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El pueblo indígena entre oro y tradición



El pueblo indígena entre oro y tradición

En el sector suroriental de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra una de las nueve áreas geológicas más antigua de la tierra cuya edad oscila entre 3500 y 900 millones de años: el escudo Guayanés. Este territorio se caracteriza por su densa selva, sus praderas interminables, como mar de clorofila, sus caudales profundos y generosos y la espectacularidad de sus saltos y cataratas. En el corazón de la Guayana se encuentra la Gran Sabana, perteneciente al Estado Bolívar. En ella se concentran todas estas características además de poseer atributos que la hacen única en el mundo. La flora y fauna endémica del lugar desde siempre han llamado la atención de científicos y geólogos, los tepuyes con sus únicas formación rocosa se trasforman en centro de atención para el turista local y extranjero. Quien habita esta tierra tan rica y generosa es el pueblo indígena pemón que se diferencia por su idioma entre Taurepán, Arekuna y Kamarakoto. La cultura ancestral de los nativos hace de la zona en cuestión un mundo encantado, los cuentos tradicionales, los mitos y las leyendas rodean esta tierra. Antiguamente los indígenas se ocupaban principalmente de caza, pesca y cultivo de conuco. Producían yuca, batata, ñame, ocumo, plátano, cambur, lechosa, piña y diferentes tipos de cítricos; gracias a su actividad vivían en perfecta sintonía con el lugar y con su vegetación. Cazaban lapa, acure, danto, venado, pescaban agua vina, bagre, sardinas con los que alimentaban y sustentaban a sus familias. No necesitaban nada más hasta el día en el que la ambición y el falso bienestar se apoderaron de sus comunidades. Esa tierra famosa por su historia y su flora singular más tarde se hizo célebre por su oro y sus diamantes, el subsuelo se hizo más atractivo de la superficie y así poco a poco las cosas cambiaron, hasta las diatribas actuales que utilizan lo antiguo y lo sagrado como herramienta de poder.

La legislación venezolana, para proteger esta zona que corresponde a la cuenca del alto Caroní, estableció leyes y normas tanto al ambiente como a los habitantes. Zona ABRAE (área bajo régimen de administración especial) se define el territorio en cuestión de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica para la Ordenación del territorio aprobada en el 1983. El marco legal establece los objetivos para la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del territorio asociado al manejo de los recursos naturales disponibles. De estos espacios, parte se conformó como Parque Nacional Canaima en el 1962 y ampliado en 1975 con el fin de conservar la belleza y diversidad del territorio y proteger las nacientes del rio Caroní que ofrecen el 70% de la electricidad al estado Bolívar. La ley de Aguas en su artículo 17 establece la región hidrográfica Caroní como una de las 16 regiones hidrográficas del país. En el año 2005, para proteger las costumbres, tierras y tradiciones indígenas, el Gobierno Bolivariano crea la LOPCI, ley orgánica de pueblo y comunidades indígenas que incluye el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas hasta entonces inexistentes.

Muchas leyes y decretos intentaron defender el territorio de la Gran Sabana pero las palabras escritas en demasiada ocasiones han sido olvidadas y mal interpretadas hasta por su mismo pueblo que poco a poco ha ido transformando su cultura e historia. Al día de hoy muchas de las comunidades indígenas se dedican a la minería ilegal. Antes de los años 80 era simple minería artesanal utilizada por el pueblo indígena como un recurso necesario para satisfacer las nuevas necesidades. Esta actividad no implicaba el abandono de sus tradiciones como el conuco o la cacería, el trabajo en mayú (típicos trabajos comunitarios para ayudar a los habitantes de las mismas comunidades) y la unión familiar seguían siendo la base de la convivencia y de la cultura. El oro representaba uno de los recursos económicos posibles, una caja chica a la que recurrir en momento de extrema necesidad. En esos años quien, en cambio, se estaba aprovechando de las riquezas eran por la mayoría multinacionales canadienses que, por ejemplo, a mitad de los años noventa dejaron arena y destrucción en la comunidad de ApoiPo, sin ningún beneficio económico. Poco a poco esta mentalidad destructora fue contaminando la pureza indígena hasta el día de hoy en el que la fiebre del oro está dominando gran parte del territorio de la Gran Sabana. En el sector 6 y sector 7 pertenecientes a la zona ABRAE, gran parte de la población indígena se dedica a la minería de oro y diamantes; lo que eran bienes sagrados como las aguas y los ríos ahora simplemente representan fuentes de dinero. No importa la destrucción de selva virgen, no importa la contaminación por mercurio cuando hay dinero y cuando se piensa que este dinero pueda redistribuir las riquezas en ecuas partes. Según Ricardo Delgado, ex alcalde de Santa Elena de Üairén, la actividad minera en territorio indígena está justificada y respaldada por la LOPCI.

Actualmente con la caída de la economía mundial la importante subida del oro (en el Municipio de Santa Elena de Üairén un gramo de oro cuesta medianamente 340 bolívares) hizo que aumentara exponencialmente la presencia de máquinas mineras en la zona ABRAE y en el mismo Parque Nacional. A la altura de la comunidad de Kumarakapai, base del turismo local, centro de llegada para la subida del tepuy Roraima se pueden observar presencia de máquinas pequeñas para la extracción de oro y diamantes. En el pleno Parque Nacional la impunidad de las leyes y la corrupción de las autoridades permiten la devastación y la destrucción de una flora endémica. El ejemplo que se está dando no puede educar ni ayudar a la población indígena del lugar que cada día sufre el abuso y el chantaje de los que visten uniformados “Los primeros que maltratan y matraquean a los indígenas son los militares”, dijo Jean Carlo Velásquez, presidente de la Federación Indígena del estado Bolívar.

A causa de la corrupción de unos militares, la nueva ley de nacionalización, creada para controlar la salida del oro y para abatir la presencia de minería ilegal en zonas protegidas levantó entre el pueblo pemón discordia y desacuerdos. La zona en cuestión es teatro de operación número 5 (TO5) desde hace años la corrupción ha llevado el pueblo indígena a oponerse al artículo 27 del decreto 8413 que entrará en vigor el próximo 16 de Diciembre. Durante estos años militares amenazaron a los mineros, indígenas y no indígenas, explotando o confiscando sus máquinas extractoras, amparados por las leyes que definen esta actividad ilegal en estos territorios naturales. El pago en oro era la solución a todos los problemas, alrededor de 15 gramos de oro por máquina, pedía el ejército en el año 2010 en la zona de San José de Wadamapan cerca de la llamada “bulla de los indios”. Durante un tiempo la ilegalidad de la minería ha enriquecido los bolsillos de muchos, sector 6 y sector 7 han sido víctimas de matraqueo y maltrato. Jean Carlo Velásquez, presidente de la Federación Indígena, refiriéndose al artículo 27 declara: “Expresamos un no rotundo a ese artículo, mas no al resto del decreto, porque lo que se busca es ejercer un control contra años y años de maltrato a nuestros pueblos indígenas”.

A todo esto las leyes de defensa de aguas y tierras se vuelven marginales, la lucha del oro se vuelve teatro político mientras mineros y uniformados tienen un sólo objetivo: el dinero. Afortunadamente el pueblo pemón es mucho más que minería, existen indígenas que todavía defienden sus tierras y sus comunidades valiosas por sus tradiciones y sabiduría donde en sus cuentos ancestrales la minería no tiene lugar.

Quien intenta convencer de lo contrario es Jorge Gómez, capitán general del sector 6, que comprende 26 comunidades. En sus declaraciones se escuchan estas palabras: “… muchas de las comunidades de mi sector son mineras, y lo son desde hace muchos años, claro que estamos en desacuerdo porque esa es la única actividad que sustenta a muchos…” o Ricardo Delgado, ex alcalde de Santa Elena de Üairén que en su discurso por Globovisión habla en nombre del entero pueblo Pemón, sosteniendo la oposición al decreto de la nacionalización del oro y su ilegalidad según la LOPCI, apoyando además la minería en tierra indígena. Carlo Somera Vocero del Frente Indígena Bicentenario Cacique Waikae'purú, responde rápidamente “Las exigencias de una sola persona utilizando a unos tres indígenas no es la voz genuina de todo el pueblo Pemón”. Así que la división del pueblo se acentúa entre quien apoya a una economía sustentable y a su tierra y quien ya se cegó por la fiebre del oro.

Para explicar realmente la imposibilidad y la ilegalidad de la minería en la Gran Sabana es suficiente leer con atención las leyes antes mencionadas, o comprender el capítulo VI artículo 53 de la LOPCI (“Los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho al uso y aprovechamiento sustentable y la administración, conservación y preservación del ambiente y de la biodiversidad. Las aguas, la flora, la fauna y todos los recursos naturales que se encuentran en su hábitat y tierras, podrán ser aprovechado por los pueblos y comunidades indígenas para su desarrollo y actividades tradicionales”), y el art. 48 del capítulo V que prohíbe actividades que perjudiquen, desnaturalicen o produzcan daños a las áreas protegidas.

Las voces de los y las líderes indígenas que defienden realmente sus tierras y se interesan de verdad al cuidado de sus comunidades seguirán gritando y exigiendo al gobierno una correcta actitud frente a sus leyes y decretos y seguirán confiando en la conciencia de su cultura ancestral. Quien utiliza el nombre de la tradición pemón como medio para enriquecerse, quien valora más el oro respeto al agua, quien corrompe a su pueblo con falsas promesas recibirá enfrentamiento y lucha por parte de quien todavía pone en primer lugar su esencia y tradición indígena.



MANUELA GALLINI

FUNDACION MUJERES DEL AGUA

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