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Discurso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, en la apertura de la Reunión Preparatoria de los países del Caribe ante el Octavo Foro Mundial del Agua 2018


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Discurso del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana,

en la apertura de la Reunión Preparatoria de los países del Caribe ante el Octavo Foro Mundial del Agua 2018

Señoras y señores,

Es motivo de satisfacción y orgullo para la República Dominicana, ser anfitriona de esta Reunión Preparatoria de los países del Caribe ante el Octavo Foro Mundial del Agua 2018, a celebrarse en Brasil.

Sean muy bienvenidos los representantes de cada uno de los países que nos acompañan, los organismos multilaterales y bilaterales presentes, y muy especial agradecimiento al gobierno de Brasil por el apoyo que hemos venido recibiendo por medio de la Agencia Brasileira de Cooperación y la Agencia Nacional del Agua, para organizar esta reunión preparatoria.

De entrada, quiero manifestarles que República Dominicana comparte con el Consejo Mundial del Agua –entidad organizadora del Foro Mundial- la noble misión de “promover el conocimiento, crear un compromiso político e impulsar la acción sobre temas críticos del agua en todos los niveles, para facilitar la eficiente conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso del agua en todas sus dimensiones de manera ambientalmente sostenible para el beneficio de la vida en la Tierra”.

La Constitución de la República Dominicana establece en su Artículo 15.- Que “el agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación.”

Esa disposición constitucional responde a una certeza incuestionable: sin agua no hay vida. Lamentablemente, durante décadas los dominicanos vivimos de espalda a esa realidad.

Es de llamar la atención sobre cómo ha cambiado la dotación de ese recurso. Cuando los españoles llegaron a esta isla, el Padre Las Casas expresó su opinión de que el Valle de la Vega Real contaba con 10,000 ríos. A falta de un estudio minucioso del que pudiera derivarse esa afirmación, pudiera inferirse cierta exageración en el número, pero a pesar de ello, es dable suponer que aunque fueran mil pudieran haber existido.

Hoy en día, enfrentamos una situación en la que los expertos nos dicen que, si no adoptamos medidas drásticas, para el 2025 vamos a sufrir fuertes carencias en el suministro de agua. ¿Por qué ese cambio de situación?

Como economista al fin, creo la razón de ese cambio es de índole económica. Resulta que el más valioso recurso natural, ese sin el cual todos acordamos que no hay vida posible, tradicionalmente ha sido gratis, y lo que es gratis, ni se economiza ni se cuida.

Desde luego, no ha sido solo la ausencia de un precio lo que ha incidido. Es que el medio ambiente tampoco era una preocupación. Al fin y al cabo, también es un recurso libre. Por ello, nuestros campesinos se sentían en plena libertad de desmontar una montaña para levantar un conuco y, pocos años después, agotada esa tierra de ladera, reiterar el tumbe y quema para mover su pequeña explotación. Y no preocupaba mucho si en el proceso de quema se iba todo un monte. Y, como la naturaleza es libre, las piedras de los ríos eran de libre extracción, y las sabanas de Valle Nuevo de libre explotación.

Nos han faltado regulaciones eficientes. Como en muchas otras áreas, el solape de roles institucionales ha dificultado la construcción de un marco regulador adecuado a la problemática de la gestión del agua. Llevamos largos años discutiendo una propuesta de Ley de Aguas y, si no le buscamos una solución exitosa a ese impasse, las advertencias que nos hacen los expertos sobre el futuro de ese recurso se van a plasmar en realidad.

Ciertamente, una situación como la descrita para nuestro país es parte de una problemática universal. Por eso, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proclamados por las Naciones Unidas, se enfoca a la consecución de agua limpia y saneamiento.

Si bien la disponibilidad total de agua en nuestro país ronda los 25 mil millones de metros cúbicos por año, cantidad que no define una situación de carencia en lo inmediato, esa disponibilidad no está uniformemente distribuida, por lo que enfrentamos problemas a nivel regional, tanto en los usos productivos como para el consumo humano. En adición, las proyecciones para un plazo no muy largo comienzan a ser preocupantes.

Pero también se estima que el 80% del agua suministrada para riego y el 55% del agua potable se desperdician. Esto es inaceptable. Por eso nos estamos esforzando por cumplir con el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuando plantea “transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios, mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción”. Esto es, gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible para garantizar la seguridad hídrica y el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento.

Desde el gobierno tenemos plena conciencia de los vínculos entre agua-seguridad alimentaria y agua-reducción de la pobreza, así como de la importancia de una participación de los usuarios en el logro de las metas.

El interés de revertir la tendencia y los indicadores descritos, el señor presidente de la República, en el discurso de toma de posesión del actual período gubernamental, tomó la decisión de declarar que este sería el cuatrienio del agua y formuló cuáles serían los cuatro pilares de la política de agua gubernamental para los siguientes cuatro años:


  • Organizar y fortalecer las instituciones, diferenciando bien los roles y mejorando las capacidades, al tiempo que facilitar la participación comunitaria a través de los consejos de cuenca como mecanismos de administración y de solución de conflictos.

  • Ampliar la cobertura del suministro en un 83% para el año 2020, incluyendo un 88% en la zona urbana y un 70% en la rural.

  • Diseñar y poner en ejecución una Estrategia Nacional de Saneamiento, para acabar con el vertido incontrolado de basuras en las calles, y

  • Continuar los proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos.

A lo largo del año transcurrido desde que se asumió ese compromiso, el gobierno ha realizado importantes esfuerzos para lograr esos enunciados.

Las instituciones públicas, en una labor conjunta con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República, han mantenido una intensa labor de búsqueda de consensos para proceder a plasmar en una Ley General de Aguas, la reestructuración institucional de la gestión de tan valioso recurso, proceso que ha venido a institucionalizarse con la creación de la Mesa de Coordinación del Recurso Agua, mediante el decreto 265-16 del 23 de septiembre del año 2016.

En cuanto al suministro de agua potable a las viviendas, los datos del Sistema de Indicadores Sociales (SISDOM) nos colocan cerca de la meta formulada para 2020, aunque he de reconocer que todavía con profundas desigualdades regionales y espaciales que constituyen un reto inmediato a ser afrontado.

Para superar esas carencias, hemos estado realizando una intensa inversión en infraestructuras para mejorar las condiciones de suministro de agua potable y de saneamiento. En 2016 estaban en ejecución 118 proyectos de inversión en este sector, en los cuales se ejecutó un monto de 5,735 millones de pesos y para 2017 están presupuestados más de 7,300 millones de pesos en proyectos de mejoramiento del suministro de agua potable.

Y en relación con la preservación de las fuentes de agua, se debe destacar el rescate de un centro neurálgico en la generación de ese recurso: Valle Nuevo. En 2016 comenzó a implementarse el Plan Constanza, dirigido a garantizar la sostenibilidad a futuro del agua para consumo humano y la producción agrícola de la zona. A pesar de que ha implicado el desalojo de un grupo de ocupantes de esa zona, la restauración de Valle Nuevo era una medida impostergable, que requirió firmeza de propósitos. En la actualidad ya los campesinos desalojados están siendo reubicados, y se les han facilitado viviendas y parcelas para continuar con su actividad.

También con el mismo objetivo de implementar un manejo integral de las cuencas, se ha establecido una red de vigilancia social y policíaco-militar para denunciar y detener cualquier tipo de extracción irregular de materiales de la corteza terrestre en cauces de ríos. En esos cauces solo se pueden realizar las intervenciones contempladas en el Sistema de Metas Presidenciales y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, tendentes a la canalización o a reencauzar cauces sedimentados para prevenir riesgos humanos y ambientales.

Si bien el agua es vida, por otro lado, los efectos del cambio climático, que exacerban los fenómenos hidrometeorológicos, también pueden provocar pérdidas de vidas humanas, generar destrucción de múltiples infraestructuras, productivas y de servicios básicos, y trastornar la economía de un país. Reciente está el paso de los huracanes Irma y María y la desolación que provocaron en varias de las islas caribeñas. Aprovecho para manifestar nuestro profundo sentimiento de solidaridad hacia las delegaciones de nuestros vecinos más afectados.

Y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas no es fácil. Un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estima en 20 mil millones de dólares el costo incremental necesario para adaptar el recurso agua frente al cambio climático al 2030.

De hecho, solo por los efectos directos de las lluvias acaecidas en el país a finales del año pasado y principios del actual, más las que acompañaron los huracanes Irma y María, la República Dominicana sufrió pérdidas directas estimadas en 1.044 millones de dólares, unos 50 mil millones de pesos.

Esta cifra solo se refiere a la destrucción de acervo de capital, de caminos y puentes, acueductos, canales y plantas de tratamiento, viviendas y plantaciones agrícolas. No incluye, por tanto, los daños a la vida o la salud humana, así como tampoco los efectos económicos indirectos, tales como paralización de actividades productivas, apagones, pérdida de días de docencia, disminución de turistas, etc., que con los datos disponibles no ha sido posible cuantificar. El 82% de la indicada cifra corresponde a las lluvias del año pasado, pero como los efectos de los recientes ciclones recayeron prácticamente sobre las mismas provincias del norte, no hicieron más que lacerar la herida para esa población.

Quiero compartir con los integrantes de esta reunión preparatoria el convencimiento que tenemos de que el abordaje de la gestión sostenible del recurso agua no es una tarea solo de gobierno, sino de todos los usuarios y actores.

Más aun, la República Dominicana comparte la Isla Hispaniola con Haití, por lo que la gestión de los recursos hídricos involucra a las dos naciones. En la isla tenemos 4 cuencas hidrográficas binacionales. Una de ellas, la cuenca del Artibonito, la más grande del Caribe, abarca aproximadamente 9,600 km2 y provee servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo económico de la región más pobre de nuestro país, al tiempo que es la base de la economía agrícola del país más pobre de América, Haití, puesto que nutre la presa de Peligre. Es esa presa la que proporciona el agua a nuestros vecinos, para más del 70% de su producción de arroz, tubérculos y caña de azúcar, junto al importante uso doméstico y servicios energéticos para la población residente en el área cercana.

Por esa multiplicidad de protagonistas, la gobernanza apropiada se convierte en un factor determinante en el éxito de la gestión sostenible del recurso. Y justo ahí el rol de las políticas públicas es clave.

En la actualidad, algunos de los sectores más importantes de la República Dominicana se encuentran regulados, tal es el caso del sector eléctrico, la salud pública, el sector bancario, las telecomunicaciones, entre otros. Sin embargo, hasta la fecha el tema de agua, para sus diversos usos, y el saneamiento, se encuentran deficientemente regulados. Es por ello por lo que estamos trabajando intensamente en el diseño de un nuevo marco regulador.

El esquema institucional propuesto, que se encuentra ya en avanzado proceso de discusión, contempla la separación de los roles de


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archivos -> Sncc. F. 013 Mepyd-ucdesp-cm no. Expediente
archivos -> Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Unidad Asesora de Análisis Económico y Social
archivos -> El petróleo tiene una ponderación de
archivos -> Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Fondo para el apoyo a la Investigación Económica y Social (fies)
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