• INFORME SOBRE LA COMUNICACIÓN AL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO AARHUS (REF. ACCC/C/2009/36) ____________________________________________________
  • “Construcción de una Refinería de Petróleo en Extremadura (Balboa) término municipal Los Santos de Maimona, Badajoz”

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    MINISTERIO

    DE MEDIO AMBIENTE



    Y MEDIO RURAL Y MARINO











    SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
















    SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO, DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES
    PUNTO FOCAL NACIONAL DEL CONVENIO DE AARHUS




    INFORME SOBRE LA COMUNICACIÓN AL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO AARHUS (REF. ACCC/C/2009/36)

    ____________________________________________________
    1. ¿Se requiere la presencia física del solicitante para obtener información de acuerdo con la legislación española? ¿Tiene el público la posibilidad de hacer fotocopias de documentos o un CD?
    Respuesta:
    En España, los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas vienen recogidos, con carácter general, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en lo sucesivo, LRJ-PAC (Boletín Oficial del Estado –en adelante, BOE- núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), norma que es de aplicación en todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local).
    En el marco de esta normativa, tanto en la Administración General del Estado como en la Autonómica y, en su caso, dependiendo del tamaño de los municipios, también en la Administración Local, se han implantado servicios de atención al ciudadano, desde los que se presta asistencia al público, de forma telefónica, presencial o por correos postal y/o electrónico.
    El Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero,, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano (BOE de 4 de marzo de 1996 , profundiza en las funciones , organización y control de calidad de las Oficinas de Información Administrativa. El Real Decreto 1259/1999, de 16 de julio ,( BOE del 10 de agosto de 199) , regula las Cartas de Servicios , que son los documentos escritos que constituyen el instrumento a través del cual los órganos de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos sobre los servicios que tienen encomendados y acerca de los compromisos de calidad en su prestación , así como los derechos de los ciudadanos en relación con estos servicios . La Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (BOE 23 de junio de 2007) y la Ley 37/2007 , de 16 de noviembre sobre reutilización de la información del sector público (BOE del 17 de noviembre de 2007) se configuran como dos importantes instrumentos legales para hacer frente a los retos planteados por las nuevas tecnologías de la información a las Administraciones públicas en el contexto de transparencia informativa y fomento de la participación democrática en la actual sociedad de la información y del conocimiento.

    Durante los últimos años, las distintas Administraciones Públicas de España y concretamente el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (en adelante MARM) han realizado un gran esfuerzo para adaptarse a una creciente demanda de información ciudadana agraria, pesquera, rural y medioambiental, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación.


    En lo concerniente a la información específicamente medioambiental, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE de 19 de julio de 2006), que es la norma más general en este sector, regula el acceso a la información ambiental en los artículos 5 a 12, y en particular en el artículo 10 el acceso a la información ambiental previa solicitud.
    En segundo lugar, la normativa de Evaluación Ambiental –en adelante, EIA- (Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, BOE de 26.1.2008), en su artículo 9 garantiza que se indique al público la disponibilidad de la información recogida con arreglo al artículo 7 (que regula el estudio de impacto ambiental), y la fecha y lugar o lugares en que se pondrá a disposición del público tal información, y también señala que se pondrá esta información a disposición de las personas interesadas (incluyendo ONG ambientales).
    Y en tercer lugar, por lo que respecta a las actividades reguladas en la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación –en adelante, IPPC- (BOE de 2.7.2002), que afecta especialmente a las instalaciones industriales más contaminantes, el acceso a la información se regula en el artículo 8 de la misma.
    Para facilitar la aplicación de estos derechos, las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, especialmente en los órganos y organismos de las Administraciones Públicas especializados en materia de medio ambiente, evacuan cuantas consultas se formulen por los ciudadanos al respecto, tanto de forma telefónica, presencial o por correos postal y/o electrónico indicándoles también la forma de acceder a la información ambiental e informándoles sobre los instrumentos de participación y de acceso a la justicia, si estiman que se han vulnerado sus derechos.
    Asimismo, dichas Administraciones suelen publicar en Internet bases de datos de expedientes sometidos a EIA de proyectos, como se hace tanto por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (en adelante, MARM) como por parte de la mayoría de las Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas. Concretamente en el MARM dicha aplicación, denominada Programa “Sabia”, está disponible en el icono “Sede Electrónica”, en www.mma.es
    No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, en la práctica se dan casos en los que la petición de información podría hacer necesaria su consulta “in situ”, debido sobre todo al volumen y complejidad de determinados expedientes administrativos. En cualquier caso, la LRJ-PAC establece que, para que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, deberá formularse petición individualizada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias (artículo 37.7). El acceso a la información requerida también podrá ejercerse por medio de un representante legalmente autorizado por el propio peticionario de la información.
    Por lo que respecta a la segunda cuestión planteada en este epígrafe, la LRJ-PAC, entre los derechos de los ciudadanos regulados en su artículo 35, figura el de conocer el estado de la tramitación de los procedimientos y obtener copias de documentos contenidos en ellos. Además, en su artículo 37, como se ha visto en el párrafo anterior, se regula el derecho a los archivos y registros, donde también se recoge el derecho a obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración, previo pago, en su caso, de las exacciones que se hallen legalmente establecidas. .
    Por otra parte, la Ley 27/2006 regula un procedimiento especial en materia de información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, otorgando a los ciudadanos en su artículo 3, entre otros: el derecho a recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en el artículo 11, así como a conocer los motivos por los cuales no se les facilita la información, total o parcialmente, y también aquéllos por los cuales no se les facilita dicha información en la forma o formato solicitados; y el derecho a conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, así como las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.
    En este último aspecto, por una parte, el artículo 15 de la citada Ley determina que el acceso a cualesquiera listas o registros públicos de autoridades públicas y de información ambiental que obre en su poder, creados y mantenidos tal como se indica en el artículo 5 apartado 1.c) y apartado 3.c), serán gratuitos, así como el examen “in situ” de la información solicitada. Y por otra parte, la disposición adicional primera de la Ley 27/2006, entre las exenciones objetivas que establece, figura la que exime del pago de la tasa las entregas de copias de menos de 20 páginas en formato DIN A4.
    En todo caso, el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (hecho en Aarhus, Dinamarca, el 25 de junio de 1998, y adoptado por España mediante Instrumento de Ratificación publicado en el BOE núm. 40, de 16 de febrero de 2005), en su artículo 4.8, prevé que el derecho de las autoridades públicas, que podrá autorizar cada Parte, a imponer un pago de acuerdo con una tarifa, por las informaciones que faciliten, no deberá exceder de una cuantía razonable, aspecto también recogido en la Directiva 2003/4CE, en su artículo 5.
    En el contexto de la propia Secretaría General Técnica del MARM , donde se incardina el punto focal nacional del Convenio Aarhus , se está realizando un gran esfuerzo por poner al servicio de los ciudadanos con accesos libres y bajo soportes digitales una voluminosa información generada por el propio Ministerio o por otras instituciones públicas y privadas con los que se ha establecido Convenios de Colaboración. La plataforma del conocimiento para el medio rural y pesquero, coordinada desde la citada Secretaría General Técnica se enmarca dentro de la política de propiciar la utilización de la información específicamente bajo nuevos soportes digitales http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/plataforma_conocimiento/Introduccion.htm)
    Concretamente ,en el ámbito de las competencias específicas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana , adscrita al M.A.R.M. , los ciudadanos pueden acceder a la información de forma presencial, telefónica, fax , por correo ordinario, electrónico, a través de la página web www.chguadiana.es y con consulta telemática directa en el buzón del ciudadano de la página Web “Contacte con nosotros”.

    En todos los Centros de Documentación de las Administraciones los ciudadanos pueden hacer fotocopias de documentos en soporte papel y existe una notable producción documental en soporte digital.



    Como conclusión a todo lo expuesto anteriormente, de acuerdo con la legislación española los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos y no sean objeto de alguna de las excepciones contempladas en la ley. Por otra parte, los ciudadanos tienen también derecho a obtener copias de documentos contenidos en los procedimientos administrativos.
    2. ¿Pueden ejecutarse sin licencia, de acuerdo con la legislación española, proyectos con un impacto probablemente significativo sobre el medio ambiente (por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales)?
    Respuesta:
    Los proyectos que puedan presentar impactos significativos sobre el medio ambiente y la salud están sometidos en la legislación española, desde hace ya casi cinco décadas, a determinadas autorizaciones y controles por parte de la autoridad pública. En este sentido, efectivamente, es preciso citar aquí el Real Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que fue aprobado el Reglamento de actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas –en adelante, RAMINP- (BOE núm. 292, de 07.12.1961; corrección de erratas BOE núm. 57, de 07.03.1962), de conocida eficacia en nuestro país, pese a su evidente longevidad.
    El tiempo transcurrido desde la fecha de aprobación de esta importante legislación básica y la situación creada a partir de la aprobación de la Constitución Española en 1978, que atribuye a las Comunidades Autónomas competencias legislativas y de gestión en materia de medio ambiente, ha justificado la reciente derogación del referido Real Decreto, la cual ha tenido lugar mediante la disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE núm. 275, de 16.11.2007). Si bien, también se establece en esta última ley que, en aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que no tengan normativa propia aprobada sobre dichas actividades clasificadas, mantendrá su vigencia de forma supletoria el antiguo RAMINP.
    El otorgamiento de las licencias de actividades corresponde a las Administraciones Locales (Ayuntamientos) en cuyo término municipal vaya a establecerse la actividad afectada, exigiéndose previamente, salvo que así lo disponga la legislación autonómica, un informe del órgano competente de la Comunidad Autónoma, que será vinculante para el Ayuntamiento si es negativo (en cuyo caso no podría expedirse la licencia).
    En el supuesto de un determinado proyecto o actividad, además de la normativa sobre actividades clasificadas y la licencia de actividades (que como ha quedado expuesto, es la más comúnmente obligatoria a todas las actividades que puedan afectar al medio ambiente en España), también pueden ser de aplicación otras normas enmarcadas en la legislación comunitaria, que pueden implicar, a su vez, tener que disponer de las correspondientes autorizaciones derivadas de las mismas. Por su importancia, es menester citar aquí, en este sentido, los proyectos o actividades recogidos tanto por la legislación de EIA e IPPC, a las que ya se ha hecho referencia en la pregunta primera de este informe.
    En el ámbito del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, toda actividad que pueda tener impactos significativos sobre el medio ambiente debe ser sometida, considerando los tipos de proyectos o actividades contemplados en la legislación estatal y autonómica vigente, a evaluación de impacto ambiental y aprobada por la autoridad competente sustantiva que corresponda.
    Dicha autorización debe incorporar la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable –en adelante, DIA-, que deberá formularse por la misma Administración Pública en la que también resida el órgano sustantivo que apruebe el proyecto o actividad, mientras que por lo que respecta a la autorización de IPPC, el permiso consistirá en la aprobación de una autorización ambiental integrada –en lo sucesivo, AAA-, cuya expedición corresponde en todos los casos a la Comunidad Autónoma en la que radique la actividad.
    Hay que tener en cuenta que en el caso de actividades afectadas por la normativa reguladora de la IPPC, la propia Ley 16/2002 establece que el procedimiento para el otorgamiento de la AAA sustituirá al procedimiento para el otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas regulado por el Decreto 2141/1961, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la propia autorización municipal.
    Hay que concluir diciendo que, ante el complejo panorama expuesto con anterioridad, que se complica aún más por el hecho de que en la normativa se suelen incluir distintos umbrales en las características de los proyectos o actividades que quedarían sometidos a uno u otro tipo de autorización, resultará necesario estudiar en cada caso concreto qué tipo de autorización o de autorizaciones serían obligatorias para la ejecución de un proyecto o actividad determinados.
    Hechas estas puntualizaciones generales, en el caso concreto de la comunicación presentada por la Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo, en relación con las autorizaciones requeridas para los vertidos de una alcoholera sita en el término municipal de Almendralejo (Badajoz), el Ayuntamiento de Almendralejo ha remitido un informe, que se adjunta, en el que se explica el régimen aplicable a la tramitación administrativa de las actividades clasificadas. De acuerdo con dicho informe, “hasta la aprobación por la Junta de Extremadura del Decreto 18/2009, de 6 de febrero, por el que se simplifica la tramitación administrativa de algunos de estos expedientes, todos ellos debían de ser objeto de un doble Informe, uno por parte de los Servicios Técnicos municipales y otro por parte de la Comisión de Actividades Clasificadas, órgano encuadrado en la actualidad en la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente (de la Comunidad Autónoma). Es a partir de la entrada en vigor de dicho Decreto, cuando, para la tramitación administrativa de las actividades de pequeño impacto en el medio ambiente, se suprime ese último informe, desarrollándose el procedimiento íntegramente en el seno de la Administración municipal y resolviéndose por los órganos locales”.
    Por otra parte, “el Reglamento Municipal de Vertidos ha establecido las condiciones en los que deben de producirse los vertidos, fundamentalmente industriales… Para el supuesto de que los vertidos no reunieran las condiciones exigidas para su incorporación al Sistema Integral de Saneamiento, el usuario estará obligado a presentar en el Ayuntamiento el proyecto de una instalación de pretratamiento o depuradora específica, quedando obligado a la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones”.
    La autoridad municipal, “al margen del establecimiento de normativa propia, mediante la aprobación de las correspondientes Ordenanzas y Reglamentos, tiene establecidos los mecanismos de inspección y control para que las instalaciones reúnan las condiciones legal y reglamentariamente exigibles antes del inicio de la actividad y para la comprobación de que las mismas se mantienen en las mismas condiciones durante la vigencia de las correspondientes autorizaciones y licencias”.
    En cualquier caso, “el Ayuntamiento viene cumpliendo de manera rigurosa con los procedimientos tasados para la concesión de las licencias municipales necesarias para usos y actividades, exigiendo las condiciones establecidas en la normativa de aplicación y con los informes técnicos favorables para su otorgamiento, así como con las autorizaciones que en cada momento o por el tipo de actividad sean exigibles”.
    En relación con la Refinería Balboa (Badajoz), la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) está tramitando el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Construcción de una Refinería de Petróleo en Extremadura (Balboa) término municipal Los Santos de Maimona, Badajoz”, habiendo comunicado al respecto lo siguiente:
    “El proyecto incluye la propia refinería y todas las instalaciones e infraestructuras necesarias para su funcionamiento, que se describen a continuación:
    La Refinería

    Su principal objetivo es cubrir parte de la demanda nacional de productos refinados, especialmente de gasoil y queroseno. La refinería se proyecta en el paraje “Sierra de San Jorge”, en el T. M. de Los Santos de Maimona, en la provincia de Badajoz.


    Tendrá una capacidad nominal de 5.750.000 T /año de crudo más otras materias primas y obtendrá 5.341.700 T/año de productos petrolíferos. Estará diseñada para tratar crudos medios y pesados, con alto contenido de azufre.

    Infraestructuras en Extremadura

    En la memoria resumen se indican varias alternativas para el trazado de cada una de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la central.


    Conducción de suministro y toma de agua: Necesidad de suministro 4 Hm3/año.
    Conducción de vertido: Se presentan cuatro alternativas para el punto de vertido con sus correspondientes conducciones, todas ellas con dirección noroeste para verter al río Guadajira.
    Poliducto de distribución nacional: Unirá la refinería con un oleoducto en Mérida, su trazado es paralelo en gran parte de su recorrido con la conducción de toma de agua.

    Gasoducto de suministro de gas natural. Será necesaria una conducción de 800 m para conectar con el gasoducto Villafranca de los Barros- Zafra – Jerez de los Caballeros.
    Línea eléctrica. Se proyecta una línea eléctrica a 220 ó 400 kV de 6-8 km de longitud, que conecte con la línea Mérida-Guillena que discurre a esa distancia, al oeste del emplazamiento.
    Oleoducto y poliducto de conexión con el puerto de Huelva:
    Oleoducto de suministro de crudo y poliducto de exportación: Conectan las instalaciones de la terminal de almacenamiento situada en el puerto de Huelva con las instalaciones de almacenamiento de la Refinería Balboa. Ambas conducciones discurrirán en paralelo.
    Instalaciones en Huelva:
    Terminal de Almacenamiento: ubicada en el polígono industrial Nuevo Puerto, en el T.M. de Palos de la Frontera, con depósitos de crudo y gasolina con capacidad de 420.000 m3.

    Carga y recepción de crudo: El sistema de descarga de crudo desde el petrolero hasta la Terminal de Almacenamiento se efectuará mediante un sistema de boya de atraque único, SPM (Single Point Moorning). Este sistema consta de una monoboya, manguera submarina o riser, colector PLEM, oleoducto submarino y sistema de control submarino. La ubicación de la boya se sitúa aproximadamente a 10 km de la línea de costa y se estudian 2 alternativas para el trazado submarino. La situación actual del complejo procedimiento es la siguiente:
    El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como órgano sustantivo ha efectuado información pública conjunta de todas las instalaciones del proyecto, al mismo tiempo en las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

    • El expediente completo, junto con el resultado de la información pública, fue remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a esta Dirección General para proceder a formular DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL de la Refinería y de las Infraestructuras asociadas el pasado 30 de octubre de 2008.

    • Portugal solicitó participar en el procedimiento por los posibles efectos tranfronterizos de la actuación y fue consultado.

        • El 5 de mayo de 2009 se ha recibido en cumplimiento del “Protocolo de actuación entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Portuguesa de aplicación en las evaluaciones ambientales de Planes, Programas y Proyectos con efectos transfronterizos” suscrito el 19 de febrero de 2008, contestación de Portugal sobre el Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto. En dicho informe concluyen lo siguiente:




          • El proyecto de Refinería Balboa puede provocar impactos negativos en territorio portugués, en particular sobre la calidad de las masas de agua del Guadiana y la presa de Alqueva.




          • Para evitar estos impactos, se debe:

            • Adoptar sistemas de tratamiento avanzados que eliminen o reduzcan significativamente los contaminantes

            • Modificar la solución de vertido de efluentes industriales, proponiendo:

              • Vertido fuera de la cuenca del Guadiana

              • Si esto no fuera posible, vertido en la masa de agua que constituye el origen del agua de la Refinería (Embalse de Alanje)




          • Realizar análisis de riesgos y análisis de impactos transfronterizos sobre la socio-economía

    Mediante escrito de 13 de mayo de 2009, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental ha remitido dichos informes a Refinería Balboa S.A. como promotor de la actuación al objeto de que den respuesta a las cuestiones planteadas y, en su caso, analicen alternativas que pudieran solucionar lo indicado.


    Con la misma fecha, se remitieron dichos informes a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para informe sobre las consideraciones realizadas y a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, como órgano sustantivo.
    A la vista de lo anterior, se concluye que el proceso de evaluación se encuentra en curso y no es posible pronunciarse, siendo este el motivo de que la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental siga trabajando en el expediente de evaluación ambiental de la Refinería Balboa.
    En relación con la Autorización Ambiental Integrada, cuya tramitación corresponde a la Comunidad Autónoma, únicamente cabe indicar que se tiene constancia de que la misma se encuentra en tramitación.”

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