• Concertación y Consenso

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    Juan Carlos Herrera




    Concertación Social

    Por Juan Carlos Herrera

    La palabra concertación ha vuelto a resonar en el discurso político, proyectada como un eje estratégico en la agenda de gobierno. La Presidenta Cristina Fernández, en una clara definición del rumbo programado de construcción de consensos, había afirmado durante la campaña electoral: “La concertación es el resultado de una reflexión, de un análisis de las cosas que nos han pasado a los argentinos”. De esta manera, había señalado que la concertación no es un nuevo punto de partida sino la recuperación de un proyecto nacional que deberá comprenderse en las claves del nuevo contexto, que plantea un modelo de desarrollo integrado con inclusión social.

    Con mayor precisión, a Presidenta había manifestado que la nueva etapa del proceso iniciado con la recuperación económica y social después de la crisis del 2001, requiere de la conformación de la nueva institucional/dad, el desarrollo de un modelo de acumulación con inclusión social y el inicio de una planificación federal Estos objetivos, sintetizan los cambios necesarios en las principales dimensiones que constituyen la problemática nacional.

    La idea de la concertación, como tal, no es nueva en el discurso político ni en el imaginario colectivo de los argentinos. En repetidas oportunidades ha caracterizado plataformas electorales y programas de gobierno, cuyos resultados, a veces, dejaron una sensación de fracaso. Es la historia de los acuerdos y pactos en el terreno económico y social, como así también, de coaliciones políticas que buscaban asegurar la gobernabilidad de los procesos democráticos aunque no siempre fueron más allá de la voluntad política de quienes lideraban aquellos procesos históricos.

    Desde las experiencias de concertación en los años cincuenta, hasta el Pacto Social en 1973, sin olvidar acuerdos económicos y sociales que sirvieron de contención a las presiones desestabilizadoras de la economía; así como también, alianzas. políticas que facilitaron transiciones democráticas, la Argentina registra una larga historia de encuentros y desencuentros que es necesario evaluar para renovar los objetivos de un proyecto nacional en el siglo XXI.

    Las experiencias de concertación recogen opiniones y juicios contradictorios. A los progresos en el terreno de los derechos sociales y al afianzamiento de prácticas participativas que expandieron las expectativas democráticas, se le opusieron sistemáticamente los intereses del poder económico concentrado. Sus representantes gestionaron el endeudamiento externo, las políticas de ajuste fiscal, el desaliento de la producción industrial y la dominancia de la especulación financiera. En este marco, no faltaron las rupturas del orden constitucional ni el atropello a los derechos y libertades públicas. En consecuencia, la idea y la práctica de la concertación se ofrece como una posibilidad de superar los dilemas ideológicos, mediante la convergencia de voluntades que se reconozcan en las disidencias y puedan construir una instancia donde todos ganen o pierdan menos que persistiendo en el conflicto. Las concertaciones son de naturaleza compleja y de trayectoria incierta, pues no son el resultado de las semejanzas sino de las diferencias.


    Es preciso resignificar la idea y la práctica de la concertación, desde una perspectiva realista que aprenda de los errores del pasado y confíe en las posibilidades del futuro; para ello, hay que tener en cuenta el escenario de post crisis en el que aun nos encontramos, explorar en las nuevas posibilidades y restricciones que ofrece un escenario de sostenido crecimiento económico, con expectativas y demandas crecientes por mayor equidad social y mejor distribución de la riqueza.
    Para ello, hay que asumir la creciente implicancia entre los órdenes: político, económico y social. También identificar e incorporar a los actores sociales surgidos de la crisis y las nuevas prácticas de los actores tradicionales que buscan mejorar sus posiciones en el marco de relaciones que equilibra los intereses del Estado, la Sociedad y el Mercado. Es necesario que el Estado se perfeccione en su rol institucional de regulación del proceso económico y también que facilite el cumplimiento de los objetivos estratégicos que le cabe a la conducción del gobierno.

    La crisis del 2001 determinó cambios irreversibles que es preciso reconocer para adecuar las políticas al nuevo escenario que plantea la realidad argentina. En primer lugar, descubrimos que, a diferencia del dogma pretendido por el “pensamiento único”, el mercado no lo es todo, más aun, el mercado no regulado por el interés público es la principal fuente de inequidad social y debilitamiento de la capacidad soberana del país para decidir en función de los intereses nacionales. También, aprendimos que el Estado no es autosuficiente para controlar la dinámica de los procesos económicos, si no convergen las organizaciones de la sociedad en defensa de sus propios intereses.

    La idea del Pacto Social, en nuestra realidad, debe reparar en el difícil equilibrio que debe fijarse en torno a la productividad sistémica de la economía, donde el peso mayor no puede recaer en la productividad del factor trabajo, en un marco de relaciones laborales que aun adolece del trabajo precario, la subocupación y empleos marginales. Es inadmisible que persistan modos primitivos de acumulación coexistiendo con la economía y la sociedad del conocimiento en el siglo XXI. La productividad sistémica, en consecuencia, debe acentuarse especto del Capital y de la convergencia de otros procesos de cambio tecnológico, de reconversión industrial y eslabonamiento en cadenas de agregación de valor que acrecienten la competitividad sistémica de la economía argentina. También debe contemplar la formación del mercado de consumo, la necesidad de preservar la capacidad adquisitiva del ingreso y del acceso a los servicios públicos o de finalidad pública.

    La concertación, es una especie de acuerdo social el cual, los tres protagonistas principales de la vida económica (estado, empleadores y trabajadores) conciertan sus voluntades para enfrentar situaciones críticas. Sobre esta base, extendemos el significado del



    término a la dimensión política, en la medida que supone un compromiso de los actores políticos orientado a la construcción de los consensos, para transformar los conflictos en procesos de cooperación. El consenso no significa unanimidad, sino acuerdos explícitos sobre valores y fines, manteniendo las disidencias en el nivel de los medios. Podemos enunciar tres tipos de consenso; consenso respecto de los valores, respecto de los procedimientos y finalmente, consenso sobre el gobierna El segundo tiene que ver con el cómo se toman las decisiones y el tercero, con quién o quiénes toman las decisiones.
    La historia muestra que los actores políticos en Argentina, arriban con cierta facilidad a los consensos en torno a valores, sobretodo en contextos de crisis, pero se dificulta su continuidad en el nivel de los procedimientos y de quién toma las decisiones. Un aspecto central está dado por la crisis de los partidos y del sistema de mediación política. Los partidos han perdido su carácter de estructuras de disciplina para confundirse en coaliciones inestables que reflejan las variaciones de las preferencias sociales y políticas del electorado. Los desajustes entre las demandas y los modos de representarlas, generan mayor desconfianza en la dirigencia y en la práctica política. En este marco, la agenda social desafía con nuevos temas y nuevos actores a la capacidad del poder político. El nuevo rol de los partidos no es sólo representar sino participar en la dirección de los procesos de cambio.
    Concertación y Consenso, dos términos para significar la necesidad de promover una nueva cultura política que reconozca el valor del diálogo y de la negociación, como los ejes metodológicos para la construcción de acuerdos sustentables que otorguen mayor legitimidad a las políticas públicas. Las condiciones son óptimas y la voluntad política se ha hecho explícita.

    Las expectativas de la sociedad estarán puestas en la tarea de acompañar una gestión de gobierno que haga de la política el modo de alcanzar la cooperación para una sociedad más inclusiva.

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