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b) Período de la “Asimilación forzosa”


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b) Período de la “Asimilación forzosa”

El segundo período que se analiza en este Informe, es el que corresponde a las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras tres del XX, época marcada por la mayor indefensión de los indígenas en buena parte de la historia analizada en este Informe. Este período se caracteriza por las políticas “liquidacionistas” del Estado y lo hemos denominado como de “asimilación forzosa”. Es en este lapso (1881-1931), en que se produce la ocupación de la Araucanía y el sometimiento de los indígenas mapuches a "reservaciones" o "reducciones". Es el tiempo en que, tras su incorporación a la soberanía chilena el año 1888, se entregará la Isla de Pascua completa como concesión, primero en 1895, a Enrique Merlet, de origen francés, y luego a la empresa británica Williamson & Balfour, conocida también como la Compañía Explotadora de Isla de Pascua17, que transformó a Rapa Nui en una estancia ovejera, manteniendo a la población pascuense, como ya se mencionó, forzada a habitar sólo en el sector de Hanga Roa.


Es el tiempo también, en que las concesiones entregadas por el Estado a empresas en las tierras australes y especialmente en Tierra del Fuego, condujeron a la muerte y desaparición física de pueblos enteros, como sucedió con los Selk’nam, frente a lo cual el Estado se mantuvo pasivo. Este es un caso que podría ser calificado de genocidio. Este Informe analiza en detalle y considera este hecho en todo su peso e importancia18. Es el período, además, de la anexión de los territorios del Norte Grande y de la política conocida como de "chilenización” o “des-aymarización”. Efectivamente, la “chilenización” fue muy compulsiva, al menos en las primeras tres décadas del siglo XX, y fue una política aplicada por un gobierno centralizado que no consideró las diferencias culturales y regionales. Esta tendencia hacia la homogeneización cultural, caracterizó las políticas estatales hasta casi finales del siglo XX, implicando ante todo el establecimiento de sólidas estructuras estatales en la región: desde municipios hasta cuarteles de frontera. Asimismo, la sociedad aymara y su economía quedaron afectadas por una política de fronteras que generó controles estrictos en la circulación de mercancías y poblaciones. Para la población aymara, esta parte de la historia en relación con el Estado de Chile, se denomina “des-aymarización”, porque se valió de la violencia, el amedrentamiento, la intolerancia y la imposición de costumbres ajenas. En ese contexto, además, se produce el auge salitrero, la destrucción de las comunidades tradicionales de los valles, generalizándose el desconocimiento de las especificidades de las comunidades indígenas de esa región. De igual manera, a comienzos del siglo, la presión sobre las comunidades atacameñas condujo prácticamente a la desaparición de la lengua Kunza y de varias otras vernáculas. Los atacameños sufrieron, al igual que los otros Pueblos Indígenas, un largo período de ocultamiento.
Es una etapa en la que, en el plano internacional, ocurren también procesos semejantes, enmarcados en una expansión del capitalismo mundial sobre tierras, territorios y culturas que hasta ese momento habían permanecido fuera de su alcance. La mayor parte de los observadores de esas primeras décadas del siglo XX, creen que las poblaciones indígenas van a sucumbir ante la presión y, a veces, ataque frontal, de que son objeto19. Es lamentablemente el momento en que las diversas historias que en este texto se relatan, se unen de una manera a veces terrible, en una sola historia, la de las relaciones entre el Estado chileno, la sociedad chilena y los Pueblos Indígenas de Chile, historia que oscila entre la reducción territorial y el exterminio. Hasta ese momento, han sido por lo general historias separadas, independientes unas de otras. A partir de este momento, el Estado tiene una política común que se expresa en Isla de Pascua, en los valles y altiplano chilenos, Tierra del Fuego y la costa de Temuco. El Estado y por ende la sociedad, asumen el costo de esas políticas y sus responsabilidades.
Es muy importante señalar que las políticas aplicadas a los indígenas durante este período (1881 a 1931), son debatidas en el Congreso nacional, adquiriendo el estatus de leyes de la República, y no son simplemente el resultado de la acción improvisada de aventureros, agentes espontáneos o situaciones incontrolables, que si bien las hubo, siempre estuvieron sujetas a las leyes y a la acción del Estado.
Va a ser en esta época, en la que se producirá una grieta insalvable entre la vida chilena santiaguina y la forma de vida de los indígenas del sur de Chile. Se pensaba a los mapuches, especialmente, como una “raza” en decadencia, degradada por el alcohol; eran, a los ojos evolucionistas de la sociedad criolla, seres que estaban muy lejos de ser los héroes relatados por Alonso de Ercilla. Se multiplicaban los artículos en la prensa que se referían en términos similares a los pobladores de la Araucanía. El país comienza a formarse una imagen falsa de los indígenas del sur, y circula la idea de que los mapuches además de estar acabados, eran cada vez menos. Comenzó a afirmarse que quedaban muy pocos indígenas en el sur y que las tierras estaban desocupadas. El país del centro se imaginó algo que no era tal, pero que le servía para justificar la ocupación de la Araucanía y someter a los indígenas al régimen reduccional.
En lo concerniente al proceso de ocupación de la Araucanía, hay un primer momento que se ha denominado “colonización espontánea”, consistente en la penetración y ocupación de tierras en territorio mapuche por parte de chilenos, desde la primera mitad del siglo XIX. Para el caso pehuenche este proceso comenzará antes, ya que la “infiltración chilena” se inicia en 1840 con el ingreso de hacendados, que arriendan pastizales e internan ganado. Esta primera etapa de apropiación efectiva, será la base para un posterior y rápido proceso de incautación de tierras mediante compras de carácter fraudulento. En el caso huilliche, esto es al sur del río Toltén, inmediatamente producida la independencia se intensifica el proceso de compras de tierras indígenas con el posterior establecimiento de haciendas, situación que venía desde la época colonial. Durante la colonia existía un estricto control sobre estas compras, el gobernador de Valdivia le encargaba a “los capitanes de amigos”, al “Comisario de naciones”, una serie de trámites destinados a verificar los límites y condiciones de las compras. Sin embargo, a partir de 1820 las normas dejan de respetarse y se ignoran. En vista de esta situación, el Intendente José de Cavareda decide reponer el cargo de Comisarios de Naciones, siguiendo el modelo que imperaba durante la colonia. Estos funcionarios van a entregar entre 1824 y 1848 los denominados Títulos de Comisario a los caciques de la zona, por lo que las familias huilliches no tan sólo tendrán la posesión material de sus predios, sino también el reconocimiento legal del dominio.
Un segundo momento de ocupación de las tierras mapuches, tiene relación con políticas explícitas del Estado. En 1866 se dictan las primeras leyes de ocupación que, entre otras materias, establecen al territorio mapuche como zona de colonización, declarando sus tierras como fiscales. Con ello se buscaba evitar que éstas fueran apropiadas por aventureros y especuladores que no dejaran espacio para la colonización extranjera, objetivo primordial de las autoridades.
Los mapuches resisten esta invasión chilena hasta 1881, año en que entran las tropas del ejército chileno. En el caso pehuenche, la guerra osciló entre el ejército chileno y también el argentino. En 1880, como consecuencia de la primera fase de la “campaña del desierto” -como se denominó a la acción del ejército argentino respecto a los indígenas del sur de la nación Argentina- 14.000 indígenas son reducidos, hechos prisioneros o muertos. Muchos se van a refugiar en la cordillera. Después de ocupada la Araucanía, el ejército chileno se dirige al Alto Bío Bío y construye varios fuertes, con el doble objetivo de, por una parte, consolidar la ocupación del territorio para que los Pehuenches no se unieran a la resistencia mapuche en el valle y, de otra, contener la avanzada de tropas argentinas que venía en busca de indígenas fugados. En este sentido, la presencia Pehuenche en la zona cordillerana, contribuyó a consolidar la soberanía chilena en dichas regiones.
Junto con las tropas llegan a la Araucanía los agrimensores, dirigidos por Teodoro Schmidt. A medida que se fue estudiando la real situación de la ocupación de las tierras, se dieron cuenta que no estaban vacías como se pensaba en Santiago. Todo estaba subdividido entre los caciques y poblado por familias mapuches. La idea de un sur deshabitado, tejida en el centro del país, era falsa. Los mapuches ocupaban densamente la Araucanía y había una suerte de propiedad establecida, con deslindes bastante claros. Es en este contexto, entonces, donde surge la idea de reducción por parte de las autoridades, al ver que las tierras estaban en manos mapuches, con una propiedad plenamente constituida; deciden reducir las tierras indígenas para entregar las sobrantes a remate.
A la par, muchos particulares del centro de Chile, vieron una posibilidad cierta de hacerse de tierras en el sur del país de una manera relativamente fácil. Las leyes de radicación pretendían entregar las tierras declaradas fiscales a colonos extranjeros y nacionales, diseñándose un plan para ello. Sin embargo, nada pudo impedir la entrada de inescrupulosos particulares quienes, recurriendo a las más variadas argucias, no dudaron en expulsar y arrebatarles sus tierras a numerosos indígenas.
El proceso de radicación, reducción y entrega de Títulos de Merced, entre los años 1884 y 1929, estuvo acompañado de abusos contra los mapuches y tuvo consecuencias que transformaron de manera profunda a esta sociedad. La reducción significó que los mapuches perdieran la mayor parte de sus tierras, quedando reducidos a cerca de 500 mil hectáreas que el Estado entregó como Títulos de Merced.
Por otro lado, la forma de radicar consistió en que la “Comisión Radicadora” nombrara a un determinado cacique, entregando las tierras y otorgando el Título a su nombre. Junto a dicho cacique ubicaba a otras familias extensas que tenían sus propios caciques o jefes, transformándolas en dependientes del nominado con el Título de Merced. Este hecho provocó un quiebre crítico en la sociedad mapuche, poniéndose en cuestión el orden social imperante hasta ese momento. De esta manera, el Estado chileno rompió con las solidaridades internas constitutivas de la sociedad mapuche, los agrupó en forma arbitraria y los obligó a vivir de una forma completamente artificial. Eso originó una serie de disputas al interior de la sociedad mapuche.
Además, el proceder de la Comisión Radicadora fue lento, engorroso y arbitrario. Por ejemplo, la Comisión establecía que se entregarían en Merced los terrenos ocupados por indígenas, debiendo éstos probar la posesión efectiva y continua por lo menos de un año, lo cual implicó, entre otras cosas, el desconocimiento de las tierras de pastoreo. El trabajo de la Comisión era extremadamente lento, por lo que cuando llegaba a un sector, muchas de las tierras mapuches ya habían pasado a manos de particulares, siendo imposible probar la posesión efectiva. En muchas ocasiones, se repartieron tierras a particulares, donde ya se habían radicado mapuches, entregando al particular una parte o la totalidad del Título de Merced, como sucedió en la comunidad Huenucal Ivante de Lonquimay, que fue expulsada de sus tierras por los “nuevos dueños”, a pesar de haber recibido con anterioridad el Título de Merced. En otros casos, se radicó a mapuches al lado de tierras rematadas y adjudicadas por particulares. La ambición de los colonos poco a poco llevó a las corridas de cerco y a la progresiva usurpación de los Títulos de Merced. Finalmente, la Comisión de Radicación Indígena, en muchas ocasiones, no entregó lo que realmente correspondía en Título de Merced a los mapuches, reduciendo aún más la superficie en su poder.
En el caso pehuenche, el Estado no tuvo la capacidad de establecer dominio efectivo sobre las tierras cordilleranas, por lo que sólo se limitó a verificar las compras por parte de particulares. En muchos casos, el Estado trató de imponer un control mínimo al proceso de colonización. Sin embargo, su acción se vio permanentemente dificultada por la oposición de los particulares amparados por los tribunales. En la zona pehuenche, la enajenación de las propiedades indígenas tuvo distintas maneras de operar. Por ejemplo, en el caso de Trapa Trapa, en 1881 se compraron acciones y derechos de un terreno de dos mil cuadras, en tanto que los deslindes implicados llegaban a cifras superiores a las diez mil cuadras. En otros casos, y como fue una tónica en todo el territorio mapuche, no se concreta ninguna compraventa, sino que los particulares llegan y ocupan terrenos expulsando a los mapuches, expandiendo sus propiedades a la fuerza. Otros casos en la zona Pehuenche se relacionan con que después de entregado un Título de Merced, esos mismos terrenos son puestos en remate a particulares. Por ejemplo, en el valle de Quinquén, las mismas tierras de la comunidad Paulino Hueiquellán, que recibe su Título de Merced en 1906, son entregadas a remate a particulares en 1911.
En el caso Huilliche, las pérdidas de tierras se relacionan con los mismos mecanismos utilizados en la Araucanía, esto es, compras fraudulentas y apropiación por la fuerza. La Comisión Radicadora comenzó a operar en territorio Huilliche recién en 1908, y en declaraciones su presidente señala la dificultad de encontrar terrenos con indígenas, ya que muchas tierras estaban en manos de particulares. Por otro lado, algunos huilliches se niegan a ser radicados pues consideran que serán reducidos a una porción de tierra que no se condice con sus derechos. En total, fueron entregados en territorio huilliche alrededor de 500 Títulos de Merced.
En resumen, para el caso mapuche, a partir de 1884 y hasta 1929 actuó la Comisión Radicadora de Indígenas, entregando Títulos de Merced a las comunidades mapuches que quedaron en el territorio ocupado por el Estado Chileno. En los territorios de las actuales provincias de Arauco, Bío Bío, Malleco y Cautín, con una superficie aproximada de cinco millones de hectáreas, se otorgaron 434.063,65 hectáreas, lo que representa un 11,5% del territorio de estas provincias que en la actualidad forman parte de la VIII y IX regiones. En esta superficie se radicaron a 74.534 personas, con un promedio de tierras per cápita de 3.92 hectáreas en las provincias de Arauco, de 8.56 hectáreas en Malleco, de 5.29 hectáreas en Cautín y de 20.73 hectáreas en la provincia del Bío Bío, promedio este último que se explica por las características de los suelos cordilleranos del Alto Bío Bío, que tienen mayor superficie por las condiciones ecológicas locales.


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