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Bogotá, D. C., marzo 16 de 2009 Sra. Piedad angélica acero


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Bogotá, D. C., marzo 16 de 2009

Sra. PIEDAD ANGÉLICA ACERO

Funcionaria Policía Judicial – Carné 3592

C/O FISCAL SECCIONAL 216

Carrera 29 No. 18-45 Bloque A Oficina CTI Administración Pública

BOGOTÁ, D. C.

Ref: 802316 Fiscal 216. MT


De toda consideración.


Respondo a su oficio fechado el 10 de marzo de 2009, el cual encontré en mi oficina esta semana, en el que me solicita asistir a una diligencia judicial al día siguiente, 11 de marzo, diligencia que no puedo atender por impedimento moral.
Le ruego apreciar las razones que a continuación expongo, las cuales fundamentan dicho impedimento.
Desde comienzos de los años 80, las circunstancias personales y las misiones apostólicas que se me encomendaron, me fueron involucrando progresivamente en organizaciones, grupos y movimientos consagrados a la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales. En ese terreno, los instrumentos jurídicos y la familiarización con los mecanismos judiciales de nuestra sociedad, constituyeron un recurso importante. Sin prejuicios sino más bien con esperanza en que una administración de justicia cada vez más inspirada en valores humanos, éticos, sociales, jurídicos y democráticos, pudiera ayudar a aliviar el sufrimiento de tantas víctimas con las cuales fui entrando en contacto, colaboré intensamente en procedimientos judiciales tendientes a establecer la verdad y a corregir conductas que lesionaban gravemente la dignidad humana de muchísima gente. Sin embargo, a través de estos 29 años multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justicia. No solo la impunidad reinante que constituye una afrenta a los muchos miles de víctimas que he conocido, sino el conocimiento directo de los expedientes, de sus mecanismos y de sus trampas que invalidan y contradicen los principios básicos legitimantes de la justicia, fueron sembrando en mí interrogantes, remordimientos, cautelas y repugnancias morales, que poco a poco me llevaron a descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal.
Sólo el testimonio de experiencias concretas vividas puede transmitir la hondura de este impedimento ético. Imposible sería enumerar todas las experiencias que me han llevado a esta ruptura ética, pero sólo describiendo algunas de las que mayores impactos y traumas dejaron en mí, sería comprensible mi posición.
En julio de 1993, una comunidad campesina del centro del departamento de Bolívar me pidió intervenir para tratar de impedir una desaparición forzada. Habían presenciado una mañana cómo patrullas del Ejército se llevaron a un joven que trataba de embarcar dos toros en un bote y en la tarde lo vieron bajar ensangrentado y semidesnudo, casi sin poder moverse, arrastrado por soldados que se lo llevaron en una embarcación y no se volvió a tener noticia de él. La impresión que me transmitió la comunidad fue que quizás habrían intentado crucificarlo o lo habrían crucificado, pues sus manos y sus pies sangraban abundantemente. La denuncia que remití a la ONU inmediatamente, sirvió para que el Gobierno revelara su paradero, pero afirmando que su detención se había producido de acuerdo con las normas legales del Estado colombiano y que las heridas que tenía en su cuerpo se debían a circunstancias anteriores y ajenas a su detención; que él había confesado ser guerrillero y que había sido condenado a prisión por autoridades legítimas y en un proceso con todas las garantías. La “verdad” que el Estado me estaba entregando a través de instituciones en las que yo había confiado y con las cuales había colaborado con honestidad, me parecía tan distante de la verdad de aquellos campesinos a quienes había conocido directamente en una visita semanas antes, que decidí hacerme a una copia del expediente e ir a buscar al preso en la cárcel de Cartagena. Cuando yo le leía sus “declaraciones” él no salía de su asombro y me aseguraba que se habían aprovechado porque era analfabeta, pero que él jamás había dicho lo que allí estaba escrito. Las torturas fueron reales y le introdujeron en las plantas de sus pies palos puntiagudos que lo dejaron con grandes dificultades para caminar. Un médico había firmado una constancia falsa y una abogada de oficio y una procuradora firmaron constancias de haberlo asistido en el juicio sin haber estado jamás con él. Aquél fue un encuentro con mecanismos perversos que atravesaban múltiples instituciones que se habían concertado para destruir a un pobre campesino analfabeta que no tenía cómo defenderse. Experimenté cómo se construyen falsas “verdades” que quedan consignadas incluso en las instancias de las Naciones Unidas. Estaba en presencia de una mentira que trataba de ocultar un crimen horrendo y que era avalada de consuno por numerosas instituciones del Estado: militares, policía judicial, Medicina Legal, abogados defensores, procuradores, investigadores, jueces, funcionarios de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Cancillería. Me pregunté si los oficiales de las Naciones Unidas le creerían al Estado y si yo habría quedado estigmatizado como “mentiroso”. Pude experimentar allí los costos de seguir los dictados de la conciencia; ello implicaba enfrentarse con demasiadas instituciones y pagar costos altos que lesionan la propia reputación.
Uno de los procesos en los que me involucré fuertemente, casi asumiendo el papel de funcionario judicial, fue el del Carmen de Chucurí. En la Comisión que yo coordinaba entonces, de Justicia y Paz, me correspondió recibir a numerosos campesinos desplazados de ese municipio santandereano. Todos relataban dramáticamente la triple alternativa a que eran sometidos: “o se vincula al proyecto paramilitar, o abandona la región, o lo matamos”. Comandantes de la base militar se paseaban por el pueblo en compañía de los líderes paramilitares, cobrando juntos los impuestos para financiar el paramilitarismo. De los buses bajaban a los insumisos para desaparecerlos y asesinarlos y en los mismos carros de la Alcaldía se llevaban a quienes iban a matar para arrojarlos en el remolino de una quebrada que se tragaba los muertos. Contabilizamos centenares de víctimas fatales y millares de desplazados. Todo fue denunciado con grandes esfuerzos de precisión y sistematización ante todas las instancias de la justicia: Dirección de Instrucción Criminal, Procuraduría, Consejerías de la Presidencia, y tras la nueva Constitución del 91: Fiscalía, Defensoría, Vicepresidencia. La intensa interlocución con todas estas instituciones; la gravedad extrema de la situación; la acogida que aparentemente se brindaba a nuestras denuncias, todo nos hacía confiar en que la justicia iba a actuar y en que el Estado iba a proteger a la población, a reparar los daños enormes que había causado y a tomar medidas para que ese modelo paramilitar quedara proscrito. Se nos pidió colaborar en la búsqueda de testigos que se atrevieran a declarar y logramos convencer a muchos. Los funcionarios se desplazaban hasta Bucaramanga para no hacer correr a las víctimas demasiados riesgos, y se llenaron muchos cuadernos de pruebas testimoniales que hacían presagiar una acción contundente de la justicia.
Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes. Recuerdo a Don Juan de Dios Gómez quien pagó rápidamente sus denuncias con la muerte, y a Don Octavio Sierra, a quien acompañé a rendir su testimonio en Bogotá y a los pocos días tuve que deplorar, estremecido, su asesinato. Recuerdo al Padre Bernardo Marín, el Párroco del pueblo, quien denunció con valentía lo que estaba ocurriendo y el 4 de octubre de 1990 escapó milagrosamente a un atentado, en compañía del Personero, del más cercano colaborador de la Parroquia y del Juez. Al escapar de la muerte fue entonces judicializado mediante montajes infames y aconsejado por su Obispo partió para el exilio donde murió.
Con todo, un proceso penal avanzaba dentro de la “Justicia Regional”, en Cúcuta, que parecía prometer algunos resultados, pero al posesionarse el primer Fiscal General, dentro de la nueva Constitución del 91, avocó a su mismo despacho el proceso; puso en libertad a los dos o tres paramilitares capturados hasta entonces; llamó a rendir versiones libres a todos los militares imputados, con interrogatorios acondicionados para una preclusión que fue inmediata, y luego llamó a un largo interrogatorio al suscrito, quien había puesto el mayor número de denuncias. Desde la primera pregunta comprendí que todo estaba dirigido a invalidar mis denuncias por no haber sido testigo presencial en ninguno de los crímenes, y pude comprobar que al Fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias. Yo me negué a dar los nombres de los denunciantes porque tenía vivo en mi mente el recuerdo de quienes ya habían pagado sus denuncias con la muerte y por ello tuve que recibir un trato altanero y ultrajante por parte del Fiscal General.
Cuando una funcionaria judicial se atrevió a intentar la captura de algunos paramilitares, los militares allí presentes protagonizaron una asonada y le arrebataron a los detenidos, no siendo sancionados ellos sino la funcionaria que intentó capturarlos con todas las formalidades legales. Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes. Militares, procuradores y periodistas se confabularon entonces para estigmatizar ante la opinión pública a quienes estábamos denunciando y contaron para ello con los grandes medios de prestigio, tales como El Tiempo, La Prensa, la cadena radial RCN y otros, los cuales destruyeron gratuitamente nuestra reputación sin reconocernos siquiera el derecho de réplica. Cuando la Fiscalía, la Procuraduría, los medios y otras instituciones fueron cerrando filas en solidaridad con militares y paramilitares, el Comandante del Ejército me judicializó por “calumnia e injuria contra las fuerzas armadas”. Me convertí, entonces, en “reo de la justicia” por atreverme a buscar justicia. Al país entero se le vendió la “verdad” de que yo inventaba fantasías sobre proyectos paramilitares avalados por el Ejército y confeccionaba listados imaginarios de muertos, desaparecidos y desplazados. Hubo que esperar trece años, para que al inaugurarse la zona de distensión de Santa Fe de Ralito, en julio de 2004, los más altos comandantes del paramilitarismo reconocieran públicamente, en sus discursos, que el proyecto paramilitar de El Carmen de Chucurí había sido avalado por el Estado y que éste tenía que reconocer la paternidad responsable del mismo.
El proceso de El Carmen de Chucurí fue denso en lecciones desmoralizantes. A mí me quedó para siempre un profundo cuestionamiento sobre la validez del testimonio en nuestro régimen judicial. Todo nos fue mostrando que los testimonios no producían efecto alguno de justicia, pero el fondo del problema quedó al descubierto un día en que un grupo de cerca de 10 campesinos de la zona cercana al Carmen se vino hasta Bogotá, acompañados por el mismo Inspector de Policía, a denunciar la detención, torturas y asesinato cruel de un poblador, por el consorcio militar – paramilitar. Traían, incluso, la cuerda ensangrentada con que lo habían amarrado y arrastrado hasta un río. El asistente directo del Fiscal General dedicó dos días a recibir los testimonios y al final nos reunió a todos y nos dijo: sus testimonios son muy impresionantes pero, por favor, no se hagan ilusiones; mañana los militares traerán un número igual de testigos para afirmar que todo lo que ustedes dicen es falso, y los testimonios de ustedes quedarán invalidados. Allí encontré la clave que he venido comprobando en lo sucesivo: el testimonio es algo manipulable y por ello la gran mayoría de los procesos buscan hoy día apoyarse en sólo testimonios. En el momento de la evaluación, que en nuestro régimen otorga el más impresionante margen de arbitrariedad al fallador, permite plegarse a las preferencias o intereses del fiscal, del juez o del magistrado.
Pero el testimonio es un “medio probatorio”. Las decisiones se toman de frente a fines, que son las opciones políticas de lo jueces. Nunca olvidaré la llamada de atención del Fiscal General, un día en que, al margen de diligencias procesales, tocamos el tema de El Carmen de Chucurí en su despacho: “hay que tener claro de qué lado se está”, me dijo. No me quedó duda de que él estaba del lado de los militares y de su proyecto paramilitar, y los mecanismos de la justicia, fundamentalmente los testimonios, porque ningún otro medio probatorio fue recurrido, eran simples medios manipulables al servicio de esa opción tomada de antemano: “el lado del cual él está”.
Mientras me ocupaba en la búsqueda de justicia para las víctimas de El Carmen de Chucurí y en los esfuerzos por detener tan horrendo baño de sangre, el abogado Eduardo Umaña Mendoza me compartió algunos documentos que revelaban muy claramente el funcionamiento de algunos organismos del Estado. Entre las fotocopias que el Dr. Umaña Mendoza me suministró, se encontraban las declaraciones rendidas en la Procuraduría por el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón Garzón, en las cuales ponía al desnudo la preparación de muchos crímenes que fueron noticia nacional y señalaba a sus autores, todos agentes del Estado. Dicho suboficial había trabajado durante 20 años en el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano y él mismo había participado en la planeación de numerosos crímenes. Sus declaraciones esclarecieron casos de desaparición forzada, como la del universitario José Cuesta; de las militantes políticas Amparo Tordecilla y Nydia Erika Bautista; de la militante del M-19 Irma Franco, sacada del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985; del activista cristiano Antonio Hernández Niño, entre otros. Lo que mayor credibilidad daba a su testimonio fue su aporte decisivo para encontrar los restos mortales de Nydia Erika Bautista, en el poblado de Guayabetal (Meta), en cuya recuperación se empeñó, con éxito, el Dr. Umaña Mendoza. Una de las afirmaciones más impresionantes del Suboficial Garzón hacen perder toda fe en la labor de los organismos de inteligencia del Estado: “Como trabajé en esa unidad sé que se puede fabricar toda clase de pruebas, ardides o lo que se quiera en contra de una persona, a fin de hacer aparecer lo que ellos quieran”. Las declaraciones rendidas por el Suboficial Garzón en la Procuraduría los días 22 y 23 de enero de 1991, acompañadas de 8 páginas escritas a mano por él mismo, revelan la inutilidad del aparato de justicia colombiano, toda vez que esa cantidad de crímenes permaneció y permanece en absoluta impunidad. Cuando el Dr. Umaña me suministró esas fotocopias donde se esclarecía el caso de una desaparecida del Palacio de Justicia, yo ya había tenido otra experiencia al respecto, pues el 2 de agosto de 1989 yo le había entregado a la Viceprocuradora General de la Nación un documento de 18 páginas del cual me había hecho depositario otro agente de Inteligencia del Estado, Ricardo Gámez Mazuera, en el cual hacía revelaciones escalofriantes sobre los hechos del Palacio de Justicia, particularmente sobre las personas desaparecidas en dicho operativo, entre otros muchos crímenes, pero cuando me enviaron la notificación de “archivo” del caso con copia de las diligencias realizadas, ello me confirmó en la triste realidad de que los órganos de control del Estado colombiano investigan a los denunciantes y no a los denunciados, para llegar, rutinariamente, a consagrar la impunidad de los crímenes. Posteriormente el Dr. Umaña Mendoza me comentó que algunas declaraciones del Suboficial Garzón Garzón habían sido robadas de los expedientes de la Procuraduría.

Otro de los casos que me demostró la perversidad con que la “justicia” colombiana maneja la prueba testimonial, fue el caso de la masacre de Trujillo. Este caso revive experiencias demasiado dolorosas y escalofriantes cuyo solo recuerdo no puede dejar de estremecerme profundamente. Conocí muy de cerca al Padre Tiberio Fernández, el Párroco de Trujillo que fue descuartizado, y por ello cuando se produjeron las desapariciones y cuando víctimas y testigos comenzaron a abandonar el pueblo y aún el país, pudimos tener información abundante de primera mano. Como ya era rutinario en aquel tiempo, las instituciones judiciales y disciplinarias del Estado acudían a nuestra Comisión para que les suministráramos testigos, a los cuales nos prometían “proteger”. Muchos años nos costó comprender la lógica interna de este medio probatorio y la manipulación a que se nos sometía en perjuicio de las víctimas y de la misma justicia. Solo la observación y el análisis retrospectivo de largo y profundo alcance sobre la ausencia total de resultados, nos permitió hacer luz sobre esta dinámica perversa de la impunidad.


Muchos familiares de víctimas de Trujillo fueron llamados a rendir declaraciones por los jueces instructores, quienes jamás practicaron una sola prueba técnica ni hicieron observaciones “in situ” ni investigaron las versiones que eran “vox populi” en toda la región. Sabían perfectamente que ningún testigo iba a decir nada sustancial porque la amenaza que recorría la zona se aplicaba sin compasión: “el que abra la boca, al otro día estará flotando en las aguas del Cauca”, y en ello se apoyaban para abrir y cerrar expedientes exiguos que sólo contenían la necropsia y el testimonio inútil de algún familiar. Así justificaban su salario; se protegían contra eventuales represalias de los victimarios y tenían una excusa perfecta para archivar los procesos y no meterse en problemas con nadie: “no fue posible identificar a ningún culpable”, a pesar de que todo el pueblo y la región conocía sus nombres y huían despavoridos cuando aparecían por los caminos veredales las camionetas del F-2 de Tuluá o del Batallón Palacé de Buga, porque una nueva desaparición era inminente. Con tal manejo procesal, los funcionarios judiciales y disciplinarios se congraciaban de paso con los victimarios, que estaban atrincherados en los organismos de seguridad del Estado. A todas luces se practicaba una “justicia” fundada en el
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