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El derecho de la competencia en el sector de las tecnologías de la información y la comunicaciones tic


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LAS TIC Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

  1. La concepción del servicio público en la Constitución de 1991.

El artículo 365 de la Constitución estableció una nueva concepción de servicio público en Colombia, con la intención de dotar al país con la estructura propia de un Estado moderno. Esta tipo estructura permite que los particulares sean quienes presenten los servicios públicos bajo la vigilancia y reglamentación establecida por la Ley y sus reglamentos, figura que fue desarrollada principalmente por la Ley 142 de 1994.


La apertura a la competencia en los servicios públicos fue considerada como uno de los aspectos más importantes que introdujo la Constitución de 1991, y ha traído innumerables beneficios en cobertura, calidad y niveles de prestación de los mismos.
El sector de las telecomunicaciones no ha sido ajeno a este desarrollo, y ha sufrido varias transformaciones en los diferentes mercados que lo componen. El desarrollo en los servicios públicos de comunicaciones merece un especial análisis en tanto la competencia puede resultar bastante importante en términos de eficiencia estática (precios-costos) y eficiencia dinámica (nuevos servicios, innovaciones, servicio al cliente, servicios complementarios y post-venta, etc).
Así mismo, no puede perderse de vista que el artículo 333 de la Constitución estableció un sistema económico que ha sido denominado como una economía social de mercado. Lo anterior se traduce en una economía que se rige por los principios de liberales de la economía, acentuados por una intervención del Estado para evitar que se atente contra la libre competencia y cuando la prevalencia del interés general así lo amerite. Como regla general, se establece una intervención ex post en la economía, con lo cual se dejó los mercados libres de regulación, con el fin de permitir que estén sujetos al libre juego de la oferta y la demanda11.
Sin embargo, como mencionamos, la concepción de servicio público en Colombia, se encuentra consagrada en el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la Ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante Ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha Ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
Partiendo de lo establecido en la norma constitucional y del análisis realizado por la jurisprudencia constitucional12, se puede afirmar que la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficiencia y calidad a los ciudadanos no es solo un mero deber. Esta actividad es la manifestación de la razón de ser del Estado, por cuanto este nace del pacto social que realizan los ciudadanos para que se atiendan las necesidades que surgen de la vida en comunidad y se atienda los intereses públicos.
Y respecto de las condiciones de los mercados de los servicios públicos, se ha previsto que se debe promover la competencia en los mismos. Esta decisión no obedece a una línea de pensamiento económico o político, sino que parte del postulado económico que predica que por regla general la mayor eficiencia para los consumidores/usuarios se alcanza en los mercados en competencia13, lo cual está en línea con los postulados políticos que buscan el bienestar de los consumidores.


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