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Hrc/none/2012/76 12-15094




Carta de fecha 16 de mayo de 2012 dirigida a los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Por la presente, y en nombre del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en lo sucesivo el Comité), me dirijo a ustedes, representantes de los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en lo sucesivo el Pacto), en relación con la protección de los derechos consagrados en el Pacto en el contexto de la crisis económica y financiera.

En los últimos años, el Comité ha observado la presión que se ejerce sobre muchos Estados partes para que emprendan programas de austeridad, en ocasiones severos, ante el creciente déficit público y el magro crecimiento de la economía. La adopción de medidas de austeridad siempre es una tarea ardua y compleja, y el Comité es plenamente consciente de que ello pudiera conducir a muchos países a tomar decisiones de efectos dolorosos, en especial cuando estas medidas de austeridad se adoptan en una situación de recesión.

No obstante, deseo subrayar que, de conformidad con el Pacto, todos los Estados partes deben evitar en todo momento la adopción de decisiones que pudieran redundar en la denegación o la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. Además de constituir prácticas contrarias a las obligaciones contraídas por los Estados partes en virtud del Pacto, la denegación o vulneración por estos de esos derechos puede provocar inseguridad social e inestabilidad política y tener efectos negativos importantes, en particular sobre las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, como los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad, las personas que viven con el VIH/SIDA, los pueblos indígenas, las minorías étnicas, los migrantes y los refugiados. Dadas la indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos, en este proceso también se ven amenazados otros derechos.

Como es natural, los Estados partes disponen de un margen de maniobra a la hora de establecer políticas nacionales de carácter económico, social y cultural que acaten, protejan y cumplan las disposiciones del Pacto. En ese contexto, deseo destacar que el Pacto ofrece también importantes orientaciones, que pueden ayudar a los Estados partes a adoptar políticas adecuadas para afrontar la contracción económica sin dejar de hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales.

La esencia del Pacto es la obligación de los Estados partes de respetar, proteger y aplicar progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales, utilizando al máximo los recursos disponibles. Para lograrlo, los Estados deben adoptar y aplicar leyes y políticas encaminadas a introducir mejoras crecientes en el acceso universal a los bienes y servicios básicos, como la atención de la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social y la vida cultural.

Las crisis económicas y financieras y la falta de crecimiento impiden la materialización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y pueden provocar retrocesos en su disfrute. El Comité es consciente de que en ocasiones es inevitable realizar ciertos ajustes en la aplicación de algunos de los derechos consagrados en el Pacto, pero los Estados partes no deben actuar en detrimento de las obligaciones que han asumido en virtud de este.

En ese sentido, el Comité hace hincapié en que todos los cambios o ajustes propuestos en materia de políticas tienen que cumplir los siguientes requisitos: en primer lugar, la política debe ser una medida provisional que abarque solamente el período de crisis. En segundo lugar, debe ser necesaria y proporcional, en el sentido de que la adopción de cualquier otra política, o la simple inacción, tendría efectos más perjudiciales sobre los derechos económicos, sociales y culturales. En tercer lugar, debe tener un carácter no discriminatorio e incluir todas las iniciativas posibles, incluidas medidas fiscales, para apoyar los subsidios sociales encaminados a mitigar el posible aumento de las desigualdades en tiempos de crisis e impedir que se vean desproporcionadamente afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados. En cuarto lugar, en la política se debe especificar un contenido mínimo básico de derechos o el nivel mínimo de protección social, conceptos desarrollados por la Organización Internacional del Trabajo, y velar por que ese contenido mínimo básico siempre esté protegido.

Por último, desearía destacar que la cooperación internacional es una obligación fundamental para lograr progresivamente la aplicación universal de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, en numerosas ocasiones el Comité ha subrayado el requisito de que los Estados partes en el Pacto deben respetar sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales cuando adopten decisiones, incluidas las relativas a la asistencia oficial para el desarrollo, en instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y en instituciones financieras y organizaciones de integración regionales.

Por lo tanto, deseo expresar la esperanza del Comité de que sus gobiernos actuarán en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud del Pacto cuando desarrollen y adopten programas internacionales y regionales para promover el desarrollo económico y social y superar la crisis económica y financiera.

Aprovecho la oportunidad para desearles los mayores éxitos en sus esfuerzos y reiterarles las seguridades de mi consideración más distinguida.

(Firmado) Ariranga G. Pillay

Presidenta del Comité de Derechos


Económicos, Sociales y Culturales




HRC/NONE/2012/76
GE.12-15094 (S) 130712 170712


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