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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(16 DE ABRIL DE 2018)
GOBIERNO DE PUERTO RICO
18va. Asamblea 2da. Sesión

Legislativa Ordinaria


CÁMARA DE REPRESENTANTES
R. de la C. 513
18 DE AGOSTO DE 2017
Presentada por el representante Pérez Cordero
Referida a la Comisión de Asuntos Internos
RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el alto volumen de ejecuciones hipotecarias de propiedades residenciales en Puerto Rico; el impacto directo de dichos procesos en nuestra economía y en los propietarios, con el fin de auscultar acciones afirmativas legislativas y administrativas que contribuyan a proveer alternativas de retención de dichos inmuebles a los propietarios; y para cualquier otro fin relacionado.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Recientemente han sido reseñadas por diversos medios las altas cifras de ejecuciones hipotecarias existentes en Puerto Rico. Para marzo de 2017, eran más de (5) mil las propiedades que habían sido ejecutadas y reposeídas por los acreedores hipotecarios, siendo esta cifra la más alta en diez (10) años. A diciembre de 2016, las instituciones bancarias contaban con un inventario de 5,110 propiedades residenciales reposeídas. Surge de información provista por las propias instituciones que estas cifras representan un aumento de 21.6% con respecto al año 2015 cuando se reportaron 4,459 ejecuciones de unidades, así como un aumento de más del doble con relación al año 2008 cuando se reportaron 2,357 casos. Actualmente el valor de esas propiedades reposeídas ronda en unos 490 millones.
En nuestro ordenamiento jurídico, surge de la Ley 210-2015, conocida como “Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, que las instituciones tenedoras de pagarés hipotecarios pueden comenzar el procedimiento de ejecución de hipoteca cuando se acumulen dos (2) o más créditos hipotecarios vencidos, constituidos por el mismo deudor sobre una (1) o más de sus fincas. Sin embargo, el uso y costumbre en nuestra jurisdicción establece que dicho procedimiento puede tardarse hasta cuatro (4) años, desde que se comienza hasta que se vende la propiedad en una pública subasta y la institución bancaria recupera parte de la inversión. Este procedimiento puede ser engorroso para las partes que se ven envueltas en un litigio prolongado cuya finalidad es cierta: el despojo del derecho propietario y la acumulación de más propiedades en desuso en una economía seriamente afectada como lo es la nuestra.
Por tanto, y con el propósito principal de identificar alternativas reales para ayudar a resolver esta crisis inmobiliaria en Puerto Rico, es menester de esta Cámara de Representantes realizar una abarcadora investigación sobre estas cifras de ejecuciones hipotecarias, la razones para ello, los procedimientos implementados por las instituciones bancarias y cualquier otro ángulo relacionado, con el fin de identificar alternativas legales o recomendaciones administrativas a implantarse que ayuden a aliviar el alza en estos procesos, proveerle alternativas a los propietarios para la retención de sus viviendas y cualquier otro asunto relacionado. La economía puertorriqueña depende de varios factores y la prosperidad en el sector inmobiliario es uno de esos factores a considerar para una verdadera recuperación económica.
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:


Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el alto volumen de ejecuciones hipotecarias de propiedades residenciales en Puerto Rico; el impacto directo de dichos procesos en nuestra economía y en los propietarios, con el fin de auscultar acciones afirmativas legislativas y administrativas que contribuyan a proveer alternativas de retención de dichos inmuebles a los propietarios; y para cualquier otro fin relacionado.

Sección 2.-En cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución, la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros rendirá a la Cámara de Representantes un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones dentro de un término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.



Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.


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