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Jurisprudencia



JURISPRUDENCIA

Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Empresas subordinadas o relacionadas. Actividad específica propia. Personal de limpieza. Extensión de la condena a la empresa donde el trabajador prestaba efectivamente servicios. Procedencia. Cachi Ester c/La Albertina S.A. y Otro s/despido, C.N.A.T., Sala VI, 21/9/04.

El doctor Rodolfo Ernesto Capón Filas dijo:

I. La apelación de la actora debe resolverse:

A. Elementos.

1. La sentencia reconoce que la actora prestó servicios para FlechaBus pero no condena a esta empresa por aplicación del caso “Rodríguez” y otros de la Corte y por otra sentencia de la Sala III.

2. Sin dudas, Borges pensaría que el derecho en nuestro país añade a la Biblia un tercer Testamento: el del precedente judicial, como si funcionara en estas lejanas playas del Sur el “common law”.

Pero esta lectura, que parece ser la de la sentencia recurrida colisiona con un conocimiento adquirido y arraigado en el subconsciente jurídico: desde siempre se sabe que los precedentes de la Corte no son obligatorios porque no es Tribunal de casación y que las sentencias de otras Salas tampoco, por no revestir de autoridad de cosa juzgada.

3. Siendo así y habiendo prestado la actora tareas de limpieza para FlechaBus S.R.L., cabe extenderle la condena, por las siguientes razones: “Actividad normal y específica propia” de un “establecimiento” o “explotación” pudo haberse entendido de un modo en una economía cerrada y pretendidamente autárquica, y debiera entenderse de otro, más amplio, en una economía abierta, competitiva, dentro de la “aldea planetaria” y de la economía globalizada, en la que la estampida de unos elefantes africanos desata tempestades en el Caribe, Roma o Frankfurt. Este “gran angular” de la realidad mundial permite captar todos los detalles en juego, no sólo los inmediatos. Esta diferencia de enfoque (entre tradicional y sistémico)) tal vez explique las distintas interpretaciones que respecto de R.C.T. art. 30 se manifiestan en esta Cámara y que la Corte Suprema ha intentado aquietar mediante “Rodríguez, Juan R. c/Companía Embotelladora Argentina S.A. y Otro”.

La expresión utilizada por la Corte, en plena dictadura del Mercado (“establecer un quietus”), excede todo régimen normativo y semeja un “Ukase” imperial, al estilo de que le impone a la misma Corte el Fondo Monetario Internacional (cr. Esperan un aval de la Corte por el corralito, en “Clarín”, 1/7/02). “Actividad normal y específica propia” en una economía cerrada tal vez pudo interpretarse como lo hace la Corte “tareas propias” del establecimiento o de la explotación, dejando afuera, otras, que, si bien importan, no son propias. Al contrario, en una economía abierta y competitiva deben ubicarse las tareas del establecimiento o explotación dentro del segmento económico marco (“actividad”) en el que la empresa se desarrolla, por lo que, por ejemplo, podrá dedicar cinco de sus establecimientos a la actividad extractiva, tres a la actividad comercial, uno a la actividad financiera, dispersando los factores de riesgo para superar las crisis recurrentes del sistema mundial. En la economía cerrada “actividad normal y específica propia” fue interpretado, palabras más – palabras menos, como “tareas propias”.

En la economía abierta, debe interpretarse como actividad o segmento económico en que operan los diversos establecimientos y explotaciones de una empresa: de ahí que el vocablo “propia” vincule establecimiento/explotación con segmento o actividad económica. Ubicado el segmento en que se desenvuelve el establecimiento, se podrá n definir las tareas (“trabajos o servicios correspondientes”, en términos de R.C.T. art. 30). Planteado así el tema, en el establecimiento existen diversas tareas, esenciales unas, conducentes otras. Estas últimas de ninguna manera son prescindibles ya que, si no se realizaran, al corto tiempo sería imposible concretar las primeras, lo que muestra que su existencia condiciona la de la empresa. Mientras las tareas esenciales la definen, las conducentes la condicionan, por lo que ambas son importantes, deben ser atendidas por igual y responsabilizan de idéntico modo a la empresa. Tal vez un ejemplo ayude a entender el tema: una empresa, modelo de eficiencia, abarca varias actividades económicas en el mercado.

Dedica un establecimiento a la extracción minera, otro a la comercialización de máquinas herramientas, un tercero a atender los juegos de la Bolsa. Deriva a otra empresa la tarea de vigilancia y limpieza de todos los locales y oficinas. Sorpresivamente, un cambio legislativo prohíbe la existencia de empresas dedicadas a la limpieza o vigilancia de establecimientos de otras. ¿Alguien duda que la basura y los ladrones impedirán las tareas esenciales de los tres, establecimientos? ¿Alguien duda que la empresa, modelo de eficiencia, incorporará trabajadores a su plantel, unos para que limpien, otros para que vigilen, ya que tales tareas son necesarias a su objetivo empresario?

4. Debe dejarse fuera de la decisión a Deruder Hnos. S.R.L., por no haber sido demandado.

5. Cabe confirmar el rechazo de las asignaciones familiares de agosto y setiembre por no haber cuestionado la sentencia con razones objetivas.

6. Deben adicionarse a la condena las indemnizaciones previstas en R.C.T. art. 80 y 132 bis porque el Dto. 146/01, utilizado por la senora jueza para rechazarlas, carece de efectos retroactivos.

B. Decisión.

CORRESPONDE:

1. Receptar parcialmente la apelación de la actora y extender la condena a FlechaBus S.R.L., con imposición de costas en ambas instancias.

2. Añadir a la condena las indemnizaciones previstas en R.C.T. art. 80 y 132 bis.

3. Imponer las costas de Alzada a FlechaBus S.R.L.

4. Sobre los honorarios de primera instancia regular los de segunda en el 35% para la letrada de la actora y en el 25% para el letrado del demandado.

II. Así voto.

El doctor Juan Carlos Fernández Madrid dijo:

Que adhiere al voto que antecede.

En atención al resultado del presente acuerdo,

EL TRIBUNAL
RESUELVE:

I. Modificar la sentencia apelada y extender la condena a FlechaBus S.R.L. con imposición de costas en ambas instancias.

II. Anadir a la condena las indemnizaciones previstas en R.C.T. art. 80 y 132 bis.

III. Imponer las costas de Alzada a FlechaBus S.R.L..

IV. Regular los honorarios de segunda instancia en el 35% para la letrada de la actora y en el 25% para el letrado del demandado respectivamente sobre lo regulado en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese y vuelvan



Capon Filas y Fernández Madrid

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