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    Bolsa de Inserción Sociolaboral del Ayuntamiento de Molina de Segura para personas desempleadas de larga duración


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    Constitución de una Bolsa de Inserción Sociolaboral para promover el acceso al empleo de las personas desempleadas a través de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública municipal.
    Bases Reguladoras.
    La situación de crisis y estancamiento prolongados que sufre la economía española se ha visto acentuada en nuestra Región y también de manera importante en nuestro municipio, llegando a tasas de desempleo superiores a la media nacional. Uno de los colectivos más perjudicados ha sido el de las personas en situación de desempleo, dejándose notar las consecuencias de la crisis en sus familias y entorno social más próximo. Consecuencia de ello ha sido la generación de un desempleo estructural entre colectivos como jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años, personas con discapacidad, con el incremento del número de personas que quedan en situación de desprotección absoluta, no percibiendo ingresos, prestaciones ni subsidios.
    Este aumento ha afectado clara y negativamente, por ejemplo, al colectivo de personas desempleadas mayores de 45 años de Molina de Segura, que al cierre de cada año entre 2006 y 2010 suponía una media del 30,5 % del total de paro registrado, tasa que aumentó en los últimos cuatro años hasta el 40,4 %.
    Esta situación laboral y social exige adoptar todas las medidas posibles a nuestro alcance, dentro de las competencias municipales, para poder hacer frente a la misma y atender a las personas más perjudicadas por dicha situación, a aquellas que no pueden permanecer más tiempo en el desamparo y a las que estén en riesgo de exclusión social.
    Para dar respuesta a esta situación, el Ayuntamiento de Molina de Segura, desde la Agencia de Colocación y actuando dentro de sus funciones de promover y colaborar como servicio de intermediación en la inserción laboral, pone en marcha una Bolsa de Inserción Sociolaboral para personas desempleadas, para contribuir a que, las que por su situación tengan mayores dificultades para acceder al empleo, puedan beneficiarse de las oportunidades que surjan de los procedimientos de contratación pública municipal.
    El principal objetivo de esta medida es ofrecer mejores oportunidades para quienes la búsqueda de empleo e inserción laboral presenta mayores dificultades debido a su prolongada situación de desempleo, situación socioeconómica, familiar, personal y/o socioeducativa. El Ayuntamiento de Molina de Segura se compromete así con la situación social y laboral, incorporando cláusulas de tipo social a la contratación pública. De esta forma y para favorecer su integración en el mercado laboral, las empresas adjudicatarias en los procesos de contratación municipal deberán, para prestar sus servicios, proveer determinados puestos de trabajo acudiendo a la Bolsa de Inserción Sociolaboral creada por el Ayuntamiento y que se irá renovando y actualizando con la apertura de nuevos períodos de inscripción.
    El artículo 40.1 de la Constitución Española impone a los poderes públicos la obligación de promover el progreso social y económico, una distribución de la renta más equitativa y una política orientada al pleno empleo.
    En base a lo anterior, y al amparo de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local atribuye a los ayuntamientos, es intención de esta Corporación incorporar en los contratos públicos criterios sociales relacionados con la inserción sociolaboral de parados de larga duración, jóvenes desempleados, personas en riesgo de exclusión social y/o discapacitadas, mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género, etc. garantizando así derechos constitucionales y cumpliendo la obligación establecida en el artículo 40.1 de la Constitución.
    Así pues se promoverá la incorporación de objetivos sociales en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos, con plena adecuación a la normativa de contratación pública, que recoge su finalidad social y orientación hacia el interés público, así tanto el art. 118 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público como el art. 26 de la Directiva 2004/18/CE de 31 de marzo de 2004 del Parlamento Europeo y el Consejo, sobre procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, suministros y servicios, recogen en su articulado la inclusión de criterios sociales en los procedimientos de adjudicación y ejecución.



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