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    Cámara de representantes 6 de noviembre de 2006 Informe sobre el P. de la C. 2811 a la cámara de representantes




    ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
    15ta. Asamblea 4ta. Sesión

    Legislativa Ordinaria


    CÁMARA DE REPRESENTANTES

    6 de noviembre de 2006

    Informe sobre

    el P. de la C. 2811



    A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

    Vuestras comisiones de Cooperativismo y de la Región Norte previo estudio y consideración del P. de la C. 2811 recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobación de esta medida con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico.



    ALCANCE DE LA MEDIDA
    El Proyecto de la Cámara 2811 tiene el propósito de enmendar los artículos 2, 4 y 5 de la Ley Núm. 284 de 15 de septiembre de 2004, conocida como “Ley del Corredor Industrial del Norte”, a los fines de incluir dentro de sus alcances la promoción del desarrollo de industrias cooperativas en la región norte de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
    ANÁLISIS DE LA MEDIDA

    Para el cabal análisis de la medida, las comisiones de Cooperativismo y de la Región Norte celebraron vista pública el pasado 4 de noviembre del corriente en la cual hubo oportunidad de escuchar y recibir los comentarios de la Asociación de Alcaldes y del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo. Además, se recibieron los memoriales explicativos de los municipios de Ciales y Dorado, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico, la Federación de Alcaldes, la Compañía de Fomento Industrial y del Banco Gubernamental de Fomento. Todos avalaron la aprobación de la presente pieza legislativa.

    De entrada, es menester señalar que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido una clara y contundente política pública a favor del movimiento cooperativo. Sólo basta observar la gran cantidad leyes refrendadas en los últimos años que apuntan hacia esa dirección. Esta política pública está basada en los beneficios que genera la gestión cooperativista, tanto a nivel social como económico. Precisamente, como resultado de dicho beneficio, el Estado tiene un interés estatal en promover esta gestión.

    Para sustentar esta clara política pública a favor del sector cooperativista es imprescindible traer a colación lo contenido, en primer lugar, en la Ley Núm. 198 de 18 de agosto de 2002, conocida como “Ley Habilitadora del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo”. La misma se crea con el propósito de ofrecer al movimiento cooperativo de Puerto Rico un método alterno de financiamiento para promover, ampliar y establecer nuevas empresas y se organiza como una corporación sin fines de lucro al amparo de la “Ley General de Corporaciones de 1995”.

    Por otra parte, se plantea como la política pública del Gobierno de Puerto Rico al promulgarse esta Ley el que el desarrollo y expansión del Movimiento Cooperativo en Puerto Rico es un elemento esencial para el crecimiento económico del país y para alcanzar el empleo pleno, el desarrollo social y la prosperidad de todos los ciudadanos. Igualmente, se establece que el Movimiento Cooperativo necesita y requiere nuevos métodos para financiar las inversiones de capital que se requieren para el desarrollo de nuevas empresas cooperativas. La asistencia que se provee en esta Ley, incluyendo la coinversión de recursos del Estado y del propio Movimiento Cooperativo, es, por lo tanto, en el interés público y sirve como un fin público a los propósitos de promover el desarrollo económico y social de los ciudadanos de Puerto Rico.

    En términos generales, al crearse el Fondo, el Gobierno de Puerto Rico resuelve y declara que los fines para los cuales se crea el Fondo y para los cuales ejercerá sus poderes son el fortalecimiento del movimiento cooperativo, la promoción del desarrollo económico, así como el bienestar general, siendo ellos propósitos públicos para el beneficio del Pueblo de Puerto Rico y que el ejercicio de los poderes conferidos bajo esta Ley constituye el cumplimiento de funciones de alto interés público.



    De otra parte, es pertinente señalar que en consonancia con lo anterior, en el 2004 se promulga una nueva “Ley General de Sociedades Cooperativas”. La Ley Núm. 239 de 1 de septiembre de 2004 claramente establece en su Exposición de Motivos que:
    “[e]l cooperativismo es un sistema socioeconómico que busca la liberación, y facilita el perfeccionamiento integral del ser humano, mediante la justicia económica y la cooperación social. Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás.”.
    También se expone que:
    “[l]a misión del Movimiento Cooperativo Puertorriqueño es mejorar la calidad de vida de nuestro país sirviendo como modelo socioeconómico para el desarrollo y la organización democrática. Para cumplir con esta misión se ha (sic) trazado los siguientes objetivos: 1) lograr la integración del Movimiento Cooperativo mediante el desarrollo y consolidación de los organismos adecuados y la formulación de un proyecto común, que aglutine la acción transformadora del cooperativismo sobre la problemática social y económica de Puerto Rico; 2) formular un proyecto político-económico que sirva de base al Modelo de Desarrollo Cooperativista para Puerto Rico; 3) definir y consolidar un sector social de la economía sobre el cual apoyar el modelo de desarrollo económico alternativo de nuestro país y del cual el Movimiento Cooperativo se convierta en eje central; 4) desarrollar la iniciativa y creatividad en la gestión empresarial como elemento clave para el desarrollo cooperativo; 4) promover la democratización de la economía puertorriqueña impulsando la cooperativización de empresas públicas y privadas, propiciando la eficiencia administrativa así como los procesos de participación al interior de nuestras cooperativas; 5) impulsar la formación de dirigentes y trabajadores cooperativistas que comprendan y apliquen nuestra doctrina y se comprometan con la excelencia en la gestión empresarial; 6) lograr la aprobación de un marco jurídico apropiado para el desarrollo del Cooperativismo Puertorriqueño a la luz de los postulados del Derecho Cooperativo; 7) desarrollar y consolidar otros sectores económicos claves mediante la organización cooperativa tales como producción, servicios, agricultores y vivienda; y 8) fortalecer los mecanismos de financiamiento del Movimiento Cooperativo y lograr que los mismos respondan a las necesidades de desarrollo del mismo.”
    Tan importante es el movimiento cooperativista para el Gobierno de Puerto Rico que impulsa su modelo desde las escuelas del sistema público de educación. La Ley Núm. 220 de 29 de agosto de 2002, conocida como “Ley Especial de Cooperativas Juveniles”, brinda el marco legal para el establecimiento de las denominadas cooperativas juveniles. También, crea dentro del Departamento de Educación de Puerto Rico una División de Coordinación y Educación Cooperativista con la encomienda de: 1) ayudar y coordinar la implantación del programa cooperativo en el sistema educativo público y promover y fomentar entre el estudiantado la creación y desarrollo de cooperativas juveniles escolares, 2) ayudar a los maestros consejeros en sus funciones y velar por el cumplimiento de las cartas circulares relacionadas con el funcionamiento de las cooperativas escolares, la Ley y el reglamento de las cooperativas juveniles escolares, 3) implantar programas de capacitación para maestros consejeros y colaborar en coordinación con la Administración de las Cooperativas Juveniles Escolares y programas de desarrollo de cooperativas escolares, 4) coordinar trabajo para el desarrollo de cooperativas juveniles con la Oficina de Asuntos de la Juventud, Oficina del Gobernador, la Administración de Fomento Cooperativo y la Liga de Cooperativas de Puerto Rico.

    A pesar de existir tan contundente política pública a favor del desarrollo y la promoción cooperativista, no se han puesto en función una serie de elementos necesarios para que estas logren el mayor de sus potencialidades. Es queja general de las cooperativas industriales el que el Gobierno de Puerto Rico no les ha brindado las herramientas necesarias para lograr su éxito. Ciertamente el Gobierno les extiende varios beneficios tales como aportaciones monetarias por creación de empleo, por localización y por robustecimiento, ayuda técnica en áreas de diseño industrial y control de calidad, así como renta subsidiada de los edificios industriales de la Compañía de Fomento Industrial.

    Cabe señalar que las industrias cooperativas se están convirtiendo en la opción lógica de los empleados que tienen que lidiar con el cierre de su empresa. Estas industrias llenan el vacío que produce un cierre, permite que sus empleados se organicen y puedan echar hacia delante sus productos y servicios.

    En un estudio encomendado a la Administración de Fomento Cooperativo por la Comisión de Cooperativismo de la Cámara de Representantes sobre la situación fiscal de las cooperativas industriales en Puerto Rico se descubrió que la industria manufacturera en general es la que genera mayor empleo directo e indirecto, por lo que, en momentos en que la fuerza trabajadora disponible es mayor, es indispensable crear fuentes de empleo a mayor escala.

    En la actualidad, Puerto Rico cuenta con ocho industrias cooperativas que se dedican a diversas tareas tales como la aguja, alimentos, productos plásticos y electrónica. Estas industrias son Cooperativa Industrial de Comerío, Nuevo Horizonte, COAMI, Creación de la Montaña, Caribbean Coop, Marcoop Holding, E-Coop y Orocoveña Buiscuit.

    El movimiento industrial cooperativo alcanzó un total de $7,126,786 en activos para el año 2004-2005. Al examinar la composición de las mismas se reflejó un total de $4,463,434 en el sector textil y $2,663,352 en los demás sectores industriales los cuales incluyen: Repostería, Electrónica y Productos Plásticos. Por otra parte, destaca el estudio que la suma del total de pasivos en este sector asciende a $5,395,171; de éstos, $1,669,199 pertenecen a la Industria de la Aguja y un total de $3,725,972 representan otros sectores.

    Considerando el fuerte potencial de crecimiento de las industrias cooperativas entendemos razonable dotarlas de mayores herramientas para que las mismas se potencien a cabalidad. Es nuestra contención que la inclusión de las cooperativas industriales en las disposiciones de la Ley Núm. 284, supra, es el paso lógico, dado que en la misma se establece como política pública la importancia de promocionar el desarrollo industrial de las diversas regiones y de los gobiernos municipales en lo que concierne al desarrollo económico e industrial y proveer los recursos necesarios para hacer viable un crecimiento económico sustentable y cónsono con las capacidades de cada región.

    A estas comisiones no le quedan las más mínimas dudas de que la presente pieza legislativa tiene un fin loable que persigue dotar al movimiento de nuevas herramientas que le permitan adentrase sólidamente en variados mercados comerciales tales como industrias textiles, electrónicas, de alta tecnología, comunicaciones y otros en la región norte de Puerto Rico. En este momento en que nuestro país enfrenta crisis e inestabilidad económica, compete respaldar genuina y firmemente los proyectos nativos de autogestión que nos aseguren la participación digna de nuestros ciudadanos en los procesos de cambio que se avecinan. Mediante el modelo de industria cooperativa no sólo se incrementan las fuentes de trabajo sino que también se organizan empresas de enfoque participativo y control democrático donde se busca un desarrollo integral y equitativo del talento humano. En general, se impactan positivamente valores sociales y la economía de los pueblos.

    Tan es así, que bajo el estudio de otra medida legislativa1, el pasado Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y actual Secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Lcdo. Jorge Silva Puras, manifestó que “...las cooperativas industriales representan nuevas oportunidades para el desarrollo industrial de Puerto Rico, en especial, en la retención de industrias ya que la mayoría de estas surgieron como alternativa ante los cierres de las compañías predecesoras”.

    Por otra parte, considerando que de acuerdo a las expresiones del Director Ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Sr. Jaime García, no consta que al día de hoy se haya creado una Corporación Especial de Desarrollo según lo contemplado en el Artículo 5 de la Ley Núm. 284, supra, las comisiones entienden razonable disponer: 1) que una vez convertido el P. de la C. 2811 en Ley se establezca un nuevo plazo para la elaboración del Plan Estratégico que está obligado a presentar la Compañía de Fomento Industrial pero en esta ocasión con la colaboración del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo y que el mismo sea remitido al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa para su conocimiento y acción correspondiente; y 2) que igualmente, la Corporación, remita informes anuales al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa a los fines de que de cuenta de sus gestiones y progreso. Con estas enmiendas se pretende asegurar la efectiva consecución de las disposiciones de la Ley Núm. 284, supra, que en la actualidad no cuenta con garras para hacerse cumplir.

    Para finalizar, aunque el Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo avala la aprobación del P. de la C. 2811, plantea la posibilidad de que surja un conflicto de interés si se mantiene como miembro de la Junta que se crea en virtud de la Ley Núm. 284, supra, que a su vez maneja la Corporación Especial de Desarrollo. En su lugar, proponen que en la misma esté presente el Administrador de Fomento Cooperativo en su sustitución.

    Para sustentar su opinión manifiesta que al Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo tener la obligación de promover, ampliar, desarrollar y establecer nuevas empresas cooperativas y que a la misma vez tendría la responsabilidad de decidir a que proyectos se les estará ofreciendo apoyo financiero se podría consumar un conflicto de deberes y funciones. Entiéndase entre las funciones que tendría en virtud de la Ley Núm. 198, supra, y la Ley Núm. 284, supra.

    Sin embargo, no persuade.

    Es nuestra contención que al Director Ejecutivo del Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo tener la oportunidad de evaluar proyectos, desde sus inicios, para el desarrollo de industrias cooperativas tendrá una base más sólida y completa para decidir en última instancia si pasa a convertirse en un instrumento financiero que viabilice la creación de esa nueva empresa.

    No obstante, recogemos su sugerencia en el sentido de que el Administrador de Fomento Cooperativo pase a convertirse en miembro de la Junta de la Corporación Especial de Desarrollo dado que esto permitirá que desde el inicio de cualquier proyecto se pueda establecer un proceso educativo a favor del cooperativismo.

    No podemos perder de perspectiva que la fortaleza del modelo cooperativo estriba en el seguimiento de unos valores y principios que hacemos nuestros a través del conocimiento y la educación. La inclusión del Administrador de Fomento Cooperativo también permitirá que en la elaboración del Plan Estratégico se persiga la promoción de los valores, principios y estructura del modelo cooperativo y se impacte integralmente a los posibles beneficiarios de las disposiciones de la Ley Núm. 284, supra.
    CONCLUSIÓN
    Por las consideraciones antes expuestas y entendiendo que la medida fortalecerá el potencial industrial cooperativo en los municipios de Dorado, Toa Baja, Toa Alta, Vega Baja, Vega Alta, Manatí, Ciales, Barceloneta, Morovis, Camuy, Hatillo y Arecibo, las comisiones de Cooperativismo y de la Región Norte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico recomiendan la aprobación del P. de la C. 2811 con las enmiendas contendidas en el entirillado electrónico.
    Respetuosamente sometido,

    Bernardo Márquez García Efraín Concepción Hernández

    Presidente Presidente

    Comisión de Cooperativismo Comisión de la Región Norte



    1 Ponencia del Lcdo. Jorge Silva Puras sobre el P. de la C. 1994, ahora convertido en la Ley Núm. 164 de 29 de agosto de 2006.



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