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Comisión verdad histórica


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SEGUNDA PARTE:

PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA UN NUEVO TRATO ENTRE EL ESTADO, LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LA SOCIEDAD CHILENA
1. Principios Generales y Bases Para un Nuevo Trato
La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, considerando los antecedentes históricos expuestos en la Primera Parte de este Informe, y luego de examinar un conjunto amplio de información de índole histórica, jurídica, social y económica, que le ha sido reportado por los grupos de trabajo temáticos y territoriales, se ha formado la convicción que:


  • Los Pueblos Indígenas de Chile son descendientes de las sociedades pre-coloniales que se desarrollaron sobre el territorio en el que actualmente el Estado Chileno ejerce soberanía, a las que están ligadas por una continuidad histórica. Ellos fueron los primeros habitantes y ocupantes de este territorio. Fueron los primeros en domesticar su geografía, en poner nombres a los lugares y a las cosas. Han legado a la nación chilena sus costumbres y formas de vivir y convivir, conocimientos y, en fin, cultura, que forman parte de los cimientos de nuestra sociedad.




  • El proceso de conformación del Estado – Nación chileno, supuso un intento sistemático y deliberado por asimilar a los Pueblos Indígenas: fue el intento de las élites del siglo XIX por conformar una ciudadanía leal a la Nación. La Nación chilena no es el producto de una evolución natural espontánea, que inspira al desarrollo no deliberado de una comunidad. El desarrollo del Estado Nacional en Chile, en cambio, es resultado de un proceso guiado por un proyecto político que -en conformidad a los ideales republicanos- tuvo por objeto erigir una comunidad sobre la cual fundar el universalismo de la ciudadanía. La “ceguera frente a la diferencia” que subyace a ese tipo de universalismo, se tradujo en la negación de la identidad y de la existencia de los pueblos originarios como entidades sociohistóricas.




  • Así como la Nación chilena se constituyó sobre la base del intento por asimilar – mediante la fuerza y la letra - a esos pueblos, el territorio nacional se estableció en aquellos espacios sobre los que el Estado no tenía control ni ejercía soberanía. A la época de la constitución del Estado chileno, el Pueblo Mapuche mantenía el control sobre el territorio comprendido entre los ríos Bio Bio, por el norte, y el límite constituido por el cordón de Panguipulli y el río Cruces en San José de la Mariquina, por el sur. Lo propio ocurría con el Pueblo Rapa Nui, cuyo territorio recién fue incorporado a la soberanía del Estado chileno en 1888, y con los pueblos que habitaban la Patagonia y canales australes, como es el caso de los Aónikenk, Selk’nam, Kawésqar y Yagán. Los pueblos Aymara, Atacameño y Quechua se encontraban sometidos a la jurisdicción de las también nacientes repúblicas de Perú y Bolivia. Una clara política expansionista del Estado chileno, permitió la ocupación definitiva de los territorios indígenas: el sometimiento del territorio mapuche a fines del siglo XIX; la anexión de las tierras aymaras, atacameñas y quechuas, como resultado de la Guerra del Pacífico, a través de la cual Chile disputó a Perú y Bolivia los territorios del extremo norte; la incorporación de Isla de Pascua a la soberanía del Estado Chileno en 1888, y; finalmente, la política de otorgamiento de enormes concesiones que el Estado desarrolló para hacer ocupación definitiva del extremo austral; fueron dando fisonomía definitiva al territorio de Chile, quedando las poblaciones indígenas diversas y numerosas que lo habitaban desde antiguo, bajo la jurisdicción de un Estado a cuya constitución no habían sido invitados sino para formar parte de sus mitos y relatos fundadores.




  • Ambos procesos – el de negación de la identidad y existencia de los Pueblos Indígenas a favor de la formación de una identidad nacional única, y el de apropiación de su territorio a favor de la consolidación del territorio nacional– si bien fueron exitosos en su objetivo de servir a la formación del Estado Nación chileno, tuvieron consecuencias que se arrastran hasta el presente, en algunos casos desastrosas, para los Pueblos Indígenas, como queda abundantemente acreditado en la evidencia que la Comisión ha examinado y que consta en este Informe: reducción territorial, fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sus sistemas normativos propios, pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa, y hasta la muerte y desaparición de Pueblos Indígenas enteros como los Aónikenk y Selk’nam, que fueron objeto de un verdadero genocidio ya que, junto con extinguirse su cultura, también se aniquiló a las personas que los integraban.




  • A la par de ser objeto de políticas específicas y deliberadas, cuyos objetivos oscilaron a lo largo del Siglo XX entre la asimilación y la integración, los Pueblos Indígenas experimentaron las consecuencias de los procesos modernizadores posteriores a la Segunda Guerra Mundial. El resultado fue la asalarización, la urbanización, la extensión de la ciudadanía política y la educación, las que si bien permitieron la integración de enormes contingentes de población - no sólo indígenas – generaron el desarraigo indígena de sus formas de vida tradicionales.




  • Con todo, los Pueblos Indígenas, incluida aquella parte que protagonizó procesos migratorios y se instaló en las ciudades, han sido capaces de reintegrarse adaptativamente generando nuevas formas de organización social, recomponiendo sus identidades, recreando sus culturas particulares, refugiándose en algunos casos en sus comunidades rurales, reivindicando su pertenencia étnica en las grandes ciudades, constituyendo movimientos socio políticos, generando alianzas políticas al interior del Estado y también más allá de las fronteras nacionales, y reclamando con cada vez mayor insistencia y visibilidad, el ser reconocidos en toda su particularidad. Gracias a esta voluntad de existir, sus historias han empezado a ser narradas y sus culturas valoradas, al tiempo que la sociedad chilena empieza también a reconocerse a sí misma en toda su diversidad.




  • De lo expresado surge como una verdad irrefutable que la actual identidad de los Pueblos Indígenas en Chile se ha constituido, finalmente, en relación y conflicto con el proyecto de construcción del Estado nacional. Bajo esta constatación, la Comisión ha alcanzado la convicción que es necesario dar cabida a una nueva oportunidad histórica para el entendimiento, propiciando un diálogo franco y abierto entre el Estado, la sociedad chilena y los Pueblos Indígenas, el que es propio de aquellos momentos históricos marcados por el florecimiento de la democracia y la paz entre todos los chilenos, y que debiera fundarse en los principios y propuesta que pasan a expresarse.

Con base a dichos antecedentes, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato se ha formado la convicción que un Nuevo Trato entre los Pueblos Indígenas, el Estado y la sociedad chilena, debe edificarse sobre la base de los siguientes fundamentos:




  • La “ceguera frente a la diferencia” condujo – mediante la fuerza y la letra- a la negación de la identidad y de la existencia de los Pueblos Indígenas. Por ello es que un Nuevo Trato debe fundarse, ante todo, en el reconocimiento que la sociedad chilena es culturalmente diversa, que al interior de la actual configuración de nuestra comunidad nacional co-existen diversas agrupaciones – los Pueblos Indígenas - que reivindican para sí una identidad histórico cultural particular y diferente a la del común de los chilenos, que dicha identidad se arraiga en lo profundo de una historia que empezó a construirse antes incluso de la llegada del conquistador y, evidentemente, de la construcción del Estado y de la nación chilena, y que dichas historias – múltiples y diversas – deben ser admitidas e incorporadas al relato de nuestra historia como país, rompiendo con el silencio y la invisibilidad en que hasta ahora han sido mantenidas.




  • En concordancia con este principio de reconocimiento, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato ha llevado a cabo su mandato considerando y examinando una amplia evidencia histórica, entre la que se cuenta la aportada por los propios Pueblos Indígenas de nuestro país. La Comisión se ha formado la convicción que no puede haber Nuevo Trato sin reconocimiento, y no puede haber reconocimiento sin que las voces silenciadas sean escuchadas.




  • Ponderando en su mérito la amplia evidencia histórica que ha sido puesta a su consideración, la Comisión ha llegado al convencimiento que en la historia de la relación entre el Estado y los Pueblos Indígenas se verificaron hechos que los principios de una sociedad democrática, con conciencia de la dignidad de todos sus miembros, no debe estar dispuesta a aceptar. Que sobre la base de reconocer esa historia, es necesario admitir que el Estado y la sociedad chilena están en deuda con los Pueblos Indígenas que forman parte indisoluble de la nacionalidad chilena.




  • La idea de un Nuevo Trato entre el Estado, la sociedad chilena y los Pueblos Indígenas, lleva consigo, entonces, la aspiración de que el Estado corrija y/o rectifique el “trato” dado hasta ahora a los Pueblos Indígenas y a sus integrantes. Este Nuevo Trato, debe llevar a que las relaciones entre los Pueblos Indígenas, el Estado y la Sociedad chilena, estén inspiradas en el respeto, la equidad, el mutuo reconocimiento, la justicia y la dignidad de todos sus miembros, principios que en el parecer de la Comisión son fundamentales para la convivencia nacional. Un Nuevo Trato supone, entonces, un nuevo tipo de relación entre los Pueblos Indígenas, la sociedad chilena y el Estado.




  • Lo anterior entraña la definición y puesta en vigencia de un estatuto jurídico especial, que recoja un amplio reconocimiento de los Pueblos Indígenas, el cual comprende un conjunto de derechos cuya titularidad corresponde a los Pueblos Indígenas; que tiene por finalidad garantizar que el principio de reconocimiento que la Comisión recomienda consagrar a nivel constitucional, se exprese en la posibilidad de los Pueblos Indígenas de vivir y desarrollarse de conformidad a sus propias identidades y sistemas culturales. Porque el reconocimiento no pasará de tener realidad discursiva, si no existen condiciones institucionales para que dichas particularidades culturales - que la regla constitucional pretende cautelar - puedan ser ejercidas por los Pueblos Indígenas.




  • La definición y puesta en vigencia de este estatuto jurídico especial, requiere introducir modificaciones y perfeccionamientos en el ordenamiento legal, respecto de lo cual a continuación se formulan un conjunto de propuestas y recomendaciones. En todo caso, dichas reformas legales, a la vez de proveer un amplio reconocimiento, deben admitir formas flexibles y pertinentes de ejercicio de los derechos que dicho reconocimiento persigue consagrar, de conformidad a las particularidades culturales de cada Pueblo Indígena.




  • La forma específica en que la norma establezca la modalidad que adquiera el ejercicio de tales derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, deberá ser objeto de un trabajo posterior, en el que deberá garantizarse una amplia participación de los Pueblos Indígenas, considerando las recomendaciones que a este respecto se proponen más adelante.




  • La Comisión deja constancia de la especial importancia que para los Pueblos Indígenas reviste su reconocimiento como “Pueblos”, categoría que no es reemplazable en el ámbito del reconocimiento por ninguna otra expresión. Lo propio ocurre con la utilización y reconocimiento de “Territorios Indígenas”, concebido como un espacio jurisdiccional donde los Pueblos Indígenas hacen efectivo los derechos colectivos que son atribuibles a su condición de Pueblos.




  • La Comisión estima que una propuesta de Nuevo Trato basada en estos principios generales, recoge los logros y desarrollos del Derecho Internacional en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, respecto de lo cual este informe entrega abundantes antecedentes.




  • La Comisión está convencida que el país ha experimentado avances significativos en materia de reconocimiento de derechos de los Pueblos Indígenas, los que han permitido al Estado ir arbitrando medidas a favor de los Pueblos Indígenas y de los individuos que los integran. La creación y el fecundo trabajo de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, forma parte y es expresión de dichos avances.




  • Al mismo tiempo, la Comisión desea instar al país, a los poderes del Estado, y a los diversos sectores que componen nuestra comunidad nacional, a continuar avanzando en esta senda, enfrentando cohesionada, con coraje, generosidad, profundidad histórica y sentido de país, el desafío mayor de atender y empezar a dar solución a aquellos litigios pendientes, cuyas raíces se hunden en lo profundo de una historia nacional en cuyo devenir se han ido forjando los rasgos de carácter y las identidades singulares de los diversos sectores que, con ellos, concurren a enriquecer el alma de Chile.




  • La Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato cree un deber señalarle al país su convicción que nuestra cohesión como comunidad nacional, nuestras posibilidades de desarrollo, nuestra inserción en un mundo sometido a procesos de globalización de envergadura y alcance planetario, no se forjan erigiendo nuestra identidad y nuestros proyectos de futuro sobre la base de continuar afirmando que la verdad de unos está por sobre la verdad de los otros. Ello lleva a sustraer de ese esfuerzo nacional a una parte muy significativa de nuestra comunidad, a nuestros Pueblos Indígenas. Nuestro país no puede continuar negando la substancia fundamental de la que está constituido: su gente, sus culturas, sus pueblos, su historia, su memoria. Allí reside nuestra fuerza para desarrollarnos y hacer parte de estos procesos globales, que nos enfrentan a la diversidad del mundo. Chile es más fuerte, Chile es más Chile, cuando da cabida a todos sus hijos.




  • Así concebido, el Nuevo Trato, en el parecer de la Comisión, exige mejoras institucionales en tres ámbitos distintos y complementarios:




  • De una parte, estas mejoras institucionales deben permitir reparar los daños inferidos a los Pueblos Indígenas.




  • De otra parte, el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico nacional, debe tener por finalidad el establecimiento de bases sólidas sobre las cuales pueda fundarse y propiciarse una nueva y fecunda relación entre los Pueblos Indígenas, el Estado y el resto de la comunidad nacional.




  • Finalmente, las mejoras institucionales deben contemplar el establecimiento de mecanismos eficientes y eficaces para la plena realización de los dos ámbitos enunciados precedentemente.

En consonancia con los principios enunciados precedentemente, la Comisión recomienda el:




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