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Descripción: 'resolución 26/05/2004'


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XLVI Encuentro de Institutos de Derecho Comercial

de Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

PONENTE : Dr. Carlos González La Riva

Miembro del Instituto de Derecho Comercial del

Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza

Comisión: Derecho Concursal

Tema: CONCLUSIÓN DEL CONCURSO PREVENTIVO POR EXISTENCIA DE ÚNICO ACREEDOR VERIFICADO



carlosgonzalezlariva@hotmail.com

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Comisión: Concurso Preventivo.

PONENCIA DE LEGE LATA:

Imposibilidad de aplicar en el Concurso Preventivo apercibimientos que interrumpan el desarrollo del proceso concursal que no se encuentren especificamente previstos en la ley 24.522.-

Autor: Dr. Carlos González La Riva (Inst. D. C del C.A. La Matanaza)

CASO ANALIZADO

Coppola de Pugliese, Nédlida Matilde s/ Concurso Preventivo Pequeño

Juzgado de Origen: Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nº 2

Cámara de Apelaciones interviniente Sala Segunda

Departamento Judicial La Matanza

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Resolución Fecha: 26 de mayo de 2004.-

Coppola de Pugliese Nélida Matilde S/Concurso Preventivo Pequeño (ART. 288)

Expte. Nº 6792/03 Reg. Sent. Def.Nº......

San Justo, 27 de mayo de 2004.-

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos venidos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 4 Departa mental a efectos de continuar su tramitación por rechazo de la recusación introducida, y la presentación del in forme individual previsto por el Art. 35 de la ley 24.522;

Y CONSIDERANDO:

I.- Que, es conveniente recordar, que al advertir el silencio incurrido por la concursada en cuanto al domicilio real de la acreedora por ella denunciada, Sra. Beatriz Núñez, sostuve el 18 de marzo de 2004: ...la con cursada no puede desconocer que en todo procedimiento concursal están en juego el interés público y la protección del crédito en general..., y por sobre todo debe -el Magistrado actuante- evitar abusos o fraudes, ante lo cual tiene atribuciones genéricas que le confiere el ordenamiento para evitar que se burlen las finalidades del proceso (Conf. Grispo, Tratado sobre la ley de concursos y quiebras , to. VI págs. 520 y 522)

(v. resolución de fs. 279/280 y sus restantes argumentación).

En esa inteligencia entendí oportuno emplazar perentoriamente a la concursada para realizar las diligencias tendientes a la averiguación del paradero de la nombrada, con el firme apercibimiento de tenerla por desistida del presente.

Acto seguido -23 de marzo de 2004- (fs. 283) y previo acompañamiento de los oficios de rigor, formulé a la concursada un nueva intimación, corriendo para la efectiva acreditación de sus diligenciamientos el plazo de 72 hs. a partir de su retiro, operado éste ante el Juzgado Subrogante el 13 de abril de 2004.

La acreditación requerida vino a cumplimentarse con fecha 15 de abril de 2004 (v. pieza de fs. 295).

Desde que, producto de las requisitorias cursadas, se obtuvo la información del domicilio real de la acreedora -por cierto, la de mayor monto denunciado-, ninguna tarea oficiosa fue dispuesta por el Juzgado Subrogante, sin que ello pudiera obviar de la concursada una clara y concreta petición en aras de procurar el inmediato anoticiamiento de aquella, máxime cuando en modo alguno desconocía el espíritu inquisitivo que abrigaba la interlocutoria firme de fs. 279/280.

II.- Ahora bien, patentizadas las alternativas fácticas del proceso, me veo hoy ante la irremediable presentación del informe individual de los créditos.

III.- En la especie se han insinuado 9 acreedores, cuyo informe corre a fs. 313/368.

El Suscripto analizó los créditos y la opinión de la sindicatura con la profundidad que exige esta etapa del artículo 36 de la ley 24.522, llegando a la conclusión de compartir la opinión del referido órgano concursal.

A este respecto debo señalar que, El juez concursal, luego de examinada la pretensión verificatoria y toda la documental anexada puede o no sentenciar en el mismo sentido que la sindicatura. Nada obsta a que el judicante admita un crédito que el síndico hubiera aconsejado rechazar (Francisco Junyent Bs- Carlos A. Molina Sandoval, Verificación de créditos, fuero de atracción y otras cuestiones conexas , Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 233).

Para emitir dicho pronunciamiento, si bien se trata de un decisorio que podría producir cosa juzgada es obvio que no es una sentencia definitiva en juicio de conocimiento que haga aplicables los requisitos del artículo 163 del Código Procesal, sino en todo caso, se trataría de una sentencia interlocutoria que sólo requiere expresión de fundamentos y precisión de las cuestiones (art. 161 del ord. cit.), lo que se cumple con la remisión fundada a lo aconsejado por el órgano concursal.

Por ello, se declara verificado e inadmisible por los montos aconsejados en cada caso los créditos informados a fs. 313/368 y que no fueron observados.-

IV.- Habiéndose verificado el crédito de un solo acreedor (Consorcio Avellaneda 71 R. Mejia), se alza la

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imposibilidad de satisfacerse los presupuestos del procedimiento concursal por cuanto queda desvirtuado el objetivo legal, correspondiendo seguidamente concluir el procedimiento (Argeri, S., La quiebra y demás procesos concursales , Platense, La Plata, 1972, I, p. 331, texto y nota 1).

A pesar de que existe la postura contraria a la de cisión adelantada, en la especie aparece ciertamente dudosa la posibilidad de que pueda insinuarse tardíamente la acreedora que, hasta la fecha y por omisiones imputables a la concursada, no ha sido debidamente notificada del auto de fs. 3265/3266 de los autos Núñez de Pugliese Beatriz C/Coppola de Pugliese Nélida y otros S/Simulación y de la apertura concursal por medio de la correspondiente carta certificada de la Sindicatura (conf. Heredia, Tratado Exegético de Derecho Concursal , to. 1, pag. 755/756).

En todo caso, el acreedor concurrente debe encauzar su pretensión mediante la pertinente acción individual (autor y ob. citada, pág. 755).

Nótese que son principios o reglas rectoras de los procesos concursales: el trato igualitario a los acreedores, la universalidad, la colectividad, el carácter inquisitivo, etc.

Además, el concurso preventivo constituye un beneficio que altera drásticamente las relaciones con terceros. Seria manifiestamente abusivo y contrario al sentido que la ley tuvo en miras, continuar brindando a la con cursada la conveniente tutela jurídica.

Para dar por concluido el procedimiento, entiendo aplicable entonces la doctrina que emana del art. 1071 del Cód. Civil, reconocida explícitamente en el art. 52 de la ley concursal a partir de la reforma introducida por la ley 25.589: En ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en fraude a la ley. Luego, Estas prerrogativas otorgadas al juez concursal, reivindicadas por la ley 25.589, no sólo debe ejercerlas al momento de la evaluación de la propuesta, sino durante el transcurso y la conformación del acuerdo en sí mismo, como director y controlador del proceso que es, con el límite de no interferir en el libre ejercicio de los derechos individuales de las partes involucradas cuando estos derechos no vulneran el orden jurídico (Facultades del juez en los concursos por Elena B. Hequera, pub. JA Número Especial ejemplar del 3 de diciembre de 2003, JA 2003-IV, fascículo nº 10). Insisto, la falta de propuesta no me exime de ponderar conductas procesales que, de admitirse, traducirían un claro desoimiento de un deber del juez, natural y primordial en el ejercicio de su judicatura: sancionar o al menos desalentar preventivamente el abuso o fraude a la ley (art. 274 de la ley 24.522).

V.- En el concurso preventivo la oportunidad fija da para justipreciar los trabajos realizados es al homo logar el acuerdo preventivo (art. 265 de la LCQ.).-

A su vez , el inc. 5º del art. 265 prescribe que de be considerarse como una oportunidad la conclusión, por cualquier causa, del concurso preventivo o de la quiebra, espacios donde confluyen todas las circunstancias no consignadas expresamente... ( Pesaresi - Passarón, Honorarios en Concursos y Quiebras , pág. 84).-

En consecuencia, atento a lo expuesto, resulta ésta la oportunidad para regular los honorarios de los letra dos intervinientes, tomando como base la suma de $8.604, 28 (monto del crédito verificado) y lo dispuesto por el art. 266 , 2º párrafo en concordancia con lo resuelto por el Ac. SCJBA. Nº 3132/04).

Debe tenerse en cuenta que, la finalidad de tomarse como parámetro el pasivo verificado es, como se dijo en la jurisprudencia, que se hiciera una adecuada valoración económica del proceso en determinadas situaciones, en las que la regulación sobre la única base del activo podría conducir a soluciones manifiestamente in equitativas. (Rivera-Roitman-Vitolo, ob. arriba citada, pág. 408). En esa inteligencia, el monto a determinarse en cada caso debe guardar razonable proporción con la tarea realizada por las partes intervinientes. Ello así, a fin de evitar una desproporción entre los mismos. (art. 271 de la ley 24522).

En este sentido, se ha expedido la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Dtal., -Sala II-, al decir citando a la Sala III de la Excma. Cámara Federal de La Plata (13/02/2001 en re ANSES c/ S.A. Sol Explotación de Pétroleo , en La Ley Bs. As., 2001 p. 825: .... la validez constitucional de los honorarios regulados no depende de la magnitud del proceso, ni del in- terés de los litigantes obligados al pago, pues también interesa a la justicia y razonabilidad de la regulación, que se examinen las tareas realizadas, sea por su jerarquía intrínseca como por su complejidad según los casos..( fallo cit. en los autos caratulados Lutsch Juan s/ concurso preventivo en trámite por ante este mismo Juzgado, RSI. Nº 139/03 de fecha 30/09/03).

VI.- En relación a la tasa de justicia, corresponde liquidar la misma tomando como base imponible el único crédito verificado. (8604,28 ).( art. 277 inc. g del Código Fiscal).

Ello, así ya que el monto de éstos se debe tomar para determinar la base imponible a los efectos de satisfacer la tasa de justicia. (LL. 1995-IV, pág. 1019).

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Así las cosas, y de conformidad con lo expuesto: RE SUELVO

I.- TENER por concluido el concurso de Nélida Matilde de Coppola de PUGLIESE.

II.- IMPONER las costas del presente a esta parte.

III.- REGULAR los honorarios del letradoXXXX con más los aportes del art. 193 de la ley 10620 e IVA si correspondiere (arts. 1/5 de la ley 23349 modi. por ley 23871).

IV.- Intimar al concursado para que dentro de los ciento ochenta corridos a partir de la fecha de notificación del presente proceda a abonar la suma de $ 189, 29 y $ 18,90 en concepto de tasa y sobretasa de justicia respectivamente, la que es liquidada en este acto por la Sra. Actuaria.

VI.- Asimismo, deberá el letrado acompañar copia de la constancia que acredite la inscripción o no en IVA emitida por la Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la página web del organismo citado (http://www.afip.gov.ar) o bien su condición de pequeño contribuyente inscripto en el régimen simplificado las que tendrán una validez de 180 días desde su emisión (cfme. arts. 1, 2 y sgtes. de la Res. Gral. AFIP 1620/04).

REGISTRESE. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE O POR CEDULA. Firme la presente, vuelvan los autos a despacho.-

Glósese copia del presente al legajo respectivo.-

Dr. RICARDO HORACIO SUAREZ JUEZ


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