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Corrupcion, empresa criminal y justicia



CORRUPCION, EMPRESA CRIMINAL Y JUSTICIA
Intervención del Dr. Jaime Ospina Velasco, del Centro de Estudios sobre el Lavado de Activos, Departamento de Derecho Económico Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

(El autor agradece los valiosos comentarios y aportes de los doctores Carlos Augusto Oviedo Arbeláez y Daniel Fernando Jiménez.)

Convocados por la Pontificia Universidad Javeriana; y con el patrocinio de la OEA, durante dos días consecutivos nos hemos concentrado en escuchar importantes reflexiones en torno a los efectos de la corrupción sobre el desarrollo económico y el Estado de Derecho.

De tiempo atrás ha sido identificada la corrupción como uno de los grandes obstáculos del desarrollo económico del Tercer Mundo. Brillantes economistas y abogados prestigiosos nos han mostrado con maestría cómo la corrupción tiene un impacto devastador sobre la macroeconomía; sobre la economía empresarial; cómo afecta el clima político y social, del cual constituye telón de fondo en infinidad de situaciones que vulneran los derechos humanos y alteran el equilibrio social hasta, inclusive, colocar en entredicho la legitimidad del Estado y de los gobiernos.


De igual manera nos han mostrado cómo se defienden las sociedades y los Estados a través de estrategias jurídicas, políticas y administrativas, tanto a nivel interno como con el concurso de otras naciones; y finalmente nos han señalado la importancia del papel de los medios como herramienta de control social ; su rol de garantes y promotores de transparencia.
En esta breve sesión final nos ha correspondido adentrarnos en el túnel de la lucha que libran el Derecho y la Justicia contra la corrupción.
Y entonces nos preguntamos de qué dispone la Justicia, esa señora de balanza y espada y con los ojos vendados para perseguir, combatir y derrotar el formidable ejército de corruptos que maravillosamente ataviados están diseminados por el mundo en la más perfecta y sistemática organización que configura la moderna empresa criminal, en numerosos casos de carácter transnacional, para finalmente triunfar en el restablecimiento de la armonía y el equilibrio de la sociedad.

Es el momento en que consideramos fundamental dedicar unos minutos a reflexionar sobre la forma como la corrupción avanza, venciendo los obstáculos que a ella se interponen, así como indagar por qué resultan tan débiles los fortines y murallas de la transparencia y la legalidad.


Esta reflexión debe conducirnos a la búsqueda de otros expedientes, no necesariamente más novedosos o sofisticados, pero que de pronto no hemos sabido utilizar o no hemos aplicado adecuadamente.
De otra parte, tendremos que preguntarnos si es que existen factores ideológicos; o de nuestra idiosincrasia que generan una debilidad congénita e inhiben de nacimiento el efecto bienhechor de las instituciones surgidas al amparo de la misma, caso en el cual forzoso sería repensar el problema de la corrupción y comenzar de nuevo; o al menos cambiar el rumbo.

LA CORRUPCIÓN: SÍNTOMA O ENFERMEDAD ?


En los foros académicos contra la corrupción, hay la tendencia a concebirla como un ente autónomo; si bien, relacionada con causas económicas, políticas o sociales, se presenta con suficiente entidad para tener su propia identidad.
De siempre, se ha identificado la corrupción como un fenómeno de ocurrencia universal, que ha campeado en todas las épocas y latitudes. De ella se han ocupado desde el Código de Hammurabi, pasando por los pensadores griegos, y todas las culturas antiguas. En la era moderna, Montesquieu y todos los filósofos, pensadores y moralistas contemporáneos. (R. Ballén, R. Klitgaard, 1994, entre otros). El politólogo Fernando Cepeda Ulloa menciona que la bibliografía sobre la corrupción en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos presenta un extenso catálogo de más de 1.000 obras sobre el tópico.
Si ello es así, entonces, por qué esa constante histórica ? Por qué un fenómeno tan analizado, tan estudiado, tan severamente cuestionado, repudiado y castigado en todos los ordenamientos humanos mantiene tal vigencia y se retuerce en los meandros de la historia cual serpiente sempiterna que invariablemente aparece en los momentos difíciles como inexorable revelador de grandes males y desequilibrios que provienen de profundas crisis, a la manera de fiel sutil que se balancea entre el bien y el mal.

Con frecuencia, al adentrarnos en la etiología de la corrupción la miramos desde la perspectiva de su impacto o del daño social que produce. Y aunque hemos llegado a identificar sus orígenes y mecánica, no logramos entender del todo, por qué siempre está presta a surgir y a manifestarse con todo su poderío seductor.

En el sentido propio de la palabra, corrupción, tal como es la acción o efecto de alterar, echar a perder, depravar, dañar o podrir, es una característica que se predica preferentemente de los organismos vivos : hombres, animales, vegetales, seres estructurados a partir de células. También es aplicable el concepto a los entes u organismos creados por el hombre. Sólo de la divinidad y de los estados de santidad es dable predicar la incorruptibilidad.
La anterior afirmación nada tiene que ver con las muchas teorías sobre la innata maldad del género humano (T. Hobbes), pero sí, y mucho, con la evidente predisposición o proclividad de la humanidad hacia ella.
Lo dicho explica por qué en todas las épocas y civilizaciones ha habido fenómenos de corrupción, depravación y propensión a la alteración y desnaturalización de las instituciones humanas. El por qué siempre ha habido individuos en quienes aflora con facilidad el elemento catalizador del proceso corruptivo y abandonan sin mayor lucha sus patrones de conducta moral. (Lamas Puccio, 1996)
Pero asimismo conviene advertir que no concebimos la corrupción como un fenómeno que se da por sí mismo o que se activa automática o inevitablemente. Consideramos que se da como parte de un proceso en el cual la acción corruptiva aflora como elemento necesario y connatural al mismo.
O sea que, vista desde esta perspectiva la corrupción empieza a presentársenos más como un síntoma, señal de alerta que refleja algo anterior o más profundo ; que trasciende o se evidencia través de ella, la cual es una de las hipótesis de este trabajo, en coincidencia con el pensamiento del Director Ejecutivo de la Organización Transparencia Internacional, expresado en reciente análisis del tema (M.Scholss, 1998)
Este raciocinio nos lleva a apreciar la corrupción como algo que no existe por sí mismo , ni en sí mismo, concepto que será de gran utilidad cuando entremos en el análisis de los medios eficaces e idóneos para socavarla y conjurar sus efectos nocivos y en el intento por desterrarla de nuestra sociedad. O si, como dicen propuso un celebrado expresidente colombiano, de pronto conviene más reducirla a sus “JUSTAS” proporciones, que ilusamente seguir luchando contra estos molinos de viento para evitar estrepitosamente estrellarnos contra ellos!. Lo que jamás podrá ser aceptado es la tolerancia con la corrupción.
Un problema de este análisis estriba en que la posición del fiel de la balanza puede desplazarse en diverso sentido, de una sociedad a otra, y ésto, lógicamente en función de los valores éticos que las presiden y el respaldo moral de quienes las conducen.

La investigadora Elvira María Restrepo de Johnson en un trabajo sobre la corrupción política, sostiene que, si bien ésta es reconocida comúnmente como un sistema político informal, así mismo es parte integral de los sistemas políticos.


CAUSAS DE LA CORRUPCION
Son innumerables las causas de la corrupción. Los investigadores han identificado como tales, entre otras : las excesivas presiones del Estado para hacer cumplir leyes ; la ineficacia de los sistemas políticos o jurídicos que inducen al ciudadano a optar por su propia solución; la concentración del poder en pocas manos o la desmedida asignación de poder a los funcionarios públicos ; la ineficacia de la ley o de la Justicia; la desigualdad o la carencia de imparcialidad de la autoridad; la falta de espacio o insuficiencia del mismo para la oposición o para la libre expresión de la opinión pública ; los monopolios de Estado o de particulares, y, finalmente, la incorporación de valores foráneos contrarios a la tradición cultural, permisivos o facilistas. (R. Klitgaard, 1994; F.Cepeda, 1997; R.Ballén, 1994)
En fin, no podría hacerse una enumeración taxativa de causas u orígenes de la corrupción porque lo cierto es que ésta finalmente termina siendo una entidad cultural que depende de factores específicos en cada sociedad.
Pero lo importante es que observada más como síntoma que como enfermedad se constituye en utilísimo revelador de desarreglos o disfunciones en los órdenes o estructuras propensas a la degradación, tales como la sociedad, el Estado, el sistema de gobierno, la Justicia, la administración pública, etc., desgraciadamente y en la mayoría de los casos, relacionadas, mas con situaciones fácticas, dadas, o realidades, que con acontecimientos pronosticables.

LA CORRUPCION : CAUSA  O EFECTO?


Adelantando en la reflexión y al tiempo que meditamos sobre la presencia del fenómeno, nos preguntamos entonces: si la corrupción no es la enfermedad misma sino el efecto de desarreglos o disfuncionalidades, cuál es la verdadera acción que debe seguirse ?
O mejor, hacia dónde deben orientarse los esfuerzos : solo a destruir  o conjurar el síntoma? Y qué de la enfermedad que produce el síntoma y cómo encarar los efectos nocivos del mismo en un contexto de urgencia.
Es evidente que combatir la corrupción es obligación de los servidores públicos y de los ciudadanos. Pero resulta mucho más racional, al menos razonable, indagar las patologías en si mismas, a fin descubrir el origen del síntoma y atacar el mal de raíz.
En efecto, no se trata de suprimir la sintomatología que agobia, sino de encontrar la etiología del estado morboso.
El análisis de la corrupción y sus efectos en el desarrollo y en el Estado de Derecho, así como su influencia y su papel en el surgimiento, consolidación y perduración de la empresa criminal, es el objeto de este trabajo.
En un documento de abril del presente año, el Director Ejecutivo de la Organización Transparencia Internacional ha expresado que en la mayoría de los casos, la corrupción es la consecuencia de más profundos problemas de distorsión política, incentivos institucionales y gobernabilidad, por lo cual no puede ser afrontado con sencillos actos legales de proscripción. (M.Schloss, 1998)

De hecho, todas las legislaciones del mundo combaten la corrupción. Sin embargo, hoy, la extensión del fenómeno es mayor; comprende a países pobres y ricos ; desarrollados y en vía de serlo ; socialmente organizados y aún a sociedades rudimentarias.


Todo parece indicar que los esfuerzos del Derecho y la Justicia resultan infructuosos o al menos insuficientes para combatir el fenómeno y que debe buscarse una reformulación de las estrategias anticorrupción. Trascender el ámbito puramente jurídico como táctica y encontrar otras que apoyen o dicten nuevas líneas de acción es algo en lo que tendremos que pensar con mayor insistencia. (A. J. Cancino, 1994, Klitgaard, 1994.)
Concordamos con P. Olowu, (citado por Schloss, 1998) que el fracaso estriba en que la mayoría de los esfuerzos se han orientado a remediar o atacar la corrupción como tal, (los síntomas) más que a conocer sus causas

ETIOLOGIA DE LA CORRUPCION


Si la corrupción no es la enfermedad en sí misma, ni es causa sino efecto, en dónde podemos ubicarla conceptualmente?
Nos aventuramos a identificar la corrupción como un estadio que acoge o reúne un sinnúmero de actos y conductas impropias, contrarios a los valores, ideales y creencias que rigen los miembros de un grupo o comunidad o a una sociedad; demostrativa de situaciones de profundo desarreglo, desequilibrio e inequidad y destructiva de los lazos de solidaridad y los pactos de convivencia que dan soporte a ese grupo social.
Tales comportamientos o acciones individuales que producen el estadio de corrupción atentan no solamente contra el orden social en si mismo, entendido como estructura construida a lo largo de muchos años de convivencia. También puede afectar las demás estructuras erigidas por la comunidad para viabilizar su existencia social.
Entre tales estructuras podemos señalar al Estado como expresión política ; la familia, como fundamento de la sociedad y la Justicia, elemento esencial del Estado de Derecho.
Visto desde esta perspectiva, “La Ética es un tema mucho más amplio que la corrupción”. (F. Cepeda Ulloa, 1994); y como todo planteamiento ético, está relacionado íntimamente con la escala de valores sobre la que se funda una sociedad y genera el conjunto de expectativas y exigencias que los asociados demandan de sus gobernantes.

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De ahí que resulte esencial conocer a fondo ese escalonamiento de valores, porque nos permitirá identificar la conducta desviada de los asociados y explorar los mecanismos íntimos de corrupción.


Es evidente que cuando el patrón general de comportamiento en una comunidad es permisivo y tolerante o absolutamente aprobatorio de determinadas conductas, debemos entender que el proceder analizado no está en conflicto con elementos fundamentales o esenciales de la escala de valores, cuya función precisamente es la de señalar el camino que debe seguir la sociedad.

Pero también es necesario comprender que, cuando la conducta observada, a pesar de generar conflicto o ruptura con el conjunto de convenciones acogidas por todos los asociados no es identificada como tal, por muchos o al menos por un número significativo de ellos, nos encontramos frente a un típico fenómeno de corrupción ideológica, el cual entendemos como la aceptación generalizada de conductas abiertamente apartadas del código pactado.


Percibimos la corrupción ideológica como anterior a la materialización de los actos de corrupción o prácticas corruptivas y sería la que induce el estadio general de corrupción. Desde el momento en que el fenómeno empieza a aflorar como una forma cultural, adquiere la validez, al menos aparente o temporal, propia de todas las expresiones culturales. 
En consecuencia, propicia la simbiosis de dos sociedades diferentes, confundidas entre sí, lo que hace que, al lado de las formas y conductas propias de la legitimidad que confiere la observancia de los valores fundamentales del pacto social, conviva con éxito la parte de la sociedad que aprueba o promueve los actos corruptos.

EL CONTRABANDO COMO EXPRESION DE CORRUPCION IDEOLOGICA


Es el caso por ejemplo del contrabando en Colombia. El conjunto de actividades delictivas englobadas dentro del concepto general de contrabando, nuevamente tipificado como delito por la Ley 383 de 1997, y todas las actividades conexas, generan un sinnúmero de ofensas a la sociedad y al Estado.
Sin embargo, por muchos años y en muy amplia medida, tal actividad ha sido considerada por la gran masa de la población como una oportunidad de comprar bueno, bonito y barato, más que como un delito. La afluencia indiscriminada, constante y masiva de compradores a las megatiendas conocidas como “sanandresitos”, existentes en todos los rincones del país, es una prueba de ello.
La gran mayoría de los colombianos que acude a dichos mercados no hace conciencia sobre el crucial papel que juegan estos hipermercados como excitadores del mecanismo delictivo ; y mucho menos de la calidad de copartícipes del delito y suscriptores, con su decisión de compra, de esta práctica corrupta.
Dónde radica el problema? Creemos que en el esquema mental de la gente. Es una actitud mental que poco a poco se fue introduciendo hasta consolidarse como estructura de pensamiento generalmente aceptado, que ha levantado las barreras y anulado los códigos que permiten la identificación inconsciente y automática de la sutil frontera entre el bien y el mal, cuando se trata de justificar la satisfacción de deseos o aspiraciones egoístas, o apetencias individuales, contrapuestas o por encima de la conveniencia general. Esta es la razón que explica el que no se asigne la calificación de “delito” o la de conducta impropia al acto de adquirir bienes del contrabando.
La corrupción ideológica, se patentiza cuando la aceptación de esta acomodación etico-moral es suficientemente amplia.
Bástenos con examinar someramente el caso del contrabando en la sociedad colombiana, para identificar algunos de los elementos clave de la propuesta.

En primer lugar, la adquisición consciente de bienes provenientes de un ilícito, es, en si misma, un delito. De igual manera lo son todas las actividades orientadas, deliberadamente a lograr la materialización del hecho punible.


Para el caso en análisis, ingresan a tal categoría todos los actos relacionados con la organización del negocio del contrabando tales como: su administración; la construcción de bodegas y lugares para el expendio de tales mercancías; la contratación laboral ; por supuesto la adquisición y acopio de las mercancías ; su transporte y almacenamiento ; y cada vez, yéndonos más atrás en la secuencia del negocio, hasta llegar a su introducción ilegal al país, su adquisición y pago, para el caso, con recursos del narcotráfico, sin adentrarnos a enumerar muchas otras prácticas corruptivas como son: la serie de sobornos, irregularidades de tipo administrativo y reglamentario, y aún los homicidios que con frecuencia se suscitan en el quehacer delictivo.
Después de este impresionante prontuario de actividades ilícitas, es sorprendente constatar que un número significativo de colombianos, no se percata, ni se le ocurre pensar que comprar mercancías del contrabando es un ilícito ; y que en alguna medida esta situación asocial perdura y se proyecta indefinidamente, gracias a su cooperación por virtud del acto de comprar. Su actitud se ratifica por el hecho de la compra sin ningún reato moral y más bien con un sentimiento, no oculto, de satisfacción.
Bien podemos identificar entonces, en este camino criminal, elementos verdaderos de la patología, porque lo cierto es que tal cúmulo de actividades, que en la mayoría de los casos se cumple a la luz del día, ante la mirada atónita de los ciudadanos y la ingenua, complaciente o abiertamente cómplice de funcionarios venales, revelan, de una parte, ausencia o vacío del Estado ; y de la otra, la arrogancia de aquellos que al lograr imponer su propia ley, lo desafían, ya no como eventuales malhechores asociados ad-hoc ; si no como verdaderos empresarios del crimen, en un pasmoso pero real alarde de poder, sólidamente cimentado en la fuerza de las armas y en la magia corruptora del dinero.
Cuando observamos la magnitud del fenómeno que nos sirve de ejemplo, su extensión y profundidad ; su amplia aceptación, medida por el número de ciudadanos que toman parte en algún punto de la cadena de ilícitos, y de los que convalidan la gestión criminal sin mayores reatos morales, tenemos que convenir en la existencia de estructuras paralelas, alternativas a las legítimas, que se disputan el mismo espacio y el mismo pueblo.
Las estructuras en que asientan los adalides de la ilegalidad, bajo cualquier forma de organización, es lo que hemos convenido en identificar como anti-estado, al cual nos referiremos más adelante. La empresa criminal es una de tales. Lo son también la subversión, en cualquiera de sus versiones, bien la guerrillera, o la del paramilitarismo , así como todas las formas de justicia por mano propia.
El contrabando y todos los delitos asociados, se nos muestran como respuestas y al menos situaciones de una sociedad enferma y un Estado incapaz de satisfacer las expectativas de los asociados.
Este conjunto de prácticas corruptas, no es entonces el núcleo del problema, sino manifestaciones propias de la patología y aunque es necesario atacarlas, la verdad es que el tratamiento tiene que ser más profundo y radical.
Esto nos fuerza a analizar con rigor los elementos de la crisis que padecen las estructuras de nuestra sociedad, inductoras de la corrupción, para atacar el mal en la raíz y procurar una sociedad más sana ; un mundo habitable en términos de existencia digna.
Es así como llegamos a visualizar la “corrupción”, como síntoma de un conjunto de males que afectan las estructuras de la sociedad colombiana, entre ellas al Estado, como gran burlado, incapaz de realizar sus fines; a la Justicia , y a la sociedad misma, que mira con pasiva indignación la ruptura de sus bases conceptuales, del trabajo honrado como fuerza vital del desarrollo social y económico y de la solidaridad como elemento de cohesión primaria, reemplazados por la actividad económica delictiva de fácil expediente y alto rendimiento, o los mecanismos vindicatorios del anti-estado.
PERMANENCIA DE LA CORRUPCION
Lo más grave de esta situación es que nos muestra un panorama que se perpetúa, y paulatinamente va generando un grado de inestabilidad ética, que lentamente erosiona la sociedad hasta llevarla a un punto crítico de abulia, desinterés, indiferencia y finalmente, de postración moral. (Fernando Cepeda Ulloa, 1997 )
La corrupción no la vamos a destruir o a desterrar de nuestra sociedad, por el camino de sólo combatir los actos corruptos o conductas corruptivas. Pensemos en que habrá que ir al fondo de las enfermedades subyacentes en nuestra estructura social, de las cuales la corrupción en sus diferentes formas, es una manifestación, un síntoma.
Lo anterior sin dejar de aceptar que deben adoptarse estrategias de ataque puntual y coyuntural contra las prácticas corruptivas y sus agentes. “Como la enfermedad, la corrupción siempre estará con nosotros. Pero como este triste hecho no nos impide intentar reducir la enfermedad, tampoco debería paralizar nuestros esfuerzos para disminuir la corrupción que entraña cuestiones de grado”.(Klitgaard, 1994)
Al efecto, sugiere este autor que en los países, como en los organismos, se presentan diversos niveles de corrupción y variados tipos de comportamiento ilícito, que puede alcanzar la categoría de fenómeno cultural y harían pensar que puede existir regiones , países, épocas y episodios en los cuales la propensión a la corrupción se acentúe.
Tal sería el caso, en su orden, de regiones fronterizas en países con severo control aduanero ; países con regímenes dictatoriales, períodos de guerra, bloqueo o conmoción social.
Planteamos la posibilidad de formular un modelo matemático que nos permita configurar un indicador denominado “Propensión Marginal a la Corrupción -PMC-“ como la capacidad de generar nuevos o más sofisticados actos de corrupción; o mayor quantum de corrupción, en términos, p.ej. del sobrecosto de obras públicas, o en función de unidades adicionales de sofisticamiento o capacidad de acción ilícita, tal como se conciben los indicadores de gestión.
No compartimos tesis como las de Max Weber, Leibnitz o Lombroso, hoy ampliamente rebatidas, que llegaron hasta plantear que determinados pueblos, inclusive razas y personas, están más cercanos a la corrupción que otros, por razones genéticas.
Sin embargo no deja de preocupar el que modernamente se haya vuelto lugar común visualizar a Colombia en el “pelotón puntero” de los circuitos mundiales de la corrupción.
En efecto, la revista británica “The Economist” ya en 1987 calificaba a nuestro país como el más corrompido de América Latina, entre los cinco primeros a nivel mundial junto con Bolivia, Uganda, Irán y Bangladesh.(D. F. Jiménez 1988); y más recientemente, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial han coincidido en señalar a Colombia como un país con notorios problemas de corrupción, en asocio con Rusia, China, Vietnam, Turquía y Nigeria. La Organización Transparencia Internacional en su informe correspondiente a 1997, designa a Bolivia, Nigeria y Colombia como las naciones con mayor grado de corruptibilidad entre 87 países en desarrollo.1
La verdad es que aunque no hay esquemas científicos de medición de la corrupción, los análisis en que se basan tales escalafones hacen pensar seriamente en la posibilidad de que exista una proclividad natural del colombiano medio hacia la utilización de expedientes más simples y de menor esfuerzo para obtener el resultado buscado, a base de inteligencia, raciocinio y habilidad, para romper, en contra del bien común, las condiciones y limitaciones propias de toda sociedad organizada.
Por ello no sorprende que un conocido jurista, analista de estos temas haya llegado al punto de proponer a la Academia Colombiana de la Lengua la adopción del vocablo “Democlepsia” 2 para definir a aquella sociedad en que la corrupción constituye un modo de vida generalizado. (D.F. Jiménez 1988).
Infortunadamente , el nivel de tolerancia que en Colombia ha permitido a la corrupción constituírse en manifestación cultural sobresaliente y reconocida ampliamente, hace pensar que, lamentablemente, en las actuales condiciones nos hallemos ante una sociedad democléptica.
Concurrente con este concepto, alguna vez el Fiscal de la Florida, Charles A. Intriago, en referencia a la extensión del fenómeno en América Latina, se refirió a la corrupción como un estilo de vida, mención si bien poco caritativa, es reveladora de una extendida opinión que poco favorece a los habitantes de nuestra región.
Para completar esta visión funesta de la corrupción en Colombia citamos las palabras de Gabriel García Márquez consignadas en el Informe Final de la Comisión de Sabios:
En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad, somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo” ...................”Tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos mientras el 40% de la población malvive en la miseria, y nos ha fomentado una noción instantánea y resbaladiza de la felicidad; queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos, más y más de lo que parecía imposible, mucho más de lo que cabe dentro de la ley, y lo conseguimos como sea: aún contra la ley” 3

LA CORRUPCION Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO


Al entender la corrupción como un síntoma revelador de profundos desarreglos y desequilibrios en el cuerpo social, más que como una enfermedad en sí misma, apreciamos que esta sintomatología es delatora de estados patógenos en sus estructuras básicas.

Nos centramos en dos de tales estructuras particularmente cercanas al objeto de estas reflexiones: el Estado y la Justicia. También están implicadas otras, como la familia, la educación, etc. pero no nos detenemos en su análisis, por ser ajenas a los objetivos de este trabajo.


Es de aceptación unánime entre los estudiosos del tema, (M.Philp, 1994) que la corrupción es reveladora del declive o decadencia del Estado y de las instituciones. (Cepeda Ulloa, 1997). La verdad es que el concepto de Estado demoliberal como estructura de protección del ciudadano, cuidador y celoso guardián de sus derechos frente al poder absoluto de la monarquía, ha variado notablemente.
Esta evolución ha llegado a extremos tales que el ciudadano, ese exponente del pueblo, principio y fin de la democracia liberal, para quien todas las instituciones políticas fueron creadas, ha ido paulatinamente perdiendo su lugar y abandonando la escena, al punto que en buena medida es hoy víctima de un Estado omnipresente que lo agobia y ocupa todos sus espacios.
Poco a poco nos fuimos haciendo a la idea del Estado como un ente cada vez mas poderoso y avasallador, que nos desplaza hasta percibirlo como a una cosa lejana y abstracta, de la cual no formamos parte. Lo visualizamos apartado, totalmente diferenciado de nosotros mismos, y hemos perdido la conciencia de que somos parte esencial de él ; su elemento constitutivo.
El documento “La Sociedad Civil y su Agenda por Colombia”, publicado por la Fundación Presencia en septiembre de 1997, consigna la siguiente observación:
El Estado ya no tiene dolientes. Hasta se nos olvidó que desde el punto de vista político y sociológico, el Estado somos todos, pues integramos la comunidad políticamente soberana asentada en un territorio”4
Tal parece como si la burocracia se hubiese apropiado de ese espacio, ocupándolo con arrogancia, para dejar al ciudadano raso, al pueblo constituyente, mendicante de sus derechos de señorío y aunque esos burócratas tienen la obligación de responder a los valores de la gente en cuyo nombre ellos gobiernan, el ejercicio del su poder los vuelve sordos e insensibles a las expectativas del cuerpo social.
He ahí un verdadero asomo de corrupción, porque cubre con un manto de legalidad el asalto más funesto contra los derechos elementales del ciudadano. Es por tanto un caso clásico de corrupción ideológica.
Quizás aquí podría estar la clave para explicar la contradicción en que vive el colombiano medio que, en opinión del General (r) Álvaro Valencia Tovar, (1990) a la par que siente un apego a la democracia, como ideal al que está sentimental y afectivamente ligado, manifiesta un rechazo instintivo y visceral, no bien definido hacia el Estado.
En su brillante observación, el General Valencia Tovar adjudica el primer sentimiento a una identificación de la democracia con la libertad ; mientras que el segundo, a un sentimiento de frustración y rabia por la incapacidad del Estado en el logro de sus fines últimos, que le resta legitimidad.
Si reparamos con atención en cualquiera de los fenómenos de corrupción más conocidos, en todos los casos se alzan como telón de fondo diversas expresiones de incapacidad del Estado para hallar soluciones adecuadas a las expectativas de su pueblo.
Insistimos en que estas fallas del Estado son en sí mismas la esencia del problema, la verdadera enfermedad de la cual la corrupción sólo es un síntoma. (Valencia Tovar, 1990)
En efecto, el Estado colombiano acusa un nivel de crisis generalizada. La verdad es que no está pudiendo asegurar el orden.
LA CORRUPCION, CAUSA EFICIENTE DE ANTI-ESTADO
La capacidad perturbadora de numerosos grupos, no solamente armados e insurgentes, sino también en las esferas social y económica, ha logrado alzar estructuras ilegítimas que desafían al Estado. No son formas ocasionales de delincuencia asociada, sino verdaderas organizaciones y empresas criminales estructuradas, que se manifiestan como un anti-Estado, perfectamente identificado, organizado y eficiente, con sus propias reglas y un estricto concepto de justicia a su manera.
Esta suerte de sublimación de la corrupción es la que genera la visión del orden que cuestiona la existencia y perduración del Estado.

El anti-estado se nos presenta como una versión grosera y burda del Estado y con sus mismos elementos. Es una imagen del mismo, en espejo pero a la inversa, por su malintencionada motivación. Y como tal tenemos que verlo y analizarlo para poder derrotarlo. Debemos identificar y estudiar cada uno de sus elementos para encontrar el origen de su surgimiento y evolución.


En efecto, al concepto de nación, el anti-estado opone el componente subjetivo de la empresa criminal que con sentido de pertenencia desarrolla una subcultura social. El territorio del anti-estado corresponde a los espacios que mediante la fuerza o actos de violencia o de coacción ocupa en rol dominante y efectivo, desplazando al Estado.

El anti-estado impone su particular visión de la soberanía al dictar sus propias normas y “códigos de conducta” en claro desafío al Estado. Finalmente, la transacionalidad de las empresas criminales nos pone en alerta del reconocimiento de una suerte de “comunidad de intereses criminales” de amplio espectro.


Recientemente la Asamblea General de las Naciones Unidas, dejó oír las voces de numerosos jefes de estado en expresión de sus hondas preocupaciones sobre este particular, para convocar un frente común contra las diversas formas de corrupción ancladas en esquemas para-estatales que afectan la comunidad internacional, entre ellos, el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos y la subversión.
Tal es la trascendencia de estos fenómenos o expresiones de anti-estado y su potencialidad devastadora, que la reacción de la comunidad internacional amenazada en sus fundamentos, está gestando un nuevo orden penal internacional, y en el contexto hemisférico fué aprobada la Convención Interamericana contra la Corrupción (Caracas, 1996), adoptada por Colombia mediante la Ley 412 de 1997.

Las formas del anti-estado presentan dos características esenciales: socavan la esencia y existencia del Estado de Derecho: y, su eficacia la deben a su concepción como empresa. No son simples asociaciones para delinquir. Son verdaderas empresas criminales.


La Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, en la “Declaración de Asociación para el Desarrollo”, aprobada en septiembre de 1996, manifestó que: “la promoción de buena gobernabilidad en todos sus aspectos, incluyendo el aseguramiento del cumplimiento de la ley; mejorando la responsabilidad y eficiencia del sector público y el ataque contra la corrupción, es un elemento esencial del ambiente en el cual los países pueden obtener la verdadera prosperidad (Camdessus, 1998).
PAPEL DEL DERECHO EN EL COMBATE CONTRA LA CORRUPCION
Mirado el problema desde esta perspectiva convenimos entonces en que más que una política anticorrupción, lo que se demanda es una verdadera estrategia de gobernabilidad que restablezca el imperio de la ley, la vigencia de la administración de Justicia y el retorno a los valores constitutivos de la nacionalidad, es decir, que contrarreste eficientemente las fuerzas del anti-estado, sin abandonar la represión puntual de todas las manifestaciones delictivas o antisociales que el marasmo de nuestra sociedad proyecta como sintomatología a través de la corrupción.

Los problemas de gobernabilidad, cada vez más notorios en los estados modernos y con consecuencias progresivamente devastadoras no sólo para sí mismos sino para la comunidad internacional, como lo están demostrando la crisis asiática iniciada en 1997 y la que actualmente afecta a la Comunidad de Estados Independientes, han forzado la inclusión de estos temas en la agenda de los organismos internacionales, (Camdessus, 1998).


La tesis generalmente aceptada que el Derecho y la reglamentación por sí mismos no se cumplen, hacen necesaria una cierta capacidad de creatividad para exigirlos a quienes deben cumplirlos.
La proliferación de normas y reglamentos puede quedar fácilmente en el ámbito de las buenas intenciones, si no se acompaña de acciones que apunten a la superación de las falencias estructurales que causan la corrupción.
LA EDUCACION ARMA EFICAZ CONTRA LA CORRUPCION
Sin duda el más importante esfuerzo se debe dar en el campo educativo, pues es allí donde se refuerzan los patrones de comportamiento que se

inculcan en la familia.


La familia y la escuela son las grandes incubadoras de la cultura. Es allí donde los elementos que la conforman se transmiten en forma natural. La escala de valores fundamentales de una sociedad tiene un soporte en la vida familiar, de modo que, aunque no hubiese escuelas, la comunicación de padres a hijos garantizaría la sobrevivencia de una cultura.
Ha sido costumbre insistir en los aspectos preventivos y represivos de la ley. Hoy día por el contrario se insiste en la educación del ciudadano para hacer del cumplimiento de la ley un acto racional y de compromiso personal.
LA PARTICIPACION CIUDADANA
Pero también se debe estimular su participación en la gestión pública a través de mecanismos que garanticen su función de controlador. La Constitución colombiana de 1991, consagra varias instituciones en esa dirección.
Adicionalmente, tanto la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) como el Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) establecen principios relativos a la educación en los valores de la democracia y el buen comportamiento ciudadano. 5
También suelen utilizarse mecanismos para estimular el buen comportamiento de los funcionarios, a través de incentivos educativos, de promoción y desarrollo humano. La Ley 190/95 los prevé en sus artículos 10 a 12. 6

De igual manera se considera que los medios de comunicación pueden prestar su cooperación en la lucha contra la corrupción porque además de suministrar información útil a los cuidadanos en su función fiscalizadora amplifican la voz de los críticos de la corrupción y sus agentes.7


Las consideraciones anteriores nos muestran cómo en la lucha contra la corrupción no podemos dejárselo todo al Derecho y éste resulta insuficiente si no va acompañado de un conjunto de acciones metajurídicas que apoyen y viabilicen su misión.
LA IMPUNIDAD COMPLICE DE LA CORRUPCION
Una de las estructuras más afectadas de nuestra moderna sociedad ha sido la Justicia. Su falta de correcto funcionamiento, la impunidad y los fenómenos de retaliación y el ejercicio de justicia privada han generado profundos traumatismos en la sociedad colombiana desatando procesos de corrupción insospechados.
El mal funcionamiento o la ausencia de Justicia generan a su turno un demoledor efecto de deslegitimización del Estado, dado que no cabe la menor duda de que el buen funcionamiento de la Justicia, o al menos su buena imagen pública es por su parte un componente de la legitimidad del Estado. (H. Fix-Fierro)
No vamos a hacer un enunciado de la magnitud y las cifras de la crisis de la Justicia y mucho menos a adentrarnos en los pasillos del análisis de sus causas y consecuencias. Sobre el tema y en términos de diagnóstico se han presentado numerosos trabajos y documentos como el citado de la Agenda de la Sociedad Civil por Colombia.
Pero sí queremos llamar la atención en que el desarreglo social que causan las diversas situaciones de “no-justicia”, se manifiestan con formas de corrupción de inusitada capacidad de daño para el cuerpo social a todos sus niveles y está profundamente ligada a los orígenes de la pobreza y el atraso del país.
La impunidad surge entonces como el más formidable cómplice del delito y destruye las bases de una pacífica y ordenada convivencia y ayuda a crear las más variadas formas de anti-estado que, como antes anotamos, si dispone de un aparato compulsivo y sancionador, inexorable y de prestísima ejecución, que asegura, por la violencia, de ser necesario, la incondicional observancia de sus códigos perversos.
LA EMPRESA CRIMINAL
En la parte final de esta suscinta aproximación a los temas propuestos enunciamos consideraciones en torno a la empresa criminal como forma conspicua de anti-estado.
Ya hemos advertido cómo a raíz de los desarreglos y desequilibrios que sufren las estructuras básicas se crean ambientes propicios a las manifestaciones corruptas y a la perversión de las instituciones, promovida por empresas criminales. Es lo que acontece con el tráfico de drogas y su necesario y consecuente proceso de lavado de activos.
Ambos fenómenos delictivos son megaformas de corrupción reveladoras de profundas crisis y contradicciones que en el entendimiento y manejo del problema vienen dando tanto el país como la comunidad internacional. No vamos a discutir aquí el problema de la demanda mundial por bienes sometidos a prohibición como explicativo del fenómeno. (Tokatlian , 1995).
Pero si es pertinente observar cómo las empresas criminales configuran claras formas de anti-estado orientadas a cumplir objetivos económicos específicos que retan al Estado y crean realidades sociales, económicas, culturales y políticas.
No compartimos con el autor atrás citado el concepto según el cual la empresa criminal está particularmente ligada al capitalismo. Pensamos que en toda clase de régimen político puede darse formas de anti-estado que socavan las estructuras políticas.
Pero es obvio que toda empresa criminal surge como contrafigura de la legalidad cuando ésta se interpone en el camino de intereses individuales o expectativas de grupo, que para obtener su éxito se colocan por encima del bien general y rompen el orden establecido.
Es necesario entender que la empresa criminal es un ente con alto grado de organización, disciplina y capacidad de adaptación a cualquier situación sobreviniente en un alarde de habilidad administrativa.
La caracteriza un gran dinamismo que no se confina ni a un espacio físico ni conceptual. Evoluciona constantemente para aprovechar al máximo todas las oportunidades que le brinda un mercado o las debilidades de una estructura institucional o jurídica o los incentivos materiales u oportunidades que le proporcionan un sistema político o económico.
Al aplicar a la empresa criminal los conceptos de Tokatlian sobre el crimen organizado, tenemos un ente integral, es decir, que no se circunscribe a un espacio geográfico; que es invasivo de los espacios socio-culturales que considera necesarios y es multiforme según su requerimiento. (Tokatlian, 1995).
El uso de la violencia, la fuerza o la coacción es característica sobresaliente de la empresa criminal, pero sucedánea del soborno y de la corrupción.
Pero su mayor aliado es, sin duda, la silenciosa o manifiesta aceptación o reconocimiento por parte de amplios segmentos de la población.
Por las características enunciadas, no podríamos describir un “tipo” de empresa criminal, porque según el interés por ella perseguido, su ubicación y circunstancias de entorno, se acomoda a una forma conveniente, a la manera del agua en sus continentes.
Lo que si podemos afirmar es que en todos los casos la empresa criminal busca por los medios a su alcance alguna forma de deslegitimación del Estado. Procura socavarlo; desconocer o debilitar su capacidad de alcanzar su fin último como justificación de su actividad corrupta.
La razón de ser de la gestión de la empresa criminal no necesariamente corresponde a una ideología determinada, pero en todo caso parece tender más hacia una visión pragmática de su accionar y, para el caso de la empresa criminal de carácter subversivo, aunque tal vez en algún momento hubiese actuado al impulso de una línea ideológica, hoy en día parece haberse rendido a la seducción del pragmatismo y del dinero.
Ahora bien, si el medio en que surge, se desarrolla y consolida la empresa criminal es esa suerte de anti-estado que progresa constantemente, ante la debilidad del poder legítimo y la baja credibilidad generada por el colapso de su estructura o de su derrumbe parcial, como lo describió Paul Oquist en 1978; y si como antes propusimos, con sólo combatir la corrupción-síntoma no curamos la enfermedad, entonces lo que hay que buscar es la reconstrucción de las estructuras colapsadas para destruir en su raíz las causas de la corrupción y su caldo de cultivo.
En este orden de ideas, las instituciones deben ser reparadas, restablecidas o rediseñadas, según el caso. Debe recuperarse la legitimidad del Estado en todos sus frentes y muy especialmente se hace necesaria su presencia en todas las áreas físicas del país.
LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
Pero este propósito no es obtenible sin una activa consciente y decidida participación de los ciudadanos en ejercicio de su calidad de constituyentes del Estado.
La Constitución colombiana de 1991 es una muestra de cuánto y cómo hacerse en procura de una reformulación del Estado en función del alcance de los ideales y anhelos de un pueblo, especialmente en lo tocante a la recuperación de los espacios perdidos por el ciudadano, y particularmente en la búsqueda de respuestas y propuestas para derrotar la corrupción.
Es interesante al efecto recordar, cómo el movimiento que surgió alrededor de la “séptima papeleta” produjo un saludable desplazamiento ideológico del tema corrupción hacia el tema estructura estatal, que es donde en buena parte se halla el origen de los desarreglos y desequilibrios sociales, políticos y económicos del país, generadores de corrupción.
Colombia tendrá que continuar en esa búsqueda y replantear las propuestas tantas veces como sea necesario para mantener su proceso de cambio, y evolucionar hacia momentos mejores.
La integridad del ser humano constituye la razón de ser, principio y fin último de la organización estatal, nos dice la Corte Constitucional.8
Y la Carta misma nos pone de presente que los fines del Estado no son otros que el servicio a la comunidad, la prosperidad general, y el mantenimiento de la vigencia de un orden justo.9
En la misma vía se orientan los intentos por garantizar una democracia participativa, en la que los ciudadanos coadyuven en la administración del Estado10, y en su control a través de las veedurías ciudadanas11. Igualmente también se establecen nuevos mecanismos para asegurar que nunca más el Estado pierda ese norte sagrado cual es el de garantizar la integridad del ser, para lo cual la Carta crea la Defensoría del Pueblo 12 y establece las acciones ciudadanas: para la defensa de los derechos fundamentales, la de Tutela; para exigir el cumplimiento de la ley por las autoridades, la de Cumplimiento; las Populares, para garantizar los intereses colectivos y del medio ambiente; y, finalmente, la de Responsabilidad para exigir a los funcionarios públicos acciones reparativas por los daños causados al patrimonio común 13.

CONCLUSIONES





  • La corrupción es un estadio que refleja fallas y falencias estructurales de una sociedad.




  • Por la misma razón no debe apreciarse como causa sino como consecuencia de estados sociales, políticos o económicos morbosos.




  • El colapso del Estado y la quiebra de sus instituciones suelen ser las verdaderas causas del estadio de corrupción.




  • La inoperancia de la Justicia y su consecuente impunidad representan quebrantos estructurales causantes de corrupción que a su vez genera un circuito perverso de causa-efecto sin fin.




  • La corrupción es particularmente dañina cuando se acultura; es decir cuando se vuelve parte de la conducta ordinaria de la gente y no se cuestiona; cuando se vuelve común aceptar como buenas, conductas abiertamente desviadas. Es lo que denominamos “corrupción ideológica”.




  • Los daños en las grandes estructuras de la sociedad pueden generar espacios al anti-estado, identificado como estructuras que florecen al amparo de su derrumbe y atentan contra su supervivencia y perduración.




  • El anti-estado se expresa de muchas maneras. Entre ellas la empresa criminal, la subversión, el paramilitarismo, etc.




  • La empresa criminal es exitosa por la forma como está concebida y la perfección de su estructura y funcionamiento.




  • La lucha contra los entornos que generan corrupción supone planteamientos de fondo que permitan reconstruír las estructuras afectadas.




  • Al Derecho Penal, en particular, no se le puede asignar la misión de resolver todos los problemas que plantea la corrupción, a manera de moderno Rey Midas que con su toque magistral convierta en buenas, las acciones perversas del hombre y la corrupción.

Si bien la legislación puede reforzar los aspectos represivos o sancionatorios con elementos preventivos, una estrategia contra la corrupción debe abarcar más allá que políticas jurídicas y comprometer integralmente al ciudadano, con su acción individual, su comportamiento social y su calidad de controlador del Estado. Muchas gracias.




1 La información fue publicada por el diario La República, de Santafé de Bogotá, el 4 de septiembre de 1997, p.6. y proviene del Informe sobre la Corrupción Mundial presentado por la Organización Transparencia Internacional.

2 La Academia lo incorporó con la acepción: “pueblo que roba”, según lo dictaminado por la Comisión de Vocabulario Técnico, en sesión del 9 de julio de 1992

3 Citado en el Informe “Contra la Corrupción: 18 meses después”. presentado al Congreso de la República, en diciembre de 1996, por el entonces Ministro de Justicia y del Derecho, Carlos Medellín Becerra, sobre la evaluación del impacto de la Ley 190 de 1995, Imprenta Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, diciembre de 1996. P. 25.

4 La Sociedad Civil y su Agenda por Colombia. Fundación Presencia, Santafé de Bogotá, septiembre de 1997, p. G 7

5 La Ley 115 de 1994, fue reglamentada a tal efecto por el Decreto 1860/94 y la Resolución 2343/96.

6 Por su parte los artículos 63 a 65 de la Ley 190/95 o Estatuto Anticorrupción están consagrados a los aspectos pedagógicos de la norma.

7 La misma Ley 190/95 se ocupa del tema en sus artículos 76 a 79.

8 Corte Constitucional, Sentencia T499 del 21 de agosto de 1992. Magistrado Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.

9 Constitución Política de Colombia, artículo 2.

10 Constitución Nacional: preámbulo y arts.: 1, 2,95.5, 103.2 y 112, los principales.

11 Constitución Nacional, arts.: 117 y 118.

12 Constitución Nacional, art.: 181

13 Constitución Nacional, arts.: 86,87,88 y 90.




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