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    Audiencia del art. 458 del C. P. P. como trámite esencial de defensa material. Fallo: Huenteman (P. 98. 709)


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    Dictamen de la Procuración General:

    La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal acogiendo el recurso homónimo que dedujera la Defensa Oficial, casó la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 6 del Departamento Judicial de San Isidro y condenó a P. d. C. H. a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas como autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (fs. 78/89, 28/36 y 11/23).

    Frente a esa decisión el Sr. Defensor Oficial ante el referido Tribunal de Casación interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 102/116).

    El impugnante da inicio a su reclamo afirmando que se somete a decisión de esa Corte cuestiones federales que requieren control de constitucionalidad (art. 31 CN).

    Denuncia como inobservado los artículos 9.1, 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 y 2 c) y h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la violación de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 10 de la Carta Magna Provincial y, 1, 3, 456, 458 y 459 del Código Procesal Penal.

    Agregó que en autos, de trámite ordinario en la Casación, se omitió realizar la audiencia que específicamente prevé el art. 456 del código adjetivo pese a estar designada, no existir desistimiento de esa parte para su concreción y habiendo sido solicitada expresamente –además- por la imputada. Señaló que dicha omisión impidió a la acusada ejercer su defensa material y técnica, inobservándose las normas relativas a la intervención de H. en el proceso.

    Asimismo, dijo que dicho acto reviste el carácter de esencial en tanto hace a la garantía del debido proceso y la defensa en juicio (art. 18 CN).

    Sostuvo que el perjuicio se verificó al dictarse una sentencia rechazando el recurso sin celebrarse la audiencia que el proceso prevé y sin permitir el ejercicio de la defensa material y técnica.

    Bajo ese contexto reclama la nulidad de la sentencia al haberse transgredido un trámite esencial.

    Como planteos subsidiarios desarrolló dos agravios dirigidos a cuestionar la calificación legal adoptada en el caso.

    En el primero de ellos denuncia la errónea subsunción legal de los hechos tenidos por probados en el art. 79 del código sustantivo y la inobservancia del art. 34 inc. 6 del mismo digesto.

    Afirmó que, según su modo de ver, no se encuentra fundada la existencia del elemento subjetivo del tipo de homicidio simple aplicada. Para ello toma como punto de partida el relato del hecho que se tuvo por acreditado, señalando que del mismo no surge nada de la intención y el propósito final que tuvo la imputada al desplegar la acción material.

    Agregó que la Casación rechazó el agravio al entender que la defensa, en forma solapada, pretende una nueva volorización de los hechos y esa actividad es extraña a esa instancia, salvo que se alegue y acredite absurdo o arbitrariedad en la valoración de la prueba.

    También destacó la inobservancia del art. 34 inc. 6° del código sustantivo. En tal sentido señaló que la Casación so pretexto de tratarse de una cuestión referida a los hechos y su prueba omitió el tratamiento de la cuestión que le fuera planteada. Luego su alegación discurre sobre la concurrencia en el caso de las exigencias para la configuración de la legítima defensa cuya aplicación reclama: agresión ilegítima, falta de provocación suficiente y racionalidad del medio empleado.

    Finalmente, propuso la subsunción del hecho en los términos del art. 35 del Código Penal.

    El recurso, en cuanto al planteo principal, en mi opinión debe prosperar.

    Ello es así pues, como lo sostuve al emitir opinión en la causa P. 87227 el 27 de mayo de 2005, al haberse omitido el trámite reseñado se privó a la acusada y su defensa técnica de la oportunidad procesal para referirse, y ampliar si así lo estimaban, sobre el fondo de los agravios llevados por esa parte.

    “La audiencia constituye el acto oral central de casación; es la oportunidad fijada para la discusión de las cuestiones que por medio de los recursos se llevan a conocimiento de la cámara de casación. Aunque la designación de la audiencia es obligatoria su realización no es indispensable...” (la negrilla me pertenece) (De la Rúa, “La casación penal”, Ed. De Palma, 2000, pag. 247).

    Asimismo, no debe olvidarse que resulta imprescindible velar por el resguardo de los valores jurídicos consagrados en la Constitución y en las leyes, las garantías de tutela judicial continua y efectiva y de acceso a la justicia, aseguradas por los artículos 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos aires, al tiempo que la intervención del impugnante en el proceso, queda amparada por la garantía constitucional del “debido proceso legal” (art. 18 CN). Conforme lo expuesto, estimo que se han avasallado prerrogativas legales y constitucionales al eludir el trámite que prevén las normas de rito reglamentado estos derechos”; sin lograr comprender lo afirmado por la Casación en punto a que la audiencia de informe oral en cuestión ha sido desistida (fs. 79, inicio del tercer párrafo), cuando no existe en el legajo constancia alguna de que la imputada o su defensa se hayan expresado en tal sentido.

    A su vez he de agregar que el actual código de forma ha incluido entre las nulidades generales la intervención del imputado (ap. 3°, art. 202 CPP –ley 11.922). Esta normativa se refiere al correcto ejercicio del derecho de defensa y comprende todas las normas que tienden a asegurar en la medida deducible de la garantía constitucional ( conf. Carlos Creus, “Invalidez de los de los actos procesales”, Ed.Astrea, 2º Ed. Actualizada y ampliada, 1997; pág. 36).

    En síntesis, estimo que esa Corte debe acoger el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, disponer la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación, glosada a fs. 78/89, al haberse omitido la realización de un trámite esencial del proceso afectando garantías constitucionales como el derecho de defensa en juicio y el debido proceso legal (art. 18 CN) y devolver los autos al tribunal de origen para que jueces habilitados dicten un nuevo pronunciamiento conforme lo dicho.

    En razón de lo expuesto precedentemente, estimo abstracto expedirme respecto de los planteos de carácter subsidiarios traídos por el Sr. Defensor Oficial.

    Así dictamino.

    La Plata, 26 de abril de 2007 - Juan Angel De Oliveira




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