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Comisión de asuntos indigenas. Diputados integrantes: josé luis german espinoza alberto natanael guerrero lópez bulmaro andrés pacheco moreno


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En ese sentido, la presente iniciativa consta de 94 artículos, distribuidos en cuatro Títulos.
El Título Primero, denominado De las Disposiciones Generales, se establece objeto de la Ley, el cual lo establece como el reconocimiento, preservación, fortalecimiento y defensa de los derechos, cultura y organización de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el Estado de Sonora, así como el establecimiento de las obligaciones de los Poderes del Estado y las autoridades municipales, en lo relativo a sus relaciones con los pueblos y comunidades indígenas, para elevar el bienestar social de sus integrantes, promoviendo su desarrollo a través de planes, programas y acciones especificas.
Asimismo, en esta apartado de la Ley se reconoce, en particular, a los siguientes pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado, Yoemem (Yaquis), Yoreme (Mayos), Comca’ac (Seris), Macurawe (Guarijíos), O’ob (Pimas), Cucapá, Kikapoo y Tohono O’otham (Pápagos). También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros pueblos y comunidades indígenas.

Por lo que se refiere al Título Segundo, De los Derechos Indígenas, se señala que el Estado deberá proteger y promover el desarrollo de su cultura, lenguas, usos, costumbres, recursos, tradiciones y formas especificas de organización social, política y económica en los pueblos indígenas. Reconoce además, el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, agua, flora y fauna silvestre de sus tierras. También garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a los servicios de salud, vivienda y servicios básicos y a una educación intercultural bilingüe que preserve y enriquezca su cultura.
Asimismo, establece el fomento a la plena vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, así como el respeto de los derechos de las mujeres, niños y ancianos de los pueblos y comunidades indígenas.
Se establecen, también, las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos individuales y sociales de los pueblos y comunidades indígenas.
Se les reconoce en este apartado de la Ley el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual se expresa como el respeto a su autonomía, en tanto partes integrantes del Estado dentro del orden jurídico vigente.
En el Título Tercero, De la Justicia, se reconocen los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la jurisdicción de las autoridades tradicionales de los mismos. También se establecen los casos y las formalidades en que proceda la jurisdicción mencionada y las formas de homologación y convalidación de los procedimientos, juicios, decisiones y resoluciones de las autoridades tradicionales.
A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción del Estado en los procesos penales, civiles, agrarios, administrativos o cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio que sea competencia de las autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro de algún pueblo indígena que ignore el Español, éste contará con un traductor bilingüe ya sea oficial o particular y con un defensor de oficio que hable su lengua y conozca los usos, costumbres y tradiciones del pueblo o comunidad indígena a la que pertenezca. Los jueces, las autoridades encargadas de la procuración de justicia y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad se asegurarán del cumplimiento de esta disposición. En todas las etapas procesales y al dictar resolución, las autoridades competentes que conozcan del asunto, deberán tomar en consideración la condición, prácticas tradicionales y costumbres del o de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas.
El Estado, por conducto de la Defensoría de Oficio del Estado, en coordinación con el ministerio público, vigilarán la eficaz protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como los de los hombres y las mujeres indígenas desde el inicio de las averiguaciones previas hasta la consignación de los casos, cerciorándose que cuenten oportunamente con la asistencia de traductores bilingües y de defensores de oficio. En los casos en que se omita dicha asistencia, la Defensoría de Oficio del Estado o los interesados, solicitarán a la representación social que, de nueva cuenta, se desahoguen las diligencias subsanando dichas omisiones a efecto de ejercitar las acciones legales que correspondan.
En el Título Cuarto, De la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se contempla, a diferencia del actual, a un nuevo ente jurídico, el cual es un organismo con autonomía financiera, operativa, de gestión y de decisión, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que tendrá por objeto la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos y la cultura indígenas en el Estado establecidos por el orden jurídico mexicano.
El señalado organismo autónomo estará integrado por un presidente y el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones, y para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un Consejo. Su presidente será nombrado por el Congreso del Estado, bajo el procedimiento establecido en la convocatoria pública que emita, debiendo cumplir los interesados, los requisitos establecidos en la Ley.
Por último, se señala la integración del Consejo del citado organismo autónomo, las facultades que tendrá y la periodicidad en las que deberá sesionar.
Como consecuencia de los alcances legales de la Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora que estamos presentando a consideración de esta Soberanía, y con el fin de adecuar el marco legal en materia indígena en el Estado, proponemos adecuar diversas leyes locales que son plasmadas por vía de Decreto en el presente documento.”
Derivado de lo antes expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de este Poder Legislativo el presente dictamen, mismo que se funda en las siguientes:

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