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Colombia un país formal y otro real Fundación ceps


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1.4 Convergencia siniestra

“Más allá de una mera convergencia de intereses o de una concepción común del orden y la seguridad, existen nexos orgánicos entre sectores empresariales, dirigentes políticos y fuerzas militares, que han estado a la base de la creación o del soporte de estructuras paramilitares en Colombia”, afirman los autores del libro Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Esta investigación, avalada por diversas organizaciones no gubernamentales e iglesias europeas, pone al descubierto diversas tramas para la conformación de grupos paramilitares en las que aparecen implicados terratenientes, ganaderos y militares de diversa graduación. En Urabá los contactos comenzaron en la segunda mitad de la década de los ochenta. En 1987 representantes de los sectores empresariales bananeros se reunieron para tratar de encontrar una solución a la extorsión a que les estaba sometiendo la guerrilla; entre los presentes figuraba el ex ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, que después de haber apoyado públicamente que la propia población asumiera su defensa, fue nombrado presidente del gremio bananero Augura. Ese mismo año, Uniban, la comercializadora del gremio, contactaba con el ex oficial del Ejército de Israel, Ytzhak Maerot Shoshani, para que los asesorara en los problemas de seguridad en Urabá; en septiembre, un mayor del Ejército mantenía una reunión con Shoshani en la XIII Brigada, en Bogotá, en la que le pedía que le contactara con un grupo de instructores para entrenar a las autodefensas del Ejército; el israelí era un antiguo conocido de los militares colombianos pues había sido representante de Israel Trading Corporation (Isrex), una compañía que vendía material bélico al Ministerio de Defensa de Colombia. Shoshani avisó de la solicitud de asistencia a Yair Klein, también oficial retirado israelí y ex director de Isrex, que había fundado una empresa que ofrecía asesorías en materia de seguridad, entrenamiento de personal y “unidades de lucha antiterrorista”, según se explica en Tras los pasos perdidos...


Klein entró en Colombia sin registrarse en extranjería y mantuvo una reunión en Bogotá a la que asistieron un senador, un alto oficial del Ejército, un viceministro y miembros del Banco Ganadero31. Se acordó que Klein y sus hombres impartirían tres cursos sobre tácticas de lucha antiterrorista a miembros de las autodefensas y a cambio les pagarían 800.000 dólares; los mercenarios se trasladaron a Puerto Boyacá, donde, bajo la protección del comandante del Batallón Bárbula, entrenaron a varios grupos, entre ellos el de Puerto Boyacá, que llevaría a cabo las masacres de los trabajadores bananeros en marzo de 1988. Para desgracia de sus habitantes Puerto Boyacá es el símbolo del paramilitarismo en Colombia; aún hoy figura en su entrada un cartel con la leyenda: “Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia”. A comienzos de los ochenta activistas de derechos humanos habían denunciado que dirigentes del Partido Liberal y ganaderos mantenían un grupo paramilitar en la zona que operaba con nombres distintos aunque el más conocido era Muerte a Secuestradores (MAS). Las autoridades lo negaron, pero años más tarde salió todo a la luz: el mayor retirado Óscar de Jesús Echandía Sánchez explicó los pormenores a los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al ser acusado por el Procurador General de la Nación de participar en la creación del MAS; este grupo paramilitar surgió en 1981 a raíz del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hija del narcotraficante Fabio Ochoa, por el grupo guerrillero M-19. El entonces capitán Echandía Sánchez coordinó las primeras reuniones para formar los escuadrones de la muerte, que fueron convocadas por el teniente coronel Jaime Sánchez Arteaga, comandante del Batallón Bárbula. A estos encuentros acudieron ganaderos de la región, miembros de la Texas Petroleum Company, integrantes de los directorios políticos locales, socios del Club de Leones y personal de la Defensa Civil. Al principio se planteó defender a los empresarios y hacendados de los secuestros, pero pronto se convirtió en un movimiento antisubversivo en el sentido amplio que lo recogen los manuales militares de contrainsurgencia. Sus primeros objetivos fueron el Partido Comunista Colombiano, las FARC y sus supuestos simpatizantes.
El Procurador, tras realizar la investigación y formular las acusaciones, expuso un informe contundente ante el Congreso: “El MAS era un auténtico movimiento paramilitar. Los intentos de negar esta verdad han fracasado ante la opinión pública (…) El perverso hábito de los militares de confiar a particulares las actividades de contrainsurgencia se extiende. De esta manera, los militares suplen sus propias limitaciones (…) Lisa y llanamente, estamos hablando de oficiales que rompen todas las reglas cuando se les presenta la tentación de multiplicar su capacidad de acción y que hacen uso de ciudadanos particulares, inicialmente como guías e informantes, colaboradores y auxiliadores en general, y al final como armas ocultas y sicarios que pueden hacer extraoficialmente lo que oficialmente no se puede hacer”32. Pero estas revelaciones no acabaron con el grupo. A raíz del informe del Procurador se creó una nueva organización para dar protección legal a los paramilitares que operaban en la región: la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam). La coordinación entre esta organización, los jefes del narcotráfico y el MAS -que a su vez estrechaba vínculos con otros grupos derechistas- extendió el terror a otras zonas. Las matanzas indiscriminadas, empleando los métodos más atroces de tortura y de asesinato, y los crímenes selectivos se sucedieron por todo el país.
La mayoría de estos crímenes siguen impunes, como la masacre en 1987 de 19 comerciantes en Puerto Boyacá. Desde el principio se vinculó en esta matanza a diversos mandos militares de la zona incluido el general Faruk Yanine. Sin embargo, el oficial continuó ascendiendo en la jerarquía castrense en la misma medida en que arreciaron las acusaciones en su contra. En octubre de 1996 la Fiscalía General de la Nación dictó orden de detención contra el general, pero dos meses después el Consejo Superior de la Judicatura transfirió el caso a la justicia militar, que resolvió que no había pruebas de su participación ni de la de otros tres militares en los hechos. En julio de 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por avalar la creación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares autores de la masacre, que contaron con el apoyo de los altos mandos militares para ejecutarla. La Corte consideró que la intervención de la justicia militar “implicó una violación al principio de juez natural y, consecuentemente, al derecho al debido proceso y acceso a la justicia, y además conllevó a que no fueran investigados y sancionados por tribunales competentes los miembros de la Fuerza Pública que participaron en los hechos”33. La sentencia también obliga a reparar moral y económicamente a los familiares y a reabrir la investigación para juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; hasta ahora sólo han sido condenados seis civiles por los asesinatos.
A esta masacre de civiles por paramilitares con la colaboración de funcionarios públicos le siguió el asesinato el 18 de enero de 1989, a manos del mismo grupo paramilitar, de los miembros de la comisión judicial que se trasladó a la zona a fin de esclarecer el destino de los 19 comerciantes; la responsabilidad de agentes del Estado en esta matanza, conocida como la masacre de La Rochela, está siendo examinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estos hechos propiciaron que ese mismo año se aboliera, mediante los decretos 0815 y 1194, la existencia de estos grupos. Sin embargo, pocos años después resurgieron los escuadrones de la muerte con una nueva apariencia legal: las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, conocidas como Convivir, creadas en 1994 e impulsadas por Álvaro Uribe Vélez durante su mandato como gobernador del departamento de Antioquia. Estas cooperativas sirvieron para legalizar a muchos grupos paramilitares que continuaron practicando la guerra sucia con el supuesto objetivo de colaborar con la Fuerza Pública para mantener el orden público, “eran una fachada; les daban un carné de la Convivir y los militares sabían que los que lo tuvieran podían pasar con armas por los retenes (puestos de control), era como un salvoconducto para que los paramilitares pudieran pasar por los retenes militares”, asegura el jesuita y defensor de derechos humanos Javier Giraldo34.
Ante las atrocidades cometidas por estas cooperativas, la Corte Constitucional limitó sus atribuciones en 1997. Sin embargo, ese mismo año, Carlos Castaño Gil35, quien junto a sus hermanos creó los primeros grupos paramilitares asociados al narcotráfico, fundó con los comandantes de los más importantes grupos de paramilitares del país las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el propósito de coordinar sus acciones; durante los cinco años siguientes, que corresponden a la época de consolidación del paramilitarismo en el país, aumentó dramáticamente el número de personas muertas o desaparecidas a manos de estos grupos: 1.474 personas en 1997, 1.348 personas en 1998, 1.587 personas en 1999, 2.464 personas en 2000 y 2.148 personas en 2001, según las estadísticas de la Comisión Colombiana de Juristas. Con la llegada a la Presidencia de Colombia de Uribe Vélez en 2002 no sólo no se frenó la influencia de estos grupos sino que se reactivó un nuevo proceso de reciclaje aún más ambicioso.


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