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Capitulo II. El Proceso de Concesionamiento Carretero en México 1987-1998

Capítulo II

El Proceso de Concesionamiento Carretero en México 1987 - 1998


    1. Origen de la privatización

Los años setenta marcan una nueva etapa en la economía mexicana, la caída del empleo y de los niveles de vida de la población y en el aumento de la inflación fueron señales claras del agotamiento del modelo de desarrollo estabilizador, donde el Estado continuó teniendo un papel sumamente dinámico en la actividad económica.


Simultáneamente, el repentino incremento en los precios internacionales del petróleo propició que los países productores empezaran a recibir una gran cantidad de recursos que colocaron en el sistema financiero europeo. Estos llamados "eurodólares" se ofrecieron en el mercado internacional a tasas de interés muy bajas y en condiciones preferenciales que nuestro país aprovechó para endeudarse, al tiempo que su capacidad petrolera exportadora se fortalecía. Así, la gran cantidad de recursos que empezó a recibir el gobierno, derivados de la exportación de petróleo, dieron un nuevo impulso a la economía mexicana concentrando aún más la actividad productiva en manos del Estado.
Sin embargo, a principios de los años ochenta, esta situación se tornó insostenible, la desaceleración del producto en EUA y Europa, el incremento de las tasas de interés y la caída de los precios internacionales del petróleo provocaron que los ingresos gubernamentales se contrajeran agudizando los graves desequilibrios en las finanzas públicas y en la cuenta corriente. La imposibilidad de refinanciar el pago de la deuda externa y la gran necesidad de divisas llevó a una devaluación de la moneda del 40% en febrero de 1982 disparando la inflación por encima del 100%. Como parte de los programas de contingencia, en agosto el gobierno obtuvo una línea de crédito con la Reserva Federal y estableció la doble paridad, al tiempo que pidió una moratoria de tres meses sobre el pago del servicio de deuda.25
Posteriormente, en septiembre de 1982 la estatización de la banca en el corto plazo coadyuvó a controlar la fuga de capital (fracturando la relación Estado-empresarios), pero en el mediano y largo plazo sentó transformó la relación Estado-empresarios.26
En adelante, la política económica respondió tanto a objetivos de estabilización de la economía como al pago de sus obligaciones de deuda.27 El nuevo gobierno anunció su estrategia para estabilizar la economía y sentar las bases del cambio estructural: el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE) y el Plan Nacional de Desarrollo, que durarían tres años (1983-85).28 Mientras el PIRE incorporaba políticas monetarias y fiscales rígidas para alcanzar la consolidación fiscal (reducir el déficit público y promover el ahorro), controlar la inflación; recortar la demanda interna y una moneda devaluada para restaurar el equilibrio en balanza de pagos e inducir el cambio industrial de una economía, en adelante orientada por el sector externo; el Plan Nacional de Desarrollo contemplaba una primera etapa de reformas estructurales de liberalización comercial y privatización.
En este contexto, la privatización en México, como parte del cambio estructural, fue una respuesta a la necesidad de dar credibilidad al gobierno, reduciendo su déficit público y para obtener recursos para el pago de la deuda externa. Partiendo de un universo de 1,155 unidades, en una primera etapa 1983-85 sólo se desincorporaron empresas no viables, 23 unidades.29
Aunque, el PIRE proporcionó condiciones mínimas para la recuperación, la inflación continuó siendo alta. Las espirales inflacionarias resultado de la devaluación y la recaída de los precios internacionales del petróleo a finales de 1985 contrajeron más los ingresos del gobierno, acentuando en 1986 una fase de recesión e inflación en la economía. Ante esta escalada inflacionaria, el 15 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica (PSE), un programa de estabilización basado en un convenio entre los dirigentes de los principales sectores de la economía involucrados.30 Las principales medidas que se incluyeron fueron: ajuste de los precios claves incluyendo los salarios, reducción de los topes en créditos de bancos comerciales, fijación del tipo de cambio, aceleración de las medidas de liberalización comercial y mayor austeridad en las políticas fiscales (OCDE, 1992).31
A partir de 1988 inició una segunda etapa más intensa del proceso de privatización, como parte del cambio estructural que debió adoptarse para salir de la crisis de deuda y cumplir con sus obligaciones de pago. Para julio de 1987 se autorizó la desincorporación de 766 empresas que representaban el 3% de la producción estatal total.32 Al mismo tiempo, la relación Estado-empresarios se intensificó a partir de 1988. “El cambio de poder que se gestaba desde 1983, a través una élite que en un principio ocupó cargos en el gabinete de De la Madrid, se concretó. En la administración de Salinas de Gortari, esta élite asumió plenamente la dirección del sector monetario y financiero” (Garrido, 1998, pág. 424). La política gubernamental procuraba mayor concertación con el sector privado, los procesos de alianzas gobierno-empresarios se profundizaron a través de nuevas formas de negociación como las consultas hechas con la cúpula empresarial y las modificaciones del sistema fiscal existente.33
Asimismo, desde 1990, las reformas del sistema financiero y la renegociación de la deuda externa incentivaron la entrada de inversión extranjera. El sistema financiero cambió palpablemente su perfil a un sector altamente rentable, sobre todo con el decreto de la ley de grupos financieros en julio de 1990 que permitía la incorporación de bancos, compañías de inversión, aseguradoras e instituciones auxiliares de crédito.34 De junio de 1991 a julio de 1992 se concretó la privatización de 18 bancos creando un oligopolio donde tres bancos controlaban el 60% de los activos y pasivos de todo el sector.
En 1989 comenzó también otra etapa: la privatización de los monopolios regulados en infraestructura de servicios.35 Una comparación internacional señaló que la calidad de la infraestructura mexicana era similar a aquellas de las economías más pobres de la OCDE, “Los servicios en aerolíneas y carreteras resultan favorecidos con la comparación, el aprovisionamiento de la energía eléctrica y el servicio de las telecomunicaciones son calificados como medianos, mientras que el sistema ferroviario y el portuario son considerados en mal estado” (OCDE, 1992, pág.101).
En 1990 fue privatizado el sector de telecomunicaciones, Telmex fue vendido a Grupo Carso, France Telecom y Southwestern Bell. El sector de la infraestructura aeropoturaria fue liberalizado; los puertos fueron descentralizados en 1992, su administración fue transferida a la Autoridades Portuarias Integrales (API), organismo de recientemente creación. En febrero de 1995 se lanzó la licitación internacional para la administración de los servicios de cuatro puertos Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Altamira (OCDE, 1995).
Ante la crisis de diciembre de 1994, “el programa de emergencia formulado por el gobierno mexicano incluyó medidas de reforma estructural, que significaron la aceleración de las reformas ya previstas: los servicios de telecomunicaciones (privatizados en 1990) serán abiertos progresivamente a la competencia y se acelerará la privatización de puertos, aeropuertos y ferrocarriles” (OCDE, 1995; p.59).
De un universo de 1,155 unidades que poseía el gobierno en 1982, para 1997 sólo quedaron 189 entidades de propiedad estatal.36 “De 1988 a 1994, la venta de empresas públicas recaudó un ingreso acumulado de 23,700 mdd, el 12.1% del PIB de 1992. Estos ingresos fueron a un fondo especial de contingencia y se destinaron en general al pago de la deuda pública. De hecho después de 1990, el perfil de la deuda externa mejoró como resultado de la reducción de pago de intereses, gracias a la amortización de una parte del principal” (OCDE, 1995, pág.92).



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