esta materia, son estudiadas por J.L. Gómez Navarro en El Régimen…, op. cit., pág. 201.

255 Sobre la influencia política que el Estatuto Municipal tuvo en la II República, son de gran interés las intervenciones que recoge Jordana de Pozas, «Calvo Sotelo y el Estatuto Municipal», en Estudios de Administración Local y General. Tomo I, IEAL, Madrid, 1961, pág 522, en donde reproduce las alabanzas sobre el mismo, recogidas del Diario de sesiones de 1935. “ El Estatuto Municipal es lo mejor que hasta ahora se ha hecho”, en palabras del diputado socialista Hermenegildo Casas; “el Estatuto es la obra cumbre que en materia municipal se ha realizado en España”, ratificaban el diputado nacionalista vasco Sr. Irujo, y el propio Cambó, así como declaraciones de buen hacer hacia Calvo Sotelo por su competencia en la redacción del Estatuto.

256 Kelsen, Compendio sistemático de una teoría general del Estado, Barcelona, 1927, págs. 83 y ss.

257 Santi Romano, El Ordenamiento Jurídico, Madrid, 1983.

258 Ramón Martín Mateo, en el trabajo «La garantía institucional de las Autonomías locales», Revista de Estudios de la Vida Local, núm. 208, 1980, págs. 609 y ss.

Sobre el concepto de autonomía y sus aplicaciones pueden consultarse también a Luciano Parejo Alfonso, Garantía Institucional y Autonomía Local, IEAL, Madrid, 1981 ; Ramón Martín Mateo, « El gobierno municipal», en Revista de Estudios de la administración local y autonómica, IEAL, Julio-Septiembre , 1985, págs. 412-430. También se puede consultar Jesús leguina Villa, « La autonomía de municipios y provincias en la nueva Ley básica de régimen local», en Revista de estudios de la administración local…op. cit., pág. 432-439.



259 Ramón Martín Mateo, en «Administración Local y Constitución», Revista de estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 225, 1985, Enero-Marzo, págs. 13-30.

260 Alexis de Tocqueville, La Democracia en América, Vol.. I, Madrid. 1980, pág. 58, aún cuando Tocqueville ve en el amor por la comunidad que resulta de su autoadministración el principio de una mayor unión del ciudadano con la patria y es en ese sentido como concibe a los entes locales, como cuerpos intermedios situados entre el poder democrático absoluto y los individuos.

261 Luciano Parejo Alfonso, «La Autonomía Local en la Constitución» recogido en el manual Tratado de Derecho Municipal, Madrid 1988, pág. 23, en donde se recogen las teorías de M. Bourjol y S. Bodard que defienden que la Administración Local es el resultado de la acumulación de diversos estratos a lo largo de la historia.

262 Luciano Parejo, «La autonomía Local en la Constitución»…op. cit, pág. 24.

263 Luciano Parejo Alfonso, Ibídem, págs. 25-26.

264 Las referencias a un poder sobre asuntos por naturaleza locales o privativos, que integran la vida privada, doméstica o natural de los Entes locales defendido por Henrion de Pansey fueron extraídas de la obra de M. Bourjol y S. Bodar en Droit et libertés des collecivités territoriales, París, 1984, recogido por Luciano Parejo en op. cit., pág. 98.

También pueden confrontarse sobre la autonomía local, los textos de Francisco Sosa Wagner, «Autonomía municipal», en RAP núms. 100-102 vol II. ; Jesús Leguina Villa, «Gobierno municipal y Estado autonómico», RAP, núms.. 100-102, vol III, , Antonio Embid Irujo, «Ordenanzas y reglamentos municipales», en Tratado de derecho Municipal…op. cit. pág. 395 y ss., Jaime Rodríguez-Arana, Autonomías y Administración Pública, Barcelona , 1996, págs. 211-212 y María Teresa Carballeira y Antonio Javier Ferreira Fernández, Plan único de obras y servicios y autonomía local: sentencias de 23 de junio de 1989, REALA, nº 248, 1990, págs. 841-852.



265 Parejo Alfonso, «La autonomía….»…, op. cit., pág. 26.

266 Ramón Parada, Derecho administrativo II Organización y empleo público, Madrid, 1992, pág. 182.

267 Ramón Parada, Ibídem, pág. 182.

268 Faustino Martínez y Mª Teresa Bouzada, «Análisis de la Constitución de Cádiz y el reinado de Fernando VII, Historia de la Administración Local: El Municipio Constitucional del siglo XIX», en Revista Territorios de Galicia, nº 27, septiembre 1999, pág 55.

269 Ramón Parada, Derecho Admnistrativo …, op. cit., pág. 183.

270 Faustino Martínez y Mª Teresa Bouzada, Ibídem, pág. 56.

271 António Cândido Macedo de Oliveira, A Autonomía Municipal: Evoluçao e Significado Actual, Universidad do Minho, Braga, 1988, pág. 109.

272 Antonio Cândido Macedo, Autonomía Municipal: Evoluçao …, op. cit., pág. 109.

273 Jordana de Pozas, Derecho Municipal, op.cit., pág 33.

274 Jordana de Pozas, Ibídem, pág. 35.

275 Jordana de Pozas, Derecho Municipal, op. cit., pág. 37.

276 Jordana de Pozas, Ibídem, pág. 38.

277 Jordana de Pozas, Ibídem, pág. 37.

278 Ramón Parada, Derecho Administrativo II…, op. cit., pág.183.

279 Recogido por António Cândido Macedo de Oliveira en Autonomía Municipal: …, op. cit., pág. 123, citando a Adolfo Posada en Evolución Legislativa del Régimen Local en España (1812-1909), Madrid, 1982, pág. 186.

280 António Cândido Macedo de Oliveira, Ibídem, pág. 123.

281 El art. 9 de la Constitución de 1931 recoge que “todos los municipios de la república serán autónomos, en las materias de su competencia…”, y el art. 137 de la Constitución de 1978 establece que “El estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozarán de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

282 Arts. 4 y 5 del Estatuto Municipal de 1924.

283 Se recoge en el Art. 150 del Estatuto Municipal de 1924.

284 Jordana de Pozas, Derecho Municipal, op. cit., pág. 75.

285 Art. 49 del Estatuto Municipal de 1924.

286 Esta previsión se recogía en el artículo 90 del Estatuto.

287 El artículo 260 del Estatuto Municipal recoge este supuesto, estableciendo que cuando se trate de acueros extraños a su competencia privativa, el Alcalde tendrá la obligación de suspenderlos, bajo su responsabilidad, comunicándolo inmediatamente al Gobernador Civil. “El Gobernador puede recabar del Ayuntamiento la suspensión del acuerdo cuando el Alcalde no la hubiere decretado por sí; pero si la Corporación municipal o el Alcalde desoyeran el requerimiento gubernativo, podrá remitir los antecedentes al tribunal provincial de lo Contencioso-administrativo…”.


288 El art.. 276 del Estatuto decía textualmente : “El gobierno podrá retirar a los Alcaldes todas o parte de las funciones que les corresponden, conforme al art. 195, como delegados del poder central, cuando por quejas de particulares o informes oficiales, o por desobediencia reiterada al cumplimiento de órdenes superiores en materia extraña a la privativa competencia municipal, comprobase concretamente su culpa o ineptitud en el desempeño de la delegación que por ministerio de la ley se les confía.

289 Recogido en los arts. 290 y 291 del Estatuto.

290 Art. 279 y ss. del Estatuto Municipal de 1924.

291 El art. 93 establecía que “En cada Municipio habrá un Alcalde con la doble función de representar al Gobierno y de dirigir la Administración, incumbiéndole en este segundo aspecto presidir el Ayuntamiento y la Comisión municipal permanente y ejecutar sus acuerdos”.

292Así se regulaba en el art. 253 del Estatuto.

293 Manuel Tuñón de Lara, Poder y Sociedad en España 1900-1931, Madrid, 1992, pág. 361.

294 Antonio Cándido Macedo de Oliveira, A Autonomía Municipal …, op. cit., pág. 127.

295 Sobre los diferentes elementos de la autonomía municipal son de interés las aportaciones de Gloria Alarcón García en el texto Autonomía Municipal y Autonomía Financiera, en edición patrocinada por la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia y Cajamurcia, Madrid, 1995, págss 44-45, en donde distingue entre los elementos sustantivos o materiales, los formales y la atribución de medios financieros que vienen a conformar en su conjunto la autonomía municipal.

296 En este sentido son esclarecedoras las órdenes que desde los gobiernos civiles se dieron para la celebración del plebiscito de 1926 o los actos de exaltación del sexto aniversario del régimen en 1929, en donde se comprueba que se remiten telegramas y circulares en las que se ordena una determinada manera de actuar sin dar lugar a ningún margen de maniobra a las Corporaciones Locales. Ver el Capítulo VI dedicado al desarrollo de los Entes Locales en el régimen y la referencia a los documentos que se refieren a los actos mencionados extraídos del AHU de Santiago de Compostela.

297 Son elocuentes los ejemplos que se recogen por José Luis Gómez Navarro en El Régimen…, op. cit., págs. 152 y ss,, en donde se relacionan diversas normas dictadas por el Gobierno al objeto de neutralizar las sentencias de los Tribunales y Juzgados.

298 J. L. Gómez Navarro, Ibídem, pág.156.

299 Un ejemplo de la intervención de la jurisdicción militar en la esfera civil, fue el Bando de 1 de Enero de 1924 dictado por el Teniente General del Ejército, Álvarez del Manzano y Menéndez Valdés, Capitán de la Octava Región Militar, por el que se sometía a la jurisdicción de guerra “por estar declarado el estado de guerra en las distintas provincias de la región por las autoridades superiores”, diversos delitos entre los que se encontraban, los producidos contra la propiedad, contra la libertad en el trabajo, contratación, abandono de destino por los empleados públicos, incendios etc.

300 En este sentido, el Bando de 1 de Enero de 1924 dictado por el Capitán General de la Octava Región Militar, se atribuía, sin otra legitimación que la de su propia autoridad, la supremacía legal sobre cualquier otra disposición, pues el art. 8 del citado bando decía textualmente que “los tribunales del fuero ordinario, continuarán ejerciendo sus funciones y jurisdicción en todo lo que no se oponga a este Bando.”

301 Como ejemplo de este tipo de actuaciones se puede mencionar el acuerdo del Ayuntamiento de Conxo (A Coruña), que en sesión celebrada el 15 de Marzo de 1925, como se desprende del Libro de Actas correspondiente a ese año, páginas 1 a 3, en donde se aplica el Estatuto municipal, apelando al art. 247 y al Reglamento de Secretarios y empleados municipales, para resolver una alegación del Capitán General de la Región Militar en relación con el nombramiento del oficial primero del Ayuntamiento, por entender que correspondía a la junta clasificatoria de destinos civiles de la capitanía la propuesta del nombramiento. El Pleno acuerda desestimar la alegación del Capitán General, por entender la competencia como propia del Ayuntamiento.

302 Los reintegros se efectuaban, en muchas ocasiones, sin rigor contable, sin que se formalizaran los expedientes correspondientes. En el Ayuntamiento de Touro (A Coruña), en fecha 6 de Octubre de mil novecientos veintitrés se constata en el acta correspondiente, que “ Como no existe caja de fondos, requerido por el Sr. Delegado, puso el Depositario D. Antonio García el libro de caja sobre la mesa, resultando del mismo, que en treinta de septiembre último, existía en poder de dicho Depositario, cuatro céntimos, sin que posteriormente se hubiese efectuado operación alguna de ingresos y gastos, levantándose en el libro de actas el oportuno arqueo. De éste resultado quedaron enterados los señores concejales entrantes.”, sin embargo en sesión de fecha 24 de noviembre, el mismo depositario, ahora destituido, hace entrega de mil pesetas “ por cuenta de mayor remanente que ha de entregar al rendir su liquidación final”, sin que se acredite posteriormente dicha liquidación, constatándose una especie de redención, que pone fin a un posible expediente que queda sin efecto. Recogido del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Touro, Libro de actas correspondiente a 1923.

303 El diario ABC de 24 de Septiembre de 1924 en entrevista realizada a Calvo Sotelo, reproduce el resumen de las cantidades devueltas por provincias, cantidades que oscilaban entre las 347.664,74 pts. de Jaen y las 6.079 pts. de Baleares, destacando por su volumen el 1.271.557,19 pts. (sic) de Ourense.

304 En Mis Servicios…, op. cit., pág. 40, Calvo Sotelo cifra en 5.438.311 pts. el montante de los reintegros realizados a fondos municipales por ex-alcaldes y concejales. Teresa Calbet, La Dictadura de Primo de Rivera…,op. cit., cifra la cantidad de los reintegros efectuados en 4.178.470 pesetas.

305 Calvo Sotelo manifiesta en la entrevista publicada en ABC el 24 de Septiembre de 1924 que las condonaciones eran la única manera de acabar de sanear la situación financiera de los Municipios y Provincias.

306 Diario ABC de 24 de Septiembre de 1924.

307 Para Juan Gaya y Busquests, De la Autonomía Municipal, Barcelona, 1933, la autonomía municipal siempre es política, “ porque lo político se extiende a casi todo lo que se dice administrativo”.

308 Calvo Sotelo en Mis Servicios…, op. cit., pág. 22, dice que “el día 12 de Enero de 1924, firmó S.M. el oportuno Decreto-ley”. Otros autores se refieren simplemente a un Real Decreto, cuestión que no tiene transcendencia práctica por la inexistente distinción entre ambas figuras en un régimen en el que no existía principio de división de poderes.

309 G. Márquez, O Goberno Local…, op. cit., pág. 43

310 Calvo Sotelo, Ibídem, pág. 22, se extrañaba de la tardanza en la sustitución de las diputaciones : “Sugerí como primera providencia la disolución de las Diputaciones provinciales, que se tenían en pie después de la remudación de los Ayuntamientos por una inexplicable inercia del Directorio.”.

311 Recogido del Real Decreto de disolución de las Diputaciones provinciales, en Marqués de la Casa Ramos, Dos años de Directorio Militar, Madrid, 1925, también citado por J.L. Gómez Navarro en El Régimen de Primo …, op. cit., pág. 200.

312 Real Decreto de disolución de 12 de Enero de 1924.

313 Márquez Cruz en O Goberno Local …, op. cit., pág. 44, recoge el proceso seguido en la destitución del presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Puig y Cadafalch, nombrándose como sucesor a Alfonso Sala hasta la supresión de la Mancomunidad que se produciría a la entrada en vigor del Estatuto provincial. Con el fin de llevar a cabo los servicios de obras públicas del Estado y la Mancomunidad, se creó por Real Orden de 2 de Octubre de 1924 una comisión en la que estaban representadas ambas partes al objeto de estudiar y redactar unas bases para coordinar las actuaciones conjuntas. Antecedentes que Márquez Cruz atribuye a J.L. Simón Tobalina en El Estado Autonómico y sus matices federales, Madrid, IEAL, 1981.

314 Santos Juliá, Historia de las dos Españas, Madrid, 2004, pág. 177.

315 M.T. González Calbet, La Dictadura …, op. cit.,. pág. 227.

316 Estas prescripciones venían recogidas en la parte dispositiva del RD de 12 de Enero de disolución de las Diputaciones y son transcritas por M.T. González Calbet, Ibídem, pág. 227.

317 Recogido del RD de 12 de Enero de 1924, y textualmente trascrito por José Calvo Sotelo en Mis Servicios…, op. cit., pág. 23.

318 Sobre la composición de la Diputación provincial de Barcelona y de la Mancomunidad Catalana, vid. M.T. Gonzalet Calbet, La Dictadura …, op. cit., págs. 227-228.

319 En la Revista de los Tribunales donde se publica el Estatuto Provincial con prólogo de Calvo Sotelo págs. 1-3, Madrid, 1925.

320 En Revista de los Tribunales, op. cit., pág. 3.

321 Recogido del preámbulo que Magaz y Pers hace en el Estatuto Provincial en la Revista de los Tribunales, op. cit., pág 7.

322 Magaz y Pers en el preámbulo del Estatuto Provincial sin duda redactado por Calvo Sotelo.

323 Definición recogida en el preámbulo del Estatuto Provincial.

324 Así se establece en el Art. 1 del Estatuto Provincial de 1925, en el que se disponía que la provincia era una “circunscripción territorial intermedia entre el Estado y los Municipios”.

325 Art. 1 del Estatuto Provincial.

326 Así se dispone en el Art. 2 del mencionado Decreto que articuló y refundió las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de Julio de 1945 y de 3 de Diciembre de 1953.

Sobre la dimensión administrativa de la Provincia, son interesantes las aportaciones de Ramón Martín Mateo,«Las competencias instrumentales de las administraciones locales» en La Provincia, Barcelona, 1966, págs. 46 y ss. y las referencias que en el mismo texto se hacen por Mariano Baena del Alcázar, «Relaciones entre Provincia y Estado en el aspecto orgánico», págs.63 y ss.; Luis Marqués Carbó, «la Provincia en el mundo», págs. 183 y ss. y Paul Orianne,«Reflexions sur l´evolution des structures provinciales en Belgique», pág.203 y ss..También se ha consultado el texto de Pablo González Mariñas, Las diputaciones provinciales en Galicia: del antiguo Régimen al constitucionalismo, La Coruña, 1978, y en general los documentados estudios de María Teresa Carballeira Rivera sobre la provincia, en especial en colaboración con Luís Mìguez Macho, A Provincia a través da Historia, EGAP, Santiago de Compostela, 1997.



327 La Provincia aparece incluida en el Capítulo II titulado “De la Administración Local“ de la Constitución Española de 1978.

328 Recaredo Fernández de Velasco, «El Estatuto Provincial», incluido en la obra La vida y la obra de José Calvo Sotelo, op.cit., Madrid, 1942.

329 El art. 6 del Estatuto Provincial de 1925 establecía literalmente: “Los Ayuntamientos de una misma provincia podrán acordar la modificación del régimen provincial que establece ésta ley, bien sustituyendo la Diputación por otro u otros organismos, bien alterando su estructura orgánica, administrativa y económica…”.

330 Así se establecía en el Art. 58 del Estatuto Provincial.

331 Esta previsión se recogía en el art. 51 del Estatuto Provincial de 1925.

332 Ver epígrafe III.3.b, de este trabajo en donde se trascribe literalmente el art. 51 del Estatuto Municipal, en donde se recogen las condiciones de los electores.

333 El Estatuto Provincial, Revista de los Tribunales, op. cit., págs. 20-21.

334 El impuesto de cédulas personales se obtenía de la aplicación de tres tarifas aplicables a las rentas del trabajo, contribuciones directas y alquileres, el Estatuto suprimió las cédulas de las madres que tuvieran en su compañía cuatro o más hijos legítimos y redujo la cédula especial del cónyuge al quinto de la del marido (art. 226 y ss. del Estatuto).

335 Art 304 y ss. del Estatuto Provincial de 1925.

336 Esta previsión está recogida del art. 308 del Estatuto Provincial de 1925.

337 Pablo Taboada Moure, Las elites y el poder político. Elecciones provinciales en Pontevedra (1836-1923), Pontevedra, 1987, pág. 109.

338 Pablo Taboada Moure, Las elites y el poder político…, op. cit., pág. 112.

339 Pablo Taboada Moure, Ibídem, pág. 112.

340 Pablo Taboada Moure, Ibídem, págs. 112-113, siguiendo a Gómez Navarro, González Calbet, y Ernesto Portuondo en «Aproximación al estudio de las elites políticas en la Dictadura de Primo» en Cuadernos Económicos de Información Comercial Española nº 10, 1979.

341 Pablo Taboada se refiere a la familia Massó que estaba representada en la diputación provincial por Gaspar Massó García en representación del Distrito de Vigo-Tuy, como Diputado directo y en calidad de propietario.

342 Recogido de las aportaciones que sobre la materia hace Taboada Moure, op. cit., en su estudio sobre la elecciones provinciales en Pontevedra (1836-1923).

343 Taboada Moure, Las elites y el poder político…, op. cit., pág.113.

344 Para Cambó, la disolución de la Mancomunidad catalana, supuso la vuelta al “cuarteamiento provincial” F. Cambó Memorias (1876-1936), Madrid, 1987, pág. 368.

345 F.Cambó, Memorias…, op. cit., pág. 368.

346 Mis Servicios…, op. cit., pág 23.

347 Calvo Sotelo, Mis Servicios …, op. cit., pág. 23.

348 José Calvo Sotelo, Ibídem, pág 23.

349 Extraído del AHU de Santiago de Compostela, Sección Archivo Municipal, Años 1924-1929, expte. nº 1.

350 AHU, op. cit., Expte. nº 1.

351 Extraído de la respuesta que la Diputación de Lugo remite al Alcalde de Santiago sobre la propuesta formulada. AHU, op. cit., expte. nº 1.

352 AHU, op. cit., expte. nº 1.

353 En sesión de 21 de Febrero de 1924 se acordó rogar al Sr. Gobernador Civil “… sea convocada la Diputación a sesión extraordinaria para el 10 de marzo próximo… con el fin de estudiar y resolver los expedientes o asuntos siguientes: estudio del dictamen que presenta la comisión especial designada por la Diputación relativa a la constitución de la mancomunidad de las cuatro provincias gallegas” recogido del Archivo de la Diputación de A Coruña, Libro de Actas año 1924, pág. 100.

354 Calvo Sotelo, en Mis Servicios…, op. cit., pág. 23, se refiere a la reunión diciendo que existieron discrepancias entre los diputados, alguno de los cuales se expresaron “francamente reacios” quedando la idea extramuros a falta de una atmósfera calurosa.

355 Extraído del los antecedentes obrantes en el AHU de Santiago de Compostela en relación con las gestiones llevadas a cabo por el Alcalde para la Constitución de una Mancomunidad Gallega.

356 Así consta en los archivos municipales del Ayuntamiento de Santiago incorporados al AHU

357 José Calvo Sotelo, Mis servicios…, op. cit., pág. 23.

358 Firmaron el manifiesto todas las instituciones con relevancia pública entre otras: El Alcalde de Santiago, Rector Universidad, Vicario capitular, Decanos de las distintas facultades, Directores de instituto y escuelas de oficio, Decano colegio de abogados, Directores de los periódicos locales, el presidente de la Unión Patriótica, etc. El manifiesto consta en toda su integridad en los AHU en la sección de Archivos municipales, expediente nº 19 correspondiente a Santiago de Compostela.

359 “Compostela… ni debe ni quiere apartarse de las demás ciudades, villas y aldeas, a todas las cuales envía en este instante en anhelo ardoroso de su amor fraternal; declara, pues su propósito de convivir con ellos en fortuna y adversidades, de unirse a ellos con identificación absoluta y con ellos laborar constantemente por el bien y la prosperidad de Galicia.” Extraído del manifiesto en AHU, op. cit., expte. nº 19.

360 Extraído del manifiesto de 24 de Febrero de 1927.

361 En el periódico Diario de Galicia en la primera página del día 25 de Febrero de 1927 se trascriben literalmente los acuerdos de la reunión.

362 También consta en el AHU, op. cit., expte. 19.

363 Así se define en los escritos que constan en el AHU de Santiago.

364 No obstante, y teniendo en cuenta las duras palabras que se utilizan con respeto al Presidente de la Diputación de A Coruña, el remitirle el acuerdo se trata de rebajar la tensión incorporando el siguiente texto: “Hacemos todas las salvedades que a su incuestionable honorabilidad corresponden”.

365 En una entrevista publicada en el periódico el Eco de Santiago de fecha 25 de Febrero, en primera página, se transcriben las declaraciones del Presidente de la Diputación de A Coruña, Sr. Tenreiro, sobre la creación de la Mancomunidad para la leprosería en donde manifiesta que para la leprosería no es necesaria la Mancomunidad puesto que solo se precisarían “ locales, terreno y dinero” para su realización.

366 Constan en el AHU los telegramas remitidos desde Madrid sobre las gestiones realizadas, que finalmente, no tendrían el éxito esperado, pues la mancomunidad se constituyó sin la Diputación de A Coruña.

367 En estos términos se pronuncia igualmente Calvo Sotelo en Mis Servicios…, op. cit., pág. 23.

368 Eduardo González Calleja, La España de Primo de Rivera: La modernización autoritaria: 1923-1930, Madrid, 2005, pág. 133.

369 Eduardo González Calleja, Ibídem, pág. 133.

370 José Cazorla, Del Clientelismo Tradicional al Clientelismo de Partido: evolución y carácteristicas, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, 1993, pág. 9.

371 En este sentido y sobre el clientelismo electoral es relevante el libro de M. Martinez Cuadrado, Elecciones y partidos políticos en España 1868-1931, (2 Vols.), Madrid, 1969.

También se consultaron sobre el fenómeno del caciquismo y el clientelismo, las aportaciones de Hamza Alavi, Las clases campesinas y la lealtades primordiales, Barcelona, 1976; Paul Littlewood, «Campesinos, producción y patronazgo» en la revista Agricultura y Sociedad, nº 13, Oct-Dic., 1979, pags. 113-178; Eric J. Hobsbawm, Los campesinos y la política, Barcelona, 1976 ; Robert R. Kaufman, «The Patron-client concept and Macro-Politcs: prospects and problems», en Comparative studies in society and Histori,vol.16, nº 13, June, 1974, págs 284-308; Jesús Contreras, «Estratificación social y relaciones de poder», en Antropología de los puebos deEspaña, Madrid, 1991, págs. 449-519 y Lluis Flaquer, «Vot i carisma. un estudi d´antropología electoral», en Revista de Estudios Electorales, nº7, 1984, págs. 253-276.



372 José Cazorla, Del Clientelismo…. op. cit., pág. 9.

373 J. Romero-Maura, «El caciquismo como Sistema Político» en el volumen coordinado por E. Gellner Patronos y Clientes, Madrid, 1986. También citado por J. Cazorla, op. cit., pág. 9.

374 J. Tusell ha estudiado de forma pormenorizada el fenómeno del caciquismo en Andalucía, destacando: La crisis del caciquismo andaluz (1923-1931), Barcelona, 1977. Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Barcelona, 1986.

375 M.Teresa González Calbet, La Dictadura…, op. cit., pág. 142.

376 Nota recogida por M. Teresa González Calbet, La Dictadura…, op. cit., págs. 142-143, también por José Luis Gómez Navarro en El Régimen…. op. cit., págs. 180-181.

377 Sobre el papel de los gobernadores civiles y delegados gubernativos en los primeros meses de la Dictadura, véase el Capítulo II de este trabajo en el apartado dedicado a la intervención militar de los Ayuntamientos.

378 Según la correspondencia obrante en los archivos del Ayuntamiento de Conxo (A Coruña), y en la actualidad incorporados al AHU de Santiago de Compostela, puede comprobarse esta dependencia directa de los delegados especiales del Gobernador Civil por el escrito -de fecha 2 de Octubre de 1923, registro de entrada nº 696- que éste le remite al Alcalde de dicho Ayuntamiento: “Para comprobar el estado de la administración municipal de ese Ayuntamiento, he acordado designar como delegado especial de mi autoridad, revestido de poderes bastantes para adoptar en el momento las determinaciones que crea conveniente, al Sr. Capitán de la Guardia Civil D. Gumersindo Salinas, que girará visita de inspección a ese Ayuntamiento, examinado documentos practicando arqueos, informaciones y diligencias que crea necesarias, al objeto indicado”… “Lo que comunico a V. a fin de que se preste al referido Delegado los auxilios que precise, esperando que no se pondrán dificultades que habrían de ser corregidas con arreglo al actual estado de guerra.”

379 Los delegados gubernativos se crean por Decreto de 20 de Octubre de 1923.

380 La suspensión se produce por la aprobación del Real Decreto de 9 de Abril de 1924.

381 Trascrito del art. 32 del Estatuto Provincial de 1925.

382 Art. 37 del Estatuto Provincial.

383 El art. 10 del reglamento de 2 de Agosto de 1852 establecía que “Los Gobernadores de la provincia disponen al servicio de la Guardia Civil destinada a la suya respectiva, pero nunca se mezclarán en lo tocante al personal, disciplina y material de movimientos militares para la ejecución del servicio, lo que corresponde exclusivamente a los Jefes y Oficiales del cuerpo”.

384 Recogido en la Revista de los Tribunales, op. cit.,. págs. 61-62, en una de las anotaciones que hace al monográfico sobre el Estatuto Provincial.

385 Según disponía el art. 92 del Estatuto Provincial de 1.925

386 Las atribuciones y deberes de los Gobernadores civiles, están específicamente recogidas en los artículos 37 a 48 del Estatuto Provincial de 1.925.

387 Así lo disponía el art. 281 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de fecha 15 de Setiembre de 1870.

388 Xosé Ramón Barreiro Fernández, «Caciquismo e Funcionariado do século XIX en Galicia» en la ponencia que presentó en el III Simposio de Historia da Administración celebrada en la Escola Galega de Administración Pública los días 6 y 7 de mayo de 1996, pág. 7.

389 Xosé Ramón Barreiro, «Caciquismo y Funcionariado…», op. cit., pág. 7, recoge estas palabras de M. Colmeiro de su manual de Derecho Administrativo Español: “Un gobierno único exige la presencia de una autoridad superior, también única en cada provincia, un representante único de su voluntad, un agente único de la administración y, en suma, si hay un solo Rey, no puede haber sino un solo delegado del poder real en cada unidad administrativa.”

390 Término utilizado para denominar la manipulación electoral de la restauración para la designación de un determinado candidato querido por el Gobierno de turno y que Javier Tusell recoge en «El funcionamiento del sistema caciquil en Andalucía (1890-1931)», en Política y Sociedad en la España del Siglo XX con prólogo y edición de Stanley G. Payne - Javier Tusell, Gerald Meaker, Gabriel Jakson, Edward E. Malefakis, Juan J. Linz y Amando de Miguel, Madrid, 1978, pág. 14.

391 Calvo Sotelo, Mis Servicios…, op. cit., pág. 159.

392 En cuanto a la procedencia, estabilidad en el cargo y relaciones de poder de los gobernadores civiles en esta época véase la investigación de José Luis Gómez Navarro, El Régimen…, op.cit., págs. 179 y ss.

393 Esta forma de concebir la administración se llegó a plasmar de forma efectiva en el art. 1 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de Julio de 1957.

394 De los casos estudiados se desprende que, la Unión Patriótica, es consultada en algunas cuestiones, pero actúa en un segundo plano, sin verdadera capacidad de influencia; por ejemplo para la celebración del plebiscito de 1.926, según se desprende de los datos extraídos del AHU , tantas veces citado.

395 José Luis Gómez Navarro, El Régimen…, op. cit., pág. 204.

396 Calvo Sotelo en Mis Servicios…,op.cit. pág. 24, relata el origen y motivación del Real Decreto, por el que se trataba de reducir el número de sus vocales “procurando excluir los que pudieran encarnar banderías militantes” y dando hegemonía a los funcionarios judiciales, quedando presididas la Juntas Provinciales por el Presidente de la Audiencia respectiva, y las municipales por los jueces de primera instancia cabeza de partido.

397 El Estatuto Municipal y disposiciones complementarias . Biblioteca oficial legislativa. Volumen LV. Madrid 1925, págs. 230-231.

398 Art. 3 de la Real Orden de 24 de Mayo de 1924.

399 Vid. art. 5 de la Real Orden de 24 de Mayo de 1924.

400 Art. único del Real Decreto de 18 de Junio de 1924.

401 Según disponía el Real Decreto de 18 de Junio de 1924.

402 La exposición de motivos del Real Decreto de 18 de Junio dice textualmente: “ Señor: previene el párrafo quinto de la disposición final del Estatuto Municipal que quedarán en suspenso los artículos del mismo que exigen intervención del cuerpo electoral, en tanto no esté confeccionado el nuevo censo.

Parecen comprendidos en este precepto los relativos al referéndum, y así lo entienden algunas Corporaciones municipales que, alarmadas solicitan una aclaración, ya que de prosperar aquel criterio, les resultaría imposible en gran número de casos abordar ciertos problemas, precisamente los de mayor trascendencia pública y social, que exigen para su resolución dispendios considerables.

Por tales razones y ante la indudable conveniencia de no entorpecer la vida municipal en estos instantes en que nobles emulaciones surgidas al amparo de los nuevos preceptos que la regulan, justifican y demandan máxima colaboración y ayuda por parte de los Poderes públicos, el Gobierno somete a la aprobación de V.M. una fórmula que, con carácter transitorio, permitirá prescindir del referéndum en los casos en los que el Estatuto lo establece como obligatorio.”


403 Sobre la jerarquía de las distintas disposiciones legales vid. Diego Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Vol. I, Parte general, Madrid, 1977, págs. 106 y ss., en donde se estudia el tema del ejercicio del poder legislativo por el ejecutivo en relación con el período 1936-1975, por su similitud con el régimen de Primo de Rivera.

404 Sobre la teoría de la jerarquía de las fuentes en el derecho administrativo, puede consultarse entre otros a Fernando Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, Volumen I, parte general, Madrid,1992, pág. 170 y ss. También a Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández en Curso de Derecho Administrativo I, Madrid ,1980.

405 Mis Servicios…op. cit., págs. 24-25.

406 La nota a que se refiere Calvo Sotelo, incluía unos plazos verdaderamente cortos para llevar a cabo la rectificación del censo, proponiendo la publicación de un Real Decreto en el que se establecía el plazo máximo de tres meses para todo el proceso. El Real Decreto no llegó a publicarse aún cuando Calvo Sotelo transcribe la estructura material del mismo como una prueba de su interés e iniciativa en llevar a cabo la polémica rectificación del censo electoral.

407Las diferentes comunicaciones sobre el censo, ponen de relieve que las relaciones entre Calvo Sotelo y Primo de Rivera existían antes de su nombramiento como Director General de Administración que se produce el 23 de Diciembre de 1.923 según se recoge en Mis Servicios…op.cit. págs. 21-29.

408 Así se deduce de una entrevista publicada en el diario ABC en fecha 24 de Septiembre de 1924 en la que se pregunta por los trabajos relativos al censo electoral:

“- Otro asunto que es muy interesante, y del que desea saber algo la opinión, es el que se refiere a la formación del nuevo censo .

- En efecto, es interesantísimo ese problema, que ha sido complemento de la reforma municipal. Los trabajos del censo están avanzadísimos, pudiéndose afirmar que habrá un aumento de más del 50 por 100 de electores. Antes éstos no llegaban a cuatro millones en toda España, pero ahora se repartieron más de ocho millones de boletines, y hay la seguridad de que los electores serán más de seis millones.

...


- ¿Y no se ha intentado realizar en él algún amaño?

-Si; en dos o tres poblaciones, de Levante dos de ellas, se intentaron amaños por la vieja política, pero fueron descubiertos por los dignos funcionarios de estadística.



-Las listas electorales se estarán ya confeccionando.



-Si; pero aún pasarán varios meses antes de que puedan imprimirse……”.

409Extraído del Volumen LV de la Biblioteca Oficial Legislativa, op. cit., pág. 236.

410 RD 25 de Septiembre de 1924 recogido íntegramente en el Volumen LV de la Biblioteca Oficial Legislativa op. cit., págs. 236-237.

411 Biblioteca Oficial legislativa, op. cit.,. pág. 249.

412 Exposición de motivos del Real Decreto de 31 de Octubre de 1924.

413 El art. 5 del Real Decreto de 31 de Octubre de 1924 es expresivo de la celeridad con la que se quería impulsar la formación del censo, pues según el art. 5, “Las Juntas provinciales del censo electoral remitirán, sin demora, el segundo ejemplar de las listas a la Junta municipal respectiva para que sea expuesta públicamente, durante quince días, en los sitios de costumbre.”

414 Gabriel Bascones Gasca, Guía Legislativo de Administración Local, Zaragoza, 1950, pág. 307.

415 Gabriel Bascones Gasca, Ibídem., pág. 307.

416 Bascones Gasca, Guía Legislativa ..., op.cit., pág 307.

417 Recogida en la Real Orden de 30 de Julio de 1926.

418 En la recopilación de normas sobre la formación del censo electoral es esclarecedora la Guía Legislativa de Administración Local, op.cit. de Gabriel Bascones Gasca por su sistemática que permite clarificar cronológicamente la evolución normativa sobre la materia.

419 Bascones Gasca , Ibídem, pág. 307.

420 El General Berenguer tenía el propósito declarado de celebrar elecciones generales antes que las municipales con aplicación de la normativa de vigente en la Restauración, no obstante, los acontecimientos y la propia dinámica del régimen, se impusieron a esa estrategia.

421 En la Revista Historia 16. Año VII- Extra XXIII, Tomo 17, Octubre, 1982, págs. 47-48,Tuñon de Lara y Pierre C. Malerbe, se manifiestan en el sentido de que los estatutos no tuvieron nunca vigencia puesto que el dictador no se atrevió a convocar elecciones mientras no tuvo a su disposición un partido capaz de ganarlas.

422 Ver el capítulo V de este trabajo en donde se resaltan las influencias en las normas posteriores del Estatuto Municipal.

423 Las referencias a la aprobación de los reglamentos están recogidas del Volumen LVII de la Biblioteca Oficial Legislativa, Madrid, 1924, en donde se reproducen íntegramente los textos legales.

424 La recopilación de las disposiciones se ha realizado siguiendo la guía de Bascones Gasca, Biblioteca Oficial Legislativa, op.cit. Volúmenes LV y LVII.

425 El Reglamento es de fecha 23 de agosto de 1924 y de el hace un pormenorizado estudio Antonio Martínez Marín en Funcionarios Locales con Habilitación, Madrid, 1999, págs. 80 y ss.

426 Sobre las funciones y demás características de estos funcionarios municipales son de interés las aportaciones de Julián Carrasco Belinchón contenidas en el articulo «El Estatuto Municipal y la Función Pública Municipal» en la obra colectiva dedicada al Cincuentenario del Estatuto Municipal..., op.cit., págs. 461-478.

427 El texto íntegro de la ley puede consultarse en la obra Estatutos Históricos de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado (1828-1963), Madrid, 1996,según compilación efectuada por Ricardo González Antón.

428 El art. 5 de la ley establecía literalmente que “ Por conveniencia del servicio podrá el Consejo de Ministros acordar discrecionalmente la cesantía o separación de cualquier funcionario o auxiliar, publicando su resolución en la Gaceta y dando cuenta a las Cortes de la medida adoptada..” trascrito de la Ley de bases de 22 de julio de 1.918 .

429 Así lo establece el Estatuto Municipal, en su artículo 247, que no obstante impone el sistema de “oposición en los municipios que sean capitales de provincia, cabezas de partido o tengan más de 4.000 almas”.

430 Según se dispone en el artículo 248 del Estatuto Municipal de 1924.

431 Los artículos 226 y 240 del Estatuto Municipal recogen expresamente estas dos funciones.

432 En el Estatuto se recoge en el artículo 566.

433 Antonio Martínez Marín, en Funcionarios de Habilitación Nacional, op. cit., pág. 80.

434 Se establecían dos categorías de secretarías, exigiéndose a los opositores de municipios de más de 4.000 habitantes y cabezas de partido judicial el título de licenciado en derecho, según establecía el artículo 233 del EM.

435 José Luis Gómez Navarro, El Régimen de Primo de Rivera…, op. cit., pág. 392.

436 Antonio Martínez Marín, Funcionarios…, op. cit., pág. 81.

437 Así lo establecían los artículos 227.2 y 243 del Estatuto Municipal.

438 Antonio Martínez Marín, Funcionarios…, op. cit., pág. 88.

439 Antonio Martínez Marín, Ibídem, pág. 86.

440 Antonio Martínez Marín, Los Funcionarios….., op. cit., pág. 90.

441 Antonio Martínez Marín, Ibídem, pág. 91.

442 Teresa Gonzalet Calbet, LaDictadura de Primo de Rivera…,op.,cit., pág 227.

443 Teresa Gonzalet Calbet, Ibídem, pág. 218, recogiendo palabras de Calvo Sotelo.

444 José L. Gómez Navarro pág 348.

445 Raúl Morodo en Los Orígenes Ideológicos del Franquismo: Acción Española, Madrid, 1985, pág 22, cita al tradicionalismo, el catolicismo social y el conservadurismo maurista como las corrientes doctrinales que prefiguran ideológicamente la Dictadura.

446 En relación con las tendencias ideológicas de la Unión Patriótica, su organización, miembros relevantes de las mismas y la coexistencia de los viejos políticos -en menor medida- con la renovación del personal político, es muy esclarecedor el estudio de J. Gómez Navarro ,El Régimen…,op. cit., en el capítulo V,págs. 207-260.

447 Son muy relevantes las noticias propagandísticas que, sobre el particular, aparecen en la prensa de la época. En el diario ABC de fecha 6 de Setiembre de 1924 y bajo el titular «Dos Mauristas Menos» se anuncia: “Algunos periódicos han publicado la noticia de que el Director General de Administración local, Sr. Calvo Sotelo, y el gobernador civil de Guadalajara, Sr. García Cernuda, han dejado de pertenecer al partido maurista, expresando su adhesión fervorosa a la Unión Patriótica”.

448 En este sentido se pronuncia Raúl Morodo en Los Orígenes Ideológicos…op. cit., pág.29.

449 Raúl Morodo, Ibídem, pág. 29.

450 La reflexión sobre la no conveniencia de la participación de la Lliga en las instituciones la realiza Cambó en Memorias…op.cit., pág.368, en donde manifiesta: “Nuestra colaboración habría supuesto nuestro total desprestigio, probablemente el descalabro de la Lliga, sin que pudiéramos conseguir ,ni que se mejorara el trato que se daba a Cataluña, ni que se dejaran de cometer los errores que llevaron a la Dictadura al final desastroso que como una maldición, llevan en su seno todos los regímenes dictatoriales”.

451 Esta reunión que se llevó a cabo en la Capitanía General es relatada por Cambó en sus Memorias…op. cit., pág 367.

452 Memorias…op. cit. pág.368.

453 En Memorias…, op. cit., pág 368, Cambó manifiesta que él mismo en la Fundació Bernat Metge y en la Fundació Bíblica Catalana amparó a un buen número de catalanistas al objeto de evitar que “ la necesidad les obligara a consagrarse a actividades industriales o mercantiles que les podían haber cortado la vocación y apartado para siempre del servicio y de la cultura catalana”.

454 Justo G. Beramendi y Xosé Manoel Núñez Seixas, O Nacionalismo Galego, Vigo, 1995, págs. 136-138, con traducción propia.

455 Que prometía la desarticulación del caciquismo, el respeto a los idiomas regionales, a la posible supresión de las Diputaciones y una descentralización administrativa siguiendo el modelo de la Mancomunidad Catalana de 1914.

456 La ING (Irmandade Nazonalista Galega), nace de la escisión producida en la IV Asamblea Nacionalista celebrada en Monforte en el año 1921 y fue encabezada por Vicente Risco, según Justo G. Beramendi y Xosé Manoel Núñez Seixas, en O Nacionalismo Galego, op. cit., pág. 131..

457 Justo G. Beramendi y Xosé Manuel Nuñez Seixas, O nacionalismo…, op.cit,. pág. 138.

458 Sobre la ideología del régimen de Primo de Rivera, ver el capítulo VII, en El Régimen…, op.cit., de José Luis Gómez Navarro, págs. 305-352.

459 Sobre la ideología del Estatuto, ver Gonzalez Calbet, La Dictadura…op.cit., págs. 240-243.

460 La creación de la Unión Patriótica se acogió con recelo por Martínez Anido y Calvo Sotelo, que trataron de persuadir a Primo de Rivera de la inconveniencia de su nacimiento. En el estudio preliminar, a la recopilación de trabajos de Calvo Sotelo, El Estado que Queremos, Madrid, 1.958, pág.54, Amalio García-Arias reproduce las impresiones de ambos, “..los partidos políticos, cuando se organizan desde el Poder, y por el Poder, nacen condenados a la infecundidad por falta de savia..”

461 Amalio García Arias en Ibídem., pág.56, expresa claramente las contradicciones: “ El fallo de la U.P. no estaba sólo en la falta de doctrina, en la ausencia de un concreto y definido ideal político, sino también en su falta de realismo.”

462 Javier Tusell, Historia de España en el siglo XX, Madrid 1998, pág. 463.

463 Javier Tusell,Ibídem, pág. 462.

464 Javier Tusell, Historia de España…, op. cit., pág. 464.

465 Amalio García Arias,, El Estado que Queremos…, op. cit., pág. 55..

466 Amalio García Arias, Ibídem, pág. 55, recoge estas palabras citando a Pemán.

467 J.L. Gómez Navarro en El Régimen… op. cit., pág 203.

468 Mis Servicios al Estado…, op .cit., pág. 225.

469 J.L. Gómez Navarro, El Régimen…, op.cit., pág 203 en donde se recogen las palabras de Primo de Rivera y se transcribe igualmente su parecer durante los años 1927 y 1928 en el sentido de que deberían de pertenecer a la Unión Patriótica “…salvo raras excepciones, los Presidentes de Diputaciones y Ayuntamientos”.

470 J.L. Gómez Navarro, El Régimen…, op. cit., pág. 204.

471 Esta referencia es transcrita por J.L. Gómez Navarro, Ibídem, en pág. 204, con remisión a los números correspondientes de la revista Unión Patriótica correspondiente a los años 1927 y 1928.

472 J.L. Gómez Navarro, El Régimen …, op. cit,. págs. 204-205 recoge testimonios en los que los socialistas, en zonas donde tenían influencia, entraron en las Corporaciones Locales, aunque su poder fue muy reducido - alrededor de 40 concejales en toda España-, siendo su papel de mera comparsa, al no formar parte de las comisiones permanentes y no tener capacidad de influencia real.

473 J.L. Gómez Navarro, Ibídem, pág.205.

474 J.L.Gómez Navarro, Ibídem, pág. 206.

475 Tuñón de Lara, Poder y Sociedad en España (1900-1931), Madrid, 1992, pág 304.

476 Tuñón de Lara , Poder y sociedad…,op.cit., pág. 304.

477 J.L. Gómez Navarro, pone de manifiesto la aparición en la vida política de hombres de la burguesía, industrial o agraria, que no formaban parte de la anterior elite política.

478 Manuel Tuñón de Lara, Ibídem, pág. 315.

479 Manuel Tuñón de Lara y Pierre C. Malerbe, Revista Historia 16, Año VII – Extra XXIII, octubre 1982, pág.48.

480 Tuñón de Lara, Poder y Sociedad…, op. cit., pág.308

481 J.L. Gómez Navarro, El Régimenop.cit., pág 347.

482 En la totalidad de los casos estudiados, se confirman los alcaldes al frente de los Ayuntamientos, cesando, no obstante gran parte de los concejales.

483 Las votaciones son secretas y en numerosos supuestos se producen votos en blanco, aunque no se han constatado votos en contra del candidato gubernamental. De las actas de las sesiones estudiadas no siempre se produce la votación por unanimidad.

484 En relación con las diversas disposiciones que se dictaron para la regulación de los delegados gubernativos ver Teresa González Calbet, La Dictadura…op. cit.,.pág. 156.

485 El texto del Real Decreto ha sido extraído del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de La Coruña de 9 de Enero de 1925, nº 6, pág. 21.

486 El Decreto de creación de los delegados gubernativos era de 20 de Octubre de 1923.

487 Exposición de motivos del RD de 30 de Diciembre de 1924.

488 De la exposición de motivos publicada en el BOP de fecha 9 de Enero de 1925.

489 Así se expresa Calvo Sotelo en Mis Servicios…op. cit.,. pág. 28, en la carta que remitió al General Primo de Rivera el 19 de Octubre de 1924 en la que además manifiesta su desazón sobre estos funcionarios: “ … aún aquellos delegados que han realizado buena labor no pueden sustraerse a los influjos locales de los bandos o núcleos con que se compenetraron, resultando así que, al año de vivir en una misma localidad, son ya todo menos una autoridad ajena a sus rencillas personalistas, antes al contrario, actúan en ellas como protagonistas….El orden público está garantizado; los Ayuntamientos marchan con normalidad…Crea usted, mi General, que no exagero nada. Hoy en día, los delegados ocasionan perjuicio moral grande al Directorio….”

490 Los motivos son recogidos en la exposición del Decreto de 30 de Diciembre de 1924.

491 Textualmente de la exposición del Decreto, trascrito del BOP de 9 de Enero de 1925.

492 Exposición de motivos del Real Decreto de 30 de Diciembre de 1924.

493 El RD asignaba a cada provincia un número de delegados, disponiendo en su artículo 2º que se atribuía una más a cargo del Gobernador Civil. El número quedaba sensiblemente reducido, asignándose una media de dos o tres delegaciones por provincia, salvo en Álava, Canarias, Guipúzcoa, que le correspondían una y Badajoz, Barcelona, Burgos, Córdoba, Coruña, Jaén, Málaga, Oviedo, Valencia y Zaragoza, a la que le correspondieron cuatro.

494 En el BOP de 26 de Febrero de 1925, pág. 199, se publica circular del Gobernador Civil Rafael Barón, por la que se determinan los partidos judiciales correspondientes a las cinco delegaciones de la provincia de A Coruña.

495 Art. 3º del RD de 30 de Diciembre de 1924.

496 En Mis Servicios….op. cit., pág.29, Calvo Sotelo, verdadero impulsor de la desaparición de los delegados, relata que éstos quedarían “ a las órdenes directas de los gobernadores, que sin asignarles partido, los emplearán como inspectores o jueces de expedientes administrativos” por aplicación del RD de 20 de Marzo de 1926.

497 De los casos estudiados, la estabilidad es la norma, pues no se produce en ninguna Corporación desde abril de 1924 a enero de 1930 cambios sustanciales, y en todo caso, como mucho, un único cambio de Alcalde por Corporación en todo ese tiempo. A modo de ejemplo: en fecha 12 de Febrero de 1926 de produce la renovación parcial del Ayuntamiento de Enfesta (A Coruña), accediendo al cargo el Sr. Manuel Iribarnegaray, que ostentaba el cargo de primer Teniente de Alcalde que permaneció en el cargo hasta 1930.

498 Extraído del acta de renovación del Ayuntamiento de Enfesta de 12 de Febrero de 1926. AHU, legajo Archivo Municipal. Libro de actas correspondiente a los años 1924-1928, pág.26.

499 Boletín Jurídico Administrativo op. cit., de Martínez Alcubilla, Apéndice legislativo de 1927, pág. 87.

500 Preámbulo de la RO de 4 de febrero de 1927.

501 Texto integro trascrito del Boletín Jurídico-administrativo, op.cit., Apéndice legislativo 1927, pág.87.

502 Gabriel Bascones Gasca, Guía Legislativa…, op.cit.,pág. 40.

503 Las noticias recogidas en el diario ABC de 3 de Septiembre de 1924, mencionan la dimisión del Sr. Alvarez de la Campa como Alcalde y de dieciseis concejales.

504 En el diario ABC de 10 de Septiembre de 1924 se recoge la reseña del Pleno .“ Después de leída la convocatoria, se dio cuenta de las dimisiones, algunas de las cuales han sido redactadas con gran extensión y haciendo apreciaciones acerca de la dimisión del Alcalde. Todas ellas fueron oídas por el Consistorio con indiferencia. Son aceptadas por unanimidad y sin entablarse debate alguno. Terminada la lectura se levantó la sesión”.

505 En el diario ABC de 3 de septiembre de 1924 se anunciaba que el barón de Viver “ se pondrá de acuerdo con el General Losada para el nombramiento de Concejales . Es posible que antes de su elección el Barón de Viver realice un rápido viaje a Madrid”.

506 Diario ABC de 17 de Septiembre de 1924.

507 Diario ABC de 17 de Septiembre de 1924.

508 El Diario ABC de 17 de Septiembre relata recogiendo una noticia de El Noticiero Universal los entresijos de la situación creada: “ Es muy posible que todo esto se manifieste de una manera ostensible en el otro pleno, en el que deben llenarse las Tenencias vacantes para las que se dice que hay nada menos que 18 aspirantes, e indudablemente esto ha de ser una dificultad para el nuevo alcalde, cuya limitación de independencia, a pesar de la unanimidad de la elección, está demostrada por el hecho de haber tenido que celebrar, con intervenciones extrañas, detenidas entrevistas que han precedido a la elección.”

509 También consta que en fecha 26-XII-1925 se nombró a Calvo Sotelo hijo predilecto de Galicia, pero proviniendo la iniciativa de otro Ayuntamiento no se pudo constatar que el homenaje se llevara finalmente a efecto. El oficio remitido por el Alcalde del Ayuntamiento de Villagarcía proponía que el homenaje consistiría en “ un artístico álbum con las firmas de la presidentes y secretarios de la cuatro diputaciones y de los alcaldes y secretarios de todos los Ayuntamientos de Galicia y los de los presidentes de los colegios de secretarios municipales y provinciales ”. Legajo nº 7 del AM 1420, del Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela.

510 Legajo nº 10 , 4 de Febrero de 1925. AHU de Santiago.

511 Corresponde con el legajo nº 13 del Archivo Municipal del AHU de Santiago.

512 Abril- 1925 del AHU, op..cit., legajo nº 12.

513 Año 1926. del AHU, op..cit., legajo nº 15.

514 El expediente se inicia con la circular de 13 de Mayo de 1927 del Presidente del Gobierno General Primo de Rivera, en la que se ordena la a todos los Ayuntamientos de que dispongan lo necesario “… para que puedan firmar en los pliegos o cuadernos cuantos lo deseen, instalando para ello las mesas que consideren precisas en sitio adecuado y cómodo…”, así mismo se solicita de “..las escuelas, somatenes, uniones patrióticas, obreros, exploradores etc. deben acudir formados a los lugares de firma, bien a hacerlo, o bien depositar los pliegos sin que el no poderlo verificar así por cualquier causa implique que no tenga el mismo valor…”. Al mismo tiempo se solicita el donativo de un real para la creación de la ciudad universitaria y hospital clínico, constando un bando del Alcalde, en el que exhorta a mostrar la “ felicitación y adhesión al excelso monarca que nos rige….y acudamos a depositar nuestra pequeña ofrenda para la erección de la ciudad universitaria de Madrid con que D. Alfonso ha querido perpetuar la celebración de este feliz aniversario..”. El modelo de bando es preimpreso, por lo se presupone que había sido el mismo para todos los Ayuntamientos de España. AHU, op.cit., legajo nº 18.

515 Agosto 1.928. del AHU, op.cit.,. legajo nº 23.

516 En este sentido se puede constatar la existencia de bandos y circulares en el Ayuntamiento de Santiago con formatos prediseñados que hacen suponer su utilización masiva como medios de propaganda.

517 En estos términos se expresa el Bando de la Alcaldía de Santiago de Compostela de 9 de Septiembre de 1926, y firmado por el entonces Alcalde José Díaz Varela y Losada. AHU op.cit., legajo 16.

518 Así se deduce de los testimonios obrantes en el AHU de Santiago de Compostela, puesto que las fechas entre las diferentes comunicaciones apenas difieren en unos días.

519 Extraído del Bando de fecha 9 de Septiembre del Alcalde de Santiago, siguiendo las instrucciones del Gobierno Civil, cuyo contenido sería idéntico en los demás Ayuntamientos.

520 “... Será un voto de confianza para el provenir que dé nuevos alientos a los esforzados prohombres sobre quienes pesa la ardua misión de ultimar el actual régimen transitorio y hacer de él, firme y consolidado el nuevo régimen adecuado a la fisonomía del país y las realidades de los tiempos presentes…”, Bando de 9 de Septiembre de 1926 del Alcalde de Santiago.

521 Bando Alcalde de Santiago 9 de Septiembre de 1926

522 En el BOP de La Coruña del 6 de Septiembre de 1926 se publica la circular del Gobierno Civil, en el que se dictaban las órdenes necesarias para la composición de las mesas y demás criterios a seguir en el Plebiscito.

523 La colaboración es solicitada por el Alcalde de Santiago al Jefe de la Unión Patriótica en oficio de 9 de Septiembre de 1926 en donde le hace partícipe de la premura de tiempo en la celebración del plebiscito y la necesidad de cumplimentar los plazos para la efectiva composición de las mesas.

524 Extraído de la circular del Ministerio de la Gobernación a los gobernadores civiles de fecha 8 de Septiembre de 1926 y en la que se comunica la necesidad de procurar el mayor número de adhesiones al plebiscito posible entre los funcionarios y personas ligadas por vínculos de familia.

525 Así se pone de manifiesto en los telegramas cursados por el Alcalde al Gobernador Civil, en la correspondencia obrante en el AHU op. cit., legajo nº 16.

526 La población correspondiente en el año 1920 al núcleo de Santiago de Compostela era de 20.067 personas según Julio Sequeiros, El Desarrollo Económico de Galicia I, Agricultura y Mercado Interior, Santiago, 1986, pág 190, representado el número de adhesiones el 35,9 %, lo que debe computarse como un fracaso, puesto que no se exigía una edad mínima para firmar, y la población considerada corresponde al año 1.920, y aunque no existe un aumento significativo de habitantes durante la década, en 1.930 la población en el mismo entorno considerado era de 22.722 personas.

527 Esta teoría es mantenida por Javier Tusell, en el sentido de que la apariencia pacífica de la vida local, no era sino una manifestación de la estabilidad del caciquismo, sin que existiera un verdadero cambio en las estructuras locales.

528 De la sumisión y dependencia que los Ayuntamientos tuvieron de los gobernadores civiles es buena muestra el siguiente acuerdo adoptado por la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Santiago de Compostela el siete de Diciembre de 1.928:

“Excmo Sr.: La Comisión municipal permanente de este Ayuntamiento de Santiago de Compostela hónrase significando a V.E, la altísima que esta Corporación Municipal, como seguramente todas las de la provincia, sienten hacia quien, como V.E., en el relativamente corto tiempo que al frente de la provincia lleva, ha sabido ya ponerse en íntimo contacto con los pueblos de su mando y compenetrarse de su sentir sacando ya verdadero el anuncio del Sr. Ministro de la Gobernación cuando afirmaba que no tardaría mucho en parecer V.E., recién llegado entonces de las hidalgas provincias Vascongadas, tan gallego como el que más lo fuera de los nacidos de estas tierras.



La exquisita caballerosidad con que, desde el primer día, tratáis a todas las representaciones municipales, sin distinción, y a todos los elementos sociales, elevados o humildes, que a Vos acuden; el cuidadoso afán con que, sin la más muestra de desgana o displicencia, escucháis relatos de las constantes pequeñas y grandes dificultades y conflictos que la gestión de los intereses comunales suscita a los que de ellos estamos encargados y con que procuráis cooperar a vencer las unas y resolver los otros con afectuosa suavidad y digna fortaleza; el cariñoso celo con que desde los primeros momentos habéis tomado sobre Vos la defensa de los pueblos y de un modo especial de los municipios rurales… son motivo más que suficiente para que este Ayuntamiento de Santiago de Compostela, sin esperar un suceso extraordinario, os rinda testimonio de su reconocimiento y respetuoso aprecio por las bellísimas cualidades de caballero y de gobernante de que sin cesar hacéis ostentación en estos cotidianos menesteres que de la vida de los pueblos, más que de sucesos extraordinarios, se teje….” “Dignaos, Excmo. Sr. aceptar este sincero mensaje y con él la plena seguridad de que el Ayuntamiento compostelano siempre y sin vacilaciones estará al lado de V.E. para cooperar a toda obra de armónico progreso de la provincia en su conjunto y en cada uno de los municipios que la integran.”.

529 Shlomo Ben Ami, Los Orígenes de la Segunda República española: Anatomía de una transición, Madrid 1990, págs. 44 y ss.

530 Guillermo Marquez Cruz, O Goberno…, op.cit., pág 47, en donde se recogen las conclusiones de Ben-Ami sobre unas posibles elecciones en las que el General Primo de Rivera se sometiera el plebiscisto popular al objeto de que se manifestara el apoyo de que gozaba, sin embargo “las elecciones era algo que el dictador desdeñaba y desoyó esta posibilidad”.

531 Sobre la idea de Primo de Rivera de volver a retomar la figura de los delegados gubernativos, ver José Calvo Sotelo, Mis Servicios …op.cit., pág. 29.

532 José Calvo Sotelo,Mis Servicios…op.cit., pág. 29.

533 José Calvo Sotelo, Ibídem, pág 29.

534 Con ocasión del 6º aniversario de la Dictadura a celebrar el 13 de Septiembre de 1929, los gobiernos civiles promovieron, a instancias del Gobierno, que los alcaldes remitieran telegramas de adhesión al régimen. AHU de Santiago de Compostela, Sección Archivo Municipal del Ayuntamiento de Santiago, expediente nº 27.

535 Texto del telegrama remitido al Alcalde de Santiago de Compostela por el Gobernador Civil de A Coruña, cuyo contenido fue remitido a sus destinatarios según las órdenes recibidas. No obstante según otro telegrama del Gobernador Civil la fecha de celebración del sexto aniversario del régimen se cambió para el día 15 de Septiembre. AHU de Santiago de Compostela AM, Expediente nº 27.

536 La idea de promulgar una nueva constitución dejó de ser tenida en cuenta por Primo de Rivera a mediados de Diciembre de 1929 según Ben-Ami op.cit.. pág 44, pero en Septiembre, se remitieron telegramas a los alcaldes en el sentido de promover su promulgación siendo relevante el telegrama que les es remitido con motivo de la celebración del sexto aniversario:

“Sírvase comunicar jefe local Unión Patriótica reúna domingo quince comités parroquiales, además de otras personas de significación para expresar ese día adhesión al régimen y necesidad de promulgar nueva ley constitucional como acto previo al envío a Madrid de los telegramas ordenados por este gobierno.”



Texto recogido de AHU op.cit., Expediente nº 27.

537 Texto extraído de Guillermo Márquez Cruz, O Goberno… op. cit., pág. 49, con traducción propia del gallego.

538 En este sentido se pronuncia Francisco Comín en su aportación «La economía española en el período de entreguerras (1919-1935)», en AAVV, La Economía Española en el siglo XX, una Perspectiva Histórica, Barcelona, 1987, pág. 110,en donde hace referencia a autores como Velarde, Malerbe, García Delgado, que hablan del rápido crecimiento de estos años, que podría haber sido mayor –en opinión de García Delegado- de no ser por el intervensionismo y proteccionismo estatal que impidió aprovechar totalmente el ciclo expansivo exterior

539 El índice correspondiente al GNB se calcula por la suma de los índices del consumo privado, consumo público, inversión y exportaciones netas.

540 En el cuadro nº1 puede verse la evolución negativa de las exportaciones en los años 1927-1929, con un pronunciado descenso en el año 1929.

541 Los datos fueron extraídos del texto España, Economía, Madrid, 1989, dirigido por José Luis García Delgado. pág. 643, en la parte V, «Distribución y Utilización de la Renta », capítulo 16 escrito por Julio Alcaide Inchausti y titulado «La Distribución de la Renta».

542 Las cifras pueden cotejarse en el texto de Leandro Prados de Escosura, El Desarrollo Económico español 1800-1930: Una Perspectiva Europea, Santander,Universidad de Cantabria, 1989, pág. 642 ,y correspondiente a la lección inaugural del curso académico 1989-90, pronunciada en el salón de actos de la escuela superior de la marina civil en octubre de 1989.

543 En Economía española… op. cit. pág. 136.

544 Francisco Comín , Ibídem, pág. 136.

545 Extraído de la obra España, Economía, dirigida por José Luis García Delgado, op. cit., pág. 442, correspondiente al capítulo 9 de la Parte III titulado «Aspectos Institucionales y de Organización Económica» realizado por Francisco Comín bajo la referencia «Las Administración Públicas».

546 Con carácter general, entendemos que-primordialmente- el sector primario abarca la agricultura y pesca, el sector secundario la industria y el terciario , el sector servicios.

547 Julio G. Sequeiros Tizón, El Desarrollo Económico en Galicia II, Industrialización y Mercado Interior, Santiago de Compostela, 1986, pág. 281.

548 Julio G. Sequeiros , El desarrollo Económico en Galicia II, op. cit. , pág. 280-281.

549 Por julio Sequeiros se define el nivel de urbanización como aquel que representa el porcentaje de la población total que habita en núcleos de más de 10.000 habitantes, en El desarrollo Económico en Galicia II…, op.cit., pág. 287.

550 Julio G. Sequeiros, Ibídem, pág. 287.

551 En El Desarrollo Económico en Galicia II, op.cit., pág. 287.

552 Se consideran como tales A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo.

553 Julio g. Sequeiros, El Desarrollo Económico en Galicia I …, op. cit., pág. 195.

554 Extraídos del trabajo realizado por Alberto Xosé Pazo Labrador y Xosé Manuel Santos Solla, Poboación e Territorio. As parroquias galegas nos últimos cen anos, Santiago, 1995.

555 El crecimiento de la población en términos generales resulta determinante el proceso migratorio de los entornos rurales a los urbanos.

556 Sobre la modernización y su influencia en el desarrrollo político en general, ver Teresa Carnero Arbat ( ed.), Modernización, desarrollo político y cambio social, Madrid, 1992, y en especial y dentro de la misma obra a Samuel P.Huntington, «Desarrollo político y deterioro político», págs. 169-220.

557 Manuel Tuñón de Lara, La II República, vol.1, Madrid, 1976, págs. 1 y ss.

558 Manuel Tuñón de Lara, Ibídem, pág.1

559 José Calvo Sotelo, Mis Servicios…, op. cit. pág. 41, hace una reflexión sobre la utilización del crédito en el ámbito local durante la época de la Dictadura, llegando a la conclusión de que fueron más los beneficios que el sistema reportó a las arcas municipales que los perjuicios, sobre todo cuando su aplicación se llevó a cabo para financiar inversiones públicas.

560 El cuadro ha sito extraído del estado-resumen de la situación de los Ayuntamientos de régimen común durante el período de 1 de octubre de 1923 a 31 de Diciembre de 1928 recogido por J. Calvo Sotelo en Mis Servicios al Estado, op cit.,. pág. 40 y con elaboración propia.

561 El reglamento de Hacienda Municipal se aprobó por Real Decreto de 22 de agosto de 1924, y en el mismo se preveía la posibilidad de crear las bases para la constitución de un Banco de Crédito Comunal. J. Calvo Sotelo en Mis Servicios… op. cit. pág. 42, refiere como se llegó a la creación del instituto financiero expresando que el Directorio Militar optó por crear un banco estrictamente privado en oposición a su postura, que creía más oportuna la creación de un banco oficial del Estado con aportación así mismo de las Corporaciones Locales.

562 En el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, se aprueba en el Pleno de fecha 20 de noviembre de 1926, el convenio con el Banco de Crédito Local de España para la terminación de las obras de abastecimiento de agua potable y reforma y ampliación del alcantarillado de la ciudad. Extraído del libro de actas correspondiente al año 1926 del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

563 Este criterio es recogido por Ramón Tamames y Xavier Casals en Miguel Primo de Rivera, Barcelona , 2005, pág. 90.

564 En este mismo sentido se pronuncia Francisco Comín en España, Economía…op.cit., pág. 138, refiriéndose también al cambio del primer bienio al Bienio negro durante la II República, notando una mayor diferencia en esos cambios, que en el global producido de la Dictadura a la República.

565 Mis servicios ...op.cit., pág. 39.

566 El Ayuntamiento de Barcelona estaba endeudado en 461 millones, el de Madrid en 127, 30 millones correspondían al Ayuntamiento de Sevilla , el de A Coruña 18. El Ayuntamiento de Bilbao había emitido deuda por valor de 48,5 millones de pesetas, en Guipúzcoa la totalidad de la deuda ascendía a 20 millones. De la totalidad de la deuda más de la mitad correspondía al Ayuntamiento de Barcelona y media docena de municipios absorbían la casi totalidad de la deuda en curso. Los pequeños y medianos municipios no apelaban a la deuda como medio de financiación. Datos extraídos de Mis Servicios… op. cit., pág. 39.

567 Mis Servicios …op.cit., pág. 43.

568 Estas deducciones están extraídas de Mis servicios…,op. cit. pág 40

569 En Avance de las Provincias españolas en el quinquenio 1923-1928, tomo VII, La Coruña, 1929, pág. 112ª 138, en donde se pormenorizan las obras realizadas en los correspondientes Ayuntamientos: Coruña, 5.672,402,29 pts; Santiago de Compostela, 1.675,321,30 pts; Ferrol, 2.926.841,907 pts; Abegondo, 25.221 pts; Aranga, 23.385,91 pts; Ares, 29.849,93 pts; Arteixo, 65.791,75 pts; Arzúa, 3.850 pts; Bergondo, 50.783,35 pts; Betanzos, 313.967,23 pts; Boiro, 21.275,34 pts; Buján, 6.831,50 pts; Cabana, 12.116,05 pts; Cabañas, 15.572,99 pts; Camariñas, 11.173 pts; Cambre, 6.373,01 pts; Carballo, 310.380,76 pts; Carnota, 12.350 ptas; Cee, 60.166,39 pts; Cedeira, 128.730,44 pts; Cerceda, 1.625 pts; Cerdido, 8.400; Cesuras, 49.825,06 pts; Corcubión, 4.381,20 pts; Curtis, 40.594,99 pts; Fene, 8.656,20 pts; Finisterre, 17.323,15 pts; Frades, 2.470 pts; Laracha, 23.799,76 pts; Lousame, 19.038,60 pts; Malpica de Bergantiños, 27.165,23 pts; Mañón, 18.001,25 pts; Mazaricos, 35.450 pts; Mellid, 19.662,41 ptas; Miño, 19.648,48 pts; Monfero, 3.750 pts; Mugardos, 104.393,27 pts; muxía, 62.698,38 pts; Narón, 47.914,30 pts; Neda, 27.661,86 pts; Negreira, 81.330,33 pts; Noya, 160.403,94 pts; Oleiros, 64.571,73 pts; Outes, 30.709,88 pts; Ordenes, 9.510 pts; oza de los Ríos, 34.563,36 pts, Paderne, 4.232 pts; Puebla del Caramiñal, 44.717,68 pts; Ponteceso, 41.475,34 pts; Puentedeume, 74.147 ptas; Puentes, 11.800 pts; Rianjo, 18.834,84 pts; Riveira, 150.189,47 pts; Rois, 29.255,71 pts; Sada, 90.250 pts; San Saturnino, 12.763 pts; Santa Comba, 36.527,70 pts; Serantes, 17.960,40 pts; Sobrado, 10.488 pts; Puerto del Son, 21.974,48 pts; Teo, 57.876 pts; Touro, 5.364,73 pts; Trazo, 4.675pts; Villarmayor, 10.860,25 pts; Vimianzo, 23.319,73 pts; Zas, 8.060 pts.

570 Avance de las Provincias ..., Op. Cit., Pág. 138

571 Los datos fueron extraídos de los acuerdos plenarios correspondientes a cada año de los libros de actas y libros presupuestarios obrantes en el Archivo Municipal del Ayuntamiento y del Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela.

572 En La Vida y la Obra , op. cit.…, pág. 134, se trascriben las alabanzas que se realizan al Estatuto en las Cortes republicanas.

573 Los datos sobre el volumen de inversión en obras municipales fueron recopilados de los expedientes de los presupuestos municipales de cada año correspondientes al Ayuntamiento de Santiago de Compostela y de los libros de actas de cada ejercicio, siendo de elaboración propia los cuadros que se transcriben. Durante los años 1912 a 1924 no se contabilizan prácticamente inversiones en obras de nueva construcción, salvo en el ejercicio de 1922 en que se contabilizan 950.000 pesetas para la gran obra prevista de traída de aguas y alcantarillado, que terminará por realizarse durante el Régimen de Primo de Rivera. Las cantidades que se transcriben corresponden a obras menores y se imputaban al Capítulo VI del presupuesto de gastos. Del año 1924 en adelante las inversiones en obras públicas se contabilizan en el capítulo XI, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Municipal.

574 José Fariña Jamardo, « La Hacienda Municipal en el Estatuto de Calvo Sotelo», en El Cincuentenario del Estatuto Municipall, op. cit., pág. 570.

575 El cuadro nº 8 fue extraído de la obra Avance de las Provincias españolas en el quinquenio 1923-1928, volumen VII, pág. 24, en donde se reflejan las distintas cantidades invertidas en obras y que fue presentado como una obra que ensalzaba los logros de la Dictadura en materia de inversiones en las distintas áreas de acción de gobierno. Aún cuando los datos se refieren al quinquenio 1923-1928 se recogen también los correspondientes al año 1929, véanse a esos efectos las páginas 24 a 29.

576 Datos extraídos de la obra Avance de las provincias españolas 1923-1928, op. cit., pág. 26.

577 Los datos constan resumidos en Avance de las provincias…, Volumen VII, pág. 29.

578 Avance de las provincias ...,op. cit., pág. 33.

579 En Avance de las provincias .... pág. 63, se recogen los datos referentes al número de oficinas creadas constatándose que hasta 1923 existían 927 oficinas, y en 1928 el número de oficinas de correos autorizadas era de 1.163.




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