• Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT)
  • Toda herramienta para detener esta actividad delictiva es necesaria.
  • Departamento de Seguridad Pública (DSP)

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    Cámara de representantes p de la C. 259 Informe


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    ANÁLISIS DE LA MEDIDA

    La Exposición de Motivos de esta medida establece que mediante la Ley 105-2007 se realizaron varias enmiendas a la Ley Núm. 41 de 3 de junio del 1982, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Metales de Puerto Rico”. Las enmiendas realizadas iban dirigidas a hacer más rigurosa la ley ante el aumento considerable en el hurto de varios metales regulados por la Ley Núm. 41, supra. A pesar de la pertinencia de las enmiendas realizadas la realidad es que no se detuvo la ola de hurto de metales, en particular de metales utilizados para proveer servicios públicos, tales como el de energía eléctrica, servicio de teléfono y servicio de agua potable.

    Debido a que el hurto de metales continuó aumentando, ocasionando pérdidas millonarias a las industrias, a la economía en general e inconvenientes a los consumidores, la Asamblea Legislativa enmendó nuevamente la Ley Núm. 41, supra, esta vez a través de la Ley 53-2012. Dicha ley buscaba disuadir el hurto de metales y evitar daños mayores a la economía de Puerto Rico. A esos efectos, limitó el horario de operación para los talleres, solares o tiendas o vehículos de motor que se dedican al negocio de metales. Además de declarar como delito grave la venta de metales de propiedad pública, irrespectivo del valor de los mismos.

    A pesar de esto, el problema continúa. Durante el año 2017, el Comité Interagencial compuesto por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, la Comisión de Servicio Público, realizó veintidós (22) operativos, los cuales resultaron en denuncias criminales, multas y avisos de infracción, lo cual conforma que el problema aún prevalece.

    Esta ley persigue requerir que toda persona que venda metales que fueran utilizados para proveer servicios de teléfono, que esta acredite estar autorizado por el proveedor o contratista de servicios para realizar la venta de tales metales. Además establece que para ciertas ventas de cables, el vendedor deberá obtener una autorización previa del Negociado de la Policía de Puerto Rico para realizar tal transacción.

    Para la evaluación de la esta pieza legislativa, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes solicitó y recibió memoriales por parte de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el Departamento de Seguridad Pública y CTIA (Asociación de Telecomunicaciones Inalámbricas, por sus siglas en inglés).



    Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT)

    La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), nos informa que por autoridad de la Ley 213-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, es su deber ministerial intervenir en todo proceso que pueda afectar el servicio de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Además de la obligación de velar que, en el balance de intereses, se fomente el adecuado desarrollo de las telecomunicaciones en la Isla.


    Nos informan que desde el mes de enero se retomaron los trabajos del Comité Interagencial para atender el hurto de metales. La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones tiene la responsabilidad de liderar dicho esfuerzo, presidiendo y coordinando los trabajos. Además de la Junta, participan el Departamento de Justicia, la Oficina de Gerencia de Permisos, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Bomberos de Puerto Rico, la Comisión de Servicio Público. También participan las compañías de telecomunicaciones, incluyendo la Puerto Rico Telephone Company, quien es la principal compañía de telecomunicaciones afectada por el hurto de cobre. El Comité Interagencial realizó veintidós (22) operativos, durante el año 2017, los cuales resultaron en denuncias criminales, multas y avisos de infracción.
    La JRT establece que está a favor de las enmiendas propuestas, por entender que abonan claridad y mayor eficiencia en la aplicación de la Ley Núm. 41, supra, y ayuda a los trabajos que realizan para atajar esta conducta delictiva, que deja millones de dólares en pérdidas y pone en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos.
    Concluyen su ponencia añadiendo que: “debemos tener presente que el hurto de cobre y otros metales, no solo afecta económicamente a los negocios, sino también la prestación de los servicios esenciales de agua, luz y telecomunicaciones de los puertorriqueños. Tras el azote de los huracanes Irma y María durante el pasado mes de septiembre a nuestra Isla, se ha podido evidenciar como esta actividad delictiva ha retrasado y/o ha impedido las labores de recuperación de dichos servicios esenciales. Toda herramienta para detener esta actividad delictiva es necesaria. Nos es forzoso concluir, pese a los esfuerzos dirigidos a detener el hurto de cobre y otros metales, que en la medida que personas por necesidad o lucro personal se apropien ilegalmente de cualquier metal que pueda ser recibido abiertamente en los centros de acopio, se seguirá afectando la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos y la propia vida de los que se apropian de estos metales, los que muchas veces mueren electrocutados tratando de sustraer el material.” (énfasis nuestro)

    Departamento de Seguridad Pública (DSP)

    El Departamento de Seguridad Pública (DSP) comenzó su ponencia informando que la medida bajo análisis no cobija las enmiendas que fue óbice la Ley Núm. 41, supra, tras la aprobación de la Ley 53-2012. Añaden que debido a “esto, unido a otros factores de índole pericial, incide en el hecho que no podamos avalar su aprobación”.


    El DSP hace un resumen de los cambios que incorporó a la Ley Núm. 41, supra, luego de la aprobación de la Ley 53-2012.
    El DSP añade que, la apropiación ilegal de cobre en nuestra jurisdicción ha resultado en un asunto de seguridad de importancia, así como en otras partes del mundo. De la investigación realizada por el DSP, se desprende que el delito de apropiación ilegal de cobre ha incrementado en múltiples países y estados.
    Mencionan el caso específico de Florida. En dicho estado, las autoridades han aseverado que la práctica de vender cobre ha incrementado vertiginosamente, causando millones de dólares de pérdida a las compañías de teléfono y de comunicaciones, al tener que reemplazar los cables robados.
    El DSP establece que, en cuanto a política pública respecta, Puerto Rico es de las pocas jurisdicciones a nivel occidental que cuentan con legislación especifica que regula la venta y adquisición del cobre.
    Específicamente, sobre la enmienda al Artículo 2, el DSP nos dice que no están de acuerdo con la misma. Nos dicen que no la apoyan porque los agentes del orden público, aun los adscritos a la División de Propiedad, que son los que laboran directamente con el hurto de cobre, no tienen el conocimiento especializado para determinar el tipo de material que se trate, según estos son definidos en dicha Ley.
    Añaden que en los operativos que realiza el NPPR, a los mismos acuden personal de la AEE, AAA y las compañías de telecomunicaciones para que determinen con facilidad si el material se trata de cables pertenecientes a sus dependencias. También menciona que la NPPR y la JRT tienen un Acuerdo de Entendimiento con el objetivo de colaborar para combatir el hurto de cobre, debido al efecto de esta práctica ilícita tiene sobre los servicios que la Junta está llamada a proteger. Nos dice el DSP que, mediante el acuerdo la Policía recibe la colaboración de la JRT para trabajar con las compañías de telecomunicaciones para restablecer los servicios que se vieron afectados por el hurto del cobre.
    EL DSP también establece que como parte del acuerdo, la Policía tiene la responsabilidad de designar a un coordinador de inspección de centros de reciclaje, quien tendrá el deber de asegurar que además de las vistas que realicen los agentes del orden público, se inspeccionen los centros de reciclaje cada seis (6) meses. Dicho coordinador está adscrito a la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales. El mismo es el encargado de la iniciativa descrita, en cuanto a participar en la logística operacional interagencial para erradicar el hurto de cobre en la Isla, no solamente porque es un delito, sino por el impacto adverso que ello acarrea a la economía y a los servicios esenciales.
    Sobre la segunda enmienda, el DSP nos dice que no avala la misma, pues ya fue establecido como delito grave el hurto de metales, mediante la Ley 53-2012.

    CTIA

    CTIA, la Asociación de Telecomunicaciones Inalámbricas, por sus siglas en inglés, es una organización comercial que agrupa a las compañías de Telecomunicaciones e Internet a nivel nacional.


    En su ponencia, nos establece que apoyan los requisitos adicionales propuestos para aquellos que venden materiales de alambre o cobre, aluminio, estaño o plomo con la intención de proteger los servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico.
    Añaden que, para proteger aún más las valiosas instalaciones de telecomunicaciones, recomiendan que las disposiciones de la ley y del proyecto de ley también se apliquen a la reventa de baterías y generadores de torres celulares.
    Nos informan que el aumento de los incidentes de robo de metales a nivel nacional ha provocado que los estados y las fuerzas policiales locales actúen, regulando las ventas de metales, aumentando los requisitos para los distribuidores autorizados y aumentando las sanciones por actividades ilegales. Estos robos recientes han incluido baterías y generadores de instalaciones inalámbricas. Esto se experimentó en la Isla después del huracán María.
    Concluyen su ponencia estableciendo que apoyan esta legislación y cualquier enmienda que ayude a detener esta tendencia extendiendo las protecciones otorgadas a la reventa de metales preciosos a menudo robados de las instalaciones de telecomunicaciones a baterías t generadores en las mismas instalaciones.


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