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    Enfoques en los que se enmarca el desarrollo de la estrategia


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    5.Enfoques en los que se enmarca el desarrollo de la estrategia

    Enfoque de derechos:


    El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano, que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional, está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos3.

    Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la caridad por sí sola no es suficiente, por esto, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo deben estar anclados en un sistema de derechos4, pues desde este enfoque se plantea que las personas son titulares de derechos y, que por lo tanto, los pueden exigir ante otras personas, las instituciones y el Estado.

    En el terreno de las relaciones sociales, los derechos humanos se dirigen a garantizar las relaciones democráticas y de equidad entre hombres y mujeres; entre adultos, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y entre ciudadanos y ciudadanas en las distintas esferas de la vida económica, política, social y cultural.

    Esta perspectiva es entendida como la satisfacción de las necesidades sociales referidas la dignidad humana. Esto implica una visión que incluye el derecho a la vida, la libertad y la propiedad, en articulación e interdependencia con los derechos colectivos en especial los económicos, sociales y culturales. En coherencia con ésta, el Estado se compromete con el avance en la equidad, universalidad e integralidad en las respuestas organizadas socialmente; así mismo, reconoce que la responsabilidad implica no sólo el ejercicio de los derechos, sino la posición de garantes que en ello tienen el Estado a través de las instituciones, para lo cual se requiere ampliar la mirada institucional y acoger como herramienta, el análisis contextual de las situaciones problemáticas puestas bajo su función protectora5. El análisis contextual lleva al reconocimiento de lo diverso, de las especificidades y de las necesidades, de manera que permite dar cuenta de la justicia planteada bajo la regla universal de superar las desigualdades sociales. Así, las intervenciones en los conflictos deben buscar activamente la equidad y la calidad de vida, como soportes de la paz y la convivencia.

    Los derechos humanos están íntimamente ligados a la dignidad humana, entendida como un valor intrínseco e inalienable de cada persona, y cercana a las nociones de libertad, equidad, diversidad, respeto, tolerancia, es un principio fundamental de la condición humana y determina la existencia y legitimidad de los derechos.

    Al respecto la Corte Constitucional en la Sentencia T 881/02 ha identificado tres lineamientos claros y diferenciables:

    “… (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones)”.

    El enfoque de derechos propone entonces, un orden en el que las relaciones sociales se basen en el reconocimiento y respeto mutuo, de tal forma que la satisfacción de necesidades materiales y subjetivas de individuos y colectividades sea un imperativo, lo que exige una transformación de las instituciones y de la dinámica social que se ajuste a esta nueva ética del desarrollo humano6.

    No obstante la igualdad formal promulgada en los marcos normativos no garantiza el goce efectivo de derechos, es preciso entender que dar a todos y todas lo mismo no garantiza igualdad, se requiere dar a cada grupo de sujetos lo que necesita en virtud de sus diferencias.

    Considerando la vulneración de derechos que producen las violencias, una intervención integral frente a las mismas, debe clarificar, ordenar y divulgar las competencias de cada sector, institución y actor, respecto de las violencias al interior de las familias, así como también, facilitar las acciones articuladas para informar a la ciudadanía los mecanismos diseñados en su favor frente a la omisión, con indicación de las entidades encargadas de su control y sanción.

    Frente a las víctimas de violencias al interior de la familia, las acciones de integralidad deben afectar los contextos adversos, la autonomía y la autodeterminación, menoscabadas por las violencias y para la realización o restauración de la dignidad humana. Así mismo, plantea acciones de prevención de la violencia, transformando las condiciones subjetivas y sociales de tal manera que viabilicen el ejercicio efectivo de los derechos.

    Enfoque diferencial7


    Este enfoque, como su nombre lo indica reconoce la diferencia como punto de partida para implementar políticas públicas orientadas a la garantía de los derechos de la población en oposición a aquellas que pretenden homogeneizar en función de un modelo de desarrollo imperante.

    Es la respuesta a un principio de justicia y equidad frente a diferencias que deben ser examinadas. Reconoce la existencia de grupos poblacionales que por sus condiciones y características étnicas, culturales, socio demográficas, su sexo, su orientación sexual, la construcción de su identidad de género diferente al sexo de nacimiento y su ciclo vital, son más vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus necesidades y particularidades, para disminuir situaciones de inequidad que dificultan el goce efectivo de sus derechos fundamentales, buscando lograr la equidad en el derecho a la diferencia. Este enfoque reconoce que las personas y colectivos además de ser titulares de derechos tienen particularidades, necesidades específicas que requieren respuestas diferenciales por parte de las instituciones, el Estado y la sociedad en general para alcanzar mejores niveles de bienestar.

    Supone una actuación del Estado desde un análisis diferencial de necesidades y una intervención que garantice la igualdad, la equidad y la no discriminación, a partir del reconocimiento de la diversidad por ciclo vital, cultura, ideología política, situación económica, género, orientación sexual, etnia, vulnerabilidad por discapacidad y otras situaciones sociales.


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