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INTERVENCIÓN DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, MICHELLE BACHELET JERIA, EN CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA 39° CONFERENCIA FAO

Roma, 06 de junio de 2015

Agradezco la invitación del Director General, José Graziano da Silva, para acompañarlos en este nuevo período de sesiones de la Conferencia de la Food and Agriculture Organization de las Naciones Unidas. El desafío de esta organización -alcanzar la seguridad alimentaria para todos y todas- sólo se puede conseguir erradicando el hambre y la malnutrición; atacando las desigualdades y la pobreza, haciendo más sostenibles y productivas nuestras actividades económicas; y ajustando nuestras normativas para propiciar sistemas agrícolas y alimentarios que sean eficientes e inclusivos.

En esta misión, sé que todos los presentes estamos fuertemente comprometidos y trabajando desde ya hace un tiempo.

Cuando asistí como Presidenta de Chile a la tercera Cumbre Mundial Sobre Seguridad Alimentaria en el año 2009, intercambiamos experiencias y adquirimos compromisos en temas que siguen vigentes. Por ejemplo, la reducción de las crisis alimentarias, la adaptación al cambio climático y su mitigación, los desafíos para la agricultura y las medidas para mejorar la seguridad alimentaria mundial.

Y lo hicimos tomando en consideración la importancia de potenciar el desarrollo rural, de apoyar a los pequeños agricultores, así como promover el comercio justo.

El principal compromiso fue trabajar en acciones nacionales, regionales y globales para alcanzar la meta del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio y el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996: el cual era reducir la proporción y el número de personas que sufren hambre y malnutrición hacia mediados del 2015.

Me enorgullece que Chile sea uno de los países que han cumplido ambas metas. Hemos reducido la proporción y el número de personas que sufren hambre y malnutrición. Y quiero aprovechar para agradecer el reconocimiento que nos ha hecho FAO, a través de su Director General, y todo el apoyo brindado para cumplir la meta.

Lograrlo no es sólo cumplir objetivos y compromisos internacionales; es asumir como prioridad del Estado la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la injusticia, que tanto se evidencian en el estado nutricional de nuestros compatriotas.

Y eso es lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, para asentar la seguridad alimentaria de Chile y contribuir en la del planeta.

Y para ello, tenemos claro que uno de los aspectos centrales que debemos enfrentar es el de la desigualdad, especialmente aquella que tan nítidamente se manifiesta en el mundo rural.

La clave, nos parece, es dar más oportunidades a los pequeños productores respecto de aquellos que están más capitalizados, con mayor vinculación a los mercados internacionales, con tierra y agua en abundancia. Así reducimos la brecha y aumentamos las opciones productivas, junto con estimular la equidad.

Para ello estamos implementando una serie de medidas que fomenten el desarrollo rural mediante el apoyo constante a los pequeños agricultores, con mayor financiamiento, y facilitando el acceso en igualdad de condiciones a los mercados locales, nacionales y extranjeros.

En el ámbito de la agricultura familiar campesina, estamos trabajando con políticas y programas para entregar mayor capacitación, acceso a recursos financieros y tecnología, y estamos promoviendo la asociatividad y el cooperativismo entre los pequeños agricultores. Hemos fortalecido el uso del seguro agrícola y hemos desplegado un conjunto de instrumentos extraordinarios para ir en apoyo de aquellos pequeños productores afectados por la sequía en nuestro país.

Pero las desigualdades en el mundo rural no sólo son evidentes entre grandes y pequeños productores. También afectan a las regiones más aisladas, a los pueblos indígenas y, ciertamente, a las mujeres. Me referiré a este último punto, una cuestión fundamental por la que he luchado permanentemente en mi vida política: la igualdad de género en todos sus ámbitos.

En nuestra sociedad, como en la mayoría de los países, las mujeres rurales tienen menor acceso a crédito, menor asistencia técnica; muchas veces, problemas de titularidad de la tierra o empleo rural. Y eso es una muestra de la situación de desigualdad social y económica en la que viven, lo que impide que aporten todas sus capacidades a la agricultura.

Cerca de 58 millones de mujeres viven en áreas rurales de América Latina y el Caribe. Y ellas son claves en la lucha contra el hambre, como productoras pero también en su papel múltiple como principales encargadas de la alimentación de los niños y niñas, y de la adquisición, la manipulación y la preparación de los alimentos.

Nuestra convicción es que es imprescindible destinar esfuerzos reales y profundos a empoderar a la mujer rural, apoyándolas en la generación de ingresos y en lograr que asuman la responsabilidad de la administración de los recursos familiares. Ésa es la clave para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias vulnerables que viven de la agricultura familiar.  

Asimismo, debemos ser capaces de asegurar sus derechos sobre las tierras donde viven. También de asegurarles el acceso a las transferencias directas y hacerlas beneficiarias de los programas de micro-financiación, entre otras herramientas. Sólo así lograremos dar el giro tan deseado a la actual situación de pobreza rural e inseguridad alimentaria y nutricional que afecta a nuestros países.  

Porque las mujeres tienen la llave que abre las puertas a un mundo libre de hambre y de pobreza.

Estimados delegados:

Los resultados de nuestras políticas están a la vista. La economía chilena ha crecido sostenidamente y ello incluye el desarrollo de sistemas agrícolas y alimentarios inclusivos y eficientes. La agricultura se consolida como una actividad económica importante en la generación de empleo en el país y nos hemos transformado en una economía exportadora de alimentos, siendo reconocidos como potencia alimentaria.

Pero el proteccionismo imperante se expresa con particular fuerza en los mercados agrícolas, y su efecto sobre la agricultura de los países en desarrollo es demoledor, lo que les impide desarrollarse y garantizar alimentos para su población.

Frente a esta realidad, hay que tener y demostrar voluntad política para cambiar el estado de las cosas, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso nos parece tan importante y urgente alcanzar un acuerdo en la Organización Mundial de Comercio. Hay que retomar con fuerza las negociaciones de la Ronda de Doha para el Desarrollo, con miras a la aplicación del paquete de Bali, que se concreten en decisiones sustantivas en áreas de seguridad alimentaria y sobre la liberalización del comercio agrícola.

Nos hablaba el Presidente Mattarella, sobre las grandes oportunidades que tiene la Comunidad Internacional en este año; por un lado, en la definición de los objetivos de desarrollo sostenido y la discusión en Addis Abeba de financiamiento para el desarrollo; y sin duda, a final de año, en París, el COP 21, las medidas a tomar para el cambio climático; una gran responsabilidad. Y Chile va a seguir jugando un rol de buscar todos los acuerdos que nos permitan responder, de manera eficaz y colectiva, a estos desafíos.

Paralelamente, debemos redoblar nuestros esfuerzos para enfrentar el problema de la malnutrición, como una realidad que enfrentamos a nivel mundial, tal como se abordó en la Segunda Conferencia Internacional de Nutrición de noviembre pasado.

Las cifras siguen siendo alarmantes a nivel mundial: más de ochocientos millones de personas padecen hambre crónica, dos mil millones de personas sufren de carencia de micronutrientes y ciento sesenta millones de niños siguen afectados por retraso en su crecimiento.

Sin embargo, en el curso de estos años, han surgido otros problemas nutricionales. Me refiero a la obesidad, que afecta a más de 500 millones de adultos en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Actualmente, muchos países – entre ellos Chile - hacen frente al mismo tiempo a las múltiples cargas de la malnutrición: la subalimentación, el hambre oculta y la obesidad.

El desafío es enorme. Se avanzó en la dirección correcta con la Declaración de Roma sobre Nutrición y el Marco de Acción aprobado por todos los Estados Miembros de la FAO, entre ellos Chile, que deberá servir de base para las actividades que se están planificando para la década de la Nutrición, que se inicia el próximo año.

Como país, no sólo hemos apoyado el compromiso adoptado en la Conferencia Regional de la FAO de erradicar el hambre en nuestra región al año 2025, a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. En la última reunión, en agosto del año pasado, también nos impusimos un desafío aún mayor: combatir la malnutrición en sus dos vertientes, el hambre y la obesidad.

Latinoamérica y el Caribe es la región que concentra el mayor número de países que han logrado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Es una buena noticia, per no obstante ello, 47 millones de latinoamericanos y caribeños aún sufren hambre, mientras que la obesidad afecta al 23% de los adultos y el sobrepeso, a 3.8 millones de niños menores de cinco años.

Ante esta realidad, en la región nos hemos comprometido a avanzar en agendas de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la Iniciativa y de otros espacios como la Comunidad de Estados de Latinoamérica y El Caribe, el Sistema de Integración Centroamericana, la Comunidad del Caribe y la Unión de Naciones Sudamericanas.

Como país, estamos comprometidos con estos objetivos y hace tiempo que venimos trabajando a través de leyes y políticas públicas para lograr una buena nutrición en nuestra población.

Respecto de la desnutrición, en Chile en la actualidad no es más del 0,5%. Distinta es la situación de la obesidad y el sobrepeso, que alcanzan entre el 25 y 30% de prevalencia. ¿Qué ha significado esto? Ha significado que se ha elevado las enfermedades metabólicas, que conllevan una pesada carga de enfermedades no transmisibles, y es un problema central de la salud pública. Un solo dato: hoy en Chile, muere una persona cada hora por enfermedades asociadas al sobrepeso u obesidad.

Y enfrentamos esta realidad considerando los determinantes sociales, que inciden tanto en la desnutrición como en la malnutrición por exceso. Me refiero entre otras a la pobreza y a los menores niveles de educación. Pero también a la disponibilidad y acceso a alimentos más saludables e inocuos. Es por ello que incorporamos la Seguridad Alimentaria y Nutricional como parte de nuestras políticas públicas.

Nuestra apuesta es insistir en una mirada multisectorial, que considere el ciclo vital de las personas, con un fuerte énfasis en intervenciones durante la primera infancia y el ciclo escolar. Esto comprende los cuidados en la gestación, el fomento de la lactancia materna, la vigilancia del crecimiento y del desarrollo infantil, estrategias de alimentación saludable y actividad física en establecimientos educacionales, entre otras.

Junto a ello, nos hemos comprometido a llevar a cabo un cambio de paradigma. Se trata de desarrollar políticas públicas que modifiquen los entornos para facilitar los cambios de conducta.

Por ejemplo, mejorar la información a los consumidores a través de etiquetado nutricional en la cara principal de los alimentos; restringir la publicidad de los alimentos dirigida a los niños. Y también intervenciones estructurales en colegios, como prohibición de venta de alimentos con exceso de energía, sodio, azúcares y g


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