• CASOS QUE PRESENTAN DIFERENCIA CON LA CONSTITUCION DEL ECUADOR DEL 1998 CON LA CONSTITUCION DEL 2008. ALUMNA: ROSSANA SANTOS FECHA

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    Diferencia con la constitucion del ecuador del 1998 con la constitucion del 2008


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    DIFERENCIA CON LA CONSTITUCION DEL ECUADOR DEL 1998 CON LA CONSTITUCION DEL 2008.




    DERECHO Y GOBERNABILIDAD

    MATERIA: INTRODUCCION DEL DERECHO.

    PROFESOR: AB.CARLOS ALCIVAR.

    TEMA: CASOS QUE PRESENTAN DIFERENCIA CON LA CONSTITUCION DEL ECUADOR DEL 1998 CON LA CONSTITUCION DEL 2008.

    ALUMNA: ROSSANA SANTOS

    FECHA: AGOSTO 16 DEL 201

    CASOS QUE PRESENTAN DIFERENCIA CON LA CONSTITUCION DEL ECUADOR DEL 1998 CON LA CONSTITUCION DEL 2008.

    La nueva Constitución ecuatoriana, aprobada masivamente en el referéndum del 28 de septiembre de 2008, no solamente reafirma las conquistas de derechos de la década anterior, sino que amplía y reconoce derechos adicionales. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas se extienden con el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado. El derecho a la educación gratuita y universal se extiende con el derecho a la gratuidad de la educación de tercer nivel (el “pregrado” en las universidades públicas). Se incluyen los derechos de la naturaleza, que deben considerarse diferentes y adicionales a los derechos de las personas que sean perjudicadas directamente por daños ambientales. La justicia, la defensoría pública y la salud deberán ser gratuitas y universales. Se agrega también la jubilación universal como derecho de las personas mayores.

    La Constitución de 1998 puede legítimamente considerarse una puerta abierta a las políticas de privatización de servicios y bienes públicos, la Constitución de 2008 refuerza la autoridad del Estado sobre la economía, vuelve a crear las “áreas estratégicas de la economía” bajo su control exclusivo y define candados contra la privatización de recursos clave como el agua o el petróleo. También impone restricciones ambientales más estrictas a las actividades económicas en el medio rural: la “soberanía energética” (es decir, inversiones petroleras o hidroeléctricas) no podrá lograrse poniendo en riesgo la “soberanía alimentaria”; los candados contra la apropiación y desperdicio del agua imponen en principio restricciones importantes a las actividades mineras que compiten con las agrarias; los permisos de actividades de extracción de recursos en áreas protegidas ya no podrán ser resueltos por el Ministerio del Ambiente sino por la Asamblea Nacional. En una palabra, estas restricciones implican que no puede considerarse “desarrollo” aquellas actividades que comprometen la base natural del sustento de la sociedad del futuro.

    La nueva Constitución no hace grandes innovaciones en cuanto a la distribución de activos productivos en el área rural. Igual que en 1998, el latifundio está proscrito, pero nunca se especifica en qué circunstancias una propiedad puede ser considerada como tal. A diferencia de la Constitución anterior, la nueva menciona la creación de un fondo para compra de tierras para pequeños propietarios y campesinos sin tierra. Con el agua, la nueva Constitución va más lejos. Habrá una auditoría de las concesiones para riego en el transcurso de los siguientes dos años con el fin de corregir las inequidades en su distribución. Si se toman en serio los artículos 281 y 282, la vieja y tradicional orientación del sector agrario hacia las exportaciones debería compensarse en los siguientes años con una activa política destinada a la promoción de la producción agroecológica, la pequeña propiedad campesina y la asociatividad propia de la economía social y solidaria.

    En síntesis, la nueva Constitución ecuatoriana constituye una audaz proclama a favor de un cambio radical en el modelo de desarrollo y en la orientación de la economía: el fracaso de los caminos del ajuste, tan dura y penosamente errados en los últimos años, explica el intento y lo justifica.


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