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Control social y económico


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1.5 Control social y económico


Cuatro de los principales medios de comunicación de Colombia difundieron en septiembre de 2004 una serie de artículos sobre el férreo poder de los paramilitares en amplias zonas del país y las fases en que se ha implantado36. Primero se ejecuta la etapa del terror con grandes masacres, desapariciones y desplazamientos masivos con el objeto de demostrar las consecuencias que le esperan a quien no se someta. Luego vienen los asesinatos selectivos para eliminar a los que todavía se resisten y se inicia la penetración en las estructuras sociales, políticas y económicas a través de amenazas y extorsiones. La tercera fase es la de organización y consolidación del nuevo poder: comienzan a manejar instituciones locales y departamentales y crean sus propias fundaciones y cooperativas para controlar a la población. La cuarta etapa es la culminación del proceso con la implantación de un modelo económico y político paramilitar.

Actualmente, aunque siguen practicando las masacres y crímenes selectivos, ya no necesitan recurrir a esos métodos con la misma intensidad porque su control en amplias zonas del país es casi absoluto: “El problema es que la paramilitarización va mucho más allá de las violaciones a los derechos humanos y la actividad puramente criminal o ilegal de las autodefensas. (…). Éstas han impuesto su modelo de dominación a sociedades regionales completas. Apuntar con el dedo a personas específicas es extremadamente complejo, pero en varios departamentos del país es un secreto a voces la complicidad, en unos casos, y la intimidación, en otros, de las autoridades locales, mientras la verdadera autoridad la ejercen los ‘señores’. Hoy el país está constatando que, luego de una ofensiva que involucró los peores crímenes, una porción sustancial del territorio, de la vida diaria de millones de personas, de la política, la economía y los presupuestos locales y una cantidad desconocida de poder e influencia al nivel de instituciones centrales como el Congreso está en manos paramilitares”, aseguraba el diario El Tiempo el 25-9-04. Este mismo periódico, casi dos años después, celebraba el final del proceso de desarme de las AUC, pero aseguraba que esto no es el fin del paramilitarismo: “Si hay un problema decisivo para resolver es el de que, pese al desarme de las AUC -y hay que ver qué tan completo ha sido, pues se entregaron menos de 13.000 armas largas-, existen serios indicios de que no desaparecen el control paramilitar local, ni la perniciosa influencia en la política y la economía, regional y nacional, ni los nexos con el narcotráfico y otros negocios ilícitos”37. En el mismo sentido se expresó Naciones Unidas en el informe correspondiente a 2005 sobre Colombia: “Debe destacarse que las desmovilizaciones no parecen haber significado una disminución de la influencia o control de los grupos paramilitares en sus respectivas áreas geográficas. Más bien, a través de estrategias paralelas de presión y de amenazas, se han consolidado y, en algunos casos, fortalecido en los campos económico, social y político”.



El fenómeno no es nuevo, pero lo grave es la consolidación y apariencia de normalidad que ha ido adquiriendo en los últimos años. Para la coordinadora general de la Organización Femenina Popular (OFP)38, Yolanda Becerrra, “este Gobierno (el de Uribe Vélez) ha ido demostrando aún más que el paramilitarismo es una estrategia de Estado y eso se comprueba en la actitud de las autoridades locales, en el empoderamiento en lo político y en lo civil; existe un control social, político, económico y militar en Barrancabermeja por parte de los paramilitares, fenómeno que es anterior a Uribe, pero ahora se consolida”; para esta líder social actualmente no se sabe si los paramilitares están en los barrios “o detrás de los escritorios de las instituciones del Estado”39. La misma situación denunciaba la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)40, “los grupos paramilitares son un proyecto político-militar autoritario en expansión, que permea cada vez más al conjunto de las instituciones estatales colombianas (...) En la región han provocado el tránsito de una situación de violaciones masivas y sistemáticas a una crisis cada vez más profunda de derechos humanos y de ser grupos auxiliadores a la seguridad del Estado han pasado a convertirse en un fenómeno parainstitucional”41.
Los grupos paramilitares que operan en Barrancabermeja, donde funciona la mayor refinería de petróleo del país, distribuyeron en 2003 entre la población un documento titulado Normas de convivencia Autodefensas y población civil en el que se recoge una serie de reglas que se deben cumplir para evitar las sanciones que incluyen amonestaciones, multas, expulsión de la zona, expropiaciones y trabajos obligatorios. En los 16 puntos del texto se establecen las disposiciones para ejercer un estricto control social de la comunidad. Las AUC marcan el tiempo de permanencia en las calles para los menores de edad y la sanción de 12 horas de detención para el niño o adolescente que lo infringa. Además, a los chicos y chicas con edades comprendidas entre los 4 y los 17 años los paramilitares determinan que ellos mismos podrán exigirles el carné de estudiante y si no están escolarizados se procederá a un “llamado de atención a sus padres y sanciones disciplinarias por parte del comando central”42. Pero además de querer controlar la vida privada de las familias los paramilitares imponen normas para organizar el barrio. Así, determinan como se han de mantener las fachadas, la forma de recolección de las basuras, la limpieza de fincas y potreros y la manutención de los animales; los que incumplan serán sancionados con multas, trabajos forzados “para el beneficio de la comunidad” o con el decomiso de propiedades. También regulan el horario de apertura de los establecimientos públicos y multa de 500.000 pesos o cierre del local para los infractores; similar castigo se impone a los locales donde se vendan bebidas alcohólicas o se permita el juego de “personal en servicio de las AUC”. Quienes provoquen escándalos en la vía pública “realizarán trabajos asignados por las AUC” y la “falta de respeto o maltrato por parte de la población civil hacia personal de las AUC” acarreará la expulsión de la zona; si hay abuso de autoridad o maltrato a civiles por parte de miembros de la AUC se impondrá una “sanción ejemplar por parte del comando central y destitución de la organización”43. En otras regiones del país se han constatado prácticas similares: prohíben los pantalones descaderados, afeitan la cabeza a mujeres acusadas de infidelidad y a las que tildan de chismosas las ponen a barrer la plaza.

Ahora están empezando a aflorar las vías de financiación de los grupos paramilitares a través de recursos públicos y se ha denunciado el desvío a sus arcas de dinero que el Estado gira a las empresas encargadas de prestar servicios de salud a los más pobres, el manejo de las contratas públicas, el impuesto a los comerciantes… Sin embargo, salvo en raras excepciones, estos hechos no se investigan o las indagaciones que se inician no avanzan. Numerosos investigadores han señalado que “el paramilitarismo en Colombia, debe entenderse desde una perspectiva política, como una federación de agrupaciones con vínculos íntimos con el narcotráfico”. Entre 1999 y 2001 el número de combatientes de las AUC pasó de 6.000 a 10.500 aproximadamente al mismo tiempo que se produjo la expansión de cultivos de coca en áreas de influencia de esta organización, como el nordeste antioqueño, el sur de Córdoba, la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Santander, el occidente de Boyacá, el sur del Meta y del Vichada.  Fue además el momento en el cual comenzaron los rumores de la “compra de franquicias” de las AUC por parte de reconocidos narcotraficantes, como sería el caso de Miguel Arroyave, quien habría adquirido las unidades militares organizadas por Vicente Castaño -entre ellas, el Frente Capital- por siete millones de dólares en 2001. Por su parte, el Bloque Catatumbo, que operó en el noreste del país, implementó la estrategia de “lograr un posicionamiento militar para despejar cualquier riesgo de oposición civil o armada, para acceder al control de una parte del territorio con cultivos de hoja de coca” y fijaron el precio del kilo de la base de coca, centralizaron la venta en compradores de las AUC, controlaron los insumos y el transporte, prohibieron sacar la droga sin su autorización y, por supuesto, promovieron un aumento masivo de siembra de hoja.  Para 1996 y 1997 existían aproximadamente 2.580 hectáreas cultivadas de coca. Un año después de la incursión paramilitar, esta cifra estaba alrededor de 12.390, según información del Comando General de las Fuerzas Armadas”44. El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado la extradición de 24 de los líderes de estos grupos por narcotráfico.

A todo este enriquecimiento ilícito derivado del narcotráfico, la extorsión y del desvío -voluntario o forzado- de fondos públicos, se añade la usurpación de la tierra. Un estudio de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (Codhes) demuestra que los paramilitares se apropiaron de cinco millones de hectáreas entre 1997 y 2003 -el 70% del suelo ocupado por los grupos armados ilegales- ocupando la tierra que los campesinos abandonan ante el riesgo de verse envueltos en la guerra, despojándolos violentamente de su propìedad o comprándoselas bajo presión; las víctimas cuentan que en muchas ocasiones les dicen: “Le compramos a usted o a su viuda”. De esta forma, en el país cada vez más se reduce la cantidad de dueños de la tierra; en un estudio encargado por el Banco Mundial a la Universidad de los Andes puede leerse lo siguiente: “El desplazamiento puede estar generando una contrarreforma agraria hacia una reconcentración de tierras en grandes proporciones. Estimaciones recientes sugieren que la tierra abandonada por desplazados en años recientes asciende a cuatro millones de hectáreas, cifra que casi triplica la tierra redistribuida durante más de cuatro décadas de reforma agraria”.


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