• Fundamentación
  • Los factores externos: la situación internacional y los fundamentos económicos y políticos.
  • Los factores Internos. La crisis de hegemonía al interior de los sectores dominantes y la violencia política del periodo previo .
  • El campo económico: su reestructuración
  • Características del Plano político-social. La adecuación del campo político y social a los requerimientos de los nuevos patrones de acumulación: el restablecimiento del “orden”
  • La implementación de un plan sistemático de genocidio

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    Fundamentación


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    La dictadura cívico-militar argentina: 1976-1983 la implementación del modelo de valorización financiera y el terrorismo de estado.

    Romina Adamucci/Viviana Viegas

    Todo está cargado en la memoria, 
    arma de la vida y de la historia”. (León Gieco)


    Fundamentación:

    Han transcurrido 30 años del restablecimiento de la democracia en Argentina. A pesar de este tiempo y del innegable fortalecimiento de las instituciones políticas logrado en estos años, quedan aún varias cuestiones por resolver, por lo que seguimos repensando la complejidad del proceso militar previo y sus consecuencias presentes y futuras en los diferentes órdenes de la vida social.

    En este sentido, durante los últimos años se han logrado importantes avances en el esclarecimiento de lo sucedido en el marco del genocidio de Estado como consecuencia del aporte de las investigaciones de las diferentes disciplinas científicas, de la lucha de los organismos de derechos humanos y del impulso dado en la última década a los juicios relativos a los crímenes cometidos durante dicha etapa. Prueba de ello resulta, por ejemplo, la determinación de la responsabilidad de los sectores civiles en el diseño del plan de reestructuración de la sociedad que tuvo entre sus objetivos el “golpe”. Pero aún quedan cuestiones por resolverse en la continua búsqueda de memoria, verdad y justicia.

    El presente trabajo no pretende ahondar en nuevos aportes investigativos, sino que se encuentra centrado en facilitar a los alumnos la comprensión de la complejidad de éstos procesos, compilando las contribuciones conceptuales producidas en el campo científico y político para reflexionar sobre lo sucedido. En todo caso, su humilde aporte será el de socializar parte del capital cultural logrado por la sociedad argentina, alimentando la memoria colectiva. En palabras de Ana Lo Giudice1, abriendo así paso a la dimensión del saber, a esas huellas que están inscriptas como determinación de los sujetos y también de la comunidad. Memoria no entendida como añoranza, sino como resorte de vida y como condicionante del lazo social.

    A tales fines, se intentará analizar el período comprendido entre los años 1976-1983 en Argentina en su complejidad, abordando diferentes aristas para tratar de arribar a una visión más completa de sus determinantes. Para ello, se partirá de los siguientes ejes:


    • Los factores externos, es decir, la situación internacional en tanto condicionante geopolítico; y los fundamentos económicos y político-ideológicos de las transformaciones del capitalismo occidental iniciadas a mediados de los ´70.

    • Los factores internos, definidos por la existencia de una crisis de hegemonía al interior de los sectores dominantes y un escalada de violencia política en el período previo al “golpe”; y la consecuente necesidad del rearmado de un nuevo bloque hegemónico en el marco de la dictadura cívico-militar.

    • El campo económico, haciendo especial énfasis en las transformaciones en su estructura, como consecuencia de las políticas aplicadas durante este período

    • El campo político y social, identificando la modalidad de implementación del terrorismo de estado como herramienta para lograr el disciplinamiento social, condición, a su vez, para llevar adelante las transformaciones acordes al nuevo patrón de acumulación.

    • Las distintas formas que podrían nominarse de “resistencia” que distintos sectores de la sociedad civil ponen en práctica frente al proyecto dictatorial

    • Y por último, los motivos de la finalización de dicha dictadura y el contexto en el que se procede a la reapertura democrática hacia 1983…


    Los factores externos: la situación internacional y los fundamentos económicos y políticos.

    Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no duraran en personas que no nos importan”.

    Emilie Herni Gauvreay

    El miércoles 24 de marzo de 1976 se concreta lo que hasta ese momento era la crónica de una muerte anunciada para una amplia mayoría de la población: La Presidenta Constitucional Isabel Perón es destituida y trasladada al sur. Se inicia así una de las etapas más trágicas de nuestra historia, mencionada popularmente como “El Proceso” o, más exactamente, denominada por la mismísima Junta de Comandantes que asumió el poder “Proceso de Reorganización Nacional”; dictadura cívico militar que va a ocupar el sillón presidencial desde 1976 a 1983, arrastrando a la Argentina a un destino común con sus vecinos del cono sur, en el marco del nuevo liberalismo y al amparo de la “Doctrina de la Seguridad Nacional” impulsada por EEUU.2

    Para poder comprender geopolíticamente esta etapa es necesario profundizar en su cosmovisión del mundo, la que se acentuará con preeminencia en las décadas subsiguientes, y que no es más que la mascarada con que vuelven a consolidarse los intereses de las clases dominantes.

    A tales efecto, debemos remontarnos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con los tratados de Yalta y Potsdam que definen las áreas de influencia para los ganadores de esta contienda: EEUU, que va a liderar el bloque capitalista en Europa y América Latina; y la URSS y el bloque socialista, conformado por Europa del Este y áreas de influencia. Ambos antagónicos e irreconciliables.

    Este nuevo orden mundial bipolar, al que se denominó Guerra Fría, se extenderá hasta la segunda mitad del Siglo XX, generando una carrera armamentista con focos de tensión y conflicto que se dirimirán en países periféricos sin existir una formal declaración de guerra entre ambas naciones. Su finalización llegará recién con el colapso de la Unión Soviética en 1990, dejando a EEUU como único Imperio mundial.

    En este contexto, EEUU desarrolla una serie de políticas que tienen como objetivo fundamental controlar el bloque socialista ante los posibles avances del comunismo; con consecuencias para Europa y América Latina.

    Así, en 1945 se firma el Acta de Chapultepec entre EE.UU. y las naciones de Latinoamérica, en ocasión de la Conferencia celebrada en la Ciudad de México. Dicha Acta retoma los principios de la “Doctrina Monroe” y es impulsada por los sectores más conservadores de la región, ampliando el pacto de solidaridad recíproca entre los estados parte. Resulta elocuente el punto 8vo. del tratado, donde plantea la defensa colectiva del continente contra agresiones extra-continentales y establece una serie de procedimientos para sancionar a países americanos en determinadas circunstancias.

    Posteriormente, la Doctrina Truman (1946) en correspondencia con estas resoluciones, sostendrá en el aspecto político que « Estados Unidos apoyara a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presiones exteriores".

    Ambas iniciativas fueron el origen del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), firmado en Río de Janeiro en 1947 y de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948.3

    Para el caso de Europa, el modo de prevenir el avance comunista y garantizarse la preminencia sobre ese mercado será, en lo económico, el Plan Marshall (European Recovery Program), basado en la reconstrucción de una Europa de pos guerra devastada; en tanto en el aspecto militar y de control civil, la creación de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y de la CIA(Central Intelligence Agency).

    LA CIA, será la agencia reemplazante de la Office of Strategic Services (OSS, Oficina de Servicios Estratégicos), heredando los mismos procedimientos y agentes de su antecesora. Fue creada durante la guerra para ejecutar misiones de espionaje y apoyo a la resistencia. Posteriormente será autorizada para investigar expedientes administrativos y fiscales sin necesidad de intervención judicial, ampliando su área de influencia más allá de Europa.

    Sin embargo, no todas sus acciones fueron de espionaje. La agencia estuvo detrás de múltiples tareas de entrenamiento de insurgentes y desestabilización de gobiernos contrarios a las políticas de la Casa Blanca. El Presidente contará así con un segundo punto de vista, elaborado por civiles, frente al aportado por los militares de la Agencia de Seguridad Nacional.

    En concordancia, se implementará para América Latina la “Doctrina de Seguridad Nacional”, otorgándoles a las FFAA de estos países un rol protagónico en la lucha contra el comunismo, entrenando a los distintos ejércitos en la llamada “Escuela de las Américas”4 en Panamá y retomando las experiencias en métodos y procedimientos de la Escuela Francesa aplicados en las guerras de independencia de Indochina y Argelia.

    Estas fuerzas extenderán su rol de defensa al ámbito interno, al considerar a los propios ciudadanos como posibles amenazas a la seguridad nacional, contando para ello con el apoyo de la CIA, quien sostuvo ideológicamente y en los hechos a las dictaduras que asolaron al continente durante los ´60 y ´70.

    En este marco y bajo el sustento ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional se desarrolla, por parte de las dictaduras de América Latina, la Operación Cóndor, creada e impulsada por Washington, cuyo objetivo era exterminar a opositores a sus políticas.

    En Argentina, durante la presidencia de Arturo Frondizi, el Plan Conintes (Conmoción Interna del Estado) del año 1959 es el precursor en la aplicación de estos lineamientos, poniendo a las FFAA y de seguridad al servicio de la represión interna.

    La Implementación de estas políticas fueron el soporte para la dinamización de las economías de las potencias hegemónicas entre la finalización de la II Guerra Mundial y mediados de la década del 70.

    Tales estrategias de seguridad se combinan en América Latina con la implementación de modelos de Estado de Bienestar, cuyas políticas económicas resultan fundamentales en la construcción de una lógica de acumulación centrada en el área industrial a partir de la crisis del 30;en complemento con el sector privado y de organizaciones sindicales fuertes e influyentes en el ámbito político.

    Dichos Estados, bajo una estrategia neocorporativista para mantener “la paz social”, se proponen entre sus objetivos principal es lograr el pleno empleo y construir un sistema inclusivo de seguridad social; lo cual, podría decirse, se consigue en los 60, donde se registran niveles prácticamente de pleno empleo.

    No obstante, la acumulación continua de capital se encuentra con uno de sus mayores obstáculos: la escasez de mano de obra, por lo que en el marco de esa década se tornará necesario lograr que ésta fuera más barata y despolitizada.

    EEUU y Europa favorecen políticas de pro-inmigración para resolver temporalmente dicho problema. Por su parte, en América Latina será a través de modelos de Estado burocráticos-autoritarios5 que se intentará el disciplinamiento social necesario para el logro de tales objetivos.

    En este contexto se produce la llamada “crisis de mediados de los 70”, la que determina un hito para el desarrollo de los nuevos patrones de acumulación. Al respecto, las economías capitalistas occidentales entran en una nueva fase caracterizada por un estancamiento y posteriormente una disminución del peso relativo de las actividades manufactureras con respecto al conjunto de la economía, y un aumento relativo del peso del sector servicios.

    Dos acontecimientos actúan como disparadores de tales transformaciones: la inconvertibilidad del dólar y el aumento del precio del petróleo a partir de la creación de la OPEP6, en tanto se genera gran inestabilidad en los mercados, actuando como contención de la demanda y desatando un importante proceso inflacionario.

    Ello, junto a la incorporación de las nuevas tecnologías7 al proceso productivo, dará como resultado la transformación de todo el aparato manufacturero y, por ende, del mundo del trabajo; tanto en los países centrales como en los dependientes; marcando el cierre de un ciclo y el rearmado de una nueva lógica de acumulación a escala mundial en el capitalismo occidental.

    Según Dorfman8, las características principales del nuevo sistema de producción podrían resumirse en cinco postulados de validez universal: desgigantización, descomposición del proceso productivo en elementos separables, relocalización, flexibilización y aptitud para la diversificación; habilitando nuevos recursos para el logro de la competitividad.

    Lo concreto es que, como consecuencia de ello, las empresas se tornan mucho más agresivas y competitivas, aprovechando la crisis para recuperar el poder perdido en la década del ´60,en relación al movimiento obrero.

    Esto dentro del contexto de una reorientación internacional hacia las exportaciones por parte de las principales empresas trasnacionales (ET), utilizando la demanda mundial como reactivante industrial en los países centrales, lo que produce un alud de productos importados, que hacen peligrar las industrias nacionales de los países receptores.

    Estamos ante la Desindustrialización por un lado y la Reindustrialización como contrapartida, pero ambas atentan contra el mercado de trabajo, produciendo despidos en masa y/o nuevas contrataciones precarias, sin ninguna protección legal y actuando automáticamente como disciplinadoras del salario a escala mundial.

    Por su parte, la crisis del petróleo antes aludida, incrementa el flujo monetario en los países miembros de la OPEP, generando un sobrante financiero que es captado por los países centrales (por medio de los bancos) y que deberá ser reinvertido para reproducir el ciclo, por lo que nuevamente saldrán a la periferia como préstamos masivos.

    Así, los países dependientes son receptores obligados de estos “petrodólares” por medio de préstamos a los que responderán con valiosos activos, sobre todo de empresas estatales, consolidándose, de este modo, una deuda pública sin antecedentes para América Latina.

    Específicamente en el caso de Argentina, estas nuevas estrategias económico-financieras entran en conflicto con el modelo semi-proteccionista de la sustitución de importaciones, marcando su fin.

    La crisis del ´70 posibilitará el viraje a la implementación de la ideología neoliberal, un nuevo liberalismo que aparece como la gran esperanza de resolver viejos y nuevos problemas del conjunto social.9

    Sus premisas están dirigidas a desarmar los postulados básicos del Estado de Bienestar para asegurar una mayor concentración de la riqueza y por lo tanto del poder en manos de los grandes grupos económicos, perpetuando la desigualdad y peor aún, acrecentándola, al oponerse a la intervención redistributiva.

    Sus principios básicos quedan plasmados en lo que se denominó el “Consenso de Washington”10, el cual condensará diez principios de política económica11, consensuados por el Banco Mundial, el BID, los altos ejecutivos del Gobierno de EEUU y sus agencias económicas, el Comité de la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, miembros del Congreso interesados en temas latinoamericanos y los "thinktanks" dedicados a la formulación de políticas económicas. Dichos principios apuntan a forzar cambios estructurales en Latinoamérica, proponiendo:

    - disciplina presupuestaria y austeridad fiscal;

    - cambios en las prioridades del gasto público;

    -reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados;

    - liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés;

    - búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos;

    - liberalización comercial;

    - apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas;

    - privatizaciones;

    - desregulaciones;

    - garantía de los derechos de propiedad.

    Estos consejos económicos repercutirán profundamente en el entramado social ya que será el mercado el que conducirá los destinos de la humanidad, exigiendo una libertad absoluta. Libertad económica por sobre el resto de los valores societales. Así, el bien común, la responsabilidad social, entre otros principios, son sustituidos por el natural desempeño de las leyes de mercado. Se construye de este modo una ideología más orientada al consumo que a la producción,12 se radicalizan los valores del capitalismo en cuanto a poseer, acumular, competir y consumir, una cultura que está mucho más orgullosa de “lo que se tiene “que de lo que “se es”.

    Se trata de una cultura que resalta el consumo de determinados bienes y servicios considerados válidos por el mercado, por lo tanto tendiente a homogeneizar necesidades ficticias y ser poco tolerante con las diversidades.

    Son éstas transformaciones a escala mundial las que van a conformar las condiciones para la aparición de un nuevo bloque dominante en Argentina, en torno al cual se van a propiciar las adecuaciones internas a los fines de responder a los nuevos patrones de acumulación. Ello sumado a los condicionantes internos, decantará en el golpe de Estado del 76, quien será por medio del terrorismo de estado que garantizará tales readecuaciones.

    Los factores Internos. La crisis de hegemonía al interior de los sectores dominantes y la violencia política del periodo previo.

    Los factores externos antes reseñados, no constituyen el único fundamento del Golpe de Estado del 76. Por el contrario, los mismos deben ser considerados incluyendo determinadas características de la dinámica política interna de la sociedad argentina, que permiten comprender las particularidades locales del contexto histórico en el que el mismo se suscitó.

    En este sentido, se presentan dos cuestiones fundamentales:


    • Por un lado, la presencia constante y naturalizada de las fuerzas armadas en la vida política nacional. En correspondencia con ello, la constatación histórica de la utilización del recurso del terrorismo de Estado como herramienta disciplinadora en los períodos previos a la dictadura que nos ocupa.

    • Y por otro, la existencia de una nueva crisis de hegemonía en el período precedente al “Golpe”, la que se extiende desde el derrocamiento del peronismo en el 55 hasta dicha fecha; caracterizada por la imposibilidad de los sectores dominantes de construir un proyecto de dirección política y cultural de la sociedad más o menos estable. Además, como contracara de ello, la presencia de una clase subalterna activada políticamente como consecuencia de las políticas populistas durante el peronismo, con capacidad de resistencia política. Así, la manifestación de esta situación va a ser una escalada de violencia que se extiende durante toda esta etapa; y se agudiza ya en los 70, como consecuencia de las disputas de los distintos sectores dominantes por imponer su hegemonía en el marco de las nuevas condiciones del capitalismo internacional, tal como fue planteado anteriormente.

    En relación a la primera cuestión, desde una perspectiva histórica Rouquie13 plantea que en el campo político de la Argentina, los militares fueron un protagonista permanente y decisivo de las contiendas existentes. Tomando sus propias palabras, puede decirse que el Golpe de Estado de 1930 abre paso a la “era militar”, es decir, a un período de aproximadamente 50 años, caracterizado por la constante inestabilidad y la persistente presencia militar en la vida política nacional. Dicha presencia se constata por un lado, en las recurrentes interrupciones a los regímenes democráticos14; y por otro, en la participación militar en gobiernos civiles o aparentemente civiles.

    Las razones de dicha situación según el autor reseñado, se encontrarían, en parte, en las reglas del juego construidas por los distintos actores del campo político, gracias a las cuales los militares fueron vistos como “actores legítimos del sistema”. Así, lejos de existir la representación de que los militares constituyen una amenaza al libre juego de la vida política, con anterioridad a la dictadura del 76, el comportamiento de los distintos partidos políticos estuvo signado por la constante búsqueda de alianzas con los militares para sus propios fines partidarios; y gracias a esta compleja regla de juego, en la que “nada se hace sin ellos o contra ellos”15, se construyó un sistema en el que civiles y militares se complementaron; derivándose en una militarización de la vida política nacional y en una politización de las fuerzas armadas; y con ello, en la construcción de una representación social que ve a los militares como actores legítimos en dicho campo.

    Dicha representación se va a hacer extensiva a la sociedad civil, quienes van a ver en los militares una especie de “salvación” ante los momentos de agudización de crisis económicas y sociales.

    Lo antedicho, permite comprender que el Golpe de Estado del 76 no es un episodio aislado producto de un grupo impetuoso de militares y civiles, sino que, por el contrario, responde a una característica histórica del funcionamiento del campo político local.

    Complementariamente a ello, aparece el antecedente de la utilización de prácticas terroristas en la historia nacional, es decir, tampoco éstas prácticas son novedosas del contexto de la dictadura cívico militar del 76, sino que poseen raíces históricas. Ya durante la etapa de la conquista, las prácticas terroristas fueron parte del modus operandi de la colonia española quien, del mismo modo que Portugal en otras regiones de América Latina, impusieron su dominio a base de “sangre y fuego”. El resultado de éste genocidio, se estima, asciende a 60 millones de seres humanos.16 Asimismo, en la etapa de construcción del Estado nacional las encontramos en la lucha contra los caudillos, en el desplazamiento del gaucho y el aniquilamiento de los pueblos originarios sobrevivientes, como por ejemplo, la Campaña al Desierto de Roca, cuya finalidad era incorporar nuevas tierras al modelo productivo, eliminando de las regiones a las comunidades locales y sometiendo a sus integrantes a condiciones de servidumbre a favor de las clases dominantes.17 Posteriormente, las mismas se replican contra los inmigrantes que se incorporan a la clase trabajadora durante el modelo agroexportador, portando nuevas ideologías que van a ser visualizadas como una amenaza al status quo. Así, la actividad de la Liga Patriótica, la promulgación de la Leyes de Residencia de 1902 y de Defensa Social de 1910; y los episodios de la “Semana Trágica” de 1919 y la “Patagonia Rebelde” de 1922, dan prueba de ello.

    Dichos antecedentes muestran, entonces, que el Terrorismo de Estado de los 70 no es una innovación de la época, ni tampoco una mera imposición geopolítica de los países dominantes, sino que se asienta sobre rasgos culturales, políticos y económicos de la propia sociedad local. En este sentido, se puede concluir que la dictadura retoma con mayor virulencia y en forma más organizada, sistemática y abarcativa este modus operandi.

    La otra cuestión, es la relativa a la existencia de una crisis de hegemonía al interior de la clase dominante, que lleva a un vacío hegemónico manifestado en la inestabilidad política (caracterizada por la alternancia de gobiernos civiles y militares) y las crisis económicas recurrentes, durante la etapa 55/76.

    El Golpe del ´55 pone fin a la implementación del proyecto hegemónico de la llamada “nueva burguesía industrial” resultante del pacto capital-trabajo y de las políticas de protección características del estado benefactor. Sin embargo, el movimiento de masas propio del populismo deja la impronta de los derechos sociales y laborales ganados a favor del mundo del trabajo y la conciencia de seguir luchando por ellos.

    A partir de ese momento, la imposibilidad de los sectores dominantes de construir un proyecto político que incluya a los distintos sectores de la sociedad, dará lugar a una escalada de violencia estatal, destacándose la implementación de distintas políticas represivas al movimiento obrero en su intento por disciplinar al sector trabajado, dentro de las que se sobresale la proscripción al peronismo.

    No obstante, la fuerte organización de los sectores populares, homogeneizados por su gran componente obrero e identificados mayoritariamente con el movimiento peronista, va a oponer resistencia a ello; la que se cristaliza en la llamada “resistencia peronista” y el surgimiento de nuevos grupos militarizados dentro de los sectores subalternos. El resultado es un espiral de violencia política cada vez mayor.

    Así, la crisis de hegemonía del conjunto de la clase dominante “se refleja en la sociedad civil, la que se verá, desde allí en adelante, acorralada por la supremacía del Estado. La fuerza y la coerción recobran todo su brío frente a una sociedad civil fuerte, que resiste y se niega a ser disuelta”18

    La disolución del sistema hegemónico tras el golpe del ´55 y la incapacidad de reemplazarlo por otro resta cohesión a la sociedad, y pone en cuestionamiento el status quo de los sectores dominantes. Ninguno de los gobiernos civiles posteriores a dicha fecha pudo culminar su mandato, ni tampoco los regímenes militares que los derrocaron lograron fundar el consenso social suficiente como para estabilizar el campo político.

    Frente a la resistencia de los sectores subalternos, los militares al mando de Onganía llevan adelante el Golpe del ´66 (autodenominado “Revolución Argentina”), en un intento de disciplinarlos por medio de la constitución de un estado burocrático fuertemente autoritario, como medio para consolidar la etapa de industrialización pesada. Sin embargo, el episodio del Cordobazo en el ´69 y de otros estallidos ocurridos en Mendoza y Rosario, ponen fin a este proyecto.

    De este modo, es por medio de la reapertura democrática y el levantamiento de la proscripción del peronismo en el ´73, que se intentará neutralizar la resistencia de los movimientos guerrilleros y de aquellos sectores que habían avanzado al cuestionamiento de las bases estructurales del sistema capitalista; a los fines de la conservación del status quo.

    No obstante, el llamado proyecto de pacificación iniciado por el propio Perón en el ´74 queda trunco ante las modificaciones del contexto internacional y las exigencias de los nuevos patrones de acumulación mundial.

    La muerte de Perón y la conducción del aparato del Estado por parte de la vice-presidente María Estela Martínez de Perón aceleran las condiciones para el golpe, tanto por la agudización de las contradicciones internas del peronismo y de las propias organizaciones armadas; como por la urgencia de los sectores dominantes por adaptarse a las nuevas condiciones económicas.

    En este contexto, dentro del marco de la democracia conducida por el tercer peronismo aparecen las primeras medidas que dan cuenta de un plan de exterminio, no solo contra las organizaciones guerrilleras, sino también de todos aquellos sectores que pudieran resistir el nuevo proyecto. La formación de la “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina) por parte del Ministro de Bienestar Social, José López Rega, en colaboración con referentes de la derecha peronista, es la fiel prueba de ello.

    Se trata de una organización para-militar con base operativa en el subsuelo del Ministerio que conducía su ideólogo, cuyo modus operandi se basó en la violencia y el terror para neutralizar a los grupos guerrilleros y paralizar a los sectores organizados de la clase trabajadora.

    Según la CONADEP19, entre 1972 y 1975 (fecha de su disolución) la Triple A perpetró alrededor de 1500 asesinatos, encontrando entre sus víctimas a intelectuales, periodistas y militantes de organizaciones guerrilleras, amén de los exilios provocados frente a sus prácticas de amenazas.20

    No obstante, es en el marco del “Operativo Independencia” de 1975, que el gobierno constitucional convoca de manera directa a las fuerzas armadas en lo que dieron en llamar la “lucha anti-subversiva”.

    Por medio de la firma de un decreto presidencial, avalado también por todos los miembros del gabinete de gobierno, María estela Martínez de Perón dispone el fin a la guerrilla montada en Tucumán por la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Meses más tarde, el presidente provisional del Senado, Ítalo Luder, es quien reforzaría esta decisión, decretando la extensión de las prácticas de aniquilamiento a todo el territorio nacional.

    Sin minimizar las consecuencias sobre las víctimas a las que apuntó dicho operativo, tal vez su mayor significancia radica en que constituyó el “ensayo previo” de las políticas de exterminio que la dictadura iría a poner en práctica meses más tarde. En su contra-ofensiva, la neutralización del accionar guerrillero del ERP actuó de excusa para abordar la resistencia civil en la provincia tucumana. Por tal motivo, utilizando los principios de “la doctrina de la seguridad nacional” las fuerzas armadas se abatieron sobre la provincia empleando prácticas de terror (consistentes en secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de miles de ciudadanos). La mayoría de sus víctimas fueron “obreros de la industria azucarera, peladores de caña, jornaleros, pequeños almaceneros, carniceros y estudiantes. La Universidad de Tucumán registra el mayor porcentaje de victimas de todo el país. Nueve de cada diez personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en la vía pública”.21 Otras tantas fueron asesinadas, luego de ser secuestradas y torturadas, fraguando combates en la calle contra las fuerzas del orden.

    No obstante dicha ofensiva, a nivel nacional, los avatares políticos incesantes y el intento frustrado, producto de la resistencia popular, de ajustar el modelo económico local a las necesidades de las nuevas pautas de acumulación, se condensan en el armado del plan para derrocar al gobierno peronista.

    Así, la última dictadura se propondrá la más extrema de las contrarrevoluciones conservadoras, disciplinando a los sectores subalternos a fuerza del terrorismo de Estado, desestructurando socialmente al movimiento obrero; y promoviendo el rearmado de un nuevo bloque de poder a favor de los intereses de los sectores dominantes locales e internacionales.



    El campo económico: su reestructuración:

    Hasta el golpe del ´76 podemos considerar que la economía argentina se desarrolla en función de dos sectores, el agropecuario, que por medio de la exportación permitía obtener las divisas para sostener el país; y el industrial, que abastecía el mercado interno, subvencionado por el Estado.

    Es importante entender este comportamiento porque es en su dinámica que se conforman las condiciones que dan lugar a la Dictadura Cívico Militar, en tanto los actores económicos que abogan por acondicionar la sociedad argentina a los nuevos patrones de acumulación surgidos tras la crisis del ´70, son preexistentes y de gran peso en la vida económica del país.

    Al respecto, si bien tras el período de conformación de la sociedad argentina (1816-1880) se constituye un sector dominante integrado por la burguesía agraria, a partir de la crisis del ´30 van a cobrar importancia varios sectores del empresariado industrial, quienes se incorporan como nueva fracción dominante en el marco de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

    En ese momento histórico, la mencionada crisis lleva a que las potencias hegemónicas den prioridad al comercio con sus colonias, a su vez, cae el precio internacional de los productos agropecuarios, desestabilizando las bases de acumulación del modelo agroexportador y poniendo en peligro la inserción de Argentina en el mercado mundial.

    La respuesta local frente al desequilibrio en la balanza comercial que ello genera va a ser, entre otras medidas, el cierre de las importaciones, lo que alienta la expansión de las industrias locales. Asimismo, frente al debilitamiento de los viejos vínculos comerciales, ingresan nuevos capitales extranjeros (sobre todo norteamericanos) que vienen a competir con los ingleses por el mercado local.22

    La oligarquía, quien constituía el núcleo dominante, hace las maniobras necesarias para adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones, recuperando el poder por medio de un golpe de Estado (1930), tras el que consolida su posición y, aunque en crisis, mantiene su hegemonía.

    Comienza a intervenir en la economía planificándola, orientando la actividad productiva hacia el mercado interno por medio de la elaboración de un plan de protección y estímulo a la industria local, cuya expresión más acabada es el Plan Pinedo de 1940.

    En realidad esta primera etapa, denominada industrialización por sustitución de importaciones (ISI) no está considerada como un proyecto de industrialización serio, sino que tuvo más que ver con salvar la coyuntura con los límites impuestos por el sector dominante, quien no dudaba de las ventajas del modelo agroexportador. En todo caso, el área industrial era valorada como motor secundario de la economía nacional.

    Así es como la oligarquía venia evaluando el crecimiento industrial desde principios del siglo XX: los grandes frigoríficos, el ferrocarril, la industria azucarera y del vino, entre otras, fueron sectores de desarrollo incipiente durante el modelo agroexportador. 23

    Pese al menosprecio de la elite, este precedente de desarrollo industrial brinda a la ISI un base relativamente diversificada y escasamente integrada”24que le da ventajas comparativas respecto de otros países dependientes, marcando una etapa de intenso crecimiento de la producción y rápida acumulación de capital.

    Esto último resulta posible también por la escasa distribución de los ingresos para las clases subalternas, cuya capacidad de presión estaba limitada tanto por el disciplinamiento propio de la crisis antes aludida, como por el incipiente poder de organización sindical.

    Sin embargo, el desarrollo del modelo de ISI impacta en lo social, así las migraciones del campo a la ciudad dan origen a una nueva fracción de clase que rápidamente vira el equilibrio de fuerzas, al incorporarse a un movimiento obrero que se torna más fuerte y mejora sus posibilidades frente al poder empresarial, en el reclamo de salarios y condiciones de trabajo.

    La industria en este período registra una expansión constante, siendo beneficiadas fundamentalmente las grandes empresas. Sin embargo, esta tendencia es alterada por la II Guerra Mundial, que agrava problemas no resueltos, sobre todo energéticos y de abastecimiento de maquinarias y repuestos; aunque crea las condiciones de protección para la industria argentina.

    Es recién con el populismo, en la década posterior, donde va a empezar una decidida política de estado para sustituir importaciones, reconociendo las potencialidades del mercado interno y acomodándolo a la coyuntura. Así, la guerra será aprovechada para exportar bienes primarios, como también para motorizar la industria vinculada a ella.

    El nuevo bloque hegemónico responsable de la II etapa de ISI está integrado por el sector de las FFAA actores de la revolución del ´43, quien con una ideología nacionalista e industrialista de base, se propone lograr una industria autónoma terminando con la dependencia; y la nueva burguesía industrial (nacida al amparo de las políticas proteccionistas previas), quienes adquieren autonomía política con respecto a la antigua fracción dominante.

    Al proyecto industrialista de este muevo bloque también se incorpora el movimiento obrero a través de los sindicatos, canalizando las demandas de la etapa anterior.

    El Estado se torna más intervencionista y regulador, expandiendo sus funciones, nacionalizando servicios públicos (ferrocarriles, gas, agua, electricidad, y el grupo alemán DINIE). Da nuevo impulso a empresas estatales como YPF, YCF, SOMISA (creada por ley en el ´47 como S.A. mixta entre el Estado y los principales grupos siderúrgicos del país), IAME(productora de tractores, motocicletas y autos). 25 Crea asimismo, la Flota Mercante y controla el comercio exterior a través del IAPI. Esto último constituye la política central del proyecto económico en esta etapa, en tanto ello provee los recursos necesarios al Estado para su financiamiento, transfiriendo divisas del sector primario al secundario.

    Estos cambios en la estructura productiva desarrollan un sector industrial estatal de considerables dimensiones.

    El desafío consistía en poner a la industria local en condiciones de poder competir con la extranjera en el mercado interno. Al respecto, si bien hubo avances en fabricación de heladeras, radios y productos químicos, existían serias carencias en la mayoría de los sectores de infraestructura, sobre todo en transporte y energía eléctrica, que dificultaron el desarrollo. Asimismo, el sector primario en el marco de esta crisis muestra sus falencias, cristalizando su estancamiento.

    En ese contexto, la Confederación General Económica (CGE) declara entonces que no es posible atender las demandas de inversión sin la ayuda del capital extranjero. Frente a ello, y evidenciados los signos de agotamiento de la etapa fácil de industrialización, es que Perón promueve la ley de radicación de capitales (Ley 14.222). Así, la tendencia del capital internacional de afianzarse en Latinoamérica, ya sea para aprovechar los mercados existentes a través de inversiones directas o para controlar su potencial crecimiento, muestra claros indicios a partir de 1950.

    No obstante, el proyecto de ISI bajo la conducción del movimiento peronismo queda trunco con el golpe del ´55, abriéndose paso un periodo de inestabilidad política y económica, pero sobre todo política, ya que la alternativa es gobernar con el peronismo proscripto o perder las elecciones.

    Recién a partir del proyecto desarrollista, implementado por el gobierno de Arturo Frondizi a fines de 1958, es que se intenta concretar políticamente continuar la ISI, incentivando el desarrollo de las industrias básicas con énfasis en el autoabastecimiento de combustibles. Para ello, el proyecto de industrialización compleja se llevará a cabo en asociación con capitales extranjeros (para lo cual se promulga una nueva ley de radicación de capitales de corte menos proteccionista que la elaborada por el peronismo).

    Las nuevas empresas que se incorporan son filiales de las grandes ET las que, conjuntamente con las existentes, se adaptaran a las nuevas circunstancias, generando cambios en los sectores productivos y en sus relaciones. Así, comenzaran a ejercen control sobre capitales de empresas industriales y no industriales, cuyas actividades están integradas y/o diversificadas.

    Ello implica un fuerte crecimiento de las actividades automotrices y petroquímicas, así como también de ciertos sectores siderúrgicos ferrosos y no ferrosos.

    Se configuran como industrias capital-intensivas, provocando un fenómeno similar al del ´20 con respecto al surgimiento de empresarios en actividades relacionadas, si bien cabe destacar que las heterogeneidades estructurales y de perfomance aumentaron significativamente.

    Estas diferencias se expresan en la concentración y tendencia al oligopolio en fijación de precios, en su productividad y, por lo tanto, en la diferenciación de salarios.

    Así, el bloque de poder durante el desarrollismo quedará conformado por algunas empresas que se habían instalado en el país en la década del ´30 (Philips, Warnet Lambert.) y otras que se radican y expanden en la segunda etapa de sustitución de importaciones (como la Renault).

    Por otra parte, también participan algunas empresas nacionales, procedentes de la cúspide agraria o industrial, en muchos casos, habiendo diversificado sus inversiones con finanzas, seguros, servicios y comercialización. Ejemplos de ello son algunos industrialistas de la primera etapa de sustitución de importaciones (como por ejemplo Molinos Rio de La Plata), las fracciones más moderna del bloque agroexportador (Bunge y Born) y también las tradicionales, sobre todo del interior del país (como Ledesma, Garovaglio y Zorroaquin; y Celulosa Argentina).

    De este modo, se termina de consolidar el eje de la acumulación en la industria. En este contexto, las exportaciones industriales llegan a representar el 20 % de las totales. Pero también se expanden las agropecuarias, que registran una tasa de crecimiento del 7.1% anual acumulativo, lo que denota la fuerte influencia del sector agrario en la economía argentina.

    El PBI crece entre 1956/1964 el 4,2% anual y acumulativo, aunque sin utilizar toda su capacidad productiva y con ciclos de “stop and go”, determinando periodos de crecimiento de corto plazo, debido a los vaivenes del comercio internacional y la modalidad de acumulación de los sectores dominantes.

    La década de 1964/1974 es la que registra un mayor crecimiento sostenido, con un PBI del 5,1% anual y un aumento significativo de la productividad, como consecuencia de las actividades capital intensivas y del aumento de la regresividad social.

    La expansión de las exportaciones se asocia, en las manufacturas, a firmas extranjeras sobre la declinación de las nacionales (sobre todo la industria textil); y en las agropecuarias, a la diversificación de las inversiones de las oligarquías.

    Se trata de una etapa que combina crecimiento económico con fuerte regresividad social, la que se expresa, entre otras cosas, en el estancamiento salarial de los sectores populares. Ello va a importar, en lo social, una fuerte reacción de éstos sectores, cuya resistencia demuestra la capacidad de oponerse a los proyectos de los grupos dominantes, tal como lo demuestra el Cordobazo.

    Por otra parte, esta matriz del ISI articuladora de las relaciones políticas, económicas y sociales se caracteriza por una fuerte dependencia con el Estado de las clases que crecen a su amparo y que lo legitiman, es decir, aquellas ligadas a la industrialización: obreros, burocracia estatal, sectores medios urbanos y clases propietarias

    El golpe del ´76 arremete contra este modelo. Las FFAA, al amparo del neoliberalismo, bajo el enfoque “monetarista”, intentan refundar estructuralmente la sociedad argentina, aplicando el terrorismo de estado. Videla y Martínez de Hoz reformulan la “Doctrina de la Seguridad Nacional” para acallar reclamos sociales, desmantelar las estructuras gremiales y evitar su organización, destruyendo físicamente las bases de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, sindicatos y organizaciones de izquierda.

    Al mismo tiempo idean un redimensionamiento industrial o “desindustrialización relativa”, a fin de desguazar lo que consideraban malformaciones industriales, y ciertas instituciones características del Estado de bienestar keynesiano; removiendo las bases económicas y sociales del ISI, de tal manera que el nuevo patrón de acumulación se tornara irreversible.

    Se cumple así, el reclamo de los grupos económicos, es decir, los llamados “capitanes de la industria” en los años 80 (conformados por el capital financiero internacional y las industrias multinacionales establecidas en Argentina), cuyo objetivo de largo plazo no era retroceder y abandonar un terreno que no podían dominar, sino imponerse y crecer en su interior.

    A tales fines, el nuevo plan económico debía revertir los objetivos del Plan del tercer peronismo, basados en un pacto social que incluía la “justicia social” y la expansión de la industria con preeminencia en las zonas rezagadas26. En otras palabras, debía anular la alianza propia del peronismo entre clase obrera y pequeña y mediana burguesía.

    El resultado se tradujo en una sistemática caída de la producción, que disciplinó automáticamente a los sectores populares y concentró el ingreso a favor del sector empresarial.

    Por otra parte, el mercado financiero adapta su estructura para poder captar los fondos excedentes de las potencias hegemónicas, caracterizándose por sus estrechas conexiones con el exterior, su elevada liquidez y su facilidad de entrada y salida.

    A tales fines, ocupan puestos claves en el área económica durante la dictadura, figuradas vinculadas a sedes de empresas del primer mundo27. Tal es el caso José Alfredo Martínez de Hoz.

    El nuevo patrón de acumulación va a situar la especulación financiera como eje central, ordenador de la economía y de la sociedad. El nuevo bloque de poder es asumido por la fracción diversificada de la oligarquía pampeana, quien a través de la conducción del estado se ubica en puestos claves de la estructura de gobierno. Así, la fracción del capital integrado (como los Pérez Compang, Bridas, Acindar, Techint, Arcor, Loma Negra, Macri, Bunge y Born y Clarín, entre otros), son quienes sostienen este nuevo estadio del capitalismo local, en el período 1976-2001.

    La nueva dictadura cívico- militar ejecutara medidas de corte estrictamente neoliberal, las que pueden agruparse fundamentalmente en: el redimensionamiento del Estado, es decir, su achicamiento y la pérdida de control de sus funciones; las modificaciones en relación capital/trabajo y la apertura de la economía.

    Cabe destacar que la continua ofensiva del capital sobre el trabajo ya se manifiesta en el gobierno constitucional previo, luego del fallecimiento de Perón, con un brutal ajuste conocido como “El Rodrigazo”.28Estas medidas disparan una inflación que van a reducir el poder de compra de los trabajadores y licua gran parte de las deudas de las empresas privadas. A partir de entonces, pese a la movilización de los trabajadores a través de la CGT que logra revertir parte de las medidas, la estructura del salario queda rezagada. 

    Ya en ese momento se comienza a sostener que había que "sincerar" la economía, reduciendo el enorme déficit público existente y aumentando la productividad de las empresas por medio del devalúo del peso. Pero, en realidad, a lo que se apuntaba era más a frenar el poder de movilización de los sectores populares, que incidían en las decisiones en pos de políticas laborales favorables (sobre todo con el derecho a huelga y la gran politización y consenso existente en la calle). 

    “La Junta” va mucho más allá en el objetivo de redistribución del ingreso en favor de los empleadores, utilizando el terrorismo para que avance el capital, dirigiendo su ofensiva hacia el mundo del trabajo.

    Uno de los instrumentos para ello es el establecimiento de un “ancla salarial”: los precios y las tarifas seguirían subiendo y los salarios no; siendo la excusa para ello el freno a la inflación. Como resultado se produce una devaluación del 40% en los salarios, comparados con el quinquenio anterior.

    A partir del golpe de estado los trabajadores pierden prácticamente todos sus derechos: se reforma la Ley de Contrato de Trabajo, se eliminan las convenciones colectivas, se interviene la CGT, las “62 organizaciones” y todas las asociaciones gremiales; y se prohíbe el derecho de huelga. Asimismo, se suspenden por tiempo indeterminado las actividades políticas y gremiales de todo orden; y se promulga la Ley de Prescindibilidad, para depurar la administración pública de “agitadores y subversivos”.

    Es importante destacar que este disciplinamiento se da en el marco de la desindustrialización, llevándose a cabo un redimensionamiento sistemático de la actividad manufacturera, funcional a ello.

    Así, se reduce la ocupación obrera y aumenta la jornada media de trabajo. Se incrementa la productividad debido a una mayor intensidad del uso de la fuerza de trabajo y a la racionalización de los procesos productivos. La expulsión de la mano de obra del mercado formal, principalmente del área industrial, da origen al surgimiento de un mercado paralelo (mercado informal o “negro”), cuya principal característica es la precarización.

    De este modo, el desempleo opera como un disciplinador “natural” de los sectores trabajadores; éste, junto a las políticas represivas del estado, servirá para garantizar la implementación de las nuevas condiciones a favor del capital.

    A su vez, el costo salarial pasa a ser reducido a su mínima expresión para garantizar más ganancias a los sectores empresariales. Así, tal como lo sostiene García, A. “la magnitud del excedente captado por el empresariado industrial en su conjunto se incrementó en un 69 %. 29

    De este modo, la “Junta” promueve cambios sustanciales en la sociedad argentina: su redefinición principalmente anti-estatista dentro de la doctrina neoliberal apunta directamente a la reorientación distributiva, es decir, el ingreso va de los sectores populares hacia los sectores más concentrados de la economía.

    Dicho principio antiestatista cobra materialidad en distintas medidas tales como: la reducción de los mecanismos reguladores, la racionalización del gasto público, la descentralización de funciones del estado nacional hacia las provincias y municipios, la transferencia de empresas estatales o sus funciones al sector privado, la liberalización del sistema de precios y el descenso de las barreras aduaneras (con la progresiva reducción de los aranceles a la importación). A ello se le suma, la Igualdad en el trato al capital nacional que al extranjero y la reducción de los plazos de entrada y salida de dichos capitales. En este sentido, la ley de reforma financiera resulta clave.

    La reforma financiera de junio del 1977, ortodoxamente monetarista, va a beneficiar directamente a los sectores más concentrados del capital financiero externo e interno ya que:



    • libera las tasas de interés, que en lo sucesivo serían reguladas por la oferta y la demanda de créditos;

    • disminuye las exigencias estatales a las entidades financieras, lo que llevó a una multiplicación de las mismas;

    • Otorga mayor permisividad a la entrada y salida de capitales de Argentina.

    El equipo económico sostiene que así terminaría de configurarse un circuito lo suficientemente fluido para atraer a la liquidez mundial facilitando el crédito, mediante el cual la industria local se equiparía, con el fin de afrontar la competencia de productos importados.

    Esta reforma anula el control que ejercía el Banco Central y se orienta hacia una estrategia de intereses libres y de signo positivo con respecto a la inflación. Es decir, el Estado como tomador masivo de crédito levanta las tasas de interés, haciéndolas superiores a los niveles de inflación y a las ofrecidas por los Bancos internacionales, lo cual favorece la especulación y la fuga de capitales.

    Dicha política es alentada por el establecimiento de la llamada “tablita financiera”, consistente en anunciar los valores anticipados de la cotización del dólar respecto del peso argentino. A los fines de sostener esta política, en marzo del ´80, ante el temor de nuevas corridas bancarias, el estado determina garantizar el 100% de los depósitos, en el caso que quebraran las entidades financieras.

    Estas medidas dan lugar a un comportamiento especulativo denominado “bicicleta financiera”: las empresas se endeudaban a través de créditos procedentes del exterior, depositando los fondos en moneda local, aprovechando los intereses ofrecidos por la banca local, superiores a la inflación y a los de los créditos contraídos en el extranjero. El mecanismo utilizado tanto empresarios argentinos como extranjeros especulativos era por lo demás seguro, ya que la tablita les anticipaba que no serían perjudicados por la inflación y, a su vez, la garantía sobre los depósitos les aseguraba el pago total de lo colocado. Es así que la especulación se convierte en el motor central de la economía Argentina, sobredimensionando el sector financiero.

    Es la tristemente célebre época de “la plata dulce”: ciertos sectores de la sociedad argentina quedan deslumbrados por la posibilidad de acceder al turismo internacional y a electrodomésticos baratos, creándose una especie de espejismo exitoso que pronto mostró una realidad ficticia y de corta duración.

    En este contexto de préstamos y plazos fijos, los créditos hipotecarios fueron reglamentados por la recordada Circular 1.050 del Banco Central, que liberó las tasas de los créditos hipotecarios a la fluctuación del mercado, permitiendo a las entidades bancarias otorgar préstamos a particulares sin fijar de antemano los intereses. El resultado fue que los mismos se tornaron impagables, por lo cual muchísimas familias perdieron su vivienda.

    La contracara de esta política de endeudamiento será, a mediano plazo, el empeoramiento de la situación de muchas industrias nacionales (sobre todo pequeñas y medianas) quienes, al abrirse la importación y disminuir el consumo local, recurren a préstamos en el exterior (debido a las altas tasa locales) en un intento por hacer inversiones que aumenten su competitividad.

    La situación se complica aún más cuando EEUU eleva las tasas de interés, lo que provoca que los capitales especulativos que estaban en el país se fuguen y no resulte viable la posibilidad de conseguir financiamiento externo.

    Dicha política norteamericana hace que muchas empresas que no se encuentran amparadas por el estado dictatorial quiebren, al no poder afrontar la deuda en dólares.

    Por el contrario, el estado se hace cargo de la deuda de los grupos empresarios afines a su proyecto, aumentando ostensiblemente la deuda externa. La cristalización de ello es la firma del decreto de estatización de la deuda privada en el año 1982 por el entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo.

    El resultado será el condicionamiento de las generaciones futuras al pago de la deuda, constituyéndose ésta situación en una amenaza a la democracia venidera, en tanto Argentina (del mismo modo que otros países latinoamericanos) redobla su dependencia con respecto a los países centrales. 30

    Dicha política financiera en el marco de la apertura económica, junto con el disciplinamiento obrero fue la disposición de corte más neoliberal aplicada por Martínez de Hoz. Sostenía que la reducción de aranceles proteccionistas junto con la quita de subvenciones a ciertas industrias estimularía la competencia con los productos extranjeros, depurando a la industria sustitutiva sencilla. Sin embargo, esta apertura usada como política anti-inflacionaria, provocó la desintegración de gran parte de la producción local.

    Tal desindustrialización disminuye las dimensiones de la estructura secundaria, desaparecen ciertas fracciones de capital, sobre todo aquellos estratos mediana y escasamente concentrados, siendo el área de bienes de consumo durable la más afectada. Como contrapartida, los beneficiados son los sectores más concentrados, que aumentan su participación en la producción industria: en primer lugar, los grandes grupos económicos locales y, en segundo lugar, las ET diversificadas y/o integradas (ETDI).31

    En forma complementaria, la conducción estratégica de la Dictadura por medio de su gabinete económico, impuso una restructuración de las empresas estatales en función de los intereses de los grupos económicos locales. Es la denominada privatización periférica,32 es decir, “un mecanismo de infiltración selectiva del capital privado en las empresas estatales a través de concesiones y terciarización de actividades selectas. Esto permitió que esos grupos se apoderaran de una parte significativa de los ingresos de las firmas estatales”.

    Esta política compatibiliza la aplicación ideológica del liberalismo con los intereses nacionalistas de las FFAA, en tanto a la vez que se liquidaron o vendieron las empresas de pequeñas dimensiones, se estatizaron otras de grandes dimensiones, como la Ítalo Argentina de Electricidad y Austral (aviación).

    Este tipo de privatización aseguraba una gran rentabilidad a los adjudicatarios y se inspiró en el modus operandi instaurado por Krieger Vasena, que originó a la patria contratista durante la dictadura de Onganía, (la que implicaba otorgar a empresas privadas las explotaciones rentables mediante contratos). Según Pucciarelli,33 se habría concretado de este modo un primer “desempate” entre burguesías rivales, mediante la obtención de “cuasi rentas de privilegio”. Entre las beneficiadas, se pueden mencionar: Pérez Compang, Bridas, Astra, Soldati y Macri (SOCMA).

    Volviendo al área financiera, ya desde fines del ´79 el gabinete económico sospecha que algunos de los nuevos bancos no operan según la normativa vigente, por lo que en marzo del ´80 deciden cerrar el mayor de los bancos locales, el BIR; y continuar en los meses subsiguientes con otros como el Banco de Los Andes, el Banco Oddone y el Banco Internacional-

    Como era de esperarse, estas medidas desencadenan el retiro de los depósitos y la salida del país de cuantiosas divisas. Dado que existía garantía oficial, gran parte de las reservas fueron utilizadas para responder las demandas de los clientes y entidades intervenidas. Esta situación se prolonga hasta el 81, donde la fuerte crisis económica no deja otra alternativa que anunciar una nueva devaluación. La reacción de los sectores opositores y de la sociedad civil se lleva puesto al ministro de economía Martínez de Hoz, quien será reemplazado por Lorenzo Sigaut. En el marco de esta crisis también deja el cargo el por entonces presidente de facto de la junta militar Jorge. R Videla, siendo reemplazado por Roberto Viola.

    Al tomar el cargo el nuevo Ministro la economía, Argentina mostraba serios desequilibrios, destacándose una inflación de 131% anual y una deuda externa de 40.000millones de dólares.

    Esta situación fue el resultado de las políticas implementadas a lo largo de la gestión de Martínez de Hoz, que favoreció las importaciones y las operaciones financieras a través de la subvaluación del dólar, la reforma financiera y la reducción de los aranceles de importación; con consecuencias tales como: un importante crecimiento de la deuda externa, la fuga de capitales, la desaparición de sectores enteros de la industria, el aumento de la desocupación, la caída del salario real, etc.

    La intención de Sigout fue poner fin a la subvaluación del dólar para desalentar las maniobras especulativas, por lo que dispone una revaluación del mismo del orden del 30% y deja sin efecto la famosa tablita que en1979 había impuesto su predecesor. Asimismo, desdobla el mercado cambiario, mediante la creación de un "dólar financiero" libre y un "dólar comercial" regulado, con diferentes valores.

    No obstante, durante su gestión la deuda externa se incrementa en un 31%, acentuándose la tendencia recesiva de la economía, tal como lo demuestra la caída del 9% del PBI.

    En este contexto recesivo, se produce la intervención y posterior quiebra de importantes empresas como Sasetru, Greco y Oddone, siendo ello la manifestación previa al colapso del sistema, en marzo de 1981. También tiene lugar una devaluación que a lo largo de la presidencia de Viola llegaría al 500 por ciento.

    La crisis económica y social desatada decanta en un golpe interno comandado por el entonces general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien desplaza a Viola y con él a Sigaut, el que es reemplazado por Roberto Alemann.

    Su política más significativa será la destinada a aumentar los ingresos del Estado mediante un ajuste en las tarifas públicas y el incremento de los impuestos indirectos. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado de alimentos y medicamentos, con una suba en la tasa entre el 10 y 12 %. Medidas todas éstas de fuerte impacto negativo en los sectores asalariados.

    El constante deterioro de la situación económica da lugar a las primeras reacciones populares, como la manifestación convocada por la CGT a Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982. Dos días después, Argentina invade las Islas Malvinas. En esta coyuntura, los días del Régimen estaban contados.



    Características del Plano político-social. La adecuación del campo político y social a los requerimientos de los nuevos patrones de acumulación: el restablecimiento del “orden”

    Tras la asunción por parte de las “Juntas Militares”34 de la conducción del Estado Nacional, se comienzan a implementar acciones que, en el campo político-social, van a tener por objetivo principal el restablecimiento del “orden” a favor del mantenimiento del status-quo. Para ello, se va a promover una profunda transformación de las relaciones de fuerza, a favor del rearmado del bloque hegemónico y la desestructuración de los sectores subalternos.

    Como ya se mencionó, los cambios acordes a las nuevas condiciones internacionales se tornaban imposibles de ser llevados a cabo sin un fuerte “disciplinamiento” de los sectores populares, quienes se encontraban activados políticamente por las políticas populistas del período anterior, homogeneizados socialmente por su fuerte componente obrero e identificados mayoritariamente con el peronismo. Como complemento de ello, se proponen rearmar un bloque hegemónico dentro de una clase dominante que, desde los períodos anteriores, se encontraba fragmentada por intereses sectoriales (lo que derivó en la crisis hegemónica posterior al “golpe de Estado del 55¨). En efecto, es durante la etapa previa al “Golpe” (período 1955-1976) donde dicha clase dominante evidencia su incapacidad para imponer un proyecto nacional que oriente el nuevo modelo de acumulación.35

    De manera concomitante, la adecuación de Argentina a los patrones políticos y económicos del nuevo orden mundial va a importar, entre otras cosas, el desmantelamiento del Estado populista (en el caso de nuestro país, en su versión desarrollista), como paso previo a la instauración del estado neoliberal36

    Precisamente el aparato del Estado va ser la herramienta para tales readecuaciones. Por eso el “Golpe de Estado” y tras él, la implementación de lo que los mismos militares llaman “Proceso de Reorganización Nacional”, basado en una operación planificada, sistemática e integral de genocidio,37 conforme los lineamientos ideológicos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

    El diseño institucional planeado a tales fines conlleva una estructura de mando piramidal, típica de las organizaciones castrenses. En este sentido, la conducción va estar a cargo de una “Junta Militar” tripartita, compuesta por los altos mandos de las tres armas (Marina, Ejército y Aviación), constituyendo el órgano supremo de la Nación. La Junta Militar es quien ejerce la función de Comando en Jefe de las FFAA, con facultad para designar al Presidente, quien ocupará las funciones Ejecutivas de Estado; quedando todo el resto de las instituciones bajo su mando. Ello va a incluir la clausura del Poder Legislativo y la posibilidad de remoción y designación de jueces del Poder Judicial, por parte de dicha “Junta”. Tan es así que, dentro de las primeras medidas adoptadas por la “I Junta Militar”, se encuentra la destitución de los Jueces de la Corte Suprema y su reemplazo por magistrados afines al proyecto dictatorial.

    No obstante lo dicho, el arco social que participa en la ejecución de la dictadura no va a quedar reducido a los integrantes de las fuerzas militares, sino que van a actuar de manera directa varios sectores del empresariado nacional e internacional (entre los que se destacan los estratos pertenecientes a la vieja burguesía agraria y los sectores concentrados del capital trasnacional), la elite de la iglesia católica, así como también algunos grupos pertenecientes a los sectores profesionales y técnicos de los estratos medios. Es decir, los militares van a constituir la cara visible de un nuevo bloque de poder en pos del mantenimiento del status quo y del armado de un nuevo modelo de acumulación a favor de los intereses de los sectores dominantes, en concordancia con la nueva lógica de acumulación a nivel internacional. De modo que lo ocurrido constituyó una dictadura cívico militar.

    Así, utilizando sus herramientas coercitivas y con una militarización excepcional de la red de instituciones estatales38, durante el período ´76-´83 el Estado va a adquirir el carácter de “Estado Gendarme” (guardián del orden), con un despliegue represivo sin precedentes en la historia nacional.

    En este sentido, la faceta más extrema de ello se encuentra constituida por su accionar terrorista. Cabe aclarar que el estado capitalista, en cualquiera de sus formas, detenta el uso monopólico de la violencia legítima. No obstante, el rasgo distintivo del “terrorismo de estado” está dado por la implementación de un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas, violatorias de los derechos humanos; que encuentran sustento material en la estructura institucional estatal39.

    Por un lado, este accionar va a incluir la clausura de los canales de participación en el campo político para la sociedad civil. Así, dentro de las primeras medidas adoptadas por la “I Junta Militar” se encuentran: la prohibición de toda forma de participación política, la declaración del estado de sitio, el allanamiento y la intervención de los sindicatos; y la imposición de una fuerte censura sobre distintas formas de expresión culturales (destacándose la literatura, el teatro, la música y los medios de comunicación).

    A lo anterior se le suma una política de control estatal extremo sobre los actos cotidianos de la sociedad civil: los ámbitos de trabajo, las escuelas, la vía pública, etc., fueron también vigilados y foco de prohibiciones y censuras (la interrupción de los trayectos de los colectivos por parte de los militares para controlar la documentación de los pasajeros de modo violento, la prohibición de ciertos contenidos programáticos en las escuelas y universidades, la prohibición de permanecer en grupos de más de tres personas en la vía pública, son parte de esos ejemplos). Entre esas medidas pueden destacarse también, la suspensión del Estatuto Docente y la aplicación, nuevamente, de la Ley de Residencia, contra todo aquel sospechoso de atentar contra la seguridad nacional.

    Así, clausurados los espacios colectivos de participación y expresión, lo que quedó fue “la voz del Estado”, dirigida a un conjunto atomizado de habitantes, proponiéndose imponer la “cultura del miedo”.

    Por otro lado, la faceta más extrema del “modus operandi” del terrorismo de Estado está compuesta por sus prácticas genocidas, basadas en la premisa del aniquilamiento de quienes ellos categorizaron como “enemigos internos” y etiquetaron en su jerga bajo la denominación de “terroristas o subversivos”; incluyendo en tales categorizaciones, no solo a los grupos armados de los sectores subalternos, sino a todos aquellos que se opusieran, de algún modo, a su proyecto político. Así lo define el genocida, Gral. Roberto Viola:

    La subversión es toda acción clandestina o abierta, insidiosa o violenta, que busca la alteración o la destrucción de los criterios morales y la forma de vida de un pueblo, con la finalidad de tomar el poder e imponer desde él una nueva forma basada en una escala de valores diferentes. Es una forma de reacción de esencia político-ideológica dirigida a vulnerar el orden político-administrativo existente, que se apoya en la explotación de insatisfacciones reales o figuradas de orden político, social o económico…”40



    La implementación de un plan sistemático de genocidio

    Desde el punto de vista jurídico, conforme la definición de la Convención, se entiende por genocidio “a los actos cuya intención es destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”41.

    Partiendo de dicha definición se produce un interesante debate en este campo disciplinar (sobre todo a partir de la implementación de los llamados “Juicios de lesa humanidad”) acerca de la aplicabilidad de éste concepto al caso argentino, habiendo quienes sostienen que durante la última dictadura cívico-militar se produjo el aniquilamiento de un grupo nacional, de ahí la pertinencia del concepto.

    No obstante, es desde el ámbito sociológico que Daniel Feiersteien42 propone una conceptualización superadora, al aportar la noción de “prácticas genocidas”. Al respecto, el autor plantea que “la peculiaridad de la figura de genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo (y no sólo de los individuos que conforman dicho grupo), más precisamente, en la destrucción de la identidad de un grupo oprimido, logrando imponerle la “identidad del opresor”.

    De este modo, se advierte la complejidad del genocidio del Estado argentino y sus efectos a largo plazo, en tanto su intencionalidad no es meramente el aniquilamiento físico de los “cuerpos” de un grupo nacional que se opone ideológicamente al proyecto político neoconservador sino, más precisamente, se trata de exterminar la posibilidad de un ideario alternativo a él, es decir, de que la sociedad en su conjunto comience a entender que no hay otro proyecto político viable más allá del neoliberalismo, ni tampoco lugar para el pensamiento crítico. De allí el efecto a largo plazo del genocidio y su carácter simbólico.

    Al respecto, explica dicho autor que la concreción de un genocidio implica una serie de procesos, cuya secuencia práctica involucra varios momentos. El primero tiene que ver con la construcción imaginaria del enemigo de manera ambigua, en el caso argentino, asimilado al subversivo. Es dicha ambigüedad la que permite asemejar ésta figura a cualquier tipo de práctica; instaurando, de este modo, el terror en toda la sociedad, en tanto cualquier acción podría ser calificada de “subversiva”.

    Dicha construcción simbólica se encuentra nutrida de componentes ideológicos y culturales ligados a la historia nacional y, en el caso de nuestro país, a la influencia de las instituciones católicas y militares en el campo político local, particularmente, durante el desarrollo del Estado Nacional.

    En este sentido, la noción de “otredad” va a quedar cristalizada durante la dictadura en un “enemigo demonizado”(marxista y ateo), sobre el cual el Estado va a focalizar sus prácticas de exterminio; constituyendo ello, el resultado de una construcción simbólica histórica, de la que se valió el Estado nacional en diferentes épocas para el despliegue de sus prácticas de exterminio, tal como se analizó precedentemente.

    El segundo momento consiste en la puesta en acción de la operación genocida, a través de las prácticas de hostigamiento. Luego siguen el aislamiento de las víctimas, su exterminio y finalmente, la ruptura de la identidad nacional. Lograda esta última fase se completa la secuencia genocida en tanto, aunque es un momento simbólico, consigue la transformación de las prácticas sociales, barriendo con la identidad de las víctimas.

    Es a partir de estas explicación que podemos afirmar que la dictadura cívico-militar del ´76 implementa un plan de exterminio sistemático, en tanto incluye acciones deliberadas tendientes a provocar “el exterminio”43 de un sector de la sociedad, en el marco de un ataque generalizado a la población por medio de la metodología del terror; creando estructuras organizativas y dispositivos clandestinos para la desaparición de personas, con un accionar secuenciado que incluye: la persecución, el secuestro, la tortura, la desaparición y/o el asesinato (de ahí la prevalescencia de la figura del desaparecido)44.

    Organizativamente van a dividir el país en cinco zonas geográficamente delimitadas y, dentro de ellas, varias sub-zonas y áreas; repartidas para su dirección entre los altos mandos de alguna de las tres fuerzas armadas.

    El epicentro de la represión ocurre en los llamados “centros clandestinos de detención y tortura” (CCDyT). Se trata de verdaderos “campos de concentración” instalados en dependencias militares o policiales, reacondicionadas para el secuestro de las personas detenidas-desaparecidas45; siendo además, base operativa de los “grupos de tarea” o “patotas”.

    La estructura jerárquica en cada uno de los espacios que forman parte de la red de centros clandestinos existentes en todo el país46, estaba conformada por un “Jefe de campo” (generalmente militar y, en menor medida, policía) a cargo de los “grupos de tarea,”47con incumbencia en cada centro clandestino.

    Los integrantes de los llamados “grupos de tarea” llevaban adelante tareas de:

    - inteligencia, es decir, se encargaban de investigar a las víctimas;

    - operatoria, incluyendo la planificación y ejecución de los secuestros, la realización de los interrogatorios y las torturas; y la determinación y ejecución del destino de las víctimas;

    - logística, o sea, todo lo relativo a la administración y mantenimiento del CCDy T.

    Así, una vez realizadas las tareas de “inteligencia” en relación a las víctimas, la “patota” planificaba y llevaba a cabo los secuestros, los que se efectivizaban en alguno de los espacios donde solían desarrollar su vida cotidiana (su domicilio, su lugar de trabajo o, eventualmente, la vía pública). 48 Capturada la víctima, era “tabicada” y llevada al CCDy T, donde las alojaban en condiciones de clandestinidad.



    “Todo eso fue rapidísimo, me metieron en la parte de atrás de un auto, yo intenté decir mi nombre pero ni siquiera lo termine, la gente se quedó mirando. Fue como poner pausa, detener una imagen, la gente se quedó quieta, nadie hizo absolutamente nada”


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