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    Decreto que crea el Consejo Estatal Contra las Adicciones


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    Decreto por el que se crea el Consejo Estatal contra las Adicciones.

    Orden Jurídico Poblano

    Puebla, Estado de Derecho y Justicia




    REFORMAS


    Publicación

    Extracto del texto


    19/ene/2000

    Se expide el Decreto por el que se crea el Consejo Estatal contra las Adicciones.





    CONSIDERANDO
    Que el derecho a la protección de la salud, es una garantía social consagrada por el artículo 4o. Constitucional, que tiene entre sus finalidades fundamentales, lograr el bienestar físico y mental del hombre, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, así como la protección y acrecentamiento de los valores que contribuyan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que coadyuven al desarrollo social.

    Que la Secretaría de Salud, ejecutará en la Entidad, en términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables, el derecho a la protección de la salud del hombre, para lograr su bienestar físico y mental, contribuyendo de esta manera al ejercicio pleno de sus capacidades, como uno de los postulados contenidos en el Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud; teniendo a cargo, la administración de los recursos que aportan el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado contando además con la autonomía técnica y operativa respecto del resto de la Administración Pública Estatal, en el manejo de sus recursos tanto humanos como financieros, para el cumplimiento de los Programas de Salud a su cargo.

    Que el abuso en el consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, de manera regular se asocia con delitos, accidentes, desintegración familiar, ausentismo laboral, disminución de la productividad y suicidios; de tal manera que las consecuencias médicas de las adicciones representan un elevado costo social, constituyendo un importante problema de salud pública, además de ocasionar graves alteraciones en la salud del individuo.

    Que la Ley Estatal de Salud en sus artículos 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34 y 50 del Título Tercero bajo el rubro ''Prestación de los Servicios de Salud'', define a la Asistencia Social, como un servicio básico a la población, en lo referente a la atención médica que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación.

    Que el H. Congreso del Estado, con fecha diez de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, tuvo a bien expedir el Decreto de creación del Consejo de Integración Social de Puebla y el diverso Decreto de creación del Consejo Estatal Contra la Farmacodependencia, si bien les confieren atribuciones diferentes, en la práctica han demostrado duplicidad de acciones, operatividad aislada carente de impacto social. Lo que hace necesario y justifica el propósito de este Decreto, en el sentido de resolver este problema de salud, planteando un proyecto integral globalizador, definitivo, claro y viable que se ajuste a un estado de derecho, en la medida que se apega a lo que propone la Ley Estatal de Salud en su Título Décimo Primero, denominado ''Programa contra las Adicciones'' cuando en tres de sus capítulos, define la coordinación y esfuerzos que el Estado debe desarrollar para la atención de los rubros siguientes: Programa contra Alcoholismo y Abuso de Bebidas Alcohólicas, Programa contra Tabaquismo y Programa Contra la Farmacodependencia. Intentando que de una manera eficaz y eficiente, se formulen, organicen, desarrollen y supervisen los programas de salud previstos por la ley.

    Que la práctica, la experiencia y los resultados obtenidos en esta materia, han venido a demostrar la urgente necesidad de proporcionar a las instancias responsables de atender esta problemática, los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades, con el propósito inminente e inmediato de satisfacer el beneficio de salud a que tienen derecho los mexicanos por disposición constitucional.

    Que la modernización de los Servicios de Salud del Estado, implica la ampliación de sus atribuciones, a fin de que responda más y de mejor manera, a las necesidades y circunstancias de la sociedad actual, procurando de esa forma una mayor presencia en la salvaguarda de los derechos fundamentales de la comunidad, como en la prevención de las adicciones, que viene a constituir una forma de defensa de la sociedad frente a estas conductas dañosas.

    Que ha sido característica de nuestro País, participar de una manera destacada en la lucha contra el narcotráfico y la prevención a las adicciones, cumpliendo a plenitud con sus propias leyes y con los Convenios Internacionales que han suscrito, participando de manera específica por conducto de la Secretaría de Salud en Foros Internacionales en los que ha defendido importantes tesis relacionadas con la materia, derivadas de estudios e investigaciones realizadas.

    Que en dichos Foros, México ha expuesto con énfasis su preocupación por nuevos fenómenos amenazadores, característicos de la delincuencia moderna, en donde conceptos como: ''Narco-Cultura, Narco-Política, Narco-Economía'', se han vuelto parte del lenguaje cotidiano. De tal manera que la sola mención de estos conceptos, aflora la evidencia de que la naturaleza del problema social ha cambiado y por lo tanto se hace necesario, actualizar los medios y sistemas para enfrentarlo.

    Que tradicionalmente se ha considerado el esquema, de que estos problemas son propios de los países productores y consumidores de estupefacientes y psicotrópicos; paradigma que en la actualidad, ha sido rebasado, cuando se detecta que países netamente productores, han comenzado a registrar significativos aumentos en los índices de farmacodependencia, mientras que en los países consumidores se detectan altos índices de comportamientos en producción de estupefacientes.

    Que de todos es conocido, que la producción, tráfico, consumo y otras conductas afines relacionadas con las drogas, son fenómenos que generan cada día una mayor preocupación en la sociedad mexicana, sobre todo con la evidencia de que estos fenómenos afectan en general, abarcando todos los niveles económicos, familiares y culturales, y que la solución más eficaz a este problema es atacarlo de origen, actuando contra las causas que lo generan, y no limitamos a tratar exclusivamente los efectos.

    Que actualmente, los Gobiernos de diversos países involucrados, tienden a establecer medidas conjuntas y coordinadas para enfrentar el fenómeno de las drogas, política que requiere de acciones integrales, no parciales, aisladas y desarticuladas, como hasta la fecha se han realizado, sino permanentes y con fines de erradicación total.

    Que si consideramos al narcotráfico y a la farmacodependencia como un asunto de carácter estrictamente policiaco, entonces estaríamos ante la responsabilidad exclusiva de los Juzgados, de las Aduanas, de la Policía, descargando en ellos, la responsabilidad del cuidado y la protección de las nuevas generaciones. Igual tesitura sería el considerar que la salud es un problema exclusivo de los hospitales, pues ambas apreciaciones resultarían impropias, ya que las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia social, no pueden suplir la responsabilidad que les corresponde a la familia, las escuelas y la comunidad.

    Que bajo la perspectiva de que la farmacodependencia es un proceso, que se inicia con la cosecha y termina con el consumidor, es evidente que la batalla contra las adicciones, deberá establecerse necesariamente en diferentes frentes, combatiendo la producción, distribución y tráfico ilícito de drogas fundamentalmente a través de la fuerza pública, pero también evitando que las nuevas generaciones se vean afectadas por este lacerante mal y por ello, la prevención resulta imprescindible y de observación inmediata.

    Que de manera específica en nuestro Estado, si bien el problema del consumo de drogas no reviste aún los niveles dramáticos que se presentan en otros estados o países; no por eso ignoramos que nuestra juventud y niñez están en riesgo constante frente a este fenómeno; toda vez que las causas que lo generan están presentes y deben ser atacadas frontalmente mediante acciones coordinadas y efectivas.

    Que aunado a lo anterior, si tomamos en cuenta que nuestra Entidad Federativa se conforma mayoritariamente de jóvenes, y que éstos cotidianamente enfrentan una crisis económica, en la que se carece de suficientes oportunidades para acceder a la educación, a los servicios de salud y sobre todo a los empleos, es evidente que pronto empezaremos a encontrar oferta de sustancias psicotrópicas que a la postre los pueden hundir en la dependencia.

    En mérito de lo expuesto y en uso de las facultades que me confieren los artículos 79 fracción IV y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; y el artículo 7 fracción I de la Ley Estatal de Salud del Estado de Puebla, me permito expedir el siguiente:


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