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Instituto de Economía Energética


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4 - Las externalidades
Dentro de la teoría económica neoclásica las externalidades son concebidas como “productos” que se derivan de las actividades de producción o consumo y que se transfieren a otros actores económicos sin que medie transacción alguna en el mercado. Esos “productos”, tales como la polución ambiental, son externos a las transacciones normales del mercado pero pueden implicar costos (beneficios) o pérdidas (mejoras) de bienestar para ciertos actores o para la sociedad en su conjunto. De acuerdo con este enfoque, las externalidades podrían definirse de la siguiente manera: (18)
Definición : Una externalidad constituye un conjunto de “productos” ofertados por un determinado agente (de producción o consumo) a otros actores económicos en ausencia de cualquier tipo de transacción de mercado.
Esta definición pretende remarcar el hecho de la no existencia de negociación alguna entre el oferente y el o los receptores. Esa ausencia de transacciones entre agentes económicos hace que los mecanismos de mercado sean incapaces de orientar la asignación de tales “productos”, del mismo modo que lo hacen con las otras mercancias y recursos productivos, de acuerdo con el modelo teórico neoclásico de equilibrio general.
Consecuentemente, en presencia de externalidades los mecanismos de mercados no habrán de conducir a una asignación eficiente de los recursos, aun cuando estén dadas todas las demás condiciones requeridas para alcanzar una situación de óptimo de Pareto. Las externalidades provocan una divergencia entre los costos (beneficios) privados y los costos (beneficios) sociales.
Un claro ejemplo de ello podría ser el siguiente: una empresa contamina las aguas de un río como consecuencia de su actividad productiva; aguas abajo, ese río es utilizado para la provisión de agua a un centro urbano, requiriéndole a la comunidad (Municipio) un costoso proceso de potabilización a fin de eliminar los efectos de aquella acción de contaminación. Tal como puede observarse, no existe entre la empresa contaminadora y la comunidad afectada ningún tipo de transacción que se vincule con la acción de contaminación; de este modo, la mencionada empresa no incorpora a sus costos privados de producción la pérdida de calidad del agua pero, esa pérdida forma necesariamente parte de los costos sociales (que en última instancia deben pagar los integrantes de la comunidad del centro urbano bajo la forma de costos de repotabilización) de dicha actividad productiva.
Si se supone que la empresa contaminadora maximiza su beneficio ofertando una cantidad X0 del producto A en un mercado de competencia perfecta, resulta claro que si por alguna razón debiera asumir los costos de evitar o reparar la acción de contaminación ofertaría una menor cantidad que X0 ya que su costo marginal sería mayor.
En efecto, sea
(1) C(X) = a + X2

la función de costos de la empresa en el caso en su acción de contaminación sea simplemente una externalidad, y sea P = $ 100 el precio de mercado del bien producido por la empresa. En tal caso el Costo Marginal de producción sería CMg = 2X, y el nivel de producción que le reportaría el máximo beneficio X0 = 50


Si se admite además que el valor de la externalidad (negativa) producida por la empresa fuera de $ 20 por unidad de producción y que se aplica a dicha empresa un impuesto equivalente a dicho valor, la nueva función de costo total será
(2) C(X) = a + X2 + 20X
con lo que el CMg = 2X + 20 y la cantidad de producción que le reportaría el máximo beneficio sería X1 = 40 < X0.
Obsérvese que, si la valuación de la externalidad fuera correcta (o equivaliera exactamente al costo requerido para devolver al agua el grado de pureza previo la contaminación de la empresa), la recaudación de aquel impuesto alcanzaría exactamente para subsidiar al municipio afectado por el total del costo de descontaminación.

Tal como puede deducirse del ejemplo, la intervención reguladora bajo la forma de un impuesto permitió la equiparación de los costos privados y sociales, logrando así una mejora en la asignación de los recursos. Esa acción reguladora permitió “internalizar” los efectos de la externalidad producida por la mencionada empresa. A su vez, el monto recaudado con dicho impuesto permitió compensar a la comunidad afectada por medio de un subsidio equivalente al costo ocasionado por la contaminación.


Este tipo de enfoque de regulación tendiente a remediar o mitigar las “fallas del mercado” ocasionadas por las externalidades (impuestos y subsidios) es propio del enfoque tradicional de la Teoría Económica del Bienestar (19). Dentro de los enfoques más recientes se pretende evitar esa intervención reguladora mediante un rol más abarcativo de los mecanismos de mercado: la creación de los mercados faltantes para los “productos“ vinculados con las externalidades (Vgr. las emisiones de CO2 ). Tal como se ha expresado en la introducción, de acuerdo con Coase (1960), las razones principales de la ausencia de transacciones de mercado vinculadas con las externalidades son la falta de derechos de propiedad bien definidos y la existencia de costos de transacción; si tales dificultades pudieran ser removidas los “productos” vinculados con las externalidades podrían transarse en mercados previamente faltantes.
El modelo neoclásico de equilibrio general parte como es sabido (aunque no suficientemente explicitado en los libros de texto) de un conjunto de datos que no forman parte del objeto de estudio de la teoría: las preferencias de los consumidores, las tecnologías disponibles, la dotación de los recursos productivos (factores de producción) y la distribución de los derechos de propiedad sobre tales recursos (es decir las dotaciones iniciales en manos de los componentes de la sociedad). La clara definición de esos derechos de propiedad resulta esencial para la existencia de los mercados de bienes y recursos; aquellos recursos cuya propiedad no está especificada no pueden ser pasibles de transacción en un mercado ya que ningún actor se podría convertir en un legítimo vendedor de los mismos.
De este modo aquellos recursos o elementos del medio ambiente natural que forman parte del “patrimonio común” de una comunidad (local o universal) no podrán formar parte de las transacciones convencionales de mercado entre los miembros de esa comunidad sin que previamente se haya establecido los correspondientes derechos de propiedad, al margen de todos los problemas que pueda suponer la valuación económica de tales recursos o elementos. Salvo que se realice una clara apropiación de esos elementos del patrimonio común entre los miembros de la comunidad, los mismos solo podrían ser gestionados de manera comunitaria y ello daría lugar de todos modos a problemas de distribución de costos y beneficios de esa gestión entre los miembros de la comunidad.
Los derechos de propiedad deben ser exhaustivos y excluyentes para que los mercados de esos derechos puedan funcionar de manera de inducir una asignación eficiente de los recursos (en el sentido de la teoría microeconómica neoclásica). Esto resulta claro si se considera la concesión de derechos de explotación sobre un recurso sin que se puedan establecer los límites precisos del ámbito de explotación para cada uno de los concesionarios (como sería por ejemplo el caso de la captura en la actividad de pesca). No habría en tal caso incentivo económico alguno para realizar una explotación racional del recurso y el resultado más probable sería el despilfarro.
Escapa al alcance de estas notas la discusión acerca de los problemas que plantea el intento de definir derechos de propiedad en el caso de los recursos de patrimonio común. Sin embargo es claro que, por una parte, existe una gran cantidad de tales recursos cuya propiedad no puede ser definida de manera exhaustiva y exclusiva (recursos marinos, atmósfera, aguas -de ríos, océanos, acuíferos-, frecuencias de radio, etc.). La administración comunitaria de tales recursos habrá de requerir una importante intervención pública de nivel local, nacional o internacional y esa intervención habrá de tomar necesariamente la forma de instrumentos de tipo regulatorio.
Por otra, aun si se admitiera que existe la posibilidad de realizar una distribución exhaustiva y exclusiva de los derechos de propiedad, con el objetivo de generar los mercados donde se transen tales derechos, se requeriría de todos modos un enorme esfuerzo de intervención para realizar dicha tarea y con posterioridad, mecanismos regulatorios que reduzcan los costos de transacción que podrían impedir el funcionamiento de los mercados.


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