Descargar 1 Mb.


Página6/73
Fecha de conversión19.10.2018
Tamaño1 Mb.

Descargar 1 Mb.

Paramilitarismo: una estrategia de Estado


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
1.2 Paramilitarismo: una estrategia de Estado
La tragedia de la UP y la de tantas otras formaciones de izquierda, movimientos cívicos o, simplemente, ciudadanos que se atrevieron a alzar la voz tiene su origen en el modelo de Estado que han ido configurando, en una cuasi perfecta sinergia, las élites dominantes: por un lado, las Fuerzas de Seguridad -incluidas Fuerzas Armadas, Policía y servicios de inteligencia- cegadas por un anticomunismo visceral que les lleva a equiparar protesta social legítima con subversión y, por otro, la oligarquía financiera -terratenientes, grandes ganaderos, poderosos industriales- acostumbrada a gozar de sus privilegios sin límites. La combinación de ambas fuerzas para reprimir cualquier intento de cambio se ha dado a lo largo de toda la historia de Colombia, pero encuentra su sustento ideológico en la década de los años sesenta del pasado siglo. “La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad aunque de antiguo origen (…) Cuando debemos contrarrestar este tipo de guerra, estamos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente, lo que requiere una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos”, afirmaba en 1962 el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, en un discurso pronunciado en la academia militar de West Point9. Estas palabras sintetizan el concepto de doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos trató de imponer en toda Latinoamérica para contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana y cuyo objetivo no fue sólo atacar, sin importar los medios, al “enemigo interno” alzado en armas sino a todos los simpatizantes del comunismo y a cualquiera que cuestionara el sistema.
En febrero de ese mismo año había realizado una visita a Colombia un equipo del Centro de Guerra Especial de Fort Bragh (Carolina del Norte, EE UU) y su director de Investigaciones, el general Yarborough, redactó un suplemento secreto al informe de la visita; en dicho informe se establecía: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado para seleccionar el personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos que se van a necesitar para poner en función acciones de contra-agentes y contra-propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto”10. Los militares colombianos tomaron buena nota de esas palabras e incluyeron en sus manuales castrenses el concepto de sus colegas estadounidenses del término contrainsurrección: “Aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”.
A partir de ahí había que identificar al “enemigo interno” a combatir y qué medios se aplicarían para vencerlo, es decir, definir una doctrina de Seguridad Nacional; el Ejército colombiano participó en los años cincuenta en la guerra de Corea -fue el único país latinoamericano que lo hizo- por lo que no le resultó muy difícil asimilar el pensamiento estratégico del Pentágono sobre la subversión interna, “según varios analistas, con el retorno del Batallón Colombia que combatió en Corea se inició la verdadera profesionalización del Ejército colombiano, pues los oficiales, que alcanzarían los más altos rangos en los años siguientes, entraron en contacto con la guerra moderna y establecieron estrechas relaciones con los Estados Unidos11. Los vínculos con la poderosa nación del norte se estrecharon en las décadas de los años cincuenta y sesenta: Colombia fue uno de los primeros países en firmar un tratado de asistencia recíproca con Estados Unidos (1952) y entre 1961 y 1967 recibió 60 millones de dólares en asistencia militar para contrainsurgencia y “desarrollo económico”, y otros 100 en equipo militar. Además, entre 1956 y 2003 casi 10.000 militares colombianos se formaron en la Escuela de las Américas fundada por EE UU en 194612, tristemente célebre porque de sus aulas salieron muchos de los responsables de las mayores atrocidades cometidas por las dictaduras latinoamericanas.
Con un Ejército con amplios poderes -el general Ruiz Novoa, antiguo combatiente en Corea, fue nombrado ministro de Guerra- y proclive a adoptar la nueva estrategia y con el apoyo de las élites dominantes, el presidente Guillermo León Valencia expidió el día de Nochebuena de 1965 el decreto 3398 Por el cual se organiza la defensa nacional, que legalizó los grupos de autodefensa, embrión de los paramilitares. El decreto estableció en su artículo 25 que “todos los colombianos, hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio obligatorio, podrán ser utilizados por el Gobierno en actividades y trabajos con los cuales contribuyan al restablecimiento de la normalidad”. Además, en su artículo 33 indicaba que “el Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos autorizados, podrá amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradas como de uso privativo de las Fuerzas Armadas” con lo cual grupos de civiles se armaron legalmente. Este decreto fue convertido en legislación permanente en 1968 y los llamados “grupos de autodefensa” se conformaron al amparo de estas normas, con el patrocinio de la Fuerza Pública13. A partir de esa fecha se oficializó la colaboración entre militares y paramilitares como una estrategia de Estado que se ha mantenido hasta nuestros días y de cuyas trágicas consecuencias es responsable el mismo Estado Colombiano14. Es de destacar que las guerrillas no eran más que pequeños grupos de campesinos mal armados cuando el Estado legalizó las autodefensas.
La nueva doctrina fue asumida con diligencia en los propios manuales castrenses. El Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia aprobó en 1969 el Reglamento de combate de contraguerrillas que incluye un apartado sobre cómo “organizar en forma militar a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”15. Este reglamento impone la creación de “juntas de autodefensa” con personal civil para desarrollar acciones contra la guerrilla “o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”; así, se les podrá dotar de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares para realizar “operaciones de control, registro y destrucción”. Esta estrategia recogía el planteamiento expresado en materiales didácticos castrenses editados a mediados de esa década y que influyeron en la formación de la generación de oficiales que tendría mando en los ochenta; el mayor Gustavo Martínez Salcedo aseguraba en uno de esos textos, publicado en 1963, que “el juego de la guerra subversiva está en las masas. Para vencer, es necesario por las buenas o por las malas, tenerlas a nuestro favor”.
Diez años después de ver la luz el Reglamento de combate de contraguerrillas, el Comando General del Ejército seguía insistiendo en la militarización de la población civil con especial énfasis en el control de ésta. El manual de Instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas de 1979 mantiene la necesidad de organizar “grupos de autodefensa”, ordena una serie de medidas que garanticen el control riguroso sobre la población (realización de censos y viviendas; inventario del ganado; restricciones a la libertad de circulación e imposición de salvoconductos para transitar por la región; identificación mediante “carnets militares” de los mayores de 15 años, control del transporte de alimentos y medicamentos, etc.) y define la implicación de los civiles con el Ejército en diversas categorías: auxiliadores, informantes y guías (desertores de la guerrilla)16; si comparamos estas disposiciones con las consecuencias del Estado de Conmoción Interior y de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, decretadas en agosto y septiembre de 2002, respectivamente, por el Gobierno de Uribe Vélez se puede comprobar que pocas cosas han cambiado en las últimas dos décadas.
En los años sucesivos, las Fuerzas Militares se dispusieron a incrementar su presión sobre la población. Para complementar y ayudar “a consolidar la filosofía de las Fuerzas Armadas contra la subversión contenida en otros manuales y publicaciones sobre Operaciones irregulares”, se establece en 1982 el Manual de combate contra bandoleros o guerrilleros (Manual EJC-3-101) donde se hace hincapié, una vez más, en la organización de juntas de autodefensa a las que se les debe retribuir su “colaboración y esfuerzos” con “munición para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico en sus regiones, drogas (medicinas), un mejor trato y aceptación a sus iniciativas”17. Para aquel entonces las autodefensas ya eran una realidad. El teniente coronel Luis A. Bohórquez Montoya, que fue comandante del Batallón Bárbula en Puerto Boyacá en 1988, envió una carta en 1989 al Ministro de Defensa, general Óscar Botero Restrepo, al ser llamado a calificar servicios; en la misiva el oficial explicaba que cuando ostentó el mando “no tuve necesidad de crear grupos de autodefensa porque ya existían, muy bien organizados y con resultados admirables, en los municipios del área del Batallón Bárbula. Y como la política del Ejército Nacional dirigida por usted, señor General Botero Restrepo, señalaba al Ejército Nacional con el apoyo de las autodefensas, para preservar el orden y para devolver a las regiones afectadas (sic), desarrollé mi actividad de mando, conforme a dicha estrategia y mediante las tácticas correspondientes”18. Los propios implicados ya reclamaban por aquel entonces su origen y su derecho a existir: “El gobierno no puede estar en contra de los grupos de autodefensa porque él fue su creador (…) El gobierno tiene que explicar por qué nos creó, por qué nos ha apoyado, por qué continúa apoyándonos”, manifestaba el comandante de las autodefensas del Atlántico al diario La Prensa en octubre de 1989.
Pero la “colaboración” que requería el Ejército no siempre era voluntaria. El nuevo reglamento de combate de contraguerrillas, de 1987, determinaba que las Fuerzas Militares “obligan (…) a la sociedad civil a apoyarlos en la lucha contra los alzados en armas” y afirmaba que “la población civil por lo tanto es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del ejército y se materializan por agrupaciones humanas perfectamente definidas dentro del área de operaciones”; “encuadrar paramilitarmente a la población resulta entonces uno de los objetivos tácticos del Ejército”, se concluye en el libro Tras los pasos perdidos de la guerra sucia. Paramilitarismo y operaciones encubiertas en Colombia19. Ese mismo reglamento fue más allá al establecer que las fuerzas subversivas están formadas por “población civil insurgente y grupo armado” situando a la primera en “los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos, etc.” con el objetivo de ejecutar “acciones de tipo civil” dentro de las “estructuras formales de la sociedad” para desgastar, desmoralizar, dislocar y finalmente eliminar “las instituciones”.
Y toda esta doctrina castrense se ve reforzada por los abundantes escritos y manifestaciones públicas de destacados oficiales. “La insurgencia ideológica no se concentra en áreas determinadas sino que busca propagarse con la mayor rapidez posible a todos los ámbitos de la nación”, aseguraba el general Álvaro Valencia Tovar en 1987 en la Revista del Ejército; un año más tarde insistía desde las páginas del diario El Tiempo: “(las fuerzas revolucionarias) comienzan con un indetectable proceso de infiltración del Estado y del cuerpo social. Implantan cédulas expansivas en puntos neurálgicos: sindicatos, centrales obreras, magisterio, universidades, medios de comunicación, aparato judicial y, si es posible, Fuerzas Armadas e Iglesia. Crean organismos de fachada dentro y fuera del país (…). Se recurre a idiotas útiles en plan de notoriedad para que desde las toldas democráticas torpedeen el sistema”. En las mismas fechas y en términos similares se expresaba el general Rafael Samudio Molina, entonces ministro de Defensa: “La subversión actúa en los campos políticos, económicos, educativo, sindical y armado, con propósitos bien definidos (…) Los grupos subversivos actúan simultáneamente en zonas urbanas y rurales, desarrollan actividad militar paralela a la acción política y utilizan la estrategia de convergencia en los campos político, social, laboral, educativo, judicial y armado”20. Otro general que también ocupó el cargo de ministro de Defensa (en el Gobierno de Belisario Betancur, 1982-1986), Landazábal Reyes, no tenía dudas sobre quienes eran sus enemigos: “Cualquier nacional, ya no solamente en armas sino ideológicamente visto como cercano al enemigo, es un aliado y por tanto un traidor”. Y el coronel Orlando Zafra Galvis recomendaba qué hacer ante esta situación: “El grado de clandestinidad y los diferentes niveles en los cuales participa esta parte importante de la subversión obliga a la sociedad y al Estado a que se defiendan y empleen sus cuerpos especializados para controlar todas aquellas organizaciones del aparato subversivo no armado”; este oficial fue invitado en 1983 por el régimen del general Augusto Pinochet como profesor en la Academia de Guerra de Chile.
De este modo queda bien establecido quien es el “enemigo interno” a combatir -“el brazo desarmado de la subversión”, como lo definió el general Luis Carlos Camacho Leyva, ministro de Defensa durante el Gobierno de Julio César Turbay, 1978-1982- y en esta guerra total “los indiferentes e indecisos forman parte de las filas del adversario, al que prestan apoyo por el sólo hecho de dejarlo prosperar”21. Sólo faltaba acabar de concretar los procedimientos para ganar la guerra y para ello no dudarían en soslayar las leyes. El Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, al describir los terribles sucesos de la toma del Palacio de Justicia por el Ejército en 1985, apuntó a la raíz del problema: “No rigen en Colombia una sino dos Constituciones: la que venden en librerías y farmacias, edición en rústica para uso de la generalidad de los ciudadanos, y otra, venida sutilmente a pasos inaudibles y sigilosamente entronizada en el corazón de la sociedad y del Estado, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por quién, de uso privatizo de las Fuerzas Armadas”22.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73

Similar:

Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconLa miseria en Colombia 
Sin embargo, las poderosas fuerzas que han hecho que Colombia siga siendo un país pobre y violento siguen funcionando y reproduciéndose....
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps icon¡¡quiero saber qué es la prima de riesgo!!
La prima de riesgo, riesgo país o riesgo soberano se define como el sobreprecio que paga dicho país para financiarse en los mercados,...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconJosé Ignacio Goirigolzarri participa en el curso de periodismo económico de la Fundación bbva
José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado de bbva, participa en el curso sobre periodismo económico organizado en San Sebastián...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconInstituto sagrado corazón de jesúS
Construir una comunidad educativa que permita, en el encuentro con el otro, desarrollar habitos de comprension, dialogo y participacion...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconPara ser realmente efectiva, una [ventaja competitiva] debe ser
Ventaja comparativa: es la ventaja que disfruta un país sobre otro en la elaboración de un producto cuando éste se puede producir...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconContabilidad y profesión contable en colombia
Colombia y cuestiona el fin del trabajo del contador que es el profesional que lo realiza, además expone a la luz de sus resultados...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconLa Fundación Ernst Prost y liqui moly fomentan la fundación Weltethos
Ernst Prost nombrado miembro del consejo directivo de la fundación creada por Hans Küng
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconSuperintendencia Financiera de Colombia se une a la Red de Banca Sostenible para promover las finanzas verdes Bogotá, Colombia, octubre 23, 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia (sfc), supervisor de los servicios financieros del país, redobló sus esfuerzos para contribuir...
Colombia un país formal y otro real Fundación ceps iconEcoturismo en colombia
Debo agradecer a Dios por generar este mundo natural tan maravilloso y por permitirme haber conocido paraísos terrenales en él, especialmente...

Página principal
Contactos

    Página principal



Paramilitarismo: una estrategia de Estado

Descargar 1 Mb.