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Colombia un país formal y otro real Fundación ceps


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EN ASCENSO 157

ANEXO III: NUEVOS GRUPOS FORMADOS

TRAS LA DESMOVILIZACIÓN PARAMILITAR 174

ANEXO IV: FICHA DEL PENTÁGONO SOBRE

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 176

ANEXO V: PRINCIPALES INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE COLOMBIA 177

1. LAS DOS COLOMBIAS

Existen dos Colombias. Una es la que se proyecta en el exterior como la democracia más estable de Latinoamérica a pesar del narcotráfico y del terrorismo, ajena a las dictaduras que asolaron el continente y con elecciones formales cada cuatro años; la que goza de una moderna Constitución que incluye más de un centenar de artículos destinados a consagrar los derechos fundamentales y sus mecanismos de protección; la que ratifica todos los convenios internacionales para la defensa de los derechos humanos y la que, según el Banco Mundial1, se convirtió en los últimos años en una de las naciones del mundo con mejores condiciones para hacer negocios2. La otra, la real, es la que sufren diariamente la mayoría de los colombianos sometidos a unas condiciones de vida deplorables (las estadísticas más benévolas sitúan a la mitad de la población en la pobreza) y a una violencia social y política cuya intensidad no deja de aumentar: con el comienzo de este siglo alcanzó la cifra de veinte personas muertas cada día.


En Colombia confluyen una serie de factores que hacen del país una excepción en el contexto latinoamericano y un punto de interés en el escenario internacional. En primer lugar, su situación geográfica -puente entre Centroamérica y Sudamérica, bañada por dos océanos- y sus riquezas naturales la han convertido, a lo largo de la historia, en objetivo codiciado por los más diversos intereses hasta el punto de que a inicios del siglo pasado se provocó su desmembración territorial (independencia de Panamá instigada por EE UU para controlar el canal). Pese a la sucesión de gobiernos de tintes autoritarios siempre ha existido una fuerte respuesta social a través de todo tipo de organizaciones para la defensa de los derechos fundamentales y de sindicatos y partidos de la izquierda. En tercer lugar, hay que destacar que la confrontación política en Colombia se ha expresado, al menos en los últimos cincuenta años, también mediante la lucha armada (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es la guerrilla más antigua del mundo) lo que, al margen de las deviaciones de sus objetivos iniciales, es un factor fundamenteal a la hora de trazar el futuro del país. Además, a partir de la pasada década de los ochenta el narcotráfico ha jugado un papel fundamental en la vida nacional (afectando tanto a los actores legales como a los ilegales del conflicto) y en el escenario internacional (según reiterados informes de la CIA, abastece el 90 % de las necesidades del mayor consumidor mundial, que es EE UU). La combinación de estos cuatro elementos -situación geoestratégica, resistencia social, lucha armada y narcotráfico- ha desencadenado un quinto que en buena parte es la causa, al menos en el siglo XX y en lo que va corrido de éste, de muchos de los males que padece la sociedad colombiana: Estados Unidos ha hecho de Colombia la punta de lanza de sus intereses en la región, “esto hace que la Casa Blanca contemple convertir a este país en una suerte de Israel sudamericano, esto es, una base de operaciones militares, de espionaje y de control territorial, desde la cual monitorear los más diversos procesos políticos, económicos y sociales en curso en el corazón mismo de América del Sur”3, especialmente en la coyuntura actual en la que opciones democráticas contrarias a la política estadounidense gobiernan varios países de la región. Colombia es el país latinoamericano al que se concede más ayuda militar estadounidense (3.647 millones de dólares de 1998 a 2004) y uno de los cinco que más reciben a nivel mundial, junto a Israel, Egipto, Afganistán e Irak. Después de Bagdad, Bogotá es sede de la mayor embajada gringa en el mundo, “toda clase de misiones militares, amén del personal especializado del FBI, la DEA y, por supuesto, la CIA, operan sin tapujos en el territorio nacional en un proceso que bajo el actual Gobierno (de Álvaro Uribe Vélez) se ha intensificado hasta el paroxismo”4.
La ruptura en 2002 de las conversaciones de paz del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y los grupos guerrileros de las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional) generó en Colombia un ambiente de decepción y escepticismo sobre la posibilidad de una solución política y negociada al conflicto (el Gobierno quería dialogar sin ceder privilegios de las clases dominantes y la guerrilla quería negociar sin parar la guerra). Este hecho, la influencia de los atentados del 11 de septiembre, el mayor rechazo por parte de sectores sociales a los desmanes de la guerrilla -acciones sistemáticas que infringen el derecho internacional humanitario como secuestro, reclutamiento forzado o voluntario de menores, eliminación de militares en estado de indefensión, uso de armas con efectos indiscriminados, masacres contra civiles, etc.- y las presiones que, según las organizaciones sociales, ejercieron los grupos paramilitares en algunas regiones del país propiciaron la victoria en las elecciones presidenciales de 2002 de Álvaro Uribe Vélez con su eslogan de “mano firme y corazón grande” y su propuesta de Política de Seguridad Democrática supuestamente dirigida a reforzar la lucha contra la insurgencia.
Durante los cuatro años de Gobierno Uribe no sólo no ha mejorado la situación de los colombianos sino que ha empeorado a partir de la aplicación de su “seguridad democrática” sustentada en la convicción de que todos los ciudadanos son combatientes y, por tanto, deben colaborar activamente con las autoridades o arriesgarse a ser perseguidos como sospechosos de terrorismo: la puesta en práctica de la doctrina Bush sobre seguridad. La opción por la guerra ha propiciado la ejecución de graves violaciones a los derechos humanos, la restricción de los derechos y libertades fundamentales que, al menos sobre el papel, se reconocían a los colombianos y un deterioro alarmante en las condiciones de vida hasta el punto de que casi dos terceras partes de la población vive en la pobreza. Mientras tanto en los presupuestos generales del Estado colombiano para 2005 y 2006 se han destinado 20 billones de pesos (más de 6.000 millones de euros) a la guerra y 71 billones al pago de la deuda externa (más de 23.000 millones de euros); el Gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto para 2007 que contempla 14 billones de pesos (más de 4.000 millones de euros) para seguridad y defensa.
Al mismo tiempo, Uribe Vélez ha impulsado un “proceso de paz” con los grupos paramilitares que, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos y Naciones Unidas, conduce a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de los que son responsables estos escuadrones de la muerte. No resulta extraño, si tenemos en cuenta que paramilitares y Fuerza Pública vienen actuando conjuntamente desde que el propio Estado colombiano creó estos grupos en la década de los sesenta como resultado de la doctrina de Seguridad Nacional exportada por Estados Unidos. Colombia, actualmente, es uno de los mejores ejemplos de lo que denunció el Presidente del Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero, ante la ONU: “El mayor riesgo de una victoria de los terroristas se produce cuando para luchar contra el terror la democracia traiciona su propia esencia, los estados limitan las libertades, cuestionan las garantías judiciales o realizan operaciones militares preventivas”5.
La reelección, el pasado 28 de mayo, de Álvaro Uribe Vélez para dirigir el país durante cuatro años más va a suponer “la permanencia o profundización de la política de `seguridad democrática´, con lo que ella tiene de alejamiento de la solución política negociada al conflicto, de una lógica de guerra, de violaciones a los derechos humanos, de mantenimiento del modelo neoliberal, con aumento de la inequidad y la pobreza, y en general con la consolidación de un entorno autoritario y mesiánico propios del régimen actual. (...) Lógicamente se reforzará el apoyo del gobierno norteamericano al régimen, por su doble condición de aliado en las guerras santas del imperio; el `terrorismo´ y las `drogas´, por un lado, pero también por el creciente papel de punta de lanza o muro de contención frente a los nuevos gobiernos de América Latina. Paradójicamente, aumentará el apoyo europeo, en tanto, el gobierno reelecto simultáneamente se relegitima y la Unión Europea efectivamente cree que el proceso de `desmovilización paramilitar´ merece una oportunidad y no podrá oponerse a él, en tanto este mostrará a algunos líderes paramilitares condenados, aunque cumpliendo sus penas en condiciones favorables, la devolución de algunos miles de hectáreas de tierra y una ficticia reinserción”6.

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