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Borrador de la sesión plenaria celebrada el miércoles, 17 de diciembre de 2014


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BORRADOR DE LA SESIÓN PLENARIA CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 2014
Se reanuda la sesión a las nueve horas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.
4. MOCIONES
4.2. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A EVALUAR LAS CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA DE LOS RESULTADOS DE LA SUBASTA DE INCENTIVOS DE INTERRUMPIBILIDAD.

(Núm. exp. 662/000170)

AUTOR: GPS
4.3. MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A FIJAR UNA TARIFA ELÉCTRICA QUE PROTEJA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA BÁSICA ESPAÑOLA INTENSIVA EN CONSUMO ELÉCTRICO, ASÍ COMO A ACOMETER LA REFORMA ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE COSTES ENERGÉTICOS.

(Núm. exp. 662/000168)

AUTOR: GPMX
El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.2. y 4.3.
El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, en su reunión del día 16 de diciembre de 2014, ha acordado que el debate de estas mociones se realice de forma conjunta, dada la similitud del objeto de ambas iniciativas.

A estas mociones no se han presentado enmiendas.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Areces.
El señor ÁLVAREZ ARECES: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Señor presidente, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista presento una moción sobre un tema muy importante que tiene gran repercusión social y económica para el conjunto del sector industrial, pero fundamentalmente en los territorios más afectados, que son Galicia y Asturias, y concretamente en las factorías de Alcoa de A Coruña y Avilés, tras el anuncio realizado el pasado lunes 1 de diciembre debido a que la multinacional Alcoa ha planteado un expediente de despido en las fábricas de Avilés y A Coruña que afecta a un total de 814 trabajadores como consecuencia del resultado de la subasta de incentivos de interrumpibilidad para adjudicar 2000 megavatios en lotes de 90 y 5 megavatios, respectivamente. Alcoa no ha conseguido los correspondientes a dos paquetes de 90 megavatios y ocho paquetes de 5 megavatios, que se distribuían entre las dos fábricas, para mantener las ayudas recibidas en términos similares al pasado año y reducir así el coste energético hasta alcanzar cifras que pudieran ser competitivas en el mercado internacional.

Las industrias intensivas en consumo eléctrico están directamente afectadas por este tipo de subasta, que es novedoso y se puso en marcha según una normativa del mes de agosto de este mismo año. Y, por lo que vemos, sus resultados tienen que ser necesariamente revisados en primera instancia y con urgencia en una segunda subasta, que demandamos que se produzca durante este mismo mes de diciembre, ya que quedan por adjudicar todavía 1100 megavatios y un importe en torno a los 200 millones de euros en estas retribuciones de interrumpibilidad. Hay que decir que las medidas inmediatas que ha tomado la empresa en Asturias y en Galicia han tenido gran repercusión en el empleo, tanto directo como indirecto, de las dos factorías. Ha habido también gran repercusión política, puesto que los Gobiernos de Asturias y de la Xunta de Galicia han intervenido; pero no solo los Gobiernos, sino también todas las fuerzas parlamentarias y la representación de los agentes sociales y de numerosas asociaciones afectadas por el impacto en las comarcas o los territorios respectivos. Y también se abre una gran incertidumbre para el resto del sector, es decir, para las industrias electrointensivas y para otros afectados, puesto que el sistema de subasta dejó fuera 26 instalaciones industriales, entre ellas, evidentemente, las de A Coruña y Avilés, y 19 bloques se adquirieron por empresas que no eran industriales estrictamente. Esto altera una situación que venía teniendo lugar con cierta normalidad a partir de las crisis -que les explicaré- que tuvo lugar en 2009 como consecuencia de la retirada de la tarifa G4.

Los ayuntamientos de las comarcas afectadas y todos los agentes sociales y las fuerzas políticas en general mantienen en estos momentos una absoluta unanimidad en el tratamiento del problema. Y digo en general, porque todas las fuerzas que están representadas en esta Cámara parlamentaria han asumido, al menos públicamente, con sentido de la responsabilidad la urgencia en la toma de decisiones ante este problema. Y nosotros planteamos una moción que queremos que alcance también un gran consenso en esta Cámara, para que el Gobierno inste a Red Eléctrica a que se pueda hacer el diseño de esta segunda subasta, respetando, por supuesto, la normativa reguladora y la competencia, de manera que Alcoa y otras industrias que no alcanzaron los lotes de interrumpibilidad necesarios pudieran, en términos similares -en absoluto privilegiados respecto de otras situaciones-, seguir adelante en un contexto tan complejo como la crisis que vivimos y en el que se establece como gran objetivo a alcanzar por España y Europa, en el escenario de la Europa 2020, el proceso de reindustrialización en nuestro país y en el conjunto del continente europeo.

Como decía, los antecedentes de este problema hay que buscarlos en lo que se denominaban empresas afectadas por la tarifa G4, que eran las grandes consumidoras que había en España. Las empresas que tuvieron las tarifas G4 eran fundamentalmente Alcoa y la anteriormente denominada Inespal, que tiene instalaciones en Asturias y en Galicia. En Galicia, además de en A Coruña, está la de San Cibrao; y en Asturias, Asturiana de Zinc, situada en San Juan de Nieva, y Arcelor Asturias. En el sector industrial asturiano estas tres grandes empresas multinacionales engloban un número de empleos absolutamente elevado, pero no solo por el empleo directo, sino también por las subcontratas, por el empleo inducido, por los proveedores afectados o por las cargas de los puertos. Sencillamente, es algo que impacta de lleno en el corazón industrial de nuestra comunidad y también de forma muy importante en Galicia.

La tarifa G4 fue prohibida por la normativa europea por dos razones: porque era una tarifa específica, por usos, y no general, por tensiones y niveles de utilización. Y la segunda directiva europea estableció el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1 de julio del 2007. Hay que saber estos datos para conocer el origen del problema y no situarlo específicamente en una subasta -quién lo coge o quién no lo coge-, ya que estas industrias tenían una situación específica que se venía contemplando en el escenario del suministro eléctrico en España.

El Gobierno español había llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para retrasar la supresión de las tarifas de alta tensión el 1 de julio del 2008, como así fue, con la excepción de la G4. Por tanto, la supresión de la G4 estaba instada en aquel momento, y su escenario tenía que regularse como muy tarde a finales del año 2009. Había dos elementos básicos para abordar dicho escenario: por un lado, las aportaciones del sistema eléctrico, que pasaban por la fijación de peajes de acceso especialmente favorables para estos consumidores, y un sistema de pagos por interrumpibilidad; y, por otro, un mecanismo de negociación entre el consumidor y las empresas eléctricas que suministraban a cada una de estas factorías, porque, aunque las factorías pertenecen a una empresa, los suministros eléctricos provienen de distintos operadores eléctricos.

Hubo una negociación extraordinariamente compleja que se desarrolló a lo largo de unos años, de 2005 a 2009, que afectó a distintos ministerios y responsabilidades. Puedo decirles que los Gobiernos de la Xunta de Galicia y Asturias —en aquel momento me tocó presidir el de Asturias— fueron muy activos en la solución del problema y que encontraron una gran receptividad tanto en el Gobierno como en las empresas afectadas, los operadores eléctricos y los agentes sociales, que actuaron con un gran sentido de la responsabilidad. Y se consiguió llegar a un acuerdo favorable para que la tarifa G4 desapareciese y estas industrias no tuviesen un lastre en el coste energético porque son grandes consumidores; y es que en el producto elaborado el coste energético ocupa un porcentaje muy elevado, que puede ser del 35, el 40 o el 45% en función de las factorías, de las tecnologías que se utilicen y también de las empresas afectadas.

Como decía, la solución se alcanza a través de un acuerdo que tiene ese doble pivote, el del operador eléctrico en cada caso, ya sea E.ON, en Cantabria, Iberdrola, o la empresa que suministre en cada territorio, llegando a un acuerdo pero completándolo con la interrumpibilidad que hacía directamente el Gobierno en términos razonables, de modo que los costes energéticos pudieran ser competitivos para esas empresas, que actúan fundamentalmente en mercados europeos y en otros mercados externos.

Desde mi punto de vista la negociación fue exitosa y de referencia, y lo deberíamos tener en cuenta porque este problema no solo afecta a Alcoa, que es lo urgente, lo inmediato, sino al conjunto del sector industrial electrointensivo, y yo diría que incluso al conjunto de la industria española, porque el coste energético de esta también es elevado, está por encima del promedio europeo, y hay una gran demanda. Ustedes conocen el posicionamiento prácticamente de todo el sector industrial español como consecuencia de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, de 2012, que obtuvo una respuesta generalizada de crítica por parte de todos los sectores industriales, que en una carta pública que tuvo gran difusión en los medios de comunicación, titulada La industria en riesgo, señalaban que la citada ley era un instrumento exclusivamente ideado para dar solución al problema del déficit tarifario, pero que al mismo tiempo obviaba el coste de miles de millones de euros, que se trasladaban a las empresas industriales de nuestro país, y que el riesgo de deslocalización era evidente, generando consecuencias irreversibles sobre la economía. Ponían también sobre la mesa datos importantes sobre la participación, dos tercios del producto industrial bruto, que generaban las empresas firmantes de aquel documento y los más de 4 000 000 de puestos de trabajo cualificados que podían quedar afectados de forma directa o indirecta.

Este es el problema origen de la situación que hoy tenemos, un problema que se puede resolver con voluntad política, que se puede resolver porque el diseño de la subasta que haga Red Eléctrica, respetando la normativa de competencia y la normativa reguladora, tiene que ser realizado de tal manera que no ponga fuera de la subasta a empresas que venían funcionando con normalidad, con el riesgo que eso tiene para el empleo y la economía. Esto se puede hacer y es lo que demandamos como elemento de urgencia, de primera instancia, en la moción que hoy presentamos. Alcoa también debe ser corresponsable con esta posición. Alcoa tiene que saber que tanto en Estados Unidos, donde tiene su sede central, como en sus instalaciones de España ha tenido siempre el apoyo de los gobiernos autonómicos y de España para la solución de los problemas. Esa es la actitud que esperamos del Gobierno de España y de Red Eléctrica, que repito que depende del diseño de la subasta y de la capacidad que tenga para conseguir lotes de 90 megavatios y algunos de 5 megavatios, que entre las dos factorías supondrían prácticamente 220 megavatios a repartir entre las dos.

Insisto en que eso es posible, en que se puede hacer respetando la normativa, y además se ha hecho en algunas regiones europeas. Recuerdo que en 2010 el Gobierno italiano consiguió que la Comisión Europea considerase la interrumpibilidad especial en las islas de Cerdeña y Sicilia y que no fuesen consideradas ayudas de Estado. Se tuvieron en cuenta las especiales circunstancias respecto de la Italia continental, es decir, la falta de interconexiones, pobres estructuras de distribución en las islas, la existencia de grandes centrales de generación obsoletas y el riesgo de apagones. Ese hecho ha determinado que la Comisión Europea lo haya autorizado y haya renovado en 2012, hasta 2015, esa autorización.

La diferencia esencial con respecto a la situación que tenemos en España es que aquí hay una subasta competitiva que deja fuera a muchos y que incluso ha introducido a competidores que antes no había; y es que antes teníamos a las grandes empresas que he citado, pero han introducido a Ferroatlántica, Celsa, Solvay y a algunas otras empresas que no estaban en ese gran bloque, consumidoras de gran envergadura pero no exactamente las que provenían de la G4. Esta es, como digo, la diferencia: en Italia hay más oferta que demanda y por ello se puede respetar la competencia, se puede hacer de manera que Europa lo acepte, pero lógicamente con la satisfacción del sector. Y esa gran diferencia es la que tenemos que hacer llegar a la voluntad política para hacer eso posible.

Unesid, la patronal siderúrgica española, ha sido muy crítica; mostró de forma inmediata su descontento con esa subasta cuando el Gobierno decidió modificar el sistema de gestión de la interrumpibilidad y señala los efectos perversos que tendría para la supervivencia de la industria electrointensiva y muy particularmente de la industria siderúrgica en nuestro país. Unesid recurrió en su día, el recurso está pendiente, y señala que el diseño de la subasta sirve para minimizar la retribución por la prestación del servicio pero, en cambio, provoca una transferencia –digámoslo así- hacia la industria de problemas que no tenía y que además la industria no debe asumir porque no son inherentes estrictamente al coste de la generación eléctrica, sino que son otros problemas de otros sectores que se le trasladan.

Si el Gobierno de España y toda la sociedad española quieren tener una reindustrialización ambiciosa y operativa no puede ser que cada año se cree una gran inseguridad, no puede haber inversiones industriales y tecnológicas si cada año en cada subasta no se sabe quién va a quedar favorecido por las retribuciones de interrumpibilidad. Esto sirve para las grandes empresas y también para el conjunto del sector industrial.

Termino, haciendo referencia a los tres puntos de la moción. El primero, sobre la urgencia de la subasta, con un diseño adecuado para solucionar el problema; el segundo, para buscar de manera consensuada la estabilidad en el coste de las energías de las empresas consideradas como grandes consumidores; y el tercero, relativo a una reflexión sobre la competitividad del sector industrial y la influencia del coste energético en esa competitividad y la necesidad de que en España haya un gran pacto de Estado entre…


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.
El señor ÁLVAREZ ARECES: …todos los agentes implicados para que esto se pueda llevar a la práctica.

Por supuesto, vamos a apoyar la siguiente moción, que se debate conjuntamente, ya que somos coincidentes en los objetivos y además se incluye algún aspecto en el que también coincidimos, como lo que afecta a los consumidores.

Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Areces.

Para la defensa de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días.

No es casualidad que dos de las tres mociones que se traen a la última sesión anual del Pleno del Senado hagan referencia a un mismo asunto: las consecuencias indeseadas, indeseables e inaceptables derivadas del anuncio de Alcoa, una empresa multinacional, de cerrar dos de sus factorías en España, la de Avilés, en Asturias, y la de A Coruña, en Galicia. De llevarse a término esto supondría la pérdida de más de 800 puestos de trabajo directos y un mazazo irrecuperable para la economía de las comarcas donde se ubican estos dos grandes centros de producción del aluminio.

Desde que se hizo pública tan durísima intención han sido numerosas las expresiones de rechazo. Permítanme que haga referencia a la manifestación, como nunca antes se había visto, llevada a cabo el pasado jueves en Avilés, que fue producto de la enorme preocupación por las consecuencias de un cierre que no puede en modo alguno producirse. También en A Coruña se celebró el viernes otra multitudinaria manifestación ciudadana en defensa de su planta de producción.

Tampoco es casualidad que ahora se haya anunciado esta decisión de efectos dramáticos para tantas y tantas familias, que hay que evitar. En todo caso, jamás deberíamos haber llegado a esta situación si el Gobierno hubiese estado atento y sensibilizado por la deriva de la evolución de los mercados, anticipándose a unos acontecimientos predecibles, como se le reclamó desde principios del mandato en esta X Legislatura. De hecho, ya en febrero de 2012, aquí, en el Pleno del Senado, se le advirtió de la ausencia de una política tarifaria que permita a nuestra industria afrontar un coste energético homologable al de otros países europeos y proporcionarle competitividad a nivel internacional. Por tanto, esta situación de emergencia surgida este mes de diciembre no es producto de un cataclismo sobrevenido e inesperado, no. Desde hace años se venían alzando voces de inquietud por los crecientes y severos riesgos de deslocalización y desmantelamiento de la industria básica relacionada con el acero, el zinc y también el aluminio, una manifiesta alarma derivada de los altos costes que las empresas tienen que pagar en España por las tarifas eléctricas y que les impiden competir en unos mercados europeos que pagan un 30% menos de factura energética.

El aviso sobre los efectos dramáticos para la industria electrointensiva de los altos costes de la tarifa eléctrica en España no es nuevo; se remonta a junio de 2008, cuando don Miguel Sebastián, nuevo ministro de Industria del segundo Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, decretó una subida general de las tarifas eléctricas tanto para la industria como para los hogares. Aquello supuso todo un atropello para el conjunto de la sociedad española y benefició directamente a los constructores que habían compensado la crisis inmobiliaria con su irrupción en las empresas eléctricas. Ellos fueron los grandes beneficiarios de aquel alevoso y dañino tarifazo de Sebastián, uno de los más grandes desmanes de la historia económica reciente en España, con efectos demoledores sobre el bolsillo de las familias españoles y también sobre las empresas. El tarifazo del Gobierno socialista no hizo distingos; afectó a todos los españoles: a pobres y ricos, a pequeñas y grandes empresas, a consumos eléctricos bajos y altos. A todos los españoles sin excepción.

Desde aquella infausta decisión los peligros de deslocalización industrial y de eliminación de puestos de trabajo estaban latentes. Tanto es así, que las empresas que perdieron competitividad en costes como secuela del alevoso decreto gestado en torno a la tarifa eléctrica tuvieron que ajustar sus plantillas con gran sacrificio de los trabajadores, sometidos a procesos de regularización de empleo y rebajas salariales. También paralizaron sus inversiones para compensar la penalización derivada de los altos y elevados costes energéticos. E incluso recurrieron a la discontinuidad en el aprovechamiento de sus instalaciones para modular los costes de producción y afrontar las consecuencias de la política energética consumada por el Gobierno.

Y mientras todo esto sucedía en la España de 2008, en otros países europeos se hacía todo lo contrario, y con tarifas eléctricas que hoy son del orden del 30% más baratas los competidores de nuestra industria básica han podido vender mejor sus productos, modernizar sus instalaciones y crear empleo.

Señorías, Asturias es desde hace mucho tiempo una referencia nacional en cuestiones industriales. Hoy el temor invade todas las factorías, así como a las miles de pequeñas y medianas empresas que giran en mayor o menor medida alrededor de la producción siderometalúrgica. Es el temor por un futuro absolutamente condicionado por los precios que las empresas tienen que afrontar por sus trabajos y que les impide tener competitividad en unos tiempos de mercados globales. Hoy es Alcoa, pero si no se adoptan inmediata y urgentemente medidas para corregir las tarifas eléctricas detrás de Alcoa van a venir otras empresas, y eso es algo que ni Asturias ni Galicia ni España se pueden permitir.

Del PSOE de Zapatero al PP de Rajoy. Tal para cual. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Qué hizo el actual Gobierno para corregir los desmanes derivados de las decisiones antisociales y antitodo tomadas en junio de 2008? Para empezar, el actual responsable de Industria, Energía y Turismo ha resultado toda una calamidad para Asturias. Les recuerdo que ya en el primer Consejo de Ministros canceló de forma unilateral e ilegal los fondos mineros para las comarcas del carbón, y cuando en la comunidad autónoma se convocaron elecciones, tras el bloque presupuestario al alimón del PP-PSOE frente al Gobierno de Álvarez-Cascos, la única iniciativa conocida del señor Soria en torno a la cuestión eléctrica, en torno a las industrias de consumo eléctrico, fue forzar una fotografía electoral con la candidata del Partido Popular y los directivos de las grandes empresas siderometalúrgicas. Fue aquella toda una parodia protagonizada por un Gobierno que en estos tres años se ha dedicado a triturar todos los compromisos electorales, incluidos los relativos a un marco energético para impulsar la economía -páginas 45, 46 y 47 de su programa electoral, titulado “Lo que España necesita”, documento convertido, como todos ustedes saben, en fosfatina-. Hoy ya no hay fotos de campaña ni farsas electorales; al revés, en la sociedad hay una indignación acompañada de un reproche generalizado hacia el ministro de Industria por unas recientes declaraciones con las que irresponsablemente agravó con mayor angustia a los trabajadores sometidos a la gran incertidumbre por el inmediato futuro de las factorías de Alcoa en Asturias y Galicia.

Todo deriva de la subasta del servicio de interrumpibilidad realizada durante los días 16 y 17 de noviembre para empresas que, a cambio de compensaciones económicas, aceptan ver parado su servicio cuando hay picos de demanda. El mecanismo de la subasta no es novedoso, pero llevábamos casi cinco años sin implantar las pujas, que ahora se hacen por centro productivo, por cada factoría, y no por el conjunto de la empresa. Tras sus irresponsables declaraciones, el señor Soria sufrió una repentina indisposición que la pasada semana le impidió responder en el Congreso de los Diputados a una pertinente, oportuna y acertadísima pregunta oral formulada por mi compañero Enrique Álvarez Sostres. Nada importante para su salud; por la mañana se encontraba indispuesto para responder en el Congreso, pero por la tarde comparecía tan campante en unos estudios de televisión. Si el ministro de Industria se escabullera de este asunto el Partido Popular estaría pegándole la puntilla al sector industrial siderometalúrgico, el mayor consumidor industrial de energía eléctrica en España, un sector al que se le niegan las ayudas que, sin embargo, el Gobierno aplica amplia y repetidamente para sectores como el de la banca, con más de 100 000 millones de euros, el automóvil, o la más reciente para compensar la cancelación del proyecto Castor, con una indemnización a la empresa de 1350 millones de euros que repercutirán en el recibo doméstico del gas durante los próximos treinta años. Y no solo la inhibición del Gobierno sería la puntilla para la industria, también para el conjunto de la economía asturiana, sobre cuyo PIB la industria es un factor vital.

El Gobierno no puede acumular otra decisión calamitosa para Asturias, una comunidad que se ha visto castigada por el Ejecutivo de Rajoy hasta el punto de situarse como la única autonomía que acabará 2014 con una merma de su PIB. Todas las demás crecen. Asturias, con el último informe elaborado por Ceprede, Centro permanente de investigación económica, baja. Es la única que baja. El Gobierno no puede permanecer ajeno a las consecuencias del desmantelamiento industrial producto de la falta de competitividad derivada de la tarifa eléctrica. Tiene en su poder los instrumentos para evitar la catástrofe social derivada del cierre y el desmantelamiento de este sector clave de la economía, como lo tiene también para los demás sectores que tienen relación con la energía. Y por eso cabe preguntarse por qué España no es europea en sus precios energéticos, como el de los combustibles en las gasolineras para los consumidores, y por qué España tampoco es europea en los precios de electricidad para los grandes consumidores eléctricos. Repito: el Gobierno tiene en su mano los mecanismos para evitar el desmantelamiento de la industria metalúrgica -siderurgia, aluminio y zinc-, que hoy alcanza su angustia más profunda en las factorías avilesina y coruñesa de Alcoa.

La irresponsabilidad de la política energética que padecemos en España, unido a la carencia de política industrial, nos ha colocado en la antesala de un desastre de proporciones incalculables si no se ataja cuanto antes. El Gobierno tiene que aceptar y apoyar con medidas de emergencia plasmadas en el Boletín Oficial del Estado que el acero, el zinc y el aluminio se vendan en un mercado globalizado pero con unos costes de la energía eléctrica, necesaria para su producción, que no sean discriminatorios porque están marcados por el mercado eléctrico nacional. Es conveniente indicar que en el caso del aluminio los costes energéticos suponen del orden del 35% del coste total de producción, por lo que es imprescindible -y lo reclamamos- la adopción de medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española, intensiva en consumo eléctrico. Con estas medidas se frenaría el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.

Nuestra moción tiene también un segundo objetivo, como es acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos, hasta los medianos y grandes consumidores industriales. Se trataría de evitar que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas más caras de la Unión Europea a pesar de nuestro poder adquisitivo, inferior al de muchos de los países miembros, condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el desmantelamiento progresivo de sectores clave para la economía española. Porque el problema de nuestros altos precios de electricidad no es exclusivo del sector industrial, no solo los grandes consumidores industriales tienen enormes problemas para afrontar los costes de las tarifas eléctricas. También en la tarifa doméstica estamos a la cabeza de Europa, y si en algunos países resulta superior pero la comparamos en relación con sus poderes adquisitivos, las diferencias son brutales. Alemania tiene una tarifa doméstica un 32% superior a la española, pero con un salario medio un 73% mayor. Dinamarca, con la electricidad un 35% más cara, tiene un salario medio un 103% mayor, más del doble del español. En Francia, la energía eléctrica es un 30% más barata que en España, con un salario medio un 42% mayor. En Noruega, la tarifa doméstica es un 27% menor, con un salario medio 2,5 veces el salario medio español.

En esta X Legislatura el cambio del sistema para establecer las tarifas de electricidad permitió a principios del actual ejercicio de 2014 una bajada que ha desaparecido a lo largo del año, hasta el punto de situar la tarifa mensual del usuario doméstico medio en 76,01 euros en el recién terminado mes de noviembre frente a los 67,62 del pasado mes de enero. En definitiva, no solamente la industria sino toda la sociedad española, comenzando por los hogares y los consumidores domésticos, se ven arrastradas por una tarifa que ha subido más del 72% en diez años, lo que ha llevado a España a ser el país de la Unión Europea en el que se pagan los precios más altos por la electricidad. De ahí también el segundo punto de nuestra moción para el que pedimos el apoyo de la Cámara. Y ya anuncio que daré mi respaldo a la moción defendida por el senador Álvarez Areces del Grupo Socialista.

Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Oblanca.

¿Turno en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Empiezo anunciando mi respaldo a las dos mociones.

Partiendo de la reflexión de que la política energética que ha desarrollado el Gobierno del Partido Popular ha sido un foco constante de conflicto y de agravamiento de los problemas preexistentes, y si podemos decir, desgraciadamente, que una de las obras más famosas de Goya es Los desastres de la guerra, hay que manifestar que la más famosa obra del ministro Soria es los desastres del sector eléctrico, de la energía en nuestro país. El Gobierno ha abordado un largo y complejo proceso y más de una docena de normas para intervenir en el sector eléctrico, en teoría, para resolver los problemas más relevantes, entre ellos sin duda el del déficit tarifario, pero sin conseguir con estas reformas que esos problemas sustanciales hayan encontrado una respuesta adecuada; por contra, esas medidas, esas reformas han generado multitud de nuevos conflictos. En 2013 seguimos teniendo déficit tarifario, 3540 millones de euros que adelantarán los bancos con la bendición del Ejecutivo español mediante un acuerdo que parece ser otra chapuza más, porque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anuncia que abrirá un procedimiento de investigación sobre este acuerdo sector eléctrico/sector financiero -dos de los sectores económicos más importantes de nuestro país- por haberse producido mucho antes de que se estableciera la decisión administrativa, la publicación en el Boletín Oficial del Estado, del marco que la permitía.

El segundo conflicto abierto –y lo apuntaba el señor Oblanca− fue con el carbón nacional, abocado al cierre, puesto que cuando faltan apenas quince días para que acabe el año 2014 siguen sin concretarse las anunciadas y novedosas medidas de apoyo al sector y, a la vez, tenemos conocimiento de la existencia de un stock de 6 000 000 de toneladas de carbón en las térmicas, que sirve de coartada para que se incumplan a lo largo del 2014 los compromisos, la resolución dictada por el Gobierno para establecer la cuota de consumo de carbón nacional y, por supuesto, para que no haya ninguna esperanza de que en 2015 se produzca por estas térmicas consumo de nuestro carbón. A ello hay que sumar las renovables, cuyo sector está pendiente de decenas de demandas presentadas ante la jurisdicción española y los tribunales de arbitraje internacional, un absoluto desastre en el que se ha sumido al sector energético en nuestro país.

Hasta ahora, la preocupación pública y el debate social giraban en torno al precio de la electricidad en el consumo doméstico y al fenómeno de la pobreza energética. Es curioso; ayer el señor ministro, en su intervención en el Pleno, respondiendo, no recuerdo si a una pregunta o a una interpelación, dijo que la pobreza doméstica era solo una manifestación de la pobreza. Y digo que es curioso porque hace menos de un mes leí esas mismas palabras, los mismos términos en boca del presidente de la patronal de las eléctricas.

Hasta el 2008 el coste de la energía eléctrica en nuestro país estaba por debajo de la media de la Unión Europea, pero a finales de 2013 se situaba por encima de esta en un 11,5%. Mientras en la zona euro, entre 2008 y 2013, el precio de la electricidad aumentó el 29%, en España se incrementó el 63%; este incremento solo ha sido superado por Malta, con un 71%, Estonia, con un 66%, y Letonia, con un 64%. En Europa el coste de la industria de la energía eléctrica solo es más elevado en Lituania, Eslovaquia, Irlanda, Malta y Chipre, grandes potencias industriales, como saben sus señorías.

En 2013 el esfuerzo de nuestras industrias, en relación con el consumidor industrial medio europeo, era un 23,3% superior al de este año; algo tendrá que ver que el sector sea un oligopolio especialmente tramposo, y mientras no se resuelva esa situación no habrá ninguna reforma que cambie la realidad que vivimos y que genera el problema de Alcoa y del resto de los grandes consumidores. ¿No tuvo el Gobierno que anular la subasta, hace un año precisamente, porque era un oligopolio tramposo el que determinaba el resultado de esa subasta? Por eso, en 2012, porque estamos ante un oligopolio cada vez más fuerte, el margen de beneficio de las grandes eléctricas españolas era del 6,78%, mientras que el de sus homólogas de la Unión Europea era del 2,62%. Y en el 2013 el margen de beneficio de las grandes empresas eléctricas españolas era del 6,23%, mientras que en el resto de Europa era del 3,49%.

Y ahora, tras generar la pobreza energética, tras provocar un millón de cortes de luz al consumidor doméstico al año, por la imposibilidad de pagar el precio, destruyen empleo, y lo hacen afectando a los grandes consumidores con ese último invento de la subasta aplicado por el Gobierno para adjudicar las compensaciones por interrumpibilidad; mecanismo que también ha provocado otra cascada de recursos, una decena ante el Tribunal Supremo. Estamos ante la decisión de las multinacionales de chantajear a la sociedad y a las administraciones, de la misma forma en que el oligopolio eléctrico chantajea a la sociedad y a las administraciones públicas cada año, pero con unas consecuencias sobre un territorio como el asturiano que pueden provocar un auténtico proceso de desertización industrial porque afectan a la columna vertebral del sector industrial, a las grandes empresas de las que cuelgan el resto. Están en riesgo esos puestos de trabajo de Alcoa porque se ha abierto la amenaza y el chantaje de la deslocalización de las grandes multinacionales; pero además del riesgo que supone la posibilidad de que Alcoa, con ese expediente de regulación de empleo, destruya 800 puestos de trabajo directos entre Asturias y Galicia, las otras multinacionales, grandes consumidoras eléctricas, empiezan también a expresar su inquietud. Arcelor tiene paralizada una inversión de 190 millones de euros en las plantas asturianas ante la incertidumbre que genera el mecanismo de la subasta, que es un mecanismo inestable de por sí puesto que cada convocatoria supone riesgos evidentes. No es ese el marco más adecuado para animar a una multinacional a realizar inversiones. Por eso Arcelor empieza a mirar hacia Italia, donde vivimos otra gran contradicción: la posibilidad de que lo que fue una empresa pública española privatizada, Ensidesa, se incorpore a un grupo empresarial que ahora adquiere una gran planta siderúrgica en Italia en la que va a haber una participación pública en el accionariado y en la gestión puesto que el presidente Renzi ha comprometido adquisición de acciones y presencia de gestores públicos.

Por tanto, creemos que se trata de un nuevo error de este Gobierno en materia energética que debe ser corregido de forma inmediata porque sus consecuencias tendrían una repercusión en cada uno de los trabajadores –de Alcoa en este caso−, que quedarían en situación de riesgo en Arcelor o en Asturiana de Zinc, pero que la suma −como decía el ministro De Guindos el otro día, la suma de los datos microeconómicos son los que dan los macroeconómicos− de esas pérdidas de empleo, uno por uno, significan el desastre para una comunidad autónoma como Asturias.

Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iglesias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores senadores.

Mi grupo parlamentario va a apoyar estas dos iniciativas. Reconocemos el trabajo que han realizado los senadores Vicente Álvarez Areces e Isidro Martínez Oblanca.

También queremos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, felicitar al presidente del Senado, Pío García-Escudero, por no haber acudido a la cena de anoche de los periodistas parlamentarios, porque una vez más fue una vergüenza el tratamiento que se hizo con este Senado, el maltrato de siempre, sobre todo después de que este Senado, con el premio Carandell, reconociera a la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díaz. Dicho esto, voy al grano. (Aplausos.-Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Muy bien!-). Es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo con ese tema.

La aplicación del nuevo sistema de subastas establecido por el Gobierno para retribuir y compensar los servicios de interrumpibilidad a las industrias que han visto reducidas sus retribuciones compensatorias en 400 millones de euros con respecto a 2013, está generando un grave perjuicio a las empresas en general, a las empresas asturianas en particular y también a las empresas vascas, como ocurre con cualquier otra comunidad autónoma que tenga empresas, que lógicamente han tenido que trabajar con una tarifa tan alta. Por tanto, nosotros apoyamos solidariamente estas iniciativas.

Este sistema ha provocado una merma notable de los ingresos en el caso concreto de las industrias de la comunidad autónoma vasca, que son grandes consumidoras de energía y que están acogidas a este modelo. El Gobierno vasco ya alertó sobre esta situación, así como sobre las graves consecuencias que la reforma eléctrica iba a ocasionar al tejido empresarial debido al aumento del coste de acceso a la energía y la reducción de su capacidad competitiva en mercados con menores costes energéticos.

Hace un año, la aprobación del nuevo sistema de subastas para la asignación de la interrumpibilidad eléctrica, es decir, el sistema por el cual las industrias pueden ver interrumpido su servicio energético y ser retribuidas y compensadas por ello, ha sido duramente cuestionado, en este caso por el Ejecutivo vasco y por el conjunto de las empresas industriales de Euskadi, que, hasta la fecha, habían venido realizando este servicio mediante un sistema de tarifas fijadas vía Boletín Oficial del Estado. El resultado de la primera subasta de asignación de productos de interrumpibilidad a mediados de noviembre, 2000 megavatios en bloques de 9 y 5 megavatios, ha supuesto una reducción muy importante del coste. Se ha pasado de los 750 millones del sistema anterior a 350, con una reducción adicional de 200 millones sobre lo previsto por el ministerio para el año 2015. Las empresas nos han manifestado un profundo malestar por la reducción tan drástica de sus ingresos, debido a la adjudicación por interrumpibilidad, y hay firmas que han optado por salir de las subastas y renunciar al modelo de la interrumpibilidad, ya que los precios de compensación están por debajo de sus costes. Las empresas que sí han optado han recibido una remuneración notablemente menor de la prevista por el ministerio. Nosotros, como Grupo Parlamentario Vasco, vamos a apoyar estas dos mociones, que consideramos que son oportunas, necesarias y ojalá prosperen.

Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Anasagasti.

Por el Grupo Parlamentario de la Entesa, tiene la palabra el senador Montilla.


El señor MONTILLA AGUILERA: Gràcies, senyor president.

Senyories, nosaltres també votarem a favor de les mocions presentades pel Grup Socialista i el Grup Mixt. Ho farem perquè tot i que planteja un dels problemes de la indústria, que és l'alt cost de l'energia, i tot i referir-se a unes plantes concretes d’Alcoa, situades al Principat d'Astúries i Galícia, això també ens està permetent referir-nos a problemes de caràcter més general, ja que el que ha propiciat la moció afecta també a altres factories industrials, com s’ha fet referència, d'altres activitats diferents a la producció d'alumini i situades en altres comunitats autònomes. L'evolució a l'alça del preu de l'electricitat és un problema que afecta a tots els consumidors domèstics, comerciants, petita i mitja empresa i a tot tipus d'activitats industrials. Però és un problema més determinant, per a la seva competitivitat, per a les empreses agrupades en l’Associació d’Empreses amb Gran Consum d’Energia, l’AEGE. Més determinant el problema després de la baixada dels preu energètics, especialment als Estats Units, fruit de l'aplicació de tecnologies com el fracking per a l'extracció de gas i petroli, que són un dels causants, juntament amb la reducció de la demanda, de la baixada del preu dels hidrocarburs als mercats internacionals. Però també perquè els competidors d’aquestes indústries bàsiques, situades al nostre país, són globals, i també ho són els Estats Units.

Aquestes empreses, grans consumidores d'energia, van representar a Espanya l’any passat un 12% del consum d'electricitat de tota la Península i el 30% del que va consumir tota la indústria. Representen el que en el llenguatge col·loquial denominem indústria bàsica, metalls no ferris, siderúrgies, químiques, cimenteres, gasos industrials i altres. Són de l'ordre de 34 grups empresarials que donen ocupació, entre directa i indirecta, a més de 200 000 persones. I, per tant, estem parlant d’un sector important de la indústria del nostre país.

Avui parlem d’Alcoa i dels 814 afectats pel seu expedient de regulació d’ocupació, per motiu del seu no accés a alguns dels blocs de subhasta d'incentius d’interrumpibilitat. Però el problema és més global i de proporcions més alarmants ja que la competitivitat d'aquests grups empresarials s'ha anat deteriorant per la pujada de la seva factura energètica i pel seu desavantatge enfront dels seus competidors.

Senyories, la indústria bàsica intensiva en consum elèctric del nostre país té la necessitat d'aconseguir preus elèctrics competitius i estables, especialment estables a mig i llarg termini, que a més li marquin un horitzó clar, sense incerteses, per realitzar les seves inversions –és així–. L’energia elèctrica és absolutament determinant en els costos d’una gran part d’aquestes empreses. Això té relació amb la interrumpibilitat, també amb aquests serveis, i aquesta té relació amb la gestió de la demanda, perquè la gestió de la demanda no pretén una altra cosa que, mitjançant diverses accions, influir en l'ús que els consumidors fan del consum elèctric, per propiciar canvis en els seus hàbits, per estalviar i incrementar l'eficiència, ja sigui en l'àmbit particular o domèstic, com en la corba agregada del sistema elèctric.

És a través de la gestió de la demanda que s'han trobat instruments a Espanya i altres països per abaratir el preu de l'electricitat d'aquests grans consumidors industrials. Es tracta d'orientar als grans consumidors, aquells que per la seva activitat ho puguin fer, que desplacin una part substancial del seu consum des de les hores puntes, en què els preus són més alts, a les denominades hores vall, on en haver-hi menys demanda, els preus són més baixos. La utilització de tarifes nocturnes o l'increment del consum en les hores vall aconsegueixen que el sistema elèctric sigui més eficient.

Per tant, la gestió de la demanda elèctrica a través d’aquest denominat servei de gestió de la demanda d’interrumpibilitat no és només un instrument destinat al fet que la indústria, gran consumidora d'electricitat, disposi de preus més baixos, sinó que és un element essencial en la gestió de la demanda que contribueix a l'estalvi i l'eficiència del sistema, al no creixement exponencial dels preus en moments de demanda punta i a més permet una resposta ràpida i eficient a les necessitats del sistema elèctric en situacions també d'emergència. I crec que també, això, convé posar-ho de relleu avui.

Les empreses acollides a aquest sistema tenen obligacions com la desconnexió davant la pèrdua d'importants volums de generació o la caiguda de xarxes, consumir un mínim del 55 per cent de la seva energia anual en hores vall, així com un mínim que satisfaci les necessitats del servei, entre altres obligacions. El problema, senyories, com s’ha posat de relleu en les intervencions d’altres portaveus, és que la reforma energètica, o més ben dit del sistema elèctric que ha realitzat aquest Govern també ha afectat a aquest servei de gestió de la demanda d’interrumpibilitat i així, en el present any, s'ha adoptat la mesura de reduir la retribució d'aquest servei en un 20% respecte a l’any 2013, passant de 680 milions a 550 milions d’euros. I d'altra banda, s'ha establert un mecanisme competitiu d'assignació del servei mitjançant subhastes que estarà operatiu a partir de l’any 2015 per al sistema peninsular.

Les subhastes, certament, generen incertesa –el portaveu del Grup Mixt ho posava de relleu–, però cal dir també que l’assignació directa també genera incerteses, i la prova són alguns expedients oberts per la Comissió a alguns països que tenien algun sistema molt semblant al que nosaltres hem aplicat. La incertesa, per tant, afecta a les subhastes però també afecta al possible expedient per ajudes d’Estat que en alguns països s’ha posat en marxa per assignació directa.

Com a resultat d'això, d’aquest canvi d’orientació, s'ha celebrat la primera subhasta que ha comportat que grups empresarials o factories que fins ara disposaven o eren usuaris d'aquest servei, deixin de ser-ho, com a fruit de la subhasta, entre elles les factories d’Alcoa que, de fet, són les que motiven aquestes dues mocions del Grup Socialista i del Grup Mixt. Segons el gestor del sistema, Red Eléctrica, han quedat per assignar 200 milions d'euros d’aquests 550 milions als quals feia referència abans i la pretensió és fer una subhasta addicional al llarg dels propers dies.

Senyories, el cost de la gestió de la demanda d’interrumpibilitat, com deia, no és un instrument per aconseguir només energia elèctrica més barata per als grans grups consumidors, és una peça bàsica perquè el sistema sigui més eficient, es consumeixi menys energia i aquesta sigui més barata. Ara bé, això no solucionarà el problema dels alts preus de l'electricitat a Espanya, que afecten a tot tipus de consumidors i que la reforma del Govern no ha ajudat a orientar. Ja sé que estem parlant d'un tema que no és fàcil, i que no té una fàcil solució. Però el Govern té un cert marge per tractar de trobar solució a aquests problemes. De fet, recentment, vàrem observar com utilitzant la Llei de metrologia s’introduïen canvis per facilitar i abaratir el preu de l’electricitat a consumidors industrials d’una determinada comunitat autònoma. No citaré quina, vostès segur que ho saben. Per tant, hi ha marge per tractar, si més no, que aquesta multinacional no tingui l’excusa del cost energètic per deslocalitzar les seves activitats o tancar les seves factories a Espanya. Humilment, i reconec que jo no tinc una solució màgica, però igualment també altres haurien de reconèixer que ni totes les causes estan en el passat, ni les seves solucions han estat solucions als problemes que, desgraciadament, em temo que perduraran. Avui Alcoa i els seus 814 treballadors afectats, demà, em temo que uns altres, però sempre, en qualsevol cas, mereixeran el nostre suport. Per això, votarem favorablement a aquestes dues mocions plantejades.

Moltes gràcies.



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