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c) Período de la “integración frustrada”


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c) Período de la “integración frustrada”

Las leyes indígenas de carácter liberal del año 1927 y su consolidación en el año 1931, podrían ser consideradas como el final del período que hemos denominado de la “asimilación forzada”. Este nuevo período que se inaugura, pretendió integrar a los indígenas a la sociedad, siendo más cuidadoso en no realizar acciones que condujeran a situaciones de "exterminio” físico. Se trata, por ejemplo, del desarrollo de una dinámica de división de las tierras comunitarias en el caso mapuche y de disolver a la población en el mestizaje generalizado. Es también el momento de menor reconocimiento de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas por el Estado. Es el tiempo denominado de la “integración frustrada”, ya que todas las políticas estatales pretenderán integrar al indígena a la generalidad del pueblo chileno. Esta propuesta política no tiene éxito y a partir de los años cuarenta comienzan a escucharse nuevas voces de defensa indígena, muchas de ellas ligadas al indigenismo que se ha abierto paso en América Latina. Podría marcarse como una fecha simbólica, el año 1941, en que el Presidente de la República, Don Pedro Aguirre Cerda invita y envía como su delegado a la reunión interamericana de Pátzcuaro en México, al joven dirigente mapuche Don Venancio Coñoepán Huenchual. En esa reunión se crea el Sistema Indigenista Interamericano y el Instituto Indigenista Interamericano, integrado años más tarde por el Estado chileno. Durante este período, la legislación indígena estuvo mayormente orientada hacia el Pueblo Mapuche, específicamente en lo concerniente a la regulación de la propiedad de las tierras. Es por esta razón que ponemos mayor énfasis en su situación.


Con posterioridad al período de la radicación, se inició un proceso de usurpación de las tierras mapuches otorgadas por el Estado en Títulos de Merced. A fines de la década del 1930, individuos no mapuches llegaron a detentar un quinto de las posesiones mapuches por medio de la usurpación de las tierras reduccionales. Esto, evidentemente, desencadenó una serie de movilizaciones de las comunidades, las que demandaron al Estado su protección y la devolución de las tierras así enajenadas. Por ejemplo, en 1929 se habían presentado ante los tribunales 1.219 juicios por recuperación de tierras comunales, es decir, más de un tercio de las reducciones estaba demandando justicia.
Las usurpaciones fueron acompañadas por hechos de mucha violencia hacia las comunidades indígenas, entre ellas, y con propietarios particulares. La presencia del Estado sólo alcanzaba a las ciudades, pero en los sectores rurales, especialmente en la zona de frontera, dominaba la ley del más fuerte. Ante la violencia, los mapuches renuevan su capacidad de adaptarse y resistir culturalmente, transformándose así en una sociedad de resistencia que logra su supervivencia conservando un cierto control cultural sobre sus costumbres, tradiciones, cultos y lengua.
Al respecto, en el año 1914 don Manuel Manquilef, presidente de la Sociedad Caupolicán y futuro diputado, señalaba que la puesta en práctica de la Radicación “ha sido la conquista más pesada y dura: engaños, violencias, asesinatos, quemar rucas e indios”, y que si bien en un principio la Comisión Radicadora respetó los verdaderos territorios mapuches, sobre todo los campos de pastoreo, con los años los ingenieros encargados de las mensuras “... hicieron lo que se les antojó, y arrojaron a los indios de sus tierras para darlas a colonos o rematantes, y al fin se dio por establecido por esta comisión que el indio no podía ocupar más de 3 ó 4 hectáreas...”. A ello agregó que a causa de la pérdida de tierras “... tuvo que morir de hambre el 95% de las numerosas masas de ganado de que eran dueños antes de radicárseles...”, para finalizar calificando esta situación como “... una burla a la ley, un sarcasmo, un crimen nacional con engaño primero, violencia en las personas y fuerza en las cosas después...”21.
Una vez finalizada la radicación, se regula legalmente la división de las comunidades mapuches a través de sucesivos cuerpos legales, entre los que destaca el Decreto Ley 4.111, del 12 de junio de 1931, en una labor que desarrollarán cinco Juzgados de Indios. Dichos Juzgados verán las causas de usurpación de tierras, las solicitudes de radicación, autorizarán la división de las comunidades cuando un tercio de sus miembros lo soliciten, y la venta de tierras mapuches. En estas divisiones se encuentra el origen de muchos de los conflictos posteriores que llegan hasta el día de hoy22.
Previo a dicho decreto, el 29 de agosto de 1927, se dicta La ley N° 4.169, que crea un Tribunal Especial para proceder a la división de las comunidades indígenas y establece el procedimiento al efecto. Siendo la intención del legislador proceder efectivamente a la división de las comunidades, señala que ésta puede ser solicitada por cualquiera de los comuneros. Bajo este marco normativo, su articulado dispone que antes de proceder a la división, el Tribunal deberá restituir la integridad de los terrenos comprendidos en el Título de Merced y en los planos respectivos23.
La crítica a estas políticas no se hizo esperar. Al respecto, el respetado dirigente y profesor Don Martín Alonqueo, señala que los Jueces de Indios “... no operan de acuerdo con la ley que tiene apariencia proteccionista, pero que realmente no lo es, porque han sido incapaces de solucionar los problemas mapuches de tierras, favoreciendo siempre a los particulares compradores de acción y derecho... ”, para luego agregar que “... La interpretación y aplicación de las leyes a favor de los mapuches, a quienes se quería favorecer, ha sido parcial, contribuyendo en la gestación de injusticias sociales y depresión económica a través de los Juzgados de Indios y Juzgados de Letras de Indios que han hecho la división de las reducciones circunvecinas a Temuco, favoreciendo a los terceros particulares quienes compraron la tierra dividida de los mapuches para transformarlos en peones e inquilinos mendigantes... ”. Concluye Alonqueo sentenciando: “...los mapuches han perdido la fe y confianza en la justicia, porque han sido y son víctimas de enormes tramitaciones inútiles y los han empobrecido miserablemente por la acción nefasta de los rábulas que pululan alrededor de los juzgados... ”24.


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