• Europa necesita un sistema de regulación y supervisión financiera común.

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    Lecciones de la crisis y propuestas de reforma


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    Lecciones de la crisis y propuestas de reforma

    Las propuestas de reforma abundan como consecuencia de la crisis. En este informe se intentan extraer algunas lecciones de la crisis, con el fin de definir principios generales a seguir para corregir los fallos del sistema. El mérito de las diferentes propuestas no radica en que estas sean radicales, sino en su consistencia con los objetivos últimos del gobierno del sistema financiero.

    Algunas de estas lecciones son compartidas por muchas otras instituciones y académicos. Los intermediarios financieros (por ejemplo, conduits y structured investment vehicles) que, como los bancos, se dedican a la transformación de vencimientos y están expuestos a pánicos bancarios, deberían estar sujetos a las mismas regulaciones y supervisión que los bancos. Tal regulación y supervisión está motivada por el compromiso implícito del Gobierno de rescatar a los intermediarios financieros cuando su quiebra tenga efectos sistémicos y externalidades negativas en el sistema de pagos. La quiebra de los bancos comerciales amenaza al sistema de pagos directamente, a través de sus consecuencias para los depositantes. En el caso de otros intermediarios, el argumento es que tal amenaza radica en las externalidades de red, a través de las implicaciones de su quiebra para la liquidez del mercado y los balances de otros intermediarios financieros. De hecho, con la crisis subprime la confianza entre los bancos se evaporó: el mercado interbancario prácticamente colapsó.

    Por lo tanto, los bancos de inversión, así como cualquier otra institución que realice funciones bancarias, deben estar sujetos a las mismas reglas que se aplican para los bancos comerciales. Las restricciones regulatorias deben depender del tipo de negocio, más que del estatus legal del banco que lo ejerce. Esto es pertinente en particular a los requisitos de capital.

    El informe insiste en la necesidad de alcanzar acuerdos internacionales para la armonización de la supervisión bancaria. Estos acuerdos pueden basarse en un sistema Basilea-II reformado que abarque a todas las instituciones que ejercen funciones bancarias y tenga en cuenta factores dinámicos y cíclicos. Los requisitos mínimos de capital propio de Basilea-II deben ser reconsiderados, para que los accionistas sigan modelos de negocio más prudentes y establezcan esquemas de incentivos más conservadores para los gerentes bancarios. Las fallas en los controles del gobierno corporativo y las trampas en la compensación de ejecutivos deberán ser tratadas en cualquier caso.

    El aparente fracaso del sistema actual de suscitar el uso de modelos de análisis de riesgo apropiados por parte de los intermediarios y garantizar transparencia es tal vez el punto más importante a tener en cuenta para recobrar la confianza en el sistema financiero. Simplemente aumentar el coeficiente de capital propio requerido no es suficiente. Lo realmente importante es generar un estándar de valoración de activos que tenga en cuenta los principales problemas de una regulación prudente: la posibilidad de malformación de precios a causa de burbujas financieras y la falta de liquidez en los mercados que generan volatilidad en los precios de los activos; el comportamiento procíclico de los préstamos; la transparencia e información a brindar a los inversores.

    En segundo lugar, y siempre que sea posible, productos derivados como por ejemplo los CDS deberían ser comercializados en mercados transparentes y organizados, y no en mercados OTC poco transparentes.

    En tercer término, Europa necesita un sistema de regulación y supervisión financiera común. El Sistema Europeo de Bancos Centrales debería asumir un rol explícito de garante del sistema, adquirir poderes de supervisión por encima de grupos europeos, y coordinar junto con los bancos centrales nacionales a los intermediarios financieros nacionales. El Informe propone un sistema de dos niveles. La supervisión de grupos financieros paneuropeos debería estar a cargo del Banco Central Europeo. Estos grupos deberían a su vez suscribirse a un fondo asegurador de depósitos europeo para complementar los esquemas de seguros de depósitos nacionales. De otro modo, los países deberían tener la responsabilidad individual de soportar las pérdidas de sus propios intermediarios.

    En cuarto lugar, la especificidad del sector bancario en lo que respecta a la política de libre competencia debe ser reconocida explícita y formalmente. Esto aseguraría coherencia entre las políticas de libre competencia y de estabilidad financiera, y ayudaría a contener la presión política para extender los rescates financieros a otros sectores de la economía.


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