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Las articulaciones empresarias


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Las articulaciones empresarias

Se ha expresado que la construcción de la disputabilidad de los mercados en las cadenas energéticas donde se utilizan redes en el transporte y la distribución (electricidad, gas natural) se requiere de un profundo cambio en la organización institucional-productiva, en los principios regulatorios y en las modalidades de coordinación. Se ha enfatizado que en tal sentido la separación de funciones y la simetría y transparencia en el libre acceso a las redes de transporte y distribución constituyen elementos esenciales para promover la competencia efectiva en el mercado y la competencia potencial.


Sin embargo, quedó pendiente, especialmente por ausencia de evidencia empírica, el análisis de las pérdidas en términos de las economías de costos que supone la segmentación vertical y la partición horizontal de los procesos.
La significatividad de esas pérdidas está de algún modo insumida por las tendencias a introducir cierta reintegración de los mencionados procesos de cierta cadena productiva (electricidad, gas natural o petróleo), sobre varias cadenas productivas (hidrocarburos  electricidad) e incluso, hacia otras actividades de servicios públicos (teléfonos, aguas corrientes, etc.)
Este tipo de estrategias empresarias están dirigidas evidentemente a mejorar las posiciones de mercado en el “negocio energético”, con la finalidad de incrementar las posibilidades de captación de las rentas de los recursos naturales o de las cuasi-rentas de monopolio.
No cabe duda que tales estrategias constituyen desafíos para el diseño institucional y de los instrumentos para la intervención regulatoria.

    1. Reestructuración de las industrias energéticas y las estrategias empresarias

Por supuesto, los problemas que enfrenta la regulación y sus instituciones con motivo de ciertas estrategias empresarias son tanto más complejas cuanto más profundo haya sido el cambio de la modalidad de coordinación de las cadenas productivas energéticas; por ejemplo, pasando de un sistema de coordinación centralizada por el estado con monopolios públicos integrados (vertical y horizontalmente) a otro de coordinación por el mercado y la privatización casi total de los activos de las empresas públicas.


También incide en la complejidad de ese desafío regulatorio, la forma en que se haya realizado el proceso de privatización. En general no tiene los mismos efectos la venta atomizada de acciones en el mercado de capitales que la venta de tales activos a consorcios o a otro tipo de entes empresarios por medio de una licitación.
Es claro que esta segunda modalidad permite que los mencionados actores empresarios privados (no se descarta que también pueda tratarse de actores públicos o mixtos) ubicarse estratégicammente en las diferentes actividades que se privatizan.
Pero este fenómeno no se limita a las instalaciones existentes sino que abarca también a las decisiones que implican la expansión de los sistemas.
Se ha hablado de la importancia de la desintegración vertical y la partición horizontal de los sistemas para la construcción de la disputabilidad de los mercados. Supóngase que se haya pretendido impulsar un cambio en esa dirección y que el marco regulatorio haya establecido con claridad la incompatibilidad de las actividades de transporte con aquellas ligadas con la producción (o generación) y con la distribución, así como el principio de libre acceso a las redes. ¿Cómo se trataría en ese contexto el hecho de que un mismo grupo empresario participe de los consorcios (de diferente composición empresaria) que resulten adjudicatarios de los diferentes procesos productivos?
¿Se puede hablar en este caso de una violación al principio de separación estricta de funciones? ¿Cuál debería ser la participación del mencionado grupo económico en los mencionados consorcios para que se produzca la violación a aquellos principios?
También se puede formular un interrogante complementario: ¿Cuál es el porcentaje mínimo necesario para tener control empresario sobre un consorcio de este tipo?
Se trata sin duda de interrogantes de difícil respuesta. Sin embargo, es claro que ese tipo de situaciones arriesgan con crear barreras a la entrada de nuevos competidores, con lo que haría disminuir la disputabilidad que se ha intentado crear con el cambio de modalidad. Resultado semejante produciría una articulación empresaria que vincule ciertos procesos de la cadena eléctrica con la gasífera. En tal caso, los actores que logren ese tipo de articulación (por ejemplo producción de gas-generación eléctrica o producción-transporte de gas-generación eléctrica) tendrán sin duda ventajas sobre otros generadores independientes de electricidad.
Sin bien este tipo de articulaciones pueden, en algunos casos, dar lugar a una competencia que haga disminuir los precios, una vez consolidada la posición en el mercado (con una concentración creciente) no sería extraño que signifique en realidad una mayor apropiación de la renta del gas natural y/o de cuasi-rentas derivadas de un mayor poder monopólico en el sector eléctrico.
Por el momento, los entes reguladores no están preparados para enfrentar estos desafíos.


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