• I.- INTRODUCCION.
  • II.- HECHOS NUEVOS RELEVANTES

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    I introduccion


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    PRESENTA DENUNCIA AMPLIATORIA.

    Sr. Juez:


    María Graciela Ocaña, DNI 14.184.382, Legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyendo domicilio en Perú 160, piso 1º, oficina “111”, me presento ante V. S. y respetuosamente digo:

    I.- INTRODUCCION.

    1.- En fecha 26/05/2014 formulé una denuncia para que se investigaran presuntas irregularidades producidas en el marco del Programa Futbol para Todos, que se encuentra tramitando en el Juzgado Federal n* 1, a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubría.

    2.- Para darle contexto a los hechos que ahora relataré, recuerda que uno de los datos que motivó mi pedido, fue advertir que para financiar el mencionado programa, el Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM), había destinado una enorme cantidad de dinero, que alcanzaba aproximadamente la suma de 6 mil millones de pesos.

    En el marco del contrato original, la JGM se comprometía a abonar a la AFA el 50% de las sumas totales netas percibidas por ese órgano, resultantes de la explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol. Sin embargo, en forma adicional, la JGM se obligó a garantizar un ingreso mínimo, y hasta el momento, los fondos públicos girados por el Estado Nacional, sólo se habrían utilizado para abonar a la AFA el monto mínimo garantizado contractualmente, que se ha ido actualizando año a año.

    II.- HECHOS NUEVOS RELEVANTES

    3.- A la luz de lo ocurrido a partir del lanzamiento del Programa (ano 2009), se percibe que la garantía otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional, no resulta casual. El Estado Nacional no ha realizado ninguna gestión para explotar comercialmente la televisación, y así recuperar parte del dinero utilizado. Sólo ha utilizado el programa como plataforma para promocionar la gestión del actual gobierno.

    4.- Esta, y no otra, es la verdadera razón por la cual se incorporó una garantía. El Gobierno sabía desde el vamos que no comercializaría el programa y de tal manera, se vio en la necesidad de garantizar a la AFA un ingreso. Posteriormente, y por la Decisión Administrativa Nro 164/12 del 11 de abril del 2012, se encomendó a los responsables del programa Futbol para Todos el desarrollo de las actividades de coordinación de otros deportes, y así cobraron vida otros espacios televisivos en los que también se afectaron fondos públicos. Así fue financiado, por ejemplo, Automovilismo para Todos, e igual suerte corrieron algunas peleas de boxeo.

    5.- El punto que cobra interés para esta nueva denuncia, es que la JGM habría incumplido o dejado de lado los procedimientos de contratación establecidos para el Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión de los partidos, ya que habría contratado en forma directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del “legitimo abono”, por montos superiores a los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000).

    Así, en los procesos licitatorios se habrían contratado servicios para captar imágenes por un número inferior a las necesidades reales, con el objetivo manifiesto de completarlas en forma irregular mediante contrataciones directas, cuando el camino legal hubiese sido la ampliación de la orden de compra original o proceder a un nuevo llamado a licitación pública.

    Ejemplo de lo expuesto es que se habrían realizado contrataciones directas “por exclusividad”, como en el caso del Farolito International Entertaiment S.A, alegando que son los “únicos” que pueden realizar el servicio debido a su “experiencia” y la inexistencia de sustitutos convenientes.

    Lo extraño que la mencionada sociedad no tenía prácticamente antecedentes comerciales, y su capital inicial era el mínimo requerido por la ley.

    6.- Queda en evidencia que de esta forma, se eludieron indebidamente todos los recaudos legales para efectuar procedimientos de contrataciones que involucraran al mayor número de oferentes posibles y resultaran públicos y transparentes.

    Es llamativo que en la nota periodística del portal “eliminando variables”, firmada por el periodista José M. Stella, se informe que el director de la empresa antes citada, Andrés Humberto Leyes, registra como actividad principal frente a la AFIP la que lleva el número en la AFIP 93900, código que corresponde a las tareas que incluye ofrecer servicios de astrología y espiritismo, como también las de acomodador de autos o asesor matrimonial, y se encuentre embargado por una deuda de pesos sesenta y ocho mil ($ 68.000).

    La nota en cuestión destaca que el ex Jefe de Gabinete,  Juan Manuel Abal Medina, habría firmado contrataciones directas, entre ellas la  N° 13/2012, expediente JGM n° 008829/2012, a favor de Farolito Entertainment entre los  años 2012 y 2013 por una suma de $ 44.900.000.

    7.- Por lo expuesto, entiendo que sería de interés investigar todas las contrataciones realizadas por JGM en el marco de este programa, entre ellas “LA CORTE SRL” “VTS” “VIDEO4” “WAYSON PRODUCCIONES” “RECORDVISION SA” “PRENSA SATELITAL SA”  “FAROLITO ENTERTAINMENT SA”, y las contrataciones relacionados con el programa televisivo FUTBOL PERMITIDO y Santa Mónica S.A.

    En síntesis, la JGM arguyendo una supuesta “exclusividad”, que no se encontraría sustentada en cuestiones técnicas ni objetivas, se apartó de los procedimientos de selección mediante licitación pública. Todo ello, con el objeto de beneficiar a empresas armadas “ad-hoc” o prestadoras cuasi exclusivas o “amigas” del Gobierno Nacional, desviando o malversando una enorme cantidad de fondos públicos, y omitiendo realizar procedimientos de contratación igualitarios y transparentes.

    8.- Este modelo o método de contratación que se quiere “vender” como una conquista del pueblo argentino, bajo la falsa consigna de la democratización del deporte,  está lejos de serlo, por lo menos en su aspecto económico, ya que parece elaborado para beneficiar a unos pocos, y para colmo, entre los pocos aparecen algunos “conocidos”de la justicia penal, como se verá en el capítulo siguiente.

    En el año 2009, el sector privado le pagaba a la AFA 241 millones de pesos por los derechos de transmisión de los partidos de primera y gastaba, por su parte, 26 millones en producción, lo que representa, aproximadamente, un 10 % del costo del contrato. Ahora que se hizo cargo el Estado Nacional,  esos costos de producción han crecido exponencialmente y son soportados por el Tesoro Nacional y los argentinos en su totalidad.  A modo de ejemplo, solo en el 2010, los gastos de producción se duplicaron.


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