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Informe Anual 2012 Cap. IV venezuela


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VENEZUELA

I. INTRODUCCIÓN





    1. La CIDH decidió la incorporación de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante “Venezuela” o “el Estado”) en el Capítulo IV de su Informe Anual para 2012 de conformidad con el artículo 59(1)(h) de su Reglamento515. De los cinco criterios expuestos en el Informe Anual de la CIDH de 1997 que la Comisión tiene en cuenta para identificar a los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial, la CIDH considera que la situación de Venezuela se enmarca dentro del criterio cinco que se refiere a

[…] situaciones coyunturales o estructurales, que estén presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situaciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales, consagrados en la Convención Americana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis institucionales; procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales.




    1. El 30 de diciembre de 2009 la Comisión aprobó su informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en el cual analizó la evolución de los derechos humanos en el Estado. La Comisión ha dado seguimiento a la situación de los derechos humanos y a dicho informe en el Capítulo IV de sus Informes Anuales de 2010 y 2011 y continúa analizando la situación general de derecho humanos en Venezuela en la presente sección de su Informe Anual de 2012.




    1. La CIDH ha basado su análisis en el monitoreo de la situación general de derechos humanos que realizó a lo largo del presente año a través de la información recabada durante sus audiencias y de información disponible de otras fuentes públicas, su mecanismo de peticiones y casos, así como de su mecanismo de medidas cautelares. Asimismo, la Comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la CIDH sobre la situación general de derechos humanos bajo la facultad establecida en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”).




    1. El 23 de enero de 2013, la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de esta sección de su Informe Anual de 2012 de acuerdo con el artículo citado, y le solicitó que remitiera sus observaciones dentro del plazo de un mes. El 22 de febrero de 2013, la Comisión recibió las observaciones y comentarios del Estado, los cuales, en lo pertinente, fueron incorporados al presente informe.




    1. En primer término, la Comisión ha identificado situaciones estructurales como las modificatorias normativas que implican restricciones legales y administrativas que afectan el goce y disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Al respecto, la Comisión ha reportado por ejemplo, la adopción de leyes en el marco de la “Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan”516, conocida como “Ley Habilitante”. Asimismo, la Comisión ha observado de manera reiterada en sus Informes anteriores sobre Venezuela, situaciones estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de independencia e imparcialidad, que impacta de manera negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Así también, ha identificado el uso abusivo del derecho penal, los obstáculos para los defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor; y la afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de especial interés para la Comisión. En segundo término, la Comisión ha identificado situaciones coyunturales, como por ejemplo, durante 2012 persisten las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de violencia en los centros penitenciarios las cuales implican una afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la integridad personal de los venezolanos, entre otros. Estas situaciones serán analizadas, con mayor detalle, a lo largo del presente Capítulo.




    1. En sus Observaciones al Proyecto de Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al año 2012, el Estado indicó que los criterios que la Comisión tiene en cuenta para identificar a los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial no le son aplicables517 y sobre la aplicación del criterio cinco sostuvo que

en Venezuela las actuaciones de los Poderes Públicos se rigen por la Constitución y las leyes, cada uno de dichos poderes goza de independencia y autonomía y sus autos no vulneran la [C]onvención Americana. Aún más, nuestra Constitución es más avanzada en materia de derechos humanos que la Convención Americana518.




    1. La última visita de la Comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002, luego del quiebre institucional que tuvo lugar en abril del mismo año. A partir de esa visita, en diciembre de 2003, la Comisión publicó el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela en el que emitió una serie de recomendaciones. Desde entonces, a fin de dar seguimiento a sus recomendaciones, así como de recabar información de primera mano sobre la situación actual de los derechos humanos en Venezuela, la Comisión ha realizado una serie de gestiones para solicitar al Estado su anuencia para realizar una visita de observación. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a permitir una visita de la CIDH a Venezuela, lo cual no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que además debilita gravemente el sistema de protección creado por los Estados Miembros de la Organización.




    1. La Comisión desea reiterar que mantiene su disposición al diálogo con el propósito de discutir el contenido y recomendaciones del presente Informe y avanzar de manera conjunta en la protección de los derechos humanos de los habitantes de Venezuela.

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